- Bolivia alcanzó en 2015 un acuerdo con China para que le conceda un crédito global de 7000 millones de dólares para proyectos de infraestructura y energía eléctrica.
- Las empresas chinas Sinopec y BGP fueron contratadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para realizar tareas de exploración en dos bloques de la Amazonía.
- La Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) del Ministerio de Medio Ambiente ha registrado, entre 2014 y 2016, la recuperación de 800 colmillos de jaguar que iban a ser traficados a China.
Bolivia es uno de los países latinoamericanos con mayor riqueza natural en sus diferentes ecosistemas. De hecho, el Parque Nacional Madidi, ubicado en la Amazonía boliviana, es una de las áreas protegidas que más biodiversidad tiene en todo el mundo. En esa zona, ahí donde el río Beni ─hijo pródigo de la cuenca amazónica que también atraviesa Brasil, Perú, Ecuador y Colombia─ aún juega caprichoso con la selva, allí donde hace algunos años los recursos naturales eran considerados el mayor tesoro y la principal fuente de ingresos, todo está cambiando.
En la zona se están construyendo megaobras millonarias, como es el caso del puente en Rurrenabaque, puerta de entrada al Madidi, que costará 16 millones de dólares, y que está a cargo de la empresa petrolera china Sinopec cuestionada en Ecuador, ya que el gobierno de Rafael Correa debió efectuar la consulta respectiva al pueblo indígena Sapara, que está en contra de los trabajos de prospección que se realizan en su territorio, pero esta no se realizó de forma transparente, de acuerdo a las denuncias de la Nación Sapara. La misma empresa ha tenido conflictos laborales en Argentina.
El puente en Rurrenabaque no inició su construcción con la debida licencia ambiental, lo cual quiere decir que ha pasado por alto las leyes ambientales en Bolivia que velan por la preservación de los recursos naturales en las zonas donde se construyen obras de gran impacto, como este puente. No es la primera obra que obvia las reglas ni es casualidad ─aseguran los expertos─ que se esté tratando de flexibilizar las leyes ambientales bolivianas de modo que permitan a las empresas de turno explotar sin tanto miramiento los recursos naturales en zonas protegidas, como es el caso del Madidi y alrededores. “La ecuación Amazonía y empresas chinas es muy preocupante porque implicaría una degradación y pérdida acelerada e irreversible de patrimonio natural y una gran amenaza a los medios de vida de los pueblos indígenas más vulnerables del país. Esta ecuación forma parte de una política estatal de flexibilización ambiental, de sacrificio de la Madre Tierra en favor del extractivismo”, dice a Mongabay Latam Marco Antonio Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB).
El avance del dragón
Desde su inicio, el gobierno del presidente Evo Morales ha basado su desarrollo, entre otros, en una política de distribución de tierras a campesinos y colonizadores provenientes de tierras altas, lo que también implica el cambio en el uso del suelo y por tanto ─junto con la construcción de estas obras sin previsión ambiental─ la deforestación de las zonas asignadas que incluye la tala de árboles de castaña. Estas últimas son la base de la economía indígena y local en la Amazonía boliviana. Muchos pueblos originarios de la región se vieron obligados a abandonar sus tierras y han perdido sus medios de subsistencia como consecuencia directa de la explotación de petróleo, gas, minerales, además de la construcción de caminos y otros proyectos calificados como “desarrollistas”, casi todos ejecutados por empresas chinas.
La tendencia en la presencia china no va a decrecer. En tan solo 23 proyectos las empresas chinas se han adjudicado en Bolivia obras por más de 2000 millones de dólares, en diferentes rubros estratégicos (carreteras, hidroeléctricas, hidrocarburos, ferrovías, industrias y telecomunicaciones), a lo largo y ancho del país.
Sinohydro, Sinopec, Sinosteel, China International Water and Electric Corp (CWE), CAMC Engineering, China Railway, Vicstar Shenzhen son algunas de las empresas chinas que tienen actualmente en sus manos las mayores inversiones del Estado, muchas de ellas situadas en la Amazonía boliviana. Varios de estos proyectos fueron cuestionados seriamente en cuanto a los aspectos técnicos, la factibilidad económica, cumplimiento de plazos, el desconocimiento de la legislación laboral y ambiental.
Las grandes apuestas que China tiene en la Amazonía en general se orientan en proyectos de corte extractivo (petroleras, mineras, hidroeléctricas, etc.). Además, desde que el dragón asiático se convirtió en el mayor acreedor del Gobierno boliviano, se ha instituido una nueva figura en esta relación: los préstamos de parte del Gobierno chino a gobiernos de la región, que los académicos llaman “préstamos por commodities” y que significan comprometer petróleo a cierto plazo por préstamos que al final se reinvierten en industrias extractivas.
Bolivia alcanzó en 2015 un acuerdo con China para que le conceda un crédito global de 7000 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura y energía eléctrica.
Particularmente en la Amazonía boliviana están avanzando con especial velocidad los emprendimientos que ahondan la presencia china y su conexión a esta red de flujo extractivo/amazónico que está propiciando el gigante asiático. “Es extraño que el corredor norte, de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), esté siendo ejecutado y financiado por empresas chinas. Esto para sumarlo a un posible complejo extractivo a partir de la posibilidad del descubrimiento de hidrocarburos, monocultivos (caña, palma), energía (hidroeléctricas como Cachuela Esperanza y El Bala)”, analiza para Mongabay Latam Jorge Campanini, investigador del CEDIB.
