- ¿Cuál es el trasfondo de un conflicto que lleva meses sin resolverse?
- ¿Por qué el gobierno solicitó la disolución inmediata de la organización Acción Ecológica?
- ¿Cuáles son las consecuencias del estado de excepción decretado por el Estado?
Un conflicto sin miras de solución ensombrece el sur de la Amazonía ecuatoriana. Específicamente las localidades rurales de los cantones San Juan Bosco y Limón Indanza, ubicados en la provincia de Morona Santiago. Se trata de comunidades indígenas y campesinas enclavadas en la Cordillera del Cóndor, cuyos territorios están concesionados a la minera china Explorcobres S.A. (EXSA), responsable del proyecto cuprífero San Carlos-Panantza y filial de la también empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA), que le lleva ventaja en la construcción de la primera mina de cobre a cielo abierto del país en la vecina provincia de Zamora Chimchipe. Son yacimientos contiguos que forman parte del mismo cinturón de cobre que atraviesa la zona.
Y las cosas han ido de mal en peor. Sobre todo desde agosto, mes en el que aconteció el primero de varios hechos sucesivos y alarmantes que han trascendido las fronteras de esa recóndita y olvidada circunscripción de la Amazonía. Fue justamente el 11 de agosto cuando cientos de efectivos de la fuerza pública ingresaron a la parroquia Santiago de Panantza y procedieron al desalojo de una pequeña comunidad Shuar denominada Nankints y conformada por 32 personas. Desde entonces un importante contingente militar y policial permanece en el sitio, en respaldo de la minera china EXSA que reclama esas tierras como suyas. En contraparte, el desalojo de Nankints ha sido el detonante para que organizaciones indígenas regionales y nacionales, que culpan al gobierno de impulsar la minería a gran escala ─sin consulta previa─ en territorios que consideran ancestrales, aceleren la conformación de un gran frente contra la megaminería. El clima de tensión que se vive en el área de influencia del proyecto San Carlos-Panantza ha dado pie a numerosos enfrentamientos, la toma durante 24 horas del campamento chino por parte de indígenas shuar en noviembre, la muerte del policía José Mejía el 14 de diciembre pasado, la detención de un grupo de dirigentes comunitarios y del presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FISCH), Agustín Wachapá. Además del intento de cierre de la Ong Acción Ecológica por parte del Ministerio del Interior, lo que generó el rechazo de la comunidad internacional.
Se prolongan las restricciones
Uno de los hechos más recientes es la ampliación del estado de excepción que implantó el gobierno en la provincia de Morona Santiago a mediados de diciembre. En el decreto ejecutivo emitido el 12 de enero último, se justifica la suspensión de varios derechos constitucionales a los habitantes, “en razón de los efectos de las agresiones a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas por parte de grupos ilegalmente armados, han atentado contra la seguridad ciudadana, la integridad de las personas, y la paz y convivencia social”, dicta un fragmento del documento. Es que las acusaciones son mutuas y ya en días anteriores, el presidente Rafael Correa responsabilizó a la dirigencia indígena de respaldar a grupos violentos “paramilitares y semidelincuenciales” que presuntamente atemorizan a la población. “Es mentira que sean tierras ancestrales”, sentenció Correa y agregó que la empresa china EXSA las compró a una pareja de colonos, que a su vez las adquirieron de otra pareja que las recibió del antiguo IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización). Pero los indígenas se mantienen en que el territorio en disputa forma parte de la jurisdicción Shuar-Arutam.
El Presidente cerró cualquier posibilidad de acercamiento. “Aquí no cabe ya el diálogo. Aquí cabe cualquier cosa después de capturar a los asesinos”, dijo en referencia a la muerte del efectivo policial. “Al cabo lo matan cuando se estaba transportando en un camión militar, hacen una emboscada, empiezan a disparar y no carabinas, es una bala de fusil que le atraviesa el casco y le destroza la cabeza”, sostuvo el mandatario el 17 de diciembre, en medio de su cadena sabatina de radio y televisión. Aunque en un inicio, el Ministerio del Interior había informado que la muerte del policía había sucedido durante un ataque al campamento minero La Esperanza, de la empresa China EXSA. En ese mismo episodio, el gobierno informó que resultaron heridos cinco policías y dos militares. Uno de gravedad.
