- El opositor a la presa Hidrotambo, Manuel Trujillo, fue exonerado recientemente de cargos de terrorismo por, supuestamente, destruir propiedad de la empresa constructora de la presa, pero aún se enfrenta a más de dos docenas de causas judiciales relacionadas con su oposición a la presa.
- Los grupos de derechos humanos afirman que el gobierno ecuatoriano ha criminalizado a Trujillo y otros líderes locales por organizarse contra la presa como parte de un patrón más amplio en el que la administración de Rafael Correa ha perseguido a más de 100 líderes comunitarios y activistas por protestar contra proyectos de desarrollo por todo el país.
- Los activistas han llevado su caso contra la presa Hidrotambo a los tribunales internacionales.
Terrorismo y sabotaje son solo dos de los cargos penales presentados contra más de 20 residentes de la cuenca del Dulcepamba en la provincia central de Ecuador, Bolívar, por su oposición a la presa hidroeléctrica. Una inmensa concesión de agua para la presa ha restringido el acceso de la población local a agua para el riego y el consumo diario, lo que ha provocado una resistencia generalizada.
La presa de ocho megavatios Hidrotambo ubicada en el río afecta a las comunidades a lo largo de sus 7 kilómetros y reduce el acceso al agua para las 72 comunidades que viven río arriba.
“La empresa hidroeléctrica se ha llevado la paz y la tranquilidad que teníamos”, dijo a Mongabay Manuel Trujillo, presidente del pueblo de San Pablo de Amalí, donde se encuentra la presa. Trujillo, a quien sus amigos y compañeros, respetuosamente, llaman “Don Manuel”, ha ayudado a dirigir el movimiento contra Hidrotambo durante más de 10 años.
En 2012, él y otra activista local, Manuela Pacheco, fueron acusados de terrorismo por, presuntamente, destruir propiedad de la empresa hidroeléctrica durante una manifestación contra el proyecto. Fueron exonerados en enero, pero Trujillo todavía tiene que hacer frente a otras más de dos docenas de causas judiciales relacionadas con su oposición a Hidrotambo. Tanto ellos dos como los grupos de derechos humanos que les apoyan afirman que el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa les ha criminalizado a ellos y otros líderes locales por organizarse contra la presa.
Dicen que la situación se ajusta a un patrón en el que la administración de Correa ha criminalizado a más de 100 líderes comunitarios y activistas por protestar contra los impactos medioambientales y sociales de los proyectos de desarrollo por todo el país. La mayoría no han sido capaces de combatir las acusaciones y han recibido penas de cárcel de hasta 10 años.
Reclamaciones comunitarias
La presa Hidrotambo es el producto de una asociación llamada Hidrotambo S.A. entre una pequeña empresa ecuatoriana llamada Corporación por la Investigación Energética (CIE) e inversores canadienses, ecuatorianos y españoles. Aunque, inicialmente, la inversión procedía de estos actores, también inscribieron la presa, satisfactoriamente, bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU (CDM por sus siglas en inglés), lo que le permite vender créditos de compensación de carbono como un proyecto de desarrollo aparentemente “verde”. Sin embargo, la página web del CDM no documenta la venta de ningún crédito para apoyar el proyecto y el periodo de acreditación se cerró en 2015.
Desde su creación, la titularidad de Hidrotambo ha cambiado. Ahora los accionistas incluyen la CIE, la empresa de calzado ecuatoriana Plasticaucho, la firma inmobiliaria Bienes Raíces de la Sierra y una empresa suiza llamada Magistra Schenk.
La cuenca del Dulcepamba, localizada en las estribaciones de los Andes, es el hogar de, aproximadamente, 15 000 personas, que, en su mayor parte, viven de la agricultura, la ganadería y la pesca a pequeña escala. En 2003, se autorizó a Hidrotambo a usar lo que equivale a casi la totalidad del drenaje de la cuenca en la temporada seca del 15 de junio al 15 de diciembre —1,96 metros cúbicos de agua por segundo— así como 6,50 metros cúbicos de agua por segundo en la temporada de lluvias desde el 15 de diciembre hasta el 15 de junio. Para que este volumen de agua alcance las turbinas de Hidrotambo, los granjeros río arriba tendrían que haber sido denegados sus derechos de uso del agua y, por lo tanto renunciar a desviar agua a sus cosechas, ganado y hogares durante la temporada seca, cuando más lo necesitan.
Trujillo y otros opositores al proyecto dicen que el gobierno otorgó la autorización aunque la empresa nunca llevó a cabo ningún proceso de consulta con las comunidades afectadas, un derecho consagrado en el derecho ecuatoriano. “La empresa nunca nos dijo lo que estaba planeando. Nunca fuimos consultados”, dijo.
