- Los primeros estudios científicos encontraron que los pobladores de las comunidades ribereñas en el Estado Bolívar tenían altas cantidades de mercurio en la sangre, cabello y tejidos humanos.
- La minería en Venezuela data de 1829, cuando se extrajeron casi 486 kilogramos de oro. El mercurio se usa para su extracción desde entonces.
- Bajo presión de grupos ambientalistas, el mes pasado el Presidente Nicolás Maduro aprobó el Plan de Desarrollo Minero 2016-2018, que reserva al estado las actividades de exploración y explotación del oro.
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Despuntaba la década de los años noventa cuando los venezolanos se enteraron de la llegada de los garimpeiros al sur del país. Estos mineros artesanales provenientes de Brasil habían traspasado la amplia frontera amazónica entre ambos países atraídos por la fiebre del oro, abriendo fosas en medio de la selva para extraer el preciado metal. Estas actividades ilícitas afectaron el frágil equilibrio del ecosistema amazónico, la salud y modo de vida de las poblaciones indígenas y criollas, e incluso amenazaron el potencial hidroeléctrico del país sudamericano. En ese momento, las fuerzas armadas venezolanas contaron la llegada de estos exploradores ilegales en cerca de mil individuos, expulsando al menos a la mitad de ellos.
La presencia cada vez mayor de los garimpeiros también impulsó cambios en las prácticas de extracción del oro por parte de las empresas extranjeras concesionarias, que desde el año 2008 tuvieron que abandonar el país de manera forzosa por un cambio de políticas mineras que el gobierno llamó “renacionalización”. Investigadores y activistas han señalado que estos cambios gubernamentales crearon una “tormenta perfecta” a través de la cual decenas de miles de mineros artesanales de toda Venezuela, Brasil y Guyana conjugan la destrucción ambiental por medio de la erosión hidraúlica del suelo, la deforestación y el uso indiscriminado e inapropiado del mercurio — utilizado para extraer el oro de los sedimentos — con mafias, guerrillas, corrupción, prostitución, trata de blancas, esclavismo, trabajo infantil y decenas de miles de casos de paludismo al año.
Un ejemplo de esta tormenta perfecta en la Amazonía venezolana surgió luego del cese de concesiones a la empresa canadiense Crystallex, que operaba el yacimiento Las Cristinas, en el estado Bolívar. Su informe de 2003 había encontrado reservas de más de 16 millones de onzas de oro con una vida útil de 34 años. Entonces, la cotización era de 325 dólares por onza. La concesión fue entregada en 2011 a dos empresas rusas, mediante el control de la empresa estatal Minerven. El precio del oro se había septuplicado, pudiendo superar los 2000 dólares por onza.
El documental “Amazonas Clandestino – La Mafia del Oro en Venezuela” muestra como hasta hoy en día, efectivos militares permiten el ingreso de mineros artesanales a los yacimientos mediante el cobro de dinero en efectivo, mientras que mafias carcelarias comandadas por “pranes” (reos que conforman bandas dentro de las cárceles) controlan las minas.
En el mismo documental se muestra cómo a través de potentes bombas hidráulicas y mangueras se usa el agua de los ríos para horadar el suelo de una zona previamente deforestada. Así se abren fosos o “bullas” de varios metros de anchura y profundidad. Este barro es llevado a unos andamios de madera y mallas metálicas donde por precipitación y aplicación de mercurio, aparecen las pepitas de oro más grandes y luego el barro restante es filtrado y lavado para también extraerlo en polvo. Apenas dejan de aparecer cantidades importantes del mineral, se abandona y se va a otro lugar, quedando una inmensa charca de lodo, fluidos humanos, mercurio y gasoil en el medio de la selva. La pérdida de bosques también aumenta las escorrentías en una zona donde llueve 3200 milímetros de agua al año, arrastrando estos componentes hacia los ríos.
Mercurio en todas partes
Luis Jiménez, director de la ONG PhyNatura, dedicado a la promoción de iniciativas sostenibles para comunidades rurales al sur de Venezuela, trabajó durante 12 años en la explotación aurífera en distintas empresas, incluyendo Crystallex. “Se le llamaba minería responsable”, explica. Lograban recuperar el 99,9 % del mercurio mediante un sistema de circuito cerrado, que no solo redujo los costos de extracción sino el impacto ambiental. En cambio, señala que para un minero artesanal, una pérdida de mercurio de 40 % “es considerada muy buena” pues no usa las retortas, una tecnología que evita la emanación de vapores que además de perjudicial para el ser humano, disipa el metal pesado en la atmósfera.
