- Hasta el momento, el presidente Lenín Moreno ha otorgado solo seis indultos de un total de 20 que la organización indígena ha pedido. Los 177 pedidos de amnistía siguen pendientes.
- La mayoría de casos han sido juzgados bajo el delito de ataque y resistencia, que se castigan con seis meses hasta tres años de prisión.
En camino hacia el Cuartel de Policía, ubicado en la ciudad de Loja de la provincia que lleva el mismo nombre, los 26 detenidos indígenas de la localidad de Saraguro iban esposados, con las manos hacia atrás, y con la vista al suelo. Las 12 mujeres tenían rotos sus anacos (faldas tradicionales) y el resto de sus prendas de vestir. Su cabello estaba totalmente revuelto por el forcejeo que se dio con los policías. Los hombres estaban igual o peor, con sus camisas y sacos rotos, sangrando y con raspones en las mejillas y la espalda. “Esa es una imagen de las películas, que uno nunca piensa que va a ver”, recordó Karina Monteros, activista de la organización política Asamblea de los Pueblos del Sur, apresada junto a sus compañeros durante las marchas de agosto de 2015 en el sur del país. “Como saben decir, estábamos uno peor que otro”.
El 13 de agosto de 2015, la comunidad indígena de Saraguro se unió al llamado de levantamiento nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), puntualmente, para exigirle al gobierno una educación intercultural y expresar su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Infiernillo y al de minería a cielo abierto, Fierro Urco, que amenazan cerros, páramos y fuentes de agua de la zona Saraguro, explicó Monteros. “Todas las jornadas durante cuatro días, hasta el día 17 de agosto, se realizaron en absoluta paz, sin ningún inconveniente”, aseguró Monteros en una conversación con Mongabay Latam. Sin embargo todo cambió alrededor de las diez de la mañana cuando 3000 efectivos, entre policías y militares, llegaron a Saraguro, parte del cantón Loja, para controlar la protesta que hasta ese momento había logrado convocar a 350 personas.
Los dirigentes, relató Monteros, al ver la cantidad de policías que se acercaban, llamaron a los mandos con un megáfono para conversar y coordinar acciones que eviten un problema de violencia y para que comprendieran la razón de la protesta. “En segundos se escucha la orden de militares o policías, no se podría identificar, y lo que dicen es ataque y avancen”, narró Monteros. Lo que vino después, según la activista, fue que los policías ingresaron a las comunidades para sacar de ahí a hombres y mujeres de todas las edades.
Esta es la razón por la que los habitantes de la comunidad de Saraguro han decidido respaldar a la CONAIE, que ha presentado a la presidencia y a la Asamblea Nacional un listado con los nombres de 197 activistas y líderes indígenas que sostienen han sido criminalizados por su participación en distintas protestas sociales. Esta campaña lleva por nombre Amnistía Primero y, según Jorge Herrera, Presidente de la CONAIE, lo que se busca es conseguir la amnistía para 177 personas y el indulto para 20. Los delitos por los que han sido acusados se repiten en la mayoría de casos: ataque y resistencia, incitación a la discordia o paralización de servicios públicos. La organización indígena espera que el gobierno de Lenín Moreno dé respuestas concretas a su pedido luego de cortar por diez años el diálogo con el Estado.
Monteros y sus 25 compañeros estuvieron apresados 16 días en la Cárcel de Loja y posteriormente dos de ellos, Luisa Lozano y Servio Angamarca, fueron sentenciados a cuatro años de prisión, decisión que su defensa logró revocar. Otras tres personas fueron sentenciadas poco después, entre las que se encuentra la activista política. Todos fueron condenados a pagar una multa de 3500 dólares cada uno para indemnizar a la policía por el material antidisturbios que utilizó, también a pedir disculpas públicas en un medio masivo de comunicación de Loja y Cuenca, además tuvieron que recibir un curso durante tres sesiones para dejar de ser una amenaza interna para la seguridad del país y, finalmente, cumplir con alrededor de 249 horas de trabajo comunitario. “Nosotros calificamos que era una sentencia de miedo y humillación”, dijo. Ahora están apelando en la última instancia judicial.