Las aseveraciones del gobierno generan dudas en organizaciones de la sociedad civil como Acción Ecológica. Gloria Chicaiza, vocera de la ONG en el tema, cuestiona que el gobierno responsabilice a los indígenas shuar de la muerte del policía Mejía, y a la par, impulse una campaña para dar con los culpables. “Nos parece sumamente escandaloso porque creemos que lo que se está haciendo es juzgar sin ningún tipo de investigación de por medio. Se está asumiendo una serie de acusaciones dirigidas tanto a dirigentes como a las comunidades shuar. Es una especie de cacería que se está haciendo, ofreciendo 50 000 dólares para que la gente diga quién es el asesino”. En diálogo con Mongabay Latam, Chicaiza asegura que no le cuadran los sucesos y que el policía fue asesinado con un arma de grueso calibre que no está al alcance de las comunidades indígenas. “Cómo entra un contingente policial y militar tan armado, tan fuerte, y resulta que los agresores son las comunidades pequeñas y desarmadas asentadas en la zona”, objetó.
Investigación de muerte de policía no progresa
Lo cierto es que las investigaciones por la muerte del policía no registran avances, incluso los cinco comuneros que el Ministro del Interior Diego Fuentes señaló como presuntos responsables del ataque al campamento minero La Esperanza (donde habría muerto el polícia José Mejía), fueron liberados por la Corte de Justicia de Morona por falta de pruebas. La Policía los capturó el 17 de diciembre, tras una serie de allanamientos en la parroquia Santiago de Panantza y el cantón San Juan Bosco, y las principales evidencias en contra eran unas viejas escopetas de caza, de fabricación artesanal, junto a algunas municiones. Tres de los detenidos eran integrantes de la Junta parroquial de Panantza, incluido su presidente, Javier Marín. Organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) celebraron la noticia pero recordaron que aún continúa preso el presidente de la FISCH Agustín Wachapá.
A diferencia de los comuneros, que fueron procesados por tentativa de asesinato, Wachapá fue acusado de incitación a la discordia, tipificado en el art. 348 del Código Integral Penal y que dicta: “La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. Wachapá fue acusado por colgar una publicación en Facebook “en la que llama a la unidad, a la movilización y que desconoce al presidente Rafael Correa por haber hecho esas incursiones con militares y policías ante una comunidad shuar”, explica su abogado Julio César Sarango, quien además reclama que Wachapá haya sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, (Cotopaxi), ubicada a más de 300 kilómetros de su domicilio, cuando su caso es visto en la capital provincial, Macas. Igual como pasó con los comuneros de Panatza. “Lo hicieron para aislarlo. No puede ver a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de organización”, sostiene Sarango y añade que con la detención del Presidente de la FISCH se quiere enviar un mensaje intimidatorio a la dirigencia indígena. El pasado 6 de enero, la Corte Provincial de Cotopaxi negó el recurso de Habeas Corpus solicitado por la defensa de Wachapá. Era el tercer intento de Sarango para lograr su libertad.
“Hay una persecución voraz hacia las autoridades, sobre todo de las nacionalidades de la región amazónica que hemos venido haciendo vocería”, asegura en conversación con Mongabay Latam Marlon Vargas, presidente de la Confeniae. Según Vargas, el gobierno los quiere amedrentar para que no sigan luchando por su territorio y se ha valido de la declaratoria de estado de excepción para “violentar los derechos humanos dentro de los territorios”. Marlon Vargas expresa su rechazo rotundo a la medida que suspende el derecho a la información, a la libertad de expresión y opinión, el derecho a asociarse y reunirse, el derecho a transitar libremente y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. El dirigente indígena sostiene que el estado de excepción está paralizando la economía de la provincia de Morona Santiago al dificultar la movilidad de las personas, además señala que la situación en las comunidades es de alta vulnerabilidad aunque no se muestra en la prensa por la falta de acceso a la zona. “Convocamos a los medios de comunicación a que se trasladen a esos lugares para que el mundo vea en qué situación estamos y cuáles son las realidades que se están viviendo en las montañas de la Cordillera del Cóndor”, sostiene Vargas y añade que “el único camino es la resistencia que permite la Constitución”.
Preocupación en comunidades por excesivo control
Gloria Chicaiza de Acción Ecológica comparte la preocupación de Vargas por los efectos del estado de excepción en la población. “Compañeros de las comunidades dan cuenta de sobrevuelos diarios de helicópteros, de cómo con drones están entrando a las comunidades, están vigilando y persiguiendo. De cómo los niños no están yendo a las escuelas. Hay un control militar excesivo, la gente no puede desplazarse, tiene que caminar por la montaña 8, 12 horas para poder salir a centros poblados como Gualaquiza o San Juan Bosco”. Chicaiza no ha podido llegar a la zona por las restricciones de la excepción pero explica que mantiene constante contacto telefónico con líderes indígenas y campesinos. La ecologista también habla de persecución y pone como ejemplo el caso de Luis Tiwiram, dirigente de la desalojada comunidad de Nankints que es buscado por las autoridades.
Contrario a Vargas y Chicaiza, el gobierno sostiene en cadenas de radio y TV que con el estado de excepción se está garantizando la paz y el orden en la provincia, y que los moradores se sienten más seguros. Las versiones sobre los hechos suscitados, difieren por completo si la fuente es el gobierno o las organizaciones indígenas y civiles que, además de rechazar el desalojo, cuestionan el impacto de los proyectos mineros en el ecosistema de la Cordillera del Cóndor. Pero hay un punto en el que sí coinciden y es en que la situación está convulsionada y existe el riesgo de que se presenten nuevos hechos violentos.
Acción Ecológica no será disuelta
A la par de la situación de tensión en el sur de la Amazonía, el Ministerio de Interior solicitó la disolución inmediata de la organización Acción Ecológica, a la que culpó de respaldar en redes sociales acciones y hechos de violencia que atribuían a las comunidades shuar de la zona de conflicto. El proceso de cierre empezó el 20 de diciembre con la notificación a la ONG y desató diversas reacciones a nivel nacional e internacional. Pero la misiva que ocasionó el rechazo de la Cancillería, fue la de un grupo de relatores de la ONU que a finales de diciembre cuestionó un clima de represión para las organizaciones civiles en el país. “Parece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial”, dicta parte del comunicado y continúa: “Las consecuencias directas son el silenciamiento progresivo de cualquier grupo que desafía u ofrece ideas alternativas a las del gobierno y, por lo tanto, reduce la visibilidad de la situación de las personas vulnerables y marginadas”, añade y concluye que la disolución de agrupaciones es “el tipo más severo de restricción a la libertad de asociación. Inmediatamente el Ministerio de Relaciones Exteriores tachó el comunicado de “tendencioso” y aseveró que contenía aseveraciones que tergiversaban la situación en Morona Santiago.
Expertos de la ONU ya habían criticado al régimen por cerrar la también organización ecologísta Pachamama, la Unión Nacional de Educadores, que fue el gremio más fuerte de maestros durante 66 años, e intentar disolver la ONG Fundamedios. Todo en un periodo de tres años. En el caso de Pachamama, el cierre se dio poco después de una protesta contra la XI ronda de licitación de 13 campos petroleros que se celebró en Quito y en la que participaron funcionarios y empresarios extranjeros. El presidente Correa atribuyó la convocatoria a la ONG y los culpó de proferir insultos y golpear con una lanza al embajador chileno. Pachamama protestó contra lo que calificaron como una acción unilateral sin derecho a la defensa.
El 11 de enero pasado se dio la audiencia del proceso contra Acción Ecológica en las instalaciones del Ministerio del Ambiente y un día después, el pedido de disolución fue desestimado para tranquilidad de la ONG, que ha denunciado decenas de agresiones a la organización y sus miembros durante los últimos 10 años. “Se dictaminó que no había ninguna relación entre los eventos de violencia en la Cordillera del Cóndor y los mensajes que circulaba Acción Ecológica”, dijo en diálogo con Mongabay Latam la presidenta Esperanza Martínez e insistió en la necesidad de que se conforme una Comisión de la Verdad que investigue el conflicto minero y aclare “qué ha pasado con la consulta previa, con las áreas de conservación, qué ha pasado con los ríos, cuáles han sido las acciones u omisiones por parte del estado”. Consultada sobre si van a bajar el tono después del riesgo de disolución, Aguirre sostiene: “No es un problema de tono sino de compromisos, y tú eres o no eres solidario, participas o no participas, y nosotros reivindicamos el hecho de que nuestros objetivos son alertar sobre los problemas ambientales y defender la naturaleza. Si no lo hacemos estamos incumpliendo con nuestros fines”.
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