La construcción de la presa empezó en febrero de 2016 y los residentes cuestionaron inmediatamente la presencia de la empresa de construcción, Coandes. En 2006 y 2007, tuvieron lugar una serie de confrontaciones entre las tropas del ejército estacionadas en San Pablo de Amalí para proteger la obra de construcción y cientos de residentes de la cuenca opuestos al proyecto. Durante estos años, el gobierno detuvo a 14 líderes y abrió 22 causas judiciales contra ellos.
Multitud de recursos legales en los tribunales ecuatorianos habían fracasado. Las comunidades también presentaron reclamaciones a las agencias gubernamentales como el Ministerio de Defensa, el Defensor Público y el Instituto Ecuatoriano del Niño y las Familias.
Las confrontaciones impidieron la construcción y las comunidades del Dulcepamba pensaron que Hidrotambo S.A. dejaría el proyecto, sobre todo al estar la economía ecuatoriana sufriendo una recesión.
El presidente Correa convocó una asamblea constituyente compuesta de 130 delegados electos para desarrollar una nueva constitución y en 2008 la asamblea concedió amnistía en las 22 causas judiciales de 2006 y 2007. El contrato para la presa fue finalmente anulado en 2011 y la empresa se retiró de la cuenca.
Sin embargo, en 2012 la comisión federal de electricidad otorgó un nuevo contrato a la presa. Hidrotambo S.A. volvió y reinició la construcción, finalizó la presa en 2013. La policía y el ejército que habían estado protegiendo la construcción durante la ausencia de la empresa desaparecieron repentinamente.
Para mediados de 2013 la presa estaba generando ocho megavatios de electricidad para la comisión federal de electricidad.
“Denunciamos a todos los niveles del gobierno, pero nadie nos prestó atención”, dijo Trujillo.
El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el Ministerio del Agua e Hidrotambo S.A. no respondieron a repetidas peticiones de entrevistas.
Menos agua, menos peces, más inundaciones
Hidrotambo, una presa de río, desvía agua del río Dulcepamba, lo pasa por turbinas para generar electricidad y luego devolverlo al río siete kilómetros más abajo. Las comunidades en el tramo de siete kilómetros de la presa son privadas directamente de algo de agua y las poblaciones de las 72 comunidades río arriba han tenido que reducir su uso de agua para consumo y regadío para satisfacer la autorización de Hidrotambo.
Las comunidades consideran que su derecho al agua bajo la Ley de Aguas 2014 de Ecuador está siendo violado, así como sus derechos bajo la Constitución, que da prioridad al acceso al agua para los granjeros campesino por encima de los usos industriales del agua.
El tramo remanente de río natural entre el desvío de la presa y el punto de reinserción del agua contiene un mero hilo de agua durante los meses de verano, lo que ha diezmado las poblaciones de peces de las que mucha gente del lugar dependía para subsistir.
“Tenemos 14 tipos diferentes de peces en el río”, dijo Trujillo, que cultiva naranjas y ha luchado por mantenerse a sí mismo durante el conflicto por la presa. “Antes, cogías unos pocos peces del río y ese era tu desayuno, pero ya no quedan”.
Además de la pérdida de agua y alimento, la presa también ha traído destrucción. La comunidad de San Pablo de Amalí avisó que la presa estaba ubicada peligrosamente cerca de las casas y que su diseño aumentaría el riesgo de inundaciones. Trujillo incluso presentó una causa judicial contra Hidrotambo S.A. por desviar peligrosamente el río hacia el pueblo, pero el caso fue desestimado y no se alteró el diseño.
Los acontecimientos del 19 y 20 de marzo, 2015, confirmaron esas inquietudes. El caudal del río en invierno y la carga de sedimentos que bajaban el estrecho canal de la presa recientemente dirigido directamente a San Pablo de Amalí, causó graves inundaciones y erosión. La inundación destruyó 12 casas, junto con las zonas de cultivo de 33 familias. Tres personas murieron cuando intentaban escapar de sus casas, incluido un niño.
Trujillo perdió su casa en la inundación. Trujillo, su mujer e hijos se reubicaron en una pequeña casa que le cedió un vecino durante seis meses hasta que pudieron reconstruir la suya.
“La inundación se llevó toda una parte del pueblo. Me quedé sin nada”, dijo.
Criminalización y amenazas
Mientras tanto, Trujillo y Pacheco estaban defendiéndose de cargos de terrorismo de 2012 del gobierno federal por, presuntamente, destruir propiedad de la empresa de la presa. La ONG de derechos humanos con sede en Quito, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) les representó y cuando el grupo empezó a incrementar la presión mediática y política contra la presa, Trujillo empezó a recibir amenazas.
