Según las cifras oficiales del Corah, obtenidas a través de sobrevuelos y análisis de imágenes satelitales, la deforestación ha superado las 6500 hectáreas en menos de tres años, sin contar el bosque primario que ha sido tumbado para estos fines. El 90 % de esta pérdida, precisa el Corah, se concentra en las zonas de amortiguamiento de dos áreas naturales protegidas: el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata, ambas cercadas además por la minería ilegal.

Los cultivos de hoja de coca que se acercan peligrosamente a las dos áreas protegidas, según testimonios recogidos por Mongabay Latam, son el reflejo de la expansión de los sembríos ilícitos manejados por productores del distrito puneño de San Gabán. Las zonas que deberían funcionar como un cinturón protector de la biodiversidad, se han convertido en un blanco del narcotráfico.

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San Gabán: un historial de fracasos

 

La última vez que el Estado ingresó a erradicar cultivos ilegales de coca en la selva de San Gabán fue en octubre del 2016. De acuerdo con las cifras del Corah, esa vez se retiraron 2787 hectáreas, unos 27 kilómetros cuadrados de plantaciones. Dos años y medio más tarde, desde la orilla de la carretera Interoceánica, la erradicación se ve como un fantasma que ha sido espantado rápidamente de la zona.

La proliferación de comercios para la venta de insumos agrícolas es hoy notoria y tienen como destino los robustos y verdes sembríos de hojas de coca. El general PNP Víctor Rucoba, jefe del Corah, confirma que el 100 % de esta producción va al mercado ilegal. “En erradicaciones anteriores se comprobó que ningún agricultor de San Gabán hizo entrega de su coca a la Empresa Nacional de Coca (Enaco)”, comentó.

En San Gabán, distrito ubicado al noroeste de Puno, en el límite con las regiones de Cusco y Madre de Dios, se ha erradicado en tres oportunidades: en el 2004, el 2015 y el 2016. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que la expansión de los cultivos ilícitos empezó en el 2002 y que para el 2004, antes de la primera erradicación, San Gabán ya albergaba 2700 hectáreas. Esto convirtió de inmediato al distrito en la zona productora de coca ilegal más importante de Puno.

Las muertes registradas el viernes pasado no fueron las primeras en la zona por este problema. En octubre del 2004, tres agricultores cocaleros que eran parte de una masa que protestaba en contra de la erradicación fueron abatidos por la policía. Tras meses de diálogo y marchas, la erradicación se ejecutó y la resiembra no tardó en aparecer.

Once años después, en el 2015, los cultivos de hoja de coca proliferaron y volvieron a ocupar 1000 hectáreas, según lo indica la UNODC. Esta resiembra también fue detectada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), institución que entre el 2013 y el 2014 denunció este avance ante el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán. El Sernanp era testigo de la cercanía de estos cultivos al Bahuaja Sonene.

 

Los reportes de inteligencia también apuntaban en la misma dirección: sembríos de coca y minería ilegal —en el río Inambari— comenzaban a invadir la zona de amortiguamiento de este parque.

“Sabes que ya no es autoconsumo cuando los cultivos dejan de ser medias parcelas alejadas entre sí y empiezan a ser cuatro a cinco hectáreas juntas, en gran cantidad”, explica Guzmán.

Todos los reportes y denuncias señalaban lo mismo: el problema había vuelto y comenzaba a expandirse.

El ingeniero Paul Guimarey, analista del Corah, señala que esta es la única zona del país donde confluyen dos actividades ilegales en gran magnitud: cultivos ilícitos y minería aurífera. Solo la minería, según la UNODC, era responsable para el 2015 de la deforestación de 1031 hectáreas. Diez años antes, la cifra con mucho esfuerzo bordeaba las 11 hectáreas.

El Corah entró a erradicar los cultivos ilegales de San Gabán en el 2015 y el 2016. Las cifras del monitoreo de la UNODC daban cuenta de esta intervención: los cultivos de hoja de coca pasaron de las 1000 hectáreas a las 398.

 

 

El problema parecía controlado. Pero el ingeniero Guimarey acepta que la resiembra siempre es un acto reflejo de los agricultores y que la única manera de evitarse es con las tareas de sostenimiento. “Luego de la erradicación, el trabajo de instalar cultivos alternativos para evitar que se recaiga en la coca le corresponde a Devida”, señala. Pese a que esta institución, a raíz de los últimos hechos, ha anunciado que ha invertido más de S/8 millones (US$ 2.42 millones) en los últimos cuatro años, esta tarea parece no reflejarse en el campo.

A partir de los datos recogidos por el Corah en febrero del 2019 —en toda el área que abarca desde el núcleo del distrito de San Gabán (Puno) hasta parte del distrito de Inambari (Madre de Dios)—,  existen hoy 8000 hectáreas de cultivos ilegales de coca. Si a esta cifra se le restan las 2787 hectáreas que se erradicaron en el 2016 —y sobre las cuales se ha realizado resiembra—, se calcula que la nueva área deforestada por este cultivo es de 6502 hectáreas. El 90 % de esta deforestación es en las zonas de amortiguamiento del Bahuaja Sonene y la reserva Tambopata.

