- Pasivos ambientales contaminan ríos y suelos amazónicos, confirmó Ricardo Segovia, experto en hidrogeología de E-Tech, ONG que provee de asesoría técnica en temas ambientales a la sociedad civil internacional
- Los cientos de pasivos ambientales en la Amazonía aumentan el riesgo de desarrollar cáncer, producen un deterioro neurológico, e incluso deformaciones en fetos, según Segovia
Nueva protesta en la Amazonía peruana. Esta vez la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) tomó las calles de Nueva Andoas, en la provincia del Dátem del Marañón, en la región de Loreto, para exigirle al gobierno lo mismo que demandan desde hace meses: la remediación ambiental tras 40 años de actividad petrolera en el Lote 192, antiguo lote 1AB, cuya zona de influencia son las cuatro cuencas de los ríos Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre.
Los cientos de indígenas, que también tomaron el aeródromo local, pertenecen a las comunidades amazónicas de Nuevo Andoas, Porvenir, Pañayacu, Vencedores del Pastaza y Titiyacu. Como lo explicó en una entrevista con Mongabay Latam Renato Pita, asesor de la Fediquep, exigen el planeamiento y ejecución de un Plan de Abandono para la actividad hidrocarburífera en la zona, que incluye la remediación ambiental.
También piden que el gobierno cumpla con su palabra y organice una reunión con distintos funcionarios de gobierno, como lo prometió hace nueve meses. “Se debe cumplir una reunión intersectorial entre diferentes organismos del Estado junto a cinco representantes indígenas por cuenca, incluso dijimos que sea en Lima porque sabemos que muchos funcionarios no llegan hasta donde las comunidades”, indicó Pita.
Y su tercera exigencia pasa por recordarle al gobierno peruano que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa. “Existen rumores que ya se está negociando un nuevo contrato de concesión para el Lote 192. Es posible que lo tenga la estatal Petroperú o la petrolera actual Pacific Energy, que ha cambiado su nombre a Frontera Energy. Sea un caso u otro, se debe respetar la consulta previa”, declaró el representante de la Fediquep.
Álvaro Orozco, quien lidera la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura del Perú, explicó en una entrevista con Mongabay Latam que solicitaron esa información al Ministerio de Energía y Minas, y que les contestaron que “eso no es cierto” y que tampoco “hay algún avance de contrato”. Orozco fue bastante claro al señalar que “si en un futuro lo hubiera (un contrato) se tiene que respetar el derecho a la consulta previa”.
Más allá de esta demanda, para Alicia Abanto, Adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, lo que urge es resolver el problema de la remediación ambiental en los ríos de las cuatro cuencas.
“Las exigencias de las comunidades que han desatado la protesta actual no piden nada nuevo. Sino que se cumpla lo acordado entre el Estado y los pueblos indígenas en anteriores acuerdos. Como Defensoría del Pueblo hemos declarado que se debe cumplir inmediatamente lo relacionado a la remediación ambiental, titulación de tierras y la ejecución de proyectos de desarrollo”, respondió la Abanto Cabanillas.
La tragedia
En el año 2015, la petrolera Pluspetrol, que entonces administraba la extracción de hidrocarburos en el lote 192, reveló que existían más de 2000 pasivos ambientales en toda la zona de la concesión petrolera. Derrames de crudo, montículos de chatarra, cilindros con residuos tóxicos abandonados, formaban parte de la contaminación a la que se refería la empresa. Además de ello, entre el 2013 y el 2014, personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), junto a miembros de Fediquep, identificaron 92 sitios impactados por hidrocarburos o sus derivados en la zona.
De acuerdo al informe 411-2014-OEFA/DS-HID del OEFA, entre el 2012 y el 2013, se derramaron 54 barriles de petróleo en todo el lote 192.
Pero la Fediquep no se conformó con los resultados elaborados por el OEFA, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), en la cuenca del Pastaza, y fue en busca de una segunda opinión. Por eso convocó al hidrogeólogo Ricardo Segovia de E-Tech International, organismo no gubernamental dedicado al análisis ambiental para la sociedad civil y países en vía de desarrollo.
Segovia afirmó en primer lugar que “los suelos están visiblemente impactados por los derrames de petróleo y aguas de producción. La vegetación nativa y cultivada acumula contaminantes de estos suelos de la misma forma que absorbe nutrientes del suelo. Esto implica un punto de exposición para la población”.
También concluyó que existe presencia de hidrocarburos aeromáticos policíclicos (HAPs) o metales pesados en ríos y suelos cercanos del río Pastaza. Los efectos en los seres humanos son varios: “aumentan el riesgo de desarrollar cáncer, existe un deterioro neurológico, e incluso deformaciones en fetos”, explicó el hidrogeólogo.
Sobre la antigüedad de algunos pasivos ambientales en el lote 192 y la posibilidad que el paso del tiempo haya mitigado los efectos contaminantes, sentenció: no importa que tantos años pasen, el daño persiste. “Los metales pesados y HAPs pueden persistir por años, en los sedimentos en particular. Hay cierto grado de descomposición en el caso de hidrocarburos, pero es limitado y difícil en ambientes sumergidos como es el caso de ríos y humedales”, confirmó.
En relación a la remediación ambiental, sostuvo que no existen medidas perfectas para los casos de derrames petroleros en la selva húmeda. “El daño ya está hecho, pero sí, se espera que muchos de los sitios contaminados lleguen a un estado de función para la fauna y la población”, finalizó.
Alicia Abanto de la Defensoría del Pueblo precisó que es el Estado el que debe asumir ahora la totalidad de la remediación ambiental, tomando en cuenta que la petrolera Pluspetrol, que funcionó hasta agosto del 2015, no se ha hecho responsable de sus pasivos ambientales ni de los anteriores a estos, pese a comprometerse a remediarlos como parte del contrato de concesión del lote 192.
“Los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Desechos Tóxicos han instado al Perú a suspender las negociaciones para relanzar el Lote 192 con la empresa canadiense Pacific Stratus Energy para no perpetuar y exacerbar las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, su derecho a la salud, la alimentación y el agua y a la consulta libre, previa e informada”, recordó en su último informe el Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos que visitó el Perú entre el 10 al 19 de julio.
El 14 de agosto, representantes indígenas de las cuatro cuencas se reunieron de manera preliminar con el Primer Ministro, Fernando Zavala; la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello; y el Viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha, para conversar sobre las medidas para retomar el diálogo entre el Gobierno central y las comunidades, además del avance en el cumplimiento de acuerdos pasados, pero sin ningún resultado hasta el momento. Las protestas pacíficas continuarán, aseguró el asesor de la Fediquep.
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