- Por lo menos 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos cada año y para el 2030 se calcula que se producirán 619 millones de toneladas anuales.
- Países como Chile, Colombia y Costa Rica cuentan con normas nacionales que regulan el uso de los plásticos desechables, mientras que otros como Perú están aún en proceso de regulación.
El plástico está en todas partes. Su bajo costo y fácil manejo ha generado un auge en la producción de objetos con este material.
Pero los beneficios están siendo superados ampliamente por los problemas que ahora está causando al planeta, pues gran parte del plástico que se produce actualmente está diseñado para desecharse luego de usarse por primera vez.
Así, envases de bebidas, tapas de botellas, empaques de alimentos y bolsas de compras, cosméticos, textiles, entre otros objetos hechos con plástico terminan acumulándose durante siglos en basureros, lagos, ríos y océanos. Al no biodegradarse, se fragmenta en pequeños trozos o microplásticos que contaminan suelos y afectan aves y especies marinas.
Según un informe de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por lo menos 13 millones de toneladas de plástico se filtran en los océanos cada año y para el 2030 se calcula que se producirá 619 millones de toneladas de plástico anuales, desechos que podrían seguir matando aves y especies marinas que los confunden con su alimento, además de contaminar suelos, agua y peces debido a las sustancias tóxicas que se utilizan para la elaboración de este producto.
¿Se ha avanzado en la regulación de su uso? En América Latina, varias naciones han emprendido el camino para frenar el uso innecesario de plásticos a través de la ley. ¿Qué países han avanzado más?
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1.- Chile busca eliminar plásticos en todos los comercios
El 1 de junio de este año, Chile se convirtió en el primer país en Latinoamérica en prohibir la entrega de bolsas plásticas en los comercios —que incluye supermercados y tiendas minoristas—, mediante una ley aprobada en el Congreso.
La norma que aún está a la espera de ser promulgada por el Ejecutivo, otorga a las tiendas y supermercados un plazo de seis meses para adaptarse a la disposición y hasta dos años para los negocios pequeños y medianos, como las tiendas de vecindario. Durante ese tiempo, los comercios podrán entregar como máximo dos bolsas de plástico por cliente.
Sin embargo, poco después, la Asociación de Industrias del Plástico (Asipla) impugnó la iniciativa ante el Tribunal Constitucional (TC) porque “vulneraba abiertamente los derechos constitucionales a desarrollar actividades económicas lícitas”. La demanda fue desestimada por el TC el 3 de julio de este año.
La bióloga y ecóloga María de los Ángeles Gallardo, de la Universidad Católica del Norte, señala que se esperaba esta reacción por parte de los empresarios. “Chile es el país de Latinoamérica que más basura per capita produce. Estamos atacando un problema más serio que está por encima de lo que pueda suceder a un gremio que se podría ver afectado económicamente. Se trata de la salud de las personas y del ambiente y apunta a enfrentar la contaminación”.
Gallardo menciona que de acuerdo a las investigaciones de la organización Científicos de la Basura, cada persona en Chile puede utilizar entre 2 y 10 bolsas al día. “Los rellenos sanitarios se están saturando. Pero la gente sigue comprando objetos de plástico desechables. Si vas a la playa, está llena de plástico al igual que los ríos. Entonces, comemos peces y mariscos que han ingerido microplásticos de ese río y ese mar. Finalmente, los humanos también estamos siendo afectados”, dice la investigadora que también integra la organización Científicos de la Basura.
“Creo que tener una ley exclusiva para frenar el consumo de las bolsas plásticas es muy simbólico, porque se trata del residuo de más rápida salida y mayor uso de los chilenos. De esta forma empiezas a reeducar al usuario, porque las personas tendrán que llevar consigo bolsas de género (tela). Pero, además, empezará a cuestionarse sobre lo que compra, pues la mayoría de cosas que consumimos también tiene un envase de plástico. Entonces, la gente puede repensar sobre lo que compra y empezar a adquirir objetos con envases retornables”, sostiene.
La norma promovida por el actual presidente Sebastián Piñera tiene su antecedente en una ley promulgada por la presidente Michelle Bachelet en octubre de 2017. Esta disposición también prohibía la entrega de bolsas plásticas por parte de los comercios, pero estaba dirigida a 102 comunas costeras de Chile. La actual normativa se ha extendido a todo el país.