Con la llegada de la Ley Penal del Ambiente de 1992, que fue reformada en 2012, las mineras que trabajaban alrededor de la parte baja del río Caroní eliminaron las planchas de acero inoxidable, que usaban el mercurio para la extracción aurífera. “Se hacía una pasta que pasaba a una centrifugadora y una parte se abandonaba, lo que era ineficiente. Eso lo cambiamos por un tamiz de alfombra, la misma que se usa como grama artificial, usando la energía hidráulica. Así no necesitabas usar mercurio salvo el inicial para el circuito cerrado”.
El experto señala que aún el 0,01 % de mercurio tenía graves consecuencias en esas épocas. “No era ambiental sino exposición laboral. Quienes trabajaban en el circuito tenían seis meses de vacaciones al año, a pesar que usaban sistemas de protección como en una central nuclear. Fue lo que podemos llamar la mejor época de la minería en Venezuela. Hubo muchos decretos regulatorios, una metralla de leyes para quienes querían hacerlo de forma responsable”.
El mercurio es un metal pesado bioacumulativo. Esto implica que no sale del cuerpo humano sino que se integra en los tejidos en forma de metilmercurio. Esto sucede por igual en plantas y animales, lo que le permite subir en la cadena trófica, quedándose en el tope de la misma: los depredadores carnívoros, rumiantes y comedores de algas. Su presencia en los humanos puede producir patologías congénitas que pueden heredarse hasta por dos generaciones más, como el Síndrome de Minamata.
Jiménez asegura que para 1985 los primeros estudios científicos tras la firma del convenio entre la Corporación Venezolana de Guayana, la Universidad Central de Venezuela y la de Los Andes, se encontró que los pobladores de las comunidades ribereñas tenían altas cantidades de mercurio en sangre, cabello y tejidos humanos. La investigadora Martiza Rojas encontró 24 estudios, hechos en Venezuela entre 2004 y 2008, que ratifican la relación entre la minería de oro y la presencia de mercurio en seres humanos.
El metal pesado había llegado a los pobladores no dedicados a la minería mediante el consumo de diversas especies de peces que habitan y se alimentan en el fondo del río, así como sus depredadores. Entre ellos están el bagre pequeño (Pseudoplatystoma fasciatum), pez bentónico que se alimenta de los sedimentos del río, por lo que sufrió un proceso de metilación—que incorpora el mercurio en sus tejidos en forma de metilmercurio—y el pavón del Cuyuní (Cichla ocellaris), una delicia culinaria calificada como vulnerable en el Libro Rojo de la Fauna Venezuela, cuya dieta carnívora le permite absorber hasta 10 gramos de mercurio al día. Ambas especies amenazadas por la contaminación y la pesca indiscriminada, son parte de la dieta de quienes viven cerca del río Cuyuní, muy cerca de la explotación minera de Las Claritas.
“El estómago y el intestino entonces envían el mercurio a los músculos, la médula y el cerebro, sustituyendo elementos como el calcio, el hierro y el silenio”, sentencia Jiménez. Los daños neurológicos son comunes entre los mineros: ceguera, pérdida de memoria y problemas del habla.
La minería en Venezuela data de 1829, cuando se extrajeron casi 486 kilogramos de oro, según El Libro de Oro de Venezuela, editado por el Banco Central de Venezuela. ”Desde entonces se ha usado mercurio como método de recuperación, por tanto, todos los sedimentos de los ríos de la zona, como el Caroní o el Cuyuní están contaminados”, detalla Jiménez.
En el informe “La contaminación por mercurio en la Guayana Venezolana: Una propuesta de diálogo para la acción” que publicó la Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) en noviembre de 2013, se señala la existencia de minería de oro en las cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní y Caura del Estado Bolívar, así como en diferentes zonas del estado Amazonas, donde está prohibido por decreto desde 1989.
Recopila además cuatro investigaciones que dan cuenta de la presencia de importantes cantidades de mercurio en la atmósfera, cuerpos de agua, sedimentos, suelos, animales acuáticos y vegetación–incluso en reservorios de agua artificiales tales como el embalse del Guri, que produce el 60 % de la electricidad del país.