En el otoño de 2015, alguien empezó a llamarlo a su casa todos los días para decirle cuantos días le quedaban de vida. Cuando llegó el último día, se fue de casa y se refugió con un vecino. Dijo que las amenazas no le intimidarán y aunque ahora han parado, se preocupa por la seguridad de su familia.
Daniel Vejar, un abogado de los derechos humanos de INREDH que representó a Trujillo y Pacheco, le dijo a Mongabay que este tipo de amenazas contra los opositores locales a los proyectos de desarrollo son cada vez más habituales en Ecuador. A pesar de su frecuencia, son difíciles de rastrear o de procesar.
Al ir acercándose el juicio de enero de 2016 de Trujillo y Pacheco, Amnistía Internacional, Human Right Watch y otras ONG internacionales les manifestaron su apoyo. Fueron absueltos, el juez sentenció que no había suficientes pruebas que demostrasen que estuviesen en San Pablo de Amalí durante el incidente de 2012.
“Don Manuel y Doña Manuela son uno de los muy pocos casos que han sido exonerados”, dijo Vejar.
Vejar ve el procesamiento de casos contra los activistas como algo altamente arbitrario. Legalmente, los cargos de 2012 deberían haber sido llevados a juicio dentro de un plazo de 15 meses. Sin embargo, no fueron llevados a juicio durante más de 36 meses, que Vejar dijo era una táctica gubernamental para disuadir una nueva ola de protestas que se está llevando a cabo en la comunidad.
A pesar de esta victoria, Trujillo todavía tiene unos 30 procesos criminales abiertos contra él, todos en su fase inicial y todos de Hidrotambo S.A. o de la Policía Nacional. Tanto él como Vejar dijeron que consideran estas acusaciones como represalias por su resistencia no violenta a la presa. Otros veintitrés activistas han sido llamados para ser preguntados por un supuesto acto de sabotaje contra la presa que tuvo lugar en 2012.
Vejar mantiene que el caso Hidrotambo es solo uno de los muchos que hay en Ecuador y que los líderes locales son criminalizados de manera habitual por protestar los proyectos de desarrollo de la administración de Correa.
El gobierno de izquierdas persigue a los activistas
Rafael Correa vino a San Pablo de Amalí en 2006 como un candidato presidencial. Durante un evento de la campaña les dijo a los residentes. “Son ustedes los que tienen el derecho de aprobar una planta hidroeléctrica, en vuestras tierras, que afecta a vuestro medio ambiente. Si ustedes dicen no al proyecto, el proyecto no se construirá”.
Desde que llegase a la presidencia en 2007, Correa no ha intervenido en San Pablo de Amalí. Este pasado febrero Correa viajó a uno de los asientos del condado de la cuenca, Chillanes, para dar su informe semanal a la nación. Durante su viaje, Correa había invitado a Trujillo a un desayuno con otros líderes comunitarios. Sin embargo, la mañana del desayuno, le dijeron a Trujillo que no podía asistir. Esperó hasta el final del evento para hablar con Correa y presentar al presidente con un informe de 40 páginas realizado por INREDH y Fulbright Scholar y la activista Rachel Conrad. Sin embargo, en su discurso Correa solo mencionó la presa de pasada, cuando dijo, “¿Estamos en Chillanes, no? ¿Hidrotambo está aquí, verdad?”
Según Trujillo, los residentes de la zona se sienten muy desilusionados con Correa y ese sentimiento se refleja en todos los grupos sociales y medioambientales en Ecuador. Correa hizo historia en 2008 cuando Ecuador se convirtió en el primer país en consagrar “los derechos de la naturaleza” en su constitución. Sin embargo, el presidente ha hecho de la extracción de recursos naturales, conocida como “extractivismo” en América Latina, una piedra angular de su estrategia de desarrollo económico para el país.
La página web de la Secretaría de Energía ofrece ocho proyectos de presas entre nueve proyectos “emblemáticos” de energía renovable por todo el país que “son un claro ejemplo de un nuevo Ecuador que está avanzando y que alcanza niveles históricos de desarrollo económico, energético y social”. La minería también ha aumentado en el país.
La Secretaria de Energía, que dirige los proyectos hidroeléctricos por todo el país, no respondió a una solicitud de entrevista para este artículo.
Para financiar sus proyectos de desarrollo, Ecuador ha dependido de préstamos de China desde 2008, cuando incumplió el pago de su deuda extranjera de 3,2 miles de millones de dólares de otros países. Los analistas estiman que el país tiene más de 15 mil millones en deuda china, pero hay poca trasparencia en los préstamos.