No obstante, el impulso para enfrentar la contaminación por plásticos en Chile no se inició con la disposición de Bachelet, sino que el impulso inicial llegó desde las regiones. En 2013, la municipalidad de Pucón inició una marcha blanca para prohibir la entrega de cualquier tipo de bolsa plástica a los clientes del comercio y un año después se emitió una ordenanza para normar esta decisión. La misma decisión fue adoptada por la comuna sureña de Punta Arenas, a la que le siguió Coquimbo y otras localidades costeras. La decisión se tomaba debido a la contaminación que provocaban las bolsas plásticas en las playas y lugares turísticos.
Susan Díaz, directora de Comunicaciones y coordinadora de la campaña Reduce+ de World Wildlife Fund – WWF Chile, considera que el sector empresarial no ha sabido adaptarse ni innovar, aprovechando las nuevas oportunidades que ofrece la economía verde y que podría ser la clave para su reconversión. “Parecen pasar por alto el gran acuerdo social establecido por los chilenos para erradicar las bolsas plásticas, una decisión para la cual no hay vuelta atrás”.
La especialista de WWF señala que más de un millón de aves marinas y más de cien mil mamíferos y tortugas marinas mueren anualmente por ingestión o estrangulamiento por plásticos, lo que incluye a las bolsas. Menciona también que un reciente estudio mostró la presencia de microplásticos en el contenido estomacal de la centolla magallánica (Lithodes santolla), por tanto, también existen riesgos para la salud de las personas. “Esperamos que este sea un primer paso para avanzar hacia el reemplazo de otros productos como las bombillas o pajitas de refrescos, las botellas plásticas y también la reducción de embalajes de productos fabricados con dicho material”.
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2. Perú se alista para aprobar una norma nacional
El pasado 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso peruano aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico en todo el país. El dictamen fue el resultado de varias propuestas presentadas ante el Parlamento peruano y propone la eliminación progresiva del plástico de un solo uso, de tecnopor y de sorbetes.
La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, relató que el Congreso recibió seis propuestas de diversos parlamentarios además de la que presentó el Ministerio del Ambiente. Aclaró que luego del dictamen en la comisión se realizaron talleres para debatir sobre los plazos que se planteaban con el fin de llegar a un consenso, pues las discrepancias iban desde 180 días para que las empresas se adapten a la norma, hasta cinco años, propuesto justamente por el gremio industrial.
“Según los datos que tenemos, por lo menos cinco millones de personas utilizan tecnopor en Perú, y no creo que se puede cambiar eso en 180 días. Es un proceso”, dijo Muñoz y mencionó que el consenso logrado da un plazo de tres años, hasta el bicentenario, para adaptarse a la norma. “Esperamos que en la próxima legislatura la comisión lo proponga como tema prioritario y se discuta en el Pleno”, dijo la ministra.
Mencionó también que es importante avanzar en el reciclaje. “El problema principal que tenemos es que generamos muchos residuos y reciclamos muy poco”.
La industria está invirtiendo en tecnología de punta, por ejemplo, para las botellas de plástico —sostiene Muñoz— y se podrían producir botellas con el 100 % de plástico reciclado, pero llegamos a un 20 %. El problema es que gran parte de los recicladores son informales y las compañías no pueden comprarles plásticos porque no dan factura. “Estamos trabajando con los gobiernos locales para que puedan ser impulsores de la formalización de recicladores”.
Bruno Monteferri, director de Conservamos por Naturaleza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) considera que la ley debería considerar no solo las prohibiciones para los plásticos de un solo uso como se indica en la norma, sino también incentivos para la reconversión de la industria.
El director de Conservamos por Naturaleza hizo una dura crítica a la cultura de lo desechable. “Hace unas décadas se pensó que lo más cómodo era usar los productos desechables. Se creyó que era barato porque el producto que se desechaba no incorporaba los costos ambientales o a la salud. Ahora, tenemos información sobre el impacto que estamos causando en el planeta. Sabemos cuántas aves marinas o tortugas han sufrido por la ingesta de plástico y cómo les causamos la muerte”. También mencionó que conocemos muy poco sobre las consecuencias del plástico en nuestro organismo, al que llega a través de los peces que consumimos.
“En Perú, casi 950 mil toneladas de plástico se consumen al año. De ellas, el 75 % se convierte en residuos municipales urbanos y solo el 25 % corresponde a productos con una vida útil mayor a un año”, explica Carmen Heck, Directora de Políticas de Oceana.
