La organización ecologista Greenpeace apuntaba a que la causa sería una corriente marina procedente de Chiloé y a la contaminación causada, según sus propios cálculos, por 9000 toneladas de salmón muerto arrojadas al mar en marzo de este año, aunque las empresas salmoneras aseguraron que fue menos de la mitad de esa cifra, es decir, 4000 toneladas.

Después de la Caleta de Queule, la varazón llegó a Toltén, otra comuna pesquera en la región de La Araucanía, y quedó paralizada, pues el rumor de los “peces envenenados” llegaba hasta los consumidores y los pescadores. Los hombres de mar sabían que si no se esclarecía la causa del problema, no podrían vender sus productos. “Dicen que es por falta de oxígeno, uno como no sabe mucho cómo es la cuestión, no cacha [entiende] nada”, dice Rigoberto Silva, pescador de la región.

Desde Chiloé, donde ya comenzaba la movilización social, llegaban opiniones a Toltén que también señalaban a la industria salmonera, con sus grandes áreas de cultivo y sedimentos de deshechos, con sus historias de antibióticos y demás químicos contaminantes, y con las miles de toneladas de salmones muertos arrojadas al mar con el permiso del gobierno.

“No me atrevería a ser tan tajante o a asegurarlo. Es la primera vez que ocurre esto, una varazón masiva, pero tampoco lo descartamos”, dijo Aldo Ulloa, presidente del Sindicato de Pescadores de la Barra del Toltén, cuando se le preguntó sobre las informaciones que llegaban desde la isla.

Los pescadores no sabían si efectivamente miles de toneladas de pescado muerto y en descomposición habían sido arrojadas al mar o si se trataba de un extraordinario fenómeno de marea roja nunca antes visto. La información no estaba en sus manos.

Semanas después, a principios de mayo, el desastre ecológico llegó a Chiloé, tomando por sorpresa a la población. Al varamiento de peces muertos en las costas del archipiélago ─algo que por sí solo podría ser causado por la marea roja─ se sumó la muerte masiva de aves, jaibas, varias especies de moluscos e incluso de lobos marinos. Todas las especies que consumían peces muertos, morían también.

Las calles fueron tomadas y los caminos bloqueados por pescadores artesanales y sus familias. La conocida costumbre chilota de hacer “minga” (unión comunal), usualmente vista en preparaciones de curanto (comida típica chilena) y otras actividades tradicionales, ahora estaba entre barricadas con llantas encendidas, fogatas y cocinas improvisadas.

El gobierno movilizó a los Carabineros pero los pescadores, a quienes se unieron más pobladores del archipiélago, persistieron. Seis comunidades (Castro, Curaco de Vélez, Puqueldón, Queilen, Dalcahue y Quinchao) representadas en la Mesa Provincial de Chiloé exigían bonos para reponer sus ingresos y esclarecer los motivos de la autorización del gobierno a las salmoneras para arrojar miles de toneladas de desechos al mar. El archipiélago estaba sin peces ni turismo, y el abasto de productos de primera necesidad, como el combustible, comenzaron a escasear.

“Chile está sufriendo uno de los desastres ambientales y sociales más graves de su historia. Si bien existe consenso científico respecto de que estamos enfrentando un episodio gravísimo de marea roja, esto ocurrió después de que se desecharan en el mar 9000 toneladas de salmón en descomposición”, informó Greenpeace en su página web.

Mientras algunos grupos mantenían las barricadas, muchas más personas buscaban formas alternativas a la pesca ─la principal actividad comercial de Chiloé─ para ganarse la vida.

Ese fue el caso de María Georgina Altamirano, una mujer de edad avanzada que recolectaba murta (una pequeña fruta) porque las playas donde pasó toda su vida recolectando almejas, estaban contaminadas. “Ya no tenemos qué vender, así que estamos obligados. Dicen que está contaminado y ya no podemos vender”, dijo.

Desde el camino entre Castro y Ancud, las dos principales ciudades de Chiloé, en una barricada, en una unión de familias, Ana Caileo, educadora tradicional mapuche, explicaba el motivo de la radicalización de los pescadores: “Nos mataron el mar, nos mataron la fuente de trabajo para los pescadores. Nos mataron nuestros bienes, toda la vida han venido a imponer cosas. Nunca se nos consulta. Esta actividad que estamos haciendo es para decirle a la gente del conti [del continente] que el desarrollo comienza desde casa, con la armonía con nuestros bienes y nuestras cosas que nos entregó nuestra naturaleza. Cuando el hombre se cree mejor que la naturaleza, esto es lo que pasa”.