Francisco Hurtado, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, explicó en una entrevista con Mongabay Latam que el 80 % de los casos están siendo juzgados bajo el delito de ataque y resistencia, tipificado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) e incluido en la sección de delitos contra la eficiencia de la administración pública, donde también figuran los de peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho, entre otros. “Bajo la constitución estos (delitos) no pueden ser amnistiados”, dijo Hurtado refiriéndose a la figura de ataque y resistencia, y luego se preguntó si el Estado va a mantener estos tipos penales, usados durante el gobierno de Rafael Correa, que fueron empleados para controlar a la oposición y frenar la búsqueda de reivindicaciones políticas vinculadas al respeto de los derechos humanos.
“La idea del derecho penal es que no puede ser ambiguo”, aseguró Hurtado. “Tiene que estar muy claro qué es lo que hago y por qué eso significa un delito”, y añadió que cuando se establece el tipo de ataque y resistencia hay varios errores jurídicos, ya que el ataque y la resistencia son de por sí figuras jurídicas distintas. El de atacar es una forma activa y el de resistir una pasiva. La CONAIE tiene planeado presentar una demanda para declarar la inconstitucionalidad del artículo 283 y acabar con estas figuras ambiguas que han permitido la criminalización. Y Hurtado agregó que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce que en todos los países de la región hay procesos de criminalización de este tipo y exige a los Estados que archiven los procesos, y que liberen a las personas privadas de libertad.
El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, anunció la creación de una comisión especial para analizar las 177 solicitudes de amnistía, caso por caso, y aseguró que emitirá una respuesta lo antes posible. Los pedidos de indulto fueron recibidos en la Secretaría de Gestión Política, parte del Ejecutivo, por Paola Pabón, titular de la oficina, y la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado. Pabón también se pronunció sobre los procesos de amnistía y adelantó que 31 personas podrían beneficiarse, de las cuales 29 han sido acusadas de paralizar el servicio público y dos de incitación a la discordia. Sin embargo, es la Asamblea Nacional la que tiene la palabra final sobre los casos de amnistía.
“Poner en la fila a las cosas que han ingresado a la comisión de justicia y que en esa fila aparecemos en octavo lugar, da mucho que pensar frente a una exigencia legítima”, sostuvo Hurtado.
Otro caso de arresto, esta vez por sentencia de ataque y resistencia, ocurrió días después que la organización indígena presentará Amnistía Primero a principios de junio. Fue la detención del biólogo Patricio Meza. Hace dos años, Meza, junto a 35 personas, fue investigado por su participación en la marcha ocurrida en Pastaza, que apoyó al paro nacional al que se unieron los pobladores de la comunidad de Saraguro. La movilización se dio en contra de las concesiones mineras, petroleras, y por la defensa de la autonomía de las comunidades indígenas. En esa oportunidad partidarios del gobierno y manifestantes se enfrentaron a la altura del edificio de la gobernación, ubicado en el Puyo, ciudad amazónica. Katy Betancourt, esposa de Meza y Dirigente de la Mujer en la CONAIE, explicó a Mongabay Latam que a su esposo lo vincularon a este proceso de investigación policial luego del incidente.
A finales del año pasado, Meza fue sentenciado y la corte ordenó seis meses de prisión efectiva, aunque su familia y su equipo legal siguen sosteniendo que es inocente. “Nunca se pudo comprobar si las personas apresadas realmente estuvieron en el altercado, si hubo alguien más o quién fue realmente”, contó Betancourt.
