- Killeen explica en esta sección de qué manera surgen los organismos reguladores cuyos recursos no solo se destinan a generar normas sino también a tener facultades coercitivas para hacerlas cumplir.
- Esto incluye a aquellas instituciones vinculadas a servicios básicos, servicios financieros, el tráfico aéreo, las telecomunicaciones y la gestión de recursos naturales.
- Dicho esto, prevalencia de la corrupción, donde el soborno resulta más conveniente para infractores y reguladores, es el gran enemigo a combatir en los países amazónicos.
El derecho administrativo se basa en la legislación que crea, organiza y define las responsabilidades de los organismos gubernamentales. Así, el aparato regulador del Estado moderno es el resultado de leyes que establecen entidades encargadas de supervisar distintos sectores de la economía, tales como los servicios básicos (agua y saneamiento), los servicios financieros, el control del tráfico aéreo, las telecomunicaciones y la gestión de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.
En la práctica, los organismos reguladores dedican la mayor parte de sus recursos a la emisión de normas (mando), aunque también cuentan con facultades coercitivas para hacerlas cumplir (control).
El alcance de estas regulaciones es variado. En teoría, la supervisión del organismo regulador debería traducirse en sanciones para los infractores, quienes, además de pagar una multa, estarían obligados a remediar la infracción. Por ejemplo, un incidente de contaminación debería derivar en la suspensión de las operaciones hasta que se resuelva el problema, además de la imposición de una multa. En la mayoría de los casos, existe un mecanismo de apelación ante un tribunal administrativo, permitiendo a los infractores impugnar la decisión, solicitar prórrogas o incluso exenciones en función de las circunstancias. En última instancia, el incumplimiento reiterado puede llevar a la revocación de la licencia de operación y a acciones judiciales, ya sean civiles o penales.
Los infractores suelen recurrir a demandas civiles para impugnar decisiones regulatorias, alegando inocencia, fallos procesales o sanciones desproporcionadas. No obstante, la ineficiencia de los sistemas judiciales en la mayoría de los países panamazónicos, sumada a la acumulación de casos, permite que muchos infractores evadan su responsabilidad legal a través de tácticas dilatorias, logrando que las multas prescriban antes de ser ejecutadas. Sin embargo, en casos de alto perfil, la presión pública y la acción regulatoria pueden resultar en sanciones efectivas, incluso contra instituciones poderosas.
Un ejemplo de acción regulatoria efectiva se dio en Perú tras los múltiples derrames de petróleo ocurridos en la región de Loreto entre 2015 y 2016. La autoridad ambiental nacional, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), determinó que la petrolera estatal PetroPerú había incumplido varias disposiciones medioambientales. En consecuencia, la empresa fue obligada a suspender sus operaciones y ejecutar medidas de mitigación y remediación. Además, se le impuso una multa de 22 millones de dólares por no haber tomado medidas preventivas adecuadas antes de los derrames y por retrasar las operaciones de limpieza. Uno de los factores clave en la sanción fue la documentación de los impactos negativos en los medios de vida de decenas de comunidades indígenas.
Sin embargo, la sanción monetaria no fue directamente destinada a las comunidades afectadas, ya que en Perú las multas administrativas se pagan al tesoro nacional. Se presume que las comunidades indígenas fueron compensadas a través de las acciones de remediación ordenadas por el OEFA, aunque los pobladores de la región continúan exigiendo el cierre del oleoducto, que sufrió nuevos derrames en 2022 y 2024.
En Colombia, el derecho administrativo es supervisado por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, un sistema judicial especializado cuyo máximo órgano es el Consejo de Estado. Este sistema, creado junto con las demandas civiles colectivas, ha sido utilizado con éxito para detener o modificar proyectos de infraestructura que amenazan ríos, áreas protegidas y ecosistemas frágiles. También se ha empleado para combatir la minería ilegal y cuestionar licencias ambientales otorgadas de manera irregular. Aproximadamente la mitad de estos casos han sido resueltos a favor de los demandantes, derivando en un mecanismo de arbitraje donde el juez obliga a las partes a alcanzar un Pacto de Cumplimiento, garantizando soluciones y compensaciones adecuadas.
No obstante, la efectividad del aparato regulador disminuye cuando se trata de operadores de mediana escala que simplemente ignoran las normativas, asumiendo que las agencias de fiscalización carecen de recursos suficientes para hacerlas cumplir. En teoría, los reguladores pueden interponer demandas civiles para exigir el cumplimiento normativo y obtener compensaciones, pero en la práctica esta opción rara vez se emplea en los países andinos. Esto se debe, en parte, a la contradicción y deficiencia de las leyes, pero también a la prevalencia de la corrupción, donde el soborno resulta más conveniente tanto para los infractores como para los reguladores.
La agencia medioambiental más activa en la Amazonía es el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), un organismo federal autónomo vinculado al Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA). Su autoridad proviene de la Constitución de 1988, que establece la protección del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
El IBAMA, fue fundado en 1989 como una autarquía, entidad cuasi autónoma que le permitiría actuar con cierto grado de independencia del proceso político. Entre sus muchas responsabilidades, supervisa las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), necesarias para la mayoría de los proyectos industriales y comerciales de gran escala. También emite licencias medioambientales, monitorea su cumplimiento y ejecuta programas de vigilancia para rastrear fenómenos ambientales clave, como la calidad del aire y el agua, los incendios forestales y la deforestación.
Además de su capacidad para investigar e iniciar procesos legales, su herramienta más poderosa es la imposición de multas a individuos y empresas que incumplan la legislación medioambiental. El IBAMA posee facultades similares a las de la policía para confiscar equipos y ejecutar sanciones, lo que lo convierte en una de las agencias más eficaces de la región. De igual forma, posee diversos poderes coercitivos para recaudar las multas impuestas a los infractores medioambientales.
Medidas coercitivas a disposición del IBAMA
Ejecución administrativa
- Embargo de bienes: embargo de bienes del infractor (persona física o empresa) por el valor de la multa.
- Denegación de permisos: retener o revocar los permisos necesarios para las operaciones comerciales del infractor hasta que se pague la multa.
- Cobro de Deudas: El IBAMA puede iniciar procedimientos ordinarios de cobro de deudas a través de la vía judicial brasileña. Esto podría implicar:
Demandas civiles y multas
- Colocación de gravámenes: colocar gravámenes sobre la propiedad del infractor para restringir su venta o transferencia hasta que se pague la multa.
- Embargo de salario: en algunos casos, embargar el salario del infractor para recuperar el monto adeudado.
- Registro en Bases de Datos Negativas: El IBAMA puede registrar el nombre del infractor en bases de datos de crédito negativas, dificultando la obtención de préstamos o financiación hasta que se pague la multa.
Fuente: https://www.ibama.gov.br/index.php
Imagen de portada: Oso hormiguero captado en selva de Bolivia. Crédito: Rhett A. Butler.
“Una tormenta perfecta en la Amazonía” es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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