Lo grave de los impactos ambientales propios de la infraestructura caminera que se construye para el avance del resto de obras es la polución atmosférica, la degradación de suelo, la deforestación, degradación de paisaje, la intervención en ecosistemas y otros que la normativa considera “manejables” o con posibilidades de atenuar sus impactos. “Lo realmente preocupante son los efectos inducidos, justamente esos que implican la modificación social – económica (colonización, fomento de monocultivos)”, dice Campanini.
De acuerdo a la docente y consultora en temas ambientales Cecilia Requena, el trabajo de estas empresas chinas sin el debido cuidado en los ecosistemas tendrá impactos sistémicos, agregados y significativos en asuntos vitales como el régimen hídrico de buena parte del país. “Un ejemplo es la predictibilidad de lluvias (estacionalidad y cantidad) o la reducción de la capacidad de resiliencia del país ante los previsibles efectos del cambio climático”.
En concreto, dice Requena a Mongabay Latam, estas megaobras alterarán significativamente las dinámicas ecosistémicas de una región ya muy golpeada por la deforestación. “La apertura de caminos, la exploración de hidrocarburos, un ingenio azucarero, entre otros, no hacen más que contribuir a la devastación de una ecorregión crítica. Es parte de una misma mentalidad de desarrollismo inviable porque no toma en cuenta los límites biofísicos de la naturaleza o la capacidad regenerativa de los servicios ambientales naturales”.
Requena asegura que respecto de la forma de trabajo de estas empresas chinas, hay al menos tres características problemáticas de China como Estado que parecen extenderse al comportamiento de demasiadas de las compañías que se reclaman como chinas y que operan en el mundo: el autoritarismo, el desdén por los derechos laborales y una escasa o inexistente preocupación por los efectos de sus actividades en el medio ambiente.
A dinamitazo puro
Las empresas chinas Sinopec y BGP fueron contratadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para realizar tareas de exploración en dos bloques de la Amazonía, lo que implicará realizar 61 835 detonaciones de dinamita, según CEDIB. Esto, además, generará impactos ambientales, sociales y económicos sobre una superficie de 1,8 millones de hectáreas.
La exploración sísmica se basa en realizar explosiones que generan ondas de sonido, para mediante ellas detectar los posibles lugares donde existen bolsones de gas, petróleo u otros combustibles fósiles.
Las detonaciones en el norte amazónico boliviano afectarán a los departamentos de La Paz, Beni y Pando. Se harán detonaciones cada 50 metros. El explosivo es en base a pentolita y se estima usar una carga a definir en prueba entre 7 a 15 kilos por punto.
Sin embargo no se ha estudiado el impacto de estas detonaciones subterráneas, advierten especialistas, y no se sabe cómo afectarán la estabilidad del suelo, las napas freáticas o los acuíferos. Apelando a este vacío científico, las exploraciones siguen su curso. Hay experiencias de comunidades que han perdido el agua después de una exploración sísmica. Mongabay Latam consultó a la empresa Sinopec a través de su administradora, Esperanza Hu, quien dijo que no está autorizada a emitir ninguna información respecto de los trabajos que la compañía realiza. Lo mismo sucede con BGP.
Al respecto, la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios (CITRMD) alertó a varias autoridades que en la Amazonía boliviana existen indicios de la presencia de un pueblo indígena en aislamiento voluntario que estaría amenazado por las tareas de exploración sísmica que realiza BGP. Dirigentes del Territorio Comunitario de Origen (TCO) Tacana II hicieron conocer a los viceministerios de Justicia, Tierra, Medioambiente, además de la Defensoría del Pueblo, el alto riesgo que significa continuar con las tareas de exploración sísmica a cargo de la compañía.
Además de los daños macro que estas empresas están causando, también debe contarse el impacto directo. Las constructoras han traído gran porcentaje de trabajadores chinos, y con ellos han llegado varias costumbres, entre ellas la compra de colmillos de jaguar. En menos de dos años ha diezmado la población de este animal antes considerado sagrado por las culturas de la zona. No es casualidad que la Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) del Ministerio de Medio Ambiente haya registrado, entre 2014 y 2016 años coincidentes con la presencia de obreros chinos, la recuperación de 800 colmillos de jaguar que iban a ser traficados a China, lo que se traduce en la muerte de al menos 200 felinos de esta especie.
“La falta de contrapesos y controles transparentes en el Estado chino cierra opciones de acceso a información transparente y fidedigna, o de reclamos y sanciones promovidas, por ejemplo, desde entidades de la sociedad civil de los países afectados por negocios con capitales chinos, o por la calidad de su trabajo como contratistas. Al mismo tiempo, esta realidad facilita las oportunidades de corrupción. Los intereses geopolíticos de gravitación del tipo imperialista y la avidez casi ilimitada de su mercado son otros factores que están generando muchos problemas, especialmente en los países con institucionalidad más débil y con escaso o nulo poder en la escena internacional”, concluye Requena.
