Balance ambiental 2018: México, 12 activistas muertos en 10 meses

La situación de los defensores de la tierra y del medio ambiente en México no mejoró en 2018. “Al menos 12 activistas fueron asesinados en los primeros 10 meses del año, en comparación con 15 en todo el 2017. Otros defensores fueron víctimas de amenazas de muerte, hostigamiento, ataques y criminalización”, le dijo a Mongabay Latam, Ben Leather, encargado de la campaña de defensores de la tierra y del medio ambiente de Global Witness.

Por otro lado, los esfuerzos por recuperar la población de vaquita marina, uno de los animales más amenazados del planeta, no surtieron efecto. A la frustración de un proyecto que, pese a los recursos y los esfuerzos destinados, no funcionó, se suma la masiva mortandad de manatíes en el Estado de Tabasco.

2018 se va dejando serias dudas sobre las capacidades que el Estado tiene para garantizar la protección del medioambiente y la vida de quienes lo defienden.

Lee más|Restauración o fin: Bosque Atlántico de América del Sur se redujo en un 87 % desde el año 1500

Lo feo: siguen los asesinatos a líderes ambientales

El 24 de octubre de este año, Julián Carrillo, indígena rarámuri, líder de la comunidad Coloradas de La Virgen, en la sierra Tarahumara, fue asesinado. Carrillo venía dando una batalla jurídica ante el Tribunal Unitario Agrario defendiendo sus territorios ancestrales de la tala, minería y de la siembra de amapola y cannabis por parte de grupos del crimen organizado. Como muchos otros activistas, Carrillo había recibido amenazas de muerte en varias ocasiones. Integrantes de su familia y de la organización Alianza Sierra Madre, acompañante en el proceso de reivindicación de derechos, incluido el ganador del premio internacional de medioambiente Goldman, Isidro Baldenegro López, fueron asesinados anteriormente.

Para Global Witness, el asesinato de Julián Carrillo es un ejemplo representativo de las amenazas a las que se enfrentan los defensores en todo el país. “La imposición de la explotación de los recursos naturales a las comunidades sin su consentimiento, un mecanismo de protección gubernamental que le falla repetidamente a grupos de activistas amenazados en las zonas rurales y la impunidad generalizada que actúa como “luz verde” para quienes buscan silenciar a los defensores”, son factores clave de esta situación, remarcó Leather.

La mayoría de los defensores, que son amenazados y asesinados, se enfrentan a proyectos empresariales como la tala y la minería. “La causa principal de los conflictos es que ni las empresas ni el gobierno están garantizando a las comunidades locales su derecho a dar o retener su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales”, agrega Leather.

Este problema se exacerba cuando los líderes indígenas se oponen a grandes proyectos extractivos. Según Global Witness, en México, 9 de las 12 víctimas pertenecían a un pueblo originario.

Para, Gustavo Ampugnani, Director ejecutivo de Greenpeace en México, las amenazas a los activistas “deben ser prioridad para el nuevo gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador”, quien comenzó su administración el primero de diciembre.

Sin embargo, manejar el conflicto socioambiental será complicado para el Estado. De acuerdo con cifras del propio gobierno federal, el sector minero-metalúrgico genera el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La experta del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leticia Merino Pérez, explicó que “66 % de la superficie forestal montañosa del país está concesionada a empresas, mayoritariamente canadienses, por el oro y otros minerales. México es, de hecho, “el cuarto país en el mundo con mayor superficie concesionada para exploración y explotación”, asegura.

Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en el Estado de Guerrero, uno de los estados con mayor cantidad de proyectos extractivos, señala que “a partir de todo el paquete de reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto, se incentivó la apertura a capitales privados. En términos concretos, ello significó un mayor número de minas en México”. Hoy, cerca de 1300 proyectos mineros se encuentran activos en comparación con los 902 que habían en 2014.

