- El gobierno ecuatoriano ha firmado dos contratos con China National Petroleum (CNPC) y China Petrochemical Corporation (SINOPEC), las cuales pertenecen al consorcio Andes Petroleum.
- Varios críticos dicen que las consultas que hubo de parte del gobierno tan solo fueron con aquellos grupos o miembros de grupos indígenas que se encuentran a favor de los contratos petroleros.
- Esta no es la primera vez que una comunidad indígena ecuatoriana lucha contra el estado por oponerse a la extracción petrolera. Los Sápara quieren seguir el ejemplo del pueblo Sarayaku.
Líderes indígenas de todo Ecuador han encontrado que existe más en común entre sus pueblos en los últimos años, mientras observan cómo la exploración petrolera crece en la Amazonía –donde muchos de ellos viven. La semana pasada, se unieron nuevamente en oposición a otro contrato petrolero que amenaza las comunidades ancestrales de la provincia de Pastaza, ubicada al este de la Amazonía, a unos 300 kilómetros al sureste de Quito.
A finales del mes pasado, el gobierno ecuatoriano firmó dos contratos con China National Petroleum (CNPC) y China Petrochemical Corporation (SINOPEC), las cuales pertenecen al consorcio Andes Petroleum. La exploración en los Bloques 79 y 83 tomaría lugar en parte del territorio Sápara.
Ubicada entre los ríos Pindoyacu, Conambo y Corrientes, la región ocupa aproximadamente 361.000 hectáreas de selva tropical, con una población de menos de 600 personas. Los Sápara viven de forma sostenible en sus tierras, reconocidas por su gran diversidad y abundancia de plantas medicinales, y se teme que la explotación petrolera dará lugar a la contaminación del suelo, de aguas subterráneas, y de aguas superficiales de la zona.
Manari Ushigua, el presidente de la Nación Sápara, advierte que la extracción petrolera destruirá la selva y las montañas, y contaminará el agua –todos los recursos esenciales para su supervivencia. “Sin estos elementos, no podremos decir que somos Sápara porque nuestra sabiduría, nuestro lenguaje, nuestra historia se expresan a través de estos elementos que tenemos en nuestro territorio”, dijo Ushigua a Mongabay.
Ushigua expresó que ignorará este nuevo acuerdo, ya que su pueblo no fue consultado de manera apropiada sobre el tema. De acuerdo al Artículo 57 de la constitución ecuatoriana –y de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), a la cual Ecuador dio su firma en el 2007– el gobierno debe tener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades antes de que se contemple cualquier actividad extractivista.
El gobierno del Ecuador dice haberlo hecho, pero varios críticos explican que las consultas que hubo de parte del gobierno tan solo fueron con aquellos grupos o miembros de grupos indígenas que se encuentran a favor de los contratos petroleros. Belén Páez, de la Fundación Pachamama, dice que quienes estuvieron de acuerdo están asociados con el gobierno.
“Las personas que estarían afectadas por la actividad en los Bloques 79 y 83 no han sido consultadas de forma justa”, le dijo Páez a Mongabay. “Esto [la consulta] debería mostrar que el estado habla con los pueblos, al darles sus derechos”.
Durante una reciente rueda de prensa en Quito, líderes de las comunidades amazónicas Kichwa Sarayaku, Achuar, Shiwiar y Shuar mostraron su apoyo y se unieron a la resistencia Sápara en contra de los contratos firmados por el gobierno, acompañados también de las dos confederaciones indígenas más grandes del país.
El nuevo acuerdo de 72 millones de dólares establece un período de exploración de cuatro años, seguido por 20 años de extracción, como lo describe un comunicado de prensa publicado en el sitio de web del Ministerio de Sectores Estratégicos.
“Se puede ver que los millones de dólares de deuda que el Ecuador debe pagar están motivando la expansión de la frontera petrolera en la Amazonía”, dijo Adam Zuckerman, defensor del medio ambiente y los derechos humanos de Amazon Watch. Ecuador recibió 4 billones de dólares en préstamos por parte de China a poco tiempo de que se firmaran los contratos.
“Aquellas inversiones que típicamente no tendrían sentido, ni para la gente en Quito o en Guayaquil o en la Amazonía, se están dando porque muchas de las condiciones de estos contratos dependen de las ventas de petróleo a futuro”, le dijo Zuckerman a Mongabay. La fase de exploración determinará cuánto petróleo será extraído, pero la inversión en términos generales representa unos 72 millones de dólares.
Los críticos del acuerdo petrolero advierten que este proceso podría llevar a enfrentamientos entre los diferentes miembros de la comunidad. “Para los Sápara, el conflicto que el acuerdo ya ha causado entre ellos es uno de los impactos más serios de la explotación petrolera”, dijo Zuckerman. “No se trata solo de la contaminación o de la pérdida de su soberanía, sino también de la pérdida de la armonía que existe entre ellos”.
El pueblo Sápara fue reconocido por la UNESCO como un “Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad” debido a la situación crítica que enfrente la comunidad, la cual cuenta con 575 personas; solo cinco de los cuales aún hablan el idioma Sápara. Pero ahora se teme que ellos también podrían desaparecer.
Esta no es la primera vez que una comunidad indígena ecuatoriana lucha contra el estado por oponerse a la extracción petrolera. En diciembre del 2003, los Kichwa Sarayaku presentaron una demanda en contra del gobierno ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Sarayaku culparon al estado por los impactos ambientales, sociales y culturales de la actividad petrolera en su territorio en los años noventas; actividades sobre las cuales los Sarayaku dicen no haber sido consultados.
En junio del 2012, el tribunal dictaminó que el estado era responsable de violar los derechos de la comunidad, sus tierras ancestrales y su identidad cultural, al no darles protección legal, y al haber puesto sus vidas e integridad en peligro debido a los explosivos que fueron instalados en su territorio. El estado fue obligado a pagar a los Sarayaku 1,4 millones de dólares, y se pidió que quitara los explosivos que habían sido enterrados en el territorio durante la fase de exploración del contrato petrolero. Los líderes indígenas dicen que este último pedido aún no se ha ejecutado.
Ahora los Sápara han declarado que estan listos para seguir el ejemplo del pueblo Sarayaku, llevando su caso a las cortes nacionales e internacionales para que se evite la extracción en los Bloques 79 y 83. La comunidad se encuentra en estado de alerta, aseguró Ushigua, y está lista para prevenir la entrada de Andes Petroleum dentro de su territorio.
“El petróleo seguirá bajo tierra, ese es nuestro mensaje. Y con esa intención, vamos a luchar hasta el fin, sin que importe lo que pase”, le dijo Ushigua a Mongabay. “Vamos a resistirnos”.