Las empresas que financian el extractivismo en Ecuador han sido vinculadas a proyectos polémicos por otras partes de América Latina. Por ejemplo, uno de los proyectos “emblemáticos” mostrados por la Secretaría de Energía es el proyecto hidroeléctrico Coca Codo de 1500 megavatios. Está financiado por un préstamo de 1,7 mil millones de dólares del Banco de Importación y Exportación de China y la empresa china Sinohydro. Sinohydro está involucrada en otros proyectos polémicos de presas en América Latina. Por ejemplo, financiaron el proyecto de la presa DESA en Honduras, al que la líder indígena Berta Cáceres se había opuesto antes de su asesinato en marzo, pero se retiró a finales de 2013 debido a las protestas a nivel local.
Correa recibió el reconocimiento durante su primera administración cuando adoptó la iniciativa Yasuní, originalmente propuesta por diferentes ONG y grupos sociales, como una alternativa a la perforación de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. La iniciativa buscaba 3,6 miles de millones de dólares en financiación internacional para sufragar los ingresos que Ecuador perdería con la no perforación del parque. Cuando no se recaudó la cantidad, continuó con planes para perforar. Fue aún más allá, en diciembre 2013 cuando cerró las oficinas de la Fundación Pachamama, una ONG con sede en Quito que había apoyado la iniciativa Yasuní e hizo campaña por un voto popular para decidir el asunto.
El abogado de INREDH, Vejar, le dijo a Mongabay que la excusa para cerrar Pachamama fue el Decreto Presidencial del 19 de junio 2013, que cambió las leyes reguladoras de las actividades de las ONG “de manera muy arbitraria” y, en última instancia, allanó el camino para que el gobierno ecuatoriano “empezara a actuar como un régimen” con el aplastamiento de la oposición.
Vejar dijo que, desde entonces, el gobierno ha incrementado el escrutinio de las actividades de INREDH, según parece para buscar motivos por los que cerrar el grupo.
Otra organización de la sociedad civil que ha sido el blanco del gobierno es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), un grupo de convergencia para las organizaciones y población indígenas. El gobierno intentó cerrar sus oficinas en 2014 y muchos miembros de la organización se han enfrentado a la criminalización en sus comunidades.
A principios de este año, CONAIE lanzó una campaña denominada “Resistir es mi Derecho” que documentaba 123 casos de activistas ecuatorianos criminalizados por el gobierno por su trabajo de oposición a los proyectos de desarrollo durante 2015, un año que vio un auge en protestas por todo el país. Las acusaciones incluían sabotaje, alteración de los servicios públicos y “ataques o resistencia”, crímenes que, en Ecuador, pueden conllevar penas de prisión de uno a 10 años.
Vejar explicó que una reforma del código penal en 2013 endureció las definiciones de “terrorismo” y “sabotaje” y, ahora, el gobierno aplica esas acusaciones a los líderes de los movimientos sociales con menor frecuencia. En su lugar, las acusaciones de “ataques y resistencia” y “paralización de los servicios públicos”, que conllevan penas de prisión de hasta tres años, son cada vez más habituales.
El incierto futuro del Dulcepamba
Trujillo y Pacheco continúan montando su campaña legal contra Hidrotambo S.A. Tanto sus apelaciones como las de sus colaboradores en los tribunales locales no han tenido éxito y la empresa nunca ha compensado a las comunidades afectadas por los impactos sociales y ambientales de la presa.
En Dulcepamba, después de la mediación con Hidrotambo S.A. entre junio y octubre de 2015 acabó con la empresa sin cumplir ninguna de las demandas de la comunidad, un consorcio de comunidades ha seguido presentando quejas a todos los ministerios pertinentes. También han empezado a solicitar derechos de agua en masse como una manera de desafiar lo que perciben como unos requisitos de licencia negligentes para los proyectos de energía.
Con el investigador-activista Conrad y un equipo de varias universidades ecuatorianas y estadounidenses, las comunidades también han estado midiendo meticulosamente el consumo de agua en la agricultura local para montar una causa judicial porque Hidrotambo viola sus derechos al río y sus afluentes.
Los residentes de la cuenca, preocupados porque los tribunales ecuatorianos corruptos protegerán los intereses de Hidrotambo S.A., ahora se están dirigiendo a los tribunales internacionales. Han presentado una causa que pretende abordar el peligro que representan las inundaciones debido a la presa ante dos delegaciones diferentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La causa sigue pendiente.
Trujillo dijo que el proyecto Hidrotambo no tiene solo implicaciones locales sino también nacionales.
“Campesinos como nosotros alimentamos a todo el país”, dijo, lo que reitera su compromiso en derrotar la presa a pesar de ya haber resistido durante más de una década y enfrentarse a una decena de cargos criminales.
“No me he rendido, todavía estoy luchando”, dijo.
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