Esto ha “implicado desplazamientos forzados de comunidades, violencia y criminalización de la protesta social. A eso hay que agregarle vacíos en la impartición de justicia y mayor impunidad, sostiene Mijangos. Para el dirigente, tres casos emblemáticos son ejemplo de ello: el proyecto Torex Gold Resources, en Guerrero, y los asesinatos vinculados a un paro laboral; la disputa en Mazapil con la mina Peñasquito, en alianza con la minera Frisco de Carlos Slim, que terminó con el desalojo de un pueblo entero. Por último, el caso de la minera Legal Gold, en la comunidad de Carrizalillo, que ha incidido en el desplazamiento forzado de 120 comunidades.

Lee más|Áreas protegidas en peligro, indígenas cercados y empresas chinas: el balance ambiental de Bolivia en el 2018

Lo malo: la frustrada conservación de especies en peligro.

Un problema que ha sido difícil de manejar para el Estado mexicano ha sido la gestión y conservación de la biodiversidad. Un evento que marcó la agenda durante el 2018 fue la muerte masiva de manatíes, Trichechus manatus, en el Estado de Tabasco. Según la versión oficial, 48 especímenes fueron encontrados muertos, mientras que organizaciones ambientalistas y medios de comunicación que dieron cobertura al caso, registraron 78 casos hasta el mes de octubre.

Ante la presión social y mediática, las autoridades implementaron un Comité para la Atención de la Contingencia por Mortandad de Manatíes en Cuerpos de Agua del Estado de Tabasco. El Comité, realizó tareas de investigación para determinar las razones de las muertes de estos animales y, aunque los resultados finales aún no están disponibles, datos preliminares apuntan a la contaminación de las aguas del río Grijalva.

Sobre este tema, el director ejecutivo de Greenpeace en México, Gustavo Ampugnani, indicó que se trata de un problema multifactorial. “Tiene que ver con la agricultura, la ganadería, el cambio de uso de suelos, vertidos de sustancias tóxicas en los ríos y lagunas del Estado de Tabasco”, sentenció. Es por ello que se hace necesario “indagar en los procesos productivos y económicos en esta zona del país”, agrega.

El biólogo Hesiquio Benítez Díaz, Director General de Cooperación Internacional e Implementación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) coincide en el diagnóstico y asegura que “los derrames de químicos están afectando especies emblemáticas como los manatíes”.

El científico comentó que, antes de estos hechos, México se encontraba evaluando la posibilidad de donar algunos manatíes a la isla Guadalupe, que está bajo el gobierno francés, donde estos animales desaparecieron hace más de 100 años. “Pero esta tremenda mortandad frenó este proyecto”, dice decepcionado. El experto, con más de 20 años de trabajo en el área de la biodiversidad mexicana, señala que no solo se necesitan leyes más duras o mayor vigilancia, “se requiere una mayor conciencia de cómo estamos afectando negativa o positivamente la naturaleza y de cómo podemos ayudar para que las cosas mejoren. No podemos ver, espantarnos y evadirnos, sino ser conscientes”.

Por otro lado, los esfuerzos dedicados a la recuperación de la Vaquita Marina, Phocoena sinus, otro de los animales emblemáticos de México y uno de los proyectos bandera del gobierno federal, no tuvieron el resultado esperado. Este animal, el mamífero marino más amenazado del mundo, es víctima de las redes ilegales de pesca con las que es atrapada la totoaba. Un pez, cuya vejiga natatoria es extraída por bandas criminales y vendida en el comercio asiático”. Benítez Díaz, de la CONABIO, detalló que “seguimos lamentando que México no detenga a la delincuencia organizada que está adueñada de esta situación donde se siguen introduciendo redes ilegales por el altísimo precio que tienen el buche de totoaba”.

Durante el 2018 se intentó capturar a las vaquitas para protegerlas en un refugio e incentivar su reproducción, pero el proyecto fue abandonado tras comprobar que la biología de la especie no permite su manejo en cautiverio.