Parques y pueblos indígenas envenenados
Según el informe 2013 de la Red ARA, también existen minas de oro en las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAES) en los Parques Nacionales Canaima, Duida Marawaka, Yapacana, Parima Tapirapecó, La Neblina y en la Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare. El texto reporta resultados de investigación que muestran que los niveles de contaminación por mercurio en las poblaciones indígenas Ye ́kuana y Sanema en la cuenca del río Caura son preocupantes. “El 92 % de las mujeres examinadas presentan niveles muy superiores a los 2 milígramos por kilogramo establecido por la Organización Mundial de la Salud”, mientras que el 36,8 % presentaba riesgos importantes de partos de niños con problemas neurológicos.
La promotora turística más reconocida del país, Valentina Quintero, también alzó su voz para señalar esto en 2015, llamando a autoridades militares y civiles a actuar al respecto en resguardo de la biodiversidad y los pueblos indígenas.
Entre los grupos vulnerables, la RED Ara señala a comunidades indígenas cuya dieta está basada en pescado, así como niños pequeños y fetos, que podrían sufrir malformaciones, problemas neurológicos y deficiencias en el desarrollo. El texto hace énfasis en ocho distintas investigaciones científicas, que datan de 1987 a 2006, que encontraron altas dosis de mercurio en comunidades mineras del sur de Venezuela–entre las más altas del mundo—los peces de interés comercial, así como la relación con patologías neurológicas en neonatos mineros.
La minería y los derechos humanos
Bajo presión de grupos ambientalistas, el mes pasado el Presidente Nicolás Maduro aprobó el Plan de Desarrollo Minero 2016-2018, que reserva al estado las actividades de exploración y explotación del oro. Maduro describió al plan como “un esfuerzo para ir reduciendo los espacios de la minería ilegal y darle trabajo a los artesanos venezolanos”. Sin embargo, se espera que la iniciativa legalice la minería artesanal e invite la inversión extranjera en el sector minero. “Estamos llamando al capital internacional también, pues hay grandes oportunidades de inversión en oro, diamante, coltán y otros minerales no metálicos”, dijo Maduro.
Para Alejandro Álvarez Iragorry, educador ambiental y coordinador del Foro Venezolano de Educación Ambiental, el cese de concesión de Crystallex no puede señalarse como la única causa de los 116.000 casos de malaria en 2015, ni del aumento de la deforestación o la contaminación por mercurio, pero asegura que el evento abrió una “tierra de nadie” en que el gobierno abandonó los espacios. “El aumento del precio del oro inicialmente atrajo a los mineros, pero la distorsión cambiaria y la crisis económica ha llevado que aún con un precio [bajo], eso significa muchísimo dinero para quienes no conocen otra forma de subsistencia”, sentencia.
En diciembre de 2014, la ONG Laboratorio de Paz citó a la Organización de Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA) para denunciar “la presencia de grupos armados no estatales y mineros ilegales en nuestro territorio ancestral, situación que resulta contraria para el ejercicio de nuestros derechos constitucionales y específicos como Pueblos Indígenas”. En el comunicado se pide la acción del Estado para frenar la captación y recluta de niños indígenas, la amenaza a las ancianas, la protección a mineros ilegales, así como el surgimiento de la prostitución entre mujeres indígenas, e infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.
En un enfoque de derechos humanos, Álvarez Iragorry insiste en la participación comunitaria. “Las comunidades tienen que tener capacidad de decisión, pero la falta de información y con un entorno económico es muy difícil, en medio de la selva, se multiplica mucho más que lo que puede verse en Caracas. Si le dices a la gente te mueres de hambre o te metes a la mina, y ves una mejora económica inmediata en quienes sí lo hacen–carros, compras de víveres–no hay posibilidad contra la economía del oro. Es complejo pero posible, hace falta un trabajo constante, transparente y honesto de largo aliento”.
Álvarez Iragorry y Luis Jiménez, el director de PhyNatura, exigen una reflexión multidisciplinaria que advierte la necesidad de soluciones tan complejas como las de las circunstancias que han provocado la “tormenta perfecta”. Esto involucraría no solo la necesaria acción del Estado, sino el diálogo entre ONG, comunidades, universidades y la sociedad en general para evitar el “etnocidio espiritual” contra 19 etnias indígenas que habitan al sur de Venezuela.
Incidencia de malaria en Venezuela, de acuerdo a datos del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de Noviembre de 2015.