De acuerdo a cifras del Ministerio del Ambiente —agrega Heck— solo el 56 % de los residuos plásticos que se generan en Perú terminan en un relleno sanitario, mientras que el 43 % llega a botaderos y termina en ríos y en el océano. Solo el 0.3 % es reinsertado en la cadena productiva a través del reciclaje. “Esta situación explica por qué más del 50 % de la basura marina recogida en campañas de limpieza de playas en los últimos 20 años está conformada por plásticos”.
La representante de Oceana menciona que, como parte del proceso de legislación, se han promovido espacios de diálogo y debate técnico en el Parlamento y en el Ministerio del Ambiente para escuchar las preocupaciones y aportes que pudiera tener el sector empresarial, las instituciones técnicas,la academia y la sociedad civil. “Los diferentes actores coinciden en señalar que las bolsas oxodegradables (aquellas a las que se le agregan aditivos para acelerar su fragmentación), deben salir del mercado ya que sus impactos en el ambiente son incluso mayores al de las bolsas convencionales debido a que el tratamiento al que son sometidas no permite que sean recicladas y su fragmentación acelerada las lleva a convertirse en microplásticos”.
El proyecto de ley para la regulación del uso de plásticos desechables no ha sido debatido en la legislatura que acaba de finalizar, pero quienes impulsan la norma esperan que entre a discusión en el pleno del Congreso durante la siguiente legislatura que se inicia a fines de julio. De aprobarse la propuesta, el Ejecutivo deberá ratificar la norma para que entre en vigencia.
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3.- México, sin popote por favor
Aunque no existe una ley nacional, en México se han aprobado normas regionales para enfrentar el problema del plástico. Este año, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó una iniciativa que contempla la prohibición gradual del uso de bolsas de plástico y de popotes (sorbetes) en establecimientos comerciales. Se trata del primer estado costero que prohíbe, por ley, la utilización de estos materiales.
Del mismo modo, el municipio de Querétaro aprobó el Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático que limita el uso de bolsas de plástico desechables. La medida rige desde el 1 de abril de este año.
Según la Secretaría de Medio Ambiente de la capital mexicana, cada día se usan 20 millones de bolsas que producen toneladas de dióxido de carbono.
Gabriela López, directora del Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado, en Jalisco, menciona que se han dado iniciativas por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales por reducir el uso de plásticos, como la campaña “#SinPopote” está bien, en relación al uso innecesario de los sorbetes. Explica también que el uso de plásticos está normado en la Ley de Residuos Sólidos, pero que esto no es suficiente.
“Se ha centrado el discurso en el popote, pero si se analiza la cantidad de sorbetes que se utiliza a la semana en comparación con todo el embalaje de plástico de la mayoría de productos que compramos, aun llevando bolsas de tela o de papel a los supermercados nunca será suficiente porque todo lo demás está envuelto en plástico”
En su opinión, los gobiernos deben tomar acciones más contundentes en la negociación con los grandes empresarios que producen embalajes plásticos. “Creo que apenas está entrando el tema en México y no creo que se trate de una cuestión solo del consumidor. Si no le das opciones para que no consuma plástico, no tendrá alternativa. Las empresas tienen que buscar otras formas de producción para que se reduzca el embalaje de plástico”, finaliza.
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4. Colombia aplica impuesto al plástico
Colombia ha colocado un impuesto a las bolsas plástica desechables para reducir su consumo. Foto: Agencia Andina.
Mientras tanto en Colombia, para desestimular el uso del plástico el gobierno decidió aplicar un impuesto de 20 pesos a cada bolsa de plástico. La resolución se emitió en abril de 2016 y se empezó a aplicar en julio de 2017 y contempla un incremento de 10 pesos cada año de tal forma que para el 2020 llegue a 50 por bolsa.
De acuerdo con esta resolución, las bolsas que midan menos de 30 por 30 centímetros deben salir de circulación, de tal manera que en los próximos años se reduzca su uso.
Para implementar la medida se lanzó la campaña “Reembólsale al Planeta”, la cual tuvo una gran acogida en todo el país.
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5.- Limpieza en las islas Galápagos de Ecuador
En Ecuador no existe una ley nacional que regule el uso de los plásticos desechables, sin embargo, iniciativas locales muestran un esfuerzo por luchas contra la contaminación de este producto.
