Perú: Taladores ilegales armados desalojan de sus territorios a asháninkas de comunidad nativa de Meantari

Un total de 21 familias asháninkas de la comunidad de Meantari en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín (en la selva central peruana), estaban construyendo una casa comunal cuando observaron que alrededor de 60 personas con armas de fuego ingresaron a su comunidad sin permiso alguno el pasado  3 de febrero. “¿Dónde está la madera?, es nuestra. Nosotros tenemos autorización”, dijeron los hombres armados mientras amenazaban a la comunidad indígena, según cuenta a Mongabay Latam Irupe Cañari, asesora legal de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).

Luego de la amenaza, los hombres armados procedieron a desalojar a los indígenas asháninkas de la comunidad. “Con las armas los empezaron a amenazar para que abandonaran Meantari. La población no sabía qué hacer. Les hizo recordar a los tiempos cuando [el grupo terrorista] Sendero Luminoso también los atacó. Solo atinaron a irse”, agregó Cañari.

¿Por qué los taladores invadieron Meantari? Irupe Cañari lo explica así: “Los miembros del comité de autodefensa de Meantari observaron días antes del enfrentamiento que madereros ilegales habían ingresado al territorio de la comunidad y avisaron de inmediato a CARE sobre esta situación. Nosotros como institución denunciamos el caso frente al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y luego su personal fue a la zona el 25 de enero para hacer una revisión ocular. Los madereros no estaban, pero encontraron tablas de madera talada”.

Tras la denuncia, de acuerdo al comunicado oficial de Serfor, “(se) decomisó un total de 3979.01 pies tablares de madera (pt) aserrada de la especie tornillo (Cedrelinga cateniformis) de procedencia ilegal”. En el oficio se describe además que, “la madera intervenida fue dejada en custodia a los representantes de la comunidad nativa presentes, con el fin de asegurar la permanencia de las piezas”.  Esa fue la razón por la que los 60 madereros fueron a reclamar a la comunidad de Meantari, señaló Cañari.

“Les pidieron que se retiren de ese lugar […]. Los amenazaron de muerte. Los asháninkas no sabían qué hacer. Solo atinaron a decir que este es nuestro territorio y han venido a talar madera sin nuestro permiso, pero con la autorización de las bases militares de la 324 del Valle Esmeralda, Canaire, Pichari. Estaban asustados, más aún por los niños. Imagínate cómo deben haberse sentido que se acordaron de los tiempos del terrorismo por el miedo”, dijo a Mongabay Latam la presidenta de CARE y ganadora en 2014 del premio Goldman, Ruth Buendía Mestoquiari.

Irupe Cañari, sostuvo que incluso se ha identificado a quien lideraría a los 60 taladores.  “Su nombre es Abraham Taguada. Lo que hizo no puede quedar impune. Taguada les increpó a los comuneros que por qué le habían quitado su madera cuando la comunidad no ha acaparado algo que no les corresponde, el propio Serfor les ha dejado el material incautado. Eso pasó”, explica.

Exigen derecho al territorio

No es la primera vez que desplazan a familias asháninkas de Meantari. Entre 1980 y 1990 los asháninkas fueron desplazados debido a la violencia terrorista. Luego, a inicios del 2000 con la pacificación de la zona, los asháninkas volvieron a la comunidad nativa de Meantani y actualmente está gestionando frente a la Dirección Regional de Agricultura (DRAG) de la región Junín el título de propiedad de su comunidad.

“Mis hermanos y familiares fueron desplazados por el terrorismo, ahora por los madereros ilegales. Pero lo que yo me pregunto es cómo, en una supuesta zona roja de emergencia como es el Vraem [Valles de los ríos Ene, Mantaro y Mantaro] , 60 personas armadas están como si nada allí. Ellos están relacionados directamente con el narcotráfico y las autoridades deben tomar medidas inmediatas contra ellos”, manifestó Ruth Buendía.

Por su parte, la asesora legal de CARE indicó que la denuncia se ha hecho ante el Serfor en lo que respecta a la madera ilegal y ante la fiscalía medioambiental por el desalojo de la comunidad. “También nos hemos comunicado con la Defensoría del Pueblo y el viceministerio de Interculturalidad para que estén enterados del caso y los asháninkas puedan regresar a su territorio”, afirmó.

Mientras los procesos judiciales continúan su curso, las 21 familias asháninkas han sido acogidas por las comunidades nativas vecinas de San Ene y Yaviro.

“No queremos llegar a los extremos de la violencia para defender el territorio con el comité de autodefensa de la comunidad. Respetaremos primero la ley, pero que quede claro que dentro del territorio de Meantari se está talando madera. Y la otra pregunta es por qué están con armamento. Los madereros continúan ahí y quieren posesionarse del territorio”, denunció Cañari.