Para Gustavo Ampugnani, para la administración que terminó como para las anteriores, el tema ambiental no es una prioridad. “Claro que se hacen cosas, pero no llegan a ser significativas”, sostiene. Además, recordó que en los últimos años de la administración del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se incrementó la superficie de las áreas naturales marinas protegidas, “lo cual es muy positivo, pero sin los planes de manejo para esas áreas”.

Otro hecho que marcó el 2018 fue la crisis del sargazo: una llegada masiva de Sargassum, algas marinas de color verde marrón, afectó a las playas de la península de Yucatán. Más de 2000 metros cúbicos de estas algas fueron retiradas por cada kilómetro de playa.

Para Benítez Díaz, esta crisis “es una muestra de que estamos rompiendo una serie de equilibrios que normalmente la naturaleza puede regular; es un indicador más de que estamos haciendo un mal manejo del medio ambiente”.

Aunque no está completamente claro cuáles son las causas de este fenómeno, se sabe que las algas que llegan hasta las playas del caribe mexicano provienen de un gran parche de sargazo ubicado en el Atlántico, frente a las costas de Brasil.

Según investigadores del Laboratorio de Botánica Marina perteneciente al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El aumento de la temperatura del mar y la variación de corrientes marinas producto del cambio climático, sumado a la gran cantidad de materia orgánica que es vertida al océano por el río Amazonas y el Orinoco, podrían estar al origen de la inusual proliferación de esta alga.

Este fenómeno, considerado una de las expresiones más evidentes de las consecuencias del cambio climático, tiene consecuencias ecológicas y también económicas al impactar en la industria turística de México. Este año, 3 200 000 dólares, fueron puestos a disposición por el Estado para atender la emergencia.

Lee más|Balance ambiental 2018: Ecuador entre minería, petróleo y resistencia indígena

Lo bueno: una nueva ley forestal

En el ámbito forestal, el 2018 para México fue decisivo ya que se aprobó la Ley general de desarrollo forestal sustentable.

Para Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible CCMSS, la nueva ley forestal atiende, sobre todo, el tema de legalidad. Hasta ahora, en la comercialización de productos forestales “solo se pedía constancia fitosanitaria”, explica. Con esta nueva ley “quienes realicen importación y exportación de materias primas y productos forestales, deberán acreditar su legal procedencia”, agrega.

Por otra parte, la ley consolida el Consejo Nacional Forestal: órgano de asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de la política forestal. Y, según indica la nueva norma, invariablemente deberá consultarse la opinión del consejo, para todo lo que concierna a planeación forestal, reglamentos y normas.

Además, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible celebra que en la nueva ley se haya incluido un programa de manejo forestal comunitario. Según señala Madrid, “la mayor parte de los bosques y selvas mexicanos pertenecen a comunidades indígenas, ejidos y comunidades agrarias por lo que la mejor estrategia, para promover la conservación de los bosques, es a través del manejo sustentable de los recursos por parte de las comunidades”.

Benítez Díaz, recientemente nombrado presidente del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA, por sus siglas en inglés) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, resaltó que “está demostrado que las áreas forestales manejadas por las comunidades, como en —el Estado— Quintana Roo, han mantenido ecosistemas sanos”.

Por otro lado, la nueva ley establece provisiones para el desarrollo de todo un sistema de salvaguardas sociales. Así, “este sistema permitirá establecer las bases para instrumentar el derecho a la Consulta Indígena, que hasta la fecha ha carecido de un marco legal y un protocolo efectivo que garantice su legitimidad y representatividad”, asegura Madrid.

Con todo, esta nueva ley responde a una de las demandas, por parte de organizaciones civiles y comunitarias que, hasta ahora, no habían sido atendidas.

Para la realización de este balance, se solicitaron entrevistas a distintas entidades del gobierno mexicano como las Secretarías de gobierno federal como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Economía (SE) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Al momento del cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Foto Portada: Cortesía Canal Sonora México.