Luego de pasar poco más de una semana en el pabellón A de la cárcel de Archidona, en la provincia del Napo, Meza fue liberado tras concretarse el primer indulto decretado por el presidente Lenín Moreno, quien lo anunció por Twitter al escribir “¡Buenas noticias! El diálogo empieza a dar frutos. Acabo de indultar a Patricio Marcelo Meza Saltos que fue sentenciado en Pastaza”. Tan solo siete días antes de que termine el mes de junio, plazo en el que la CONAIE esperaba del gobierno respuestas concretas frente a sus exigencias, el presidente ecuatoriano otorgó, con la aprobación del decreto 51, cuatro indultos más a los líderes sociales José Tubón, José Manuel de la Cruz Sánchez, Elvis Guamán y Segundo Pilatasig, también por el caso Pastaza. La última muestra de apertura al diálogo del gobierno vino con la liberación de Tomás Jimpikit, condenado a un año de cárcel el pasado 11 de agosto de 2016, acusado de paralizar los servicios públicos. En 2015, Jimpikit participó del paro nacional indígena que tuvo lugar en la vía a Gualaquiza, sector Bomboiza, en la provincia de Morona Santiago. El dirigente Shuar protestaba en contra de las concesiones mineras y en especial se oponía al proyecto Mirador, concesionado a la empresa china Ecuacorriente S.A (ESCA).
Otro dirigente que se enfrentó al gobierno fue Agustín Wachapá, quien fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga en diciembre de 2016, luego que la policía allanara la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar presidida por el líder indígena. Wachapá estuvo preso cuatro meses con cuatro días y pudo recuperar su libertad luego de pagar una fianza de 6000 dólares. Se le acusaba de incitación a la discordia, aunque su defensa señaló en el momento que no existía una sentencia que sustente el arresto. Una de la principales razones por las que fue arrestado Wachapá, fue porque días previos a su captura publicó en su cuenta de Facebook un mensaje donde pedía la inmediata salida de los militares enviados a la zona Shuar, llamaba a su comunidad a la resistencia y desconocía a Rafael Correa.
Wachapá se oponía (entre muchos otros) a los proyectos Mirador y San Carlos-Panantza, ambos concesionados a empresas chinas, que acabó con el desalojo de la comunidad indígena Shuar de los Nankits en medio de un enfrentamiento entre la fuerza pública y la comunidad. La tensión recrudeció en el sector, sobre todo después de la muerte del policía José Mejía, tragedia que aún no ha sido aclarada aunque el gobierno de Correa responsabilizó en ese momento a la comunidad Shuar. Las denuncias de incidentes de violencia y hostigamiento contra la comunidad indígena continuaron por varias semanas.
Monteros señaló que es necesario que el gobierno reconozca que hay perseguidos políticos, que hay gente que está defendiendo sus fuentes de agua, sus recursos naturales y que hoy está presa o en peligro, mientras hay casos millonarios de corrupción, mencionó la dirigente, donde los responsables permanecen libres y en la absoluta impunidad, refiriéndose al escándalo de Odebrecht. “Mientras hay perseguidos y perseguidores no hay posibilidad de ningún diálogo ni armonización”, declaró Monteros.
Y luego añadió que considera que no existe realmente una voluntad política del Estado para solucionar estos problemas. “Creemos que es un cambio de máscara más no de fondo. Se van a dar ciertas aperturas en un principio como un deseo de armonización y de empezar bien las cosas, pero en el fondo no hay realmente esa voluntad”, sentenció. Pero Katy Betancourt, la esposa del biólogo y ambientalista Patricio Meza, es más optimista y cree que este proceso llevará al diálogo y sobre todo será una vía para empezar a construir una mejor relación con el nuevo gobierno.
Finalmente, el Presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, aseguró que la lista entregada es solo inicial, ya que son más de 700 personas las que han sido perseguidas por participar en protestas sociales y defender sus territorios. Para la organización indígena, Amnistía Primero es tan solo un punto de partida. “No podemos doblegarnos”, dijo firme Betancourt.
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