En abril de este año, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) anunció que controlará el cumplimiento estricto de la normativa que restringe el empleo de plásticos de un solo uso en el archipiélago. La medida contempla también la restricción local y progresiva del uso de sorbetes, tecnopor y botellas plásticas no retornables.
Las autoridades de Galápagos han anunciado que utilizarán controles locales en cada isla a través de las comisarías y puntos de distribución y comercialización de estos objetos. Además, se ha coordinado con el sector privado que se ha comprometido a reemplazar las botellas de plástico por las de vidrio, reutilizar las botellas retornables y cambiar las bolsas plásticas por las de tela.
Con relación a la limpieza de las costas, en las que se recolectaron 22 toneladas de basura en lo que va del año, el director del Parque Nacional Galápagos, Jorge Carrión, ha declarado que no solo se trata de recoger los residuos, sino también se busca identificar de dónde provienen los residuos.
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6. Costa Rica emprende estrategias voluntarias
En Costa Rica existe una ley para la gestión de residuos desde el 2010. Bajo esta norma, el gobierno se ha propuesto elaborar una estrategia nacional para los plásticos de un solo uso.
En este camino se consideran cinco acciones: incentivos municipales, políticas y directrices institucionales a las áreas de logística, sustitución de productos de plástico de un solo uso, investigación y desarrollo, e inversión en proyectos productivos.
Eugenio Androvetto, Dirección de la Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud explica que esta ley ha permitido elaborar una estrategia de trabajo para la restricción de plásticos de un solo uso, que es voluntaria y a nivel municipal. “Este trabajo ha tenido un éxito que ha desbordado nuestras perspectivas porque se han comprometido los negocios y restaurantes para evitar la entrega de plásticos, además que ha calado profundamente en la población”.
El funcionario comenta que la norma ofrece a las municipalidades tener la potestad para que se establezcan convenios con los comercios y se puedan tener rebajas en impuestos si reducen el uso de bolsas plásticas desechables.
Androvetto mencionó que para los años 2014 y 2105 se logró solo el 1,26 % de recuperación de de plástico que había sido desechado. Sin embargo, en el 2017 se llegó al 6 % y de acuerdo a la estrategia para el reciclaje, la meta es de 15 %. En cuanto a la participación de las empresas, el especialista dijo que varias de ellas están interesadas en implementar la norma, pues se rigen por regulaciones internacionales que les obligan a tener una responsabilidad con el medio ambiente.
Mariana Blanco, Gerente de Incidencia Política de MarViva, señaló que actualmente existen diferentes proyectos de ley en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Algunos solo buscan prohibir la entrega gratuita de bolsas plásticas desechables, mientras que otros buscan promover el consumo de productos alternativos. “Las iniciativas de ley que se encuentran en el Congreso pretenden desincentivar la comercialización del plástico de un solo uso. Urge corregir los errores del pasado a través de normas que nos permitan consumir, producir y comercializar productos de forma responsable y teniendo en cuenta la sostenibilidad de los ecosistemas marinos”.
Alberto Quesada, Asesor de Incidencia Política de MarViva, considera que las regulaciones pretenden alcanzar una importante disminución de los desechos plásticos y evitar su ingreso a los espacios marinos y costeros. También espera que las normas impulsen el cambio en los hábitos de consumo y en los medios de producción de las empresas generadoras de desechos plásticos. “En Costa Rica llegan a los océanos unas 120 toneladas de desechos plásticos cada día. Estamos entre los países que más desechos plásticos generan en el mundo. Solo en botellas, producimos poco más de 600 millones de unidades de medio litro cada año”.
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7. Panamá también tiene una ley de plásticos
Otro país de Centroamérica que cuenta con una ley contra los plásticos es Panamá. De acuerdo con la norma publicada en enero de este año, los establecimientos de ese país deberán eliminar el uso de bolsas de polietileno en un plazo de hasta 24 meses. El uso de estas quedará prohibido en supermercados, autoservicios, almacenes o comercios en general para transporte de productos o mercaderías.
La norma también contempla que los comerciantes pueden optar por el cobro de bolsas reutilizables siempre que sean vendidas a precio de costo. Además, de no cumplirse con la norma, se aplicarán sanciones económicas que serán destinadas a programas de reciclaje y docencia sobre temas relacionados con materiales contaminantes.
Foto portada: Yvette Sierra Praeli
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