Lechemayo, hasta donde llegó Mongabay Latam, es la zona donde más han crecido estos cultivos ilícitos: de 148 hectáreas erradicadas en octubre del 2016, hoy se han detectado alrededor de 1700. A esto hay que sumarle, que los tentáculos de este problema han alcanzado a ocho sectores más del valle del Bajo Inambari.

En el caso del Bahuaja Sonene, el área de amortiguamiento empieza en el río Inambari. En el caso del Tambopata, esta zona se expande desde la carretera Interoceánica.

 

 

El narcotráfico, además, ha sido beneficiado, indirectamente, tras el ingreso de las Fuerzas Armadas en enero de este año a La Pampa, sector que fue manejado por años por los mineros ilegales de Madre de Dios.

Mucha de la mano de obra que trabajaba extrayendo oro está migrando a poblados como Lechemayo y Puerto Manoa, en San Gabán. Si antes ganaban entre 30 y 60 dólares el jornal, con la coca ganan ahora entre 17 y 23 dólares al día, ya sea por abrir nuevas chacras o cosechar las hojas maduras. La ganancia es menor, pero eligieron una actividad que en ese momento no estaba en la mira de las autoridades

Fuentes del Corah confirmaron que el anuncio de la ‘Operación Mercurio’ hizo que muchos mineros de La Pampa viajarán al sur, a poblados como San Gabán, para comprar terrenos y abrir nuevas áreas de cultivo a inicio de este año. En la zona, la arroba de coca (11,5 kilos) se vende a S/ 120 (US$40). De acuerdo con el UNODC, el rendimiento promedio de estos cultivos es de 2415 kilos por hectárea y se realizan de tres a cuatro cosechas anuales. Un simple ejercicio de matemáticas permite demostrar que se trata de un negocio atractivo.

También lo confirma la docena de laboratorios rústicos para el procesamiento de pasta básica de cocaína (PBC) detectada por el Corah. De acuerdo con la investigación realizada por esta institución, muchos de los laboratorios operan incluso a tan solo a 200 metros de la carretera Interoceánica, ahí donde la hoja de coca es macerada en pozas para ser transformada en droga. El producto de este trabajo viaja por tierra a las fronteras de Brasil y Bolivia. Cerca de este eje de narcotráfico, la Policía detectó en el 2018 la existencia de al menos una pista de aterrizaje clandestina en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Manu, otra posible ruta de salida de este producto ilícito. Mongabay Latam denunció en el 2018 que también existen pistas de aterrizaje clandestinas usadas por el narcotráfico dentro del parque Bahuaja Sonene que colinda con Bolivia.

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Tambopata en la mira

 

La migración de la ilegalidad también ocurre de sur a norte de San Gabán. A 180 kilómetros al norte de Lechemayo, aproximadamente a hora y media de camino, la comunidad de Villa Santiago, en el distrito de Inambari, Madre de Dios, ha empezado a vivir las primeras consecuencias de la aparición de los cultivos ilegales de hoja de coca

En los últimos dos años, 100 hectáreas de bosque han sido arrasados para este fin. Según el Corah, que realizó el monitoreo, esta zona no registraba ningún cultivo ilegal en el 2016. Tampoco aparece en el último informe de monitoreo de UNODC del 2017. El problema se agrava si consideramos que Villa Santiago es parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, que en los últimos años ha perdido alrededor de 11 000 hectáreas de bosque por la minería ilegal.

Entre Villa Santiago y Santa Rosa, poblado que limita con la comunidad, se encuentra La Cumbre, el punto más alto del área de amortiguamiento. Esta área montañosa supera los 1000 metros de altura, lo que la convierte en una geografía idónea y apetecida por el narcotráfico.

 

 

Los primeros cocales aparecieron en Santa Rosa en el 2017. Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión del Tambopata, cuenta que en una diligencia realizada en el 2018 con personal del Ministerio Público, por un caso de tala ilegal, encontraron una choza con una poza de maceración con coca y varios galones de combustible, uno de los insumos principales para fabricar PBC. “Encontramos varios almácigos —pequeñas plantas— de coca. Iban a poner un nuevo cocal”, comenta Pacheco.

A partir de enero del 2019, los cocaleros han empezado a abrir bosque en la otra ladera de La Cumbre, ubicada en Villa Santiago. Desde la carretera Interoceánica hay que caminar unos 20 minutos para llegar a la falda de la montaña. Luego trepar una pendiente rocosa por hora y media para observar las nuevas chacras donde hoy también se cultiva coca. Entre las plantaciones vimos a un joven fumigando sembríos ilegales  y una choza donde se guardan los almácigos. Mongabay Latam confirmó que se han abierto por lo menos dos hectáreas en la zona y que es probable que ocurra lo mismo con media hectárea más, donde los árboles ya fueron tumbados. “Posiblemente sea para ampliar el espacio de cultivo”, dice Pacheco, quien nos acompaña en esta verificación.

Llegamos a este punto con el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, porque un grupo de pobladores ha denunciado el ingreso masivo