- La comunidad nativa de Nuevo Mundo tiene un población de más de 1100 personas.
- Abraham Gonzales, apu de la comunidad nativa, señala que la empresa continúa con la construcción de la planta pese a que le han pedido que se detenga.
- Diego Saavedra, especialista de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señala que Instrumento Técnico Sustentatorio (ITS) del Estado otorga a la empresa extractiva la capacidad de modificar el proyecto inicial sin consulta a la población.
El 3 de noviembre pasado la población de la comunidad nativa de Nuevo Mundo, en la provincia de La Convención, región Cusco, protestó alrededor de la estación de extracción de gas de la empresa Repsol por la construcción de una planta de compresión que facilitaría la obtención del recurso natural en los yacimientos de Camisea. La comunidad señala que dicha planta no ha sido consultada a los habitantes, pese a que se encuentra a metros de distancia del poblado.
El diálogo previo y posprotesta no han sido fructíferos, según Abraham Gonzales, apu de la comunidad de Nuevo Mundo, pero aún están dispuestos a conversar. A continuación veremos los puntos cruciales para entender este conflicto socioambiental.
- ¿Hubo consulta previa?
A 400 metros de la comunidad nativa de Nuevo Mundo se extiende una pampa. Abraham Gonzales, apu de dicha comunidad, señala que el espacio liberado del bosque natural es para una planta de compresión que servirá para una mejor extracción de gas por parte de la empresa Repsol.
“Para la construcción de esta planta de compresión que se encuentra a tan solo 400 metros de la comunidad nativa de la que soy apu, donde vive una población de 1130 habitantes de los pueblos indígenas machiguenga, asháninka, yine y kakinte, no se ha realizado el debido proceso de consulta previa. Nosotros nos enteramos en mayo de este año, pero en el trascurso de los meses hemos solicitado un diálogo interno con la empresa para que se nos consulte y esto no llegue a conflictos mayores, pero no sirvió. La planta es para extraer de forma más eficiente el gas, pero nunca se nos ha consultado, pese a que existe la consulta previa como derecho indígena. Ese es nuestro principal reclamo, que se tome en cuenta nuestra opinión”, dice Abraham Gonzales a Mongabay Latam.
- ¿Qué otros reclamos hay?
La consulta previa es solo la punta del iceberg del conjunto de denuncias que realiza la comunidad. Todas las acusaciones están reunidas en un memorial dirigido al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; a la presidenta del Congreso, Luz Salgado; al Consejo de Ministros; a líderes indígenas; y al director de Negocios de Repsol, Alejandro Bueno. “Y así han venido sucediendo (otros) impactos ambientales como el problema de agua al poblado desde 2010 hasta la actualidad; derrame de petróleo en el río Huitricaya; y otro derrame sucedido el 26 de mayo del 2014 en la comunidad de Nuevo Mundo”, se cita en un documento de la comunidad nativa de Nuevo Mundo.
“Si bien se han controlado esos derrames pasados, a nosotros nos mintieron porque les creímos que no iba a pasar nada. Jamás pensamos que cuando aceptamos que ingrese esta empresa en 2005 iba a contaminar y ahora que expandan con una planta de compresión que jamás nos han consultado. Por eso el 3 de noviembre realizamos ese paro”, dice Gonzales.
- ¨Diálogos fallidos”
La semana pasada decenas de habitantes de la comunidad nativa de Nuevo Mundo tomaron de manera pacífica el campamento de Repsol en el Lote 57 en protesta por la serie de denuncias señaladas. “Es el problema de siempre. Hay un mecanismo para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para un proyecto en específico, pero el proceso de consulta previa no se da, en algunas partes del Perú solo se dan una serie de audiencias públicas que sirven para informar a las comunidades, pero sin respetar su decisión. La empresa toma nota de lo que puedan decir, pero no se sienten obligados a cumplirlo. En Nuevo Mundo ese ni siquiera ha sido el caso, no se ha informado a la comunidad de nada. La protesta del 3 de noviembre es el resultado de una serie de diálogos fallidos”, explica a Mongabay Latam el antropólogo Javier Torres Seoane.
La protesta se terminó el mismo día en que comenzó, ya que la empresa accedió a una jornada de diálogo, según Gonzales.
- ‘Paquetazo Ambiental’: un factor a tener en cuenta
De acuerdo a Diego Saavedra, especialista de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) que ha seguido el conflicto, con la promulgación del Decreto Supremo 054 en 2014 que formó parte de los decretos que conformaron el conocido ‘Paquetazo Ambiental’, las empresas extractivas en Perú, entre ellas Repsol, “tienen la capacidad de modificar el proyecto extractivo que tengan sin necesidad de consulta previa”.
En entrevista con Mongabay Latam, Saavedra indica que “por ejemplo, en este caso Repsol ha decidido construir una planta de compresión de gas y no ha consultado a la comunidad aledaña que es Nuevo Mundo. Solamente ha pedido permiso al Ministerio de Energía y Minas y listo. Una herramienta que le ha dado el mismo Estado a las empresas extractivas para que modifiquen sus proyectos sin necesidad de consulta o audiencia pública es lo que se conoce como el Instrumento Técnico Sustentatorio (ITS), el cual fue promulgado con varios decretos que deterioran la fiscalización ambiental en el Perú. Todos ellos conforman el ‘Paquetazo Ambiental’”.
- Proceso de negociación
Desde mayo del presente año la comunidad nativa de Nuevo Mundo se ha reunido de manera interna con la empresa Repsol, pero el diálogo no ha tenido resultados concretos y eso desencadenó la protesta. Sin embargo, luego del paro se logró coordinar tres fechas más de diálogo para que se pueda llegar a un acuerdo pacífico, según Abraham Gonzales.
“El diálogo luego de la protesta se ha programado para el 7, 9 y 15 de noviembre. Pero hasta ahora (10 de noviembre), no se ha logrado ningún acuerdo. Nosotros no le decimos a la empresa que detenga su producción de gas, lo único que le pedimos es que detenga la construcción de la planta de compresión porque no podemos conversar tranquilamente si sabemos que continúan con eso, pero no han respetado nuestro derecho a la consulta. Han venido gente de la Defensoría del Pueblo y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS-PCM) como observadores. Esperemos que con ellos el Estado cambie de parecer y pueda apoyarnos no solo en este diálogo, sino con el acceso al agua que hace más de cinco años no tenemos y se detenga la construcción de la planta de compresión”, sostiene Gonzáles.
Por su parte, Rosa Santa Cruz, quien lidera la Adjuntía de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo en Cusco, explica que están siguiendo de cerca el proceso de diálogo y añade lo siguiente: “Hemos enviado oficios al Ministerio de Energía y Minas para que atienda los reclamos de la población y por qué no se ha respetado el derecho a la consulta previa, asimismo al Ministerio de Cultura porque es una población indígena la que forma parte de este conflicto. Hasta el momento no se ha llegado a una solución, pero confiamos en que sí se logrará”.
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