- ¿Qué clase de impactos tuvo la ley conocida como ‘paquetazo ambiental’?
- ¿Logró la ley que las empresas extractivas inviertan más y cometan menos infracciones ambientales?
“El error se ha convertido en autogol para el Gobierno peruano”, dijo a Mongabay Latam Manuel Glave, investigador especialista en economía ambiental del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) cuando se le preguntó sobre los impactos que ha tenido en materia ambiental la promulgación de la Ley 30230, conocida como ‘paquetazo ambiental’, cuyo fin era flexibilizar la fiscalización ambiental nacional para promover la inversión privada, en especial, de industrias extractivas, de acuerdo a Glave.
La Ley 30230 fue promulgada en julio del 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala con el fin de “reactivar la economía”, como mencionó varias veces el exmandatario. “Fue el primer paquete reactivador de una serie de paquetes posteriores, pero este principalmente se enfocó en el tema ambiental. Su creación se relacionó con el concepto de destrabar la tramitología, es decir burocracia para las inversiones. Claramente no hay que ser un genio para afirmar que el sector privado ha logrado un éxito político. ¿Cómo así? Logrando que el Ejecutivo logre disminuir costos de transacción y mecanismos de fiscalización ambiental. Bajo todo punto de vista es un error grosero del Ejecutivo y tengo la impresión de que si se estudiara esto en unos años… Acerca de la calidad de las inversiones y el ritmo del crecimiento económico producido, tengo la hipótesis de que saldrán mal evaluados. No han logrado reactivar la economía”, dijo Glave.
Más conflictos e infracciones
La idea con la Ley 30230, de acuerdo con Glave, era promover inversiones sostenibles para incrementar el tesoro público mediante las inversiones privadas, en especial en el sector extractivo. Sin embargo, esto no se logró. Incluso el número de conflictos socioambientales debido a actividades extractivas de origen minero, petrolero y del sector energético se incrementó. De acuerdo a los reportes de la Defensoría del Pueblo, el 2014 se cerró con 139 conflictos socioambientales, el 2015 con 145 conflictos socioambientales y el 2016 con 146 conflictos socioambientales.
“La lógica que hizo nacer la idea del destrabe de la regulación ambiental se concreta en el llamado paquetazo. Específicamente son dos artículos de la Ley los que más efecto tienen en el sector ambiental. Para comenzar está el artículo 19, que es ilegal e inútil. No cumplió con su objetivo que era disminuir el número de infracciones ambientales de las empresas al quitarle la facultad de sancionar con multas al Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA). Prueba de eso son los 13 derrames petroleros que se han dado en los últimos dos años. Otro artículo es el 12, con el que el OEFA podía incrementar su presupuesto a partir de la recaudación de las multas que recogía. Se pensaba que no cumplía bien su función debido a ello. Por eso se ordena que las multas recaudadas pasen al tesoro público, es decir, el presupuesto nacional directamente”, explicó a Mongabay Latam Carol Mora, abogada del Programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
La nueva presidente del consejo directivo del OEFA, Tessy Torres, presentó en 2016 frente a la Comisión de Pueblos Indígenas, Afroperuanos, Medio Ambiente y Ecología del Congreso de la República un documento en que se mostraba en desacuerdo con la Ley 30230. Además, demostraba que no se logró disminuir las infracciones ambientales a empresas extractivas. Al contrario, estas se incrementaron. Por ejemplo, en el sector minero que es el que lidera los conflictos socioambientales, creció de un 10 % a un 37 %, según información del propio OEFA.
Hasta julio del 2017
“La vigencia de la Ley 30230 es de tres años, según el documento, y acabaría en julio de este año. Sin embargo, como te habrás dado cuenta, no ha cumplido su objetivo. Incluso se han incrementado las infracciones. Humala decía que quería que se disminuyera la fiscalización para que el operador se adecúe a los nuevos lineamientos ambientales, pero no fue así. Se quería cambiar la imagen del Estado como recaudador por uno que promoviera la inversión sostenible, pero no se dio”, manifestó Mora.
El Congreso respondió el año pasado frente a esta situación. El parlamentario Oracio Pacori, del Frente Amplio, presentó en diciembre del 2016 un proyecto de Ley para derogar el artículo 19 del ‘paquetazo ambiental’. La congresista Patricia Donayre de Fuerza Popular va por el mismo lado y presentó un proyecto para la derogar del artículo 19 de la ley 30230.
“Actualmente ambos proyectos de ley se han fusionado en la Comisión de Pueblos Indígenas y Ambiente del Congreso. Existe un consenso entre los partidos del Frente Amplio y Fuerza Popular, pero está en nivel de dictamen, debe discutirse para que posteriormente lo apruebe el pleno”, agregó Mora.
Por su parte, Manuel Glave explicó que en realidad el tema del destrabe a la fiscalización viene de mucho antes del Gobierno de Ollanta Humala y que el ‘paquetazo ambiental’ es el producto de todo ese proceso. “Lo que domina al sector empresarial es que están malacostumbrados a que el Estado esté a su servicio. El discurso de la tramitología nació con Roque Benavides [empresario minero] desde el 2010, lo que se expresa en el paquetazo y finalmente el concepto de destrabamiento, que es el relajamiento de estándares ambientales al fin y al cabo”, señaló.
Sin embargo, el efecto ambiental también tiene repercusiones económicas y de ámbito internacional, indicó Glave. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), ha dicho que espera que en su Gobierno el Perú ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que reúne a las principales economías del mundo.
“Indudablemente el Perú no entraría a la OCDE si la tendencia continúa. PPK puede afirmar lo que quiera, pero la tendencia inicial desde el 2014 hasta la fecha es incompatible con las observaciones del informe del desempeño ambiental de la OCDE. Y con el ‘paquetazo ambiental’ el actual Gobierno está afianzando dichas observaciones”, sostuvo Glave.
Entre las observaciones del informe está el tema del ordenamiento territorial. “El sector privado peruano está atrasado para consolidar un sistema de gestión ambiental. El ejemplo más conocido es su resistencia para la zonificación y ordenamiento territorial. Que también se señala en la Ley 30230. Se dice que el ordenamiento territorial no es vinculante ni define el uso o no uso del territorio. Así se trunca un lento proceso de zonificación que viene desde 1997”, recordó Glave.
Ya la Defensoría del Pueblo emitió un informe en 2015 con el rechazo a la Ley 30230. En “¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos”, donde señala lo siguiente: “Hace un año recomendamos al Congreso de la República no aprobar el artículo 19° de la ahora Ley N° 30230, que dispuso la reducción de las multas impuestas por el OEFA. Lo hicimos porque dicha reducción no contribuye con el carácter disuasivo de la conducta infractora, pues a pesar de ser evidente que genera un grave riesgo para la salud y el ambiente —a veces durante décadas—, ello no es suficiente para imponerle la multa más alta, proporcional al daño causado. Volvemos a insistir en la necesidad de derogar dicho artículo”. Dicha posición se mantiene en el 2017.
Foto de portada: copyright Barbara Fraser.
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