Durante la crisis de Chiloé, el gobierno de Michelle Bachelet sostuvo hasta el final que la causa de la muerte de los peces fue la marea roja. Teresa Calfunao, dirigente de la Agrupación de Recolectores de Alga y Preservación del Medio Ambiente, habló del conocimiento de los pescadores sobre la marea roja: “Cada gente lugareña que creció ahí dicen que eso fue contaminación. Es muy raro que llegue la marea roja por ese lugar porque hay mucha corriente”. También describió cómo quedó el sector pesquero artesanal de Chiloé: “encuentro desesperanza de mi gente, eso te cansa mucho”.

Mientras tanto, dos organizaciones ciudadanas y el Centro de Estudios Sociales de Chiloé denunciaron a las empresas salmoneras ante la Superintendencia del Medio Ambiente.

En la denuncia pidieron tres cosas: aclarar el vertimiento de 9000 toneladas de salmones muertos, que se realicen estudios independientes sobre la “sobrecarga de nutrientes y materia orgánica” en los salmones y también del uso de antibióticos en los monocultivos del salmón.

Las empresas denunciadas son: Aquachile, Aguas Claras, Trusal S.A, Granja Marina Tornagaleones, Mar Ventisqueros y Australis Mar. También fueron incluidas en la demanda la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura como posibles responsables de autorizar el vertimiento de las 9000 toneladas de salmón al mar.

La Asociación de la Industria del Salmón (Salmón Chile) emitió un comunicado el 10 de mayo, en medio de la crisis, en el que deslindó del conflicto a las empresas salmoneras y aseguró que la muerte de peces fue causada por el fenómeno de El Niño.

“Tanto los pescadores como los salmoneros hemos sido afectados fuertemente por la corriente de El Niño”, dice el comunicado.

Salmón Chile, una organización que agrupa a la mayoría de las empresas que cultivan este recurso en el país, explicó que un “bloom de algas” causó la muerte de 39 mil toneladas de salmón en marzo.

“Si bien la autorización de vertimiento en el mar era para 9000 toneladas, hicimos un gran esfuerzo para verter la menor cantidad posible: 4.00 toneladas. Es decir, solo se vertió mar adentro un 10 % de los salmones afectados. El vertimiento se hizo a 130 kilómetros de la costa, en un lugar expresamente indicado por la autoridad y en una zona con corrientes que se alejan del continente”, argumentó Salmón Chile.

En respuesta a la crisis, y después de lograr negociar con los pescadores con un pago en dinero líquido, el gobierno chileno formó un grupo de seis expertos de diversas universidades que se lanzaron al mar en la misión “Cabo de Hornos”, durante 11 semanas, para realizar un estudio y descifrar las causas del desastre ecológico. El 18 de agosto último presentaron un avance del estudio.

La vocera de los científicos, Mónica Vásquez, informó que “el vertimiento de salmones no tiene una relación causal con las Floraciones Algales Nocivas observadas en la región. Las condiciones climáticas y oceanográficas fueron propicias para el desarrollo de estas floraciones más comúnmente llamadas marea roja”.

A más de tres meses de los hechos, Teresa Calfunao, afirmó desde Ancud que el sector rural de Chiloé sigue en crisis. “Al real implicado, al del sector rural, nunca los remuneraron, nunca los tomaron en cuenta. Hay mucho desazón y descontento en la isla. Terminó de pasar esto y no se cumplieron los acuerdos. Nunca pensamos que iban a venir a envenenarnos nuestro mar”.

“No hay dinero circulando, no hay dinero fresco. La gente no tiene trabajo. El 80 por ciento de la plata de la comuna es de la gente del mar, y si no están trabajando, no hay plata. Trabajan buscando erizos, pulpos cerca y otras especies no afectadas por la marea roja. Cada vez que hay temporal, hay marea roja. Eso no pasaba antes”, dijo la dirigente.

El acuerdo que logró desmovilizar a los pescadores artesanales consistió en pagos en efectivo, variables en las comunidades porque la magnitud de los daños fue distinta en cada una. El presidente de la Asociación de Pescadores Demersales, Juan García, declaró a la prensa local chilena que por cada uno de los días sin trabajo, los trabajadores del mar perdieron 30 mil pesos chilenos (44 dólares americanos), y los recolectores de las costas, unos 15 mil (22 dólares americanos). Es decir, todo su sustento.

Desde los rincones del archipiélago siguen llegando noticias de personas sin trabajar y de otras que sí trabajan. También de personas que no han recibido el dinero pactado con el gobierno. Los peces muertos, según Teresa Calfunao, siguen rondando las costas de Chiloé. La emergencia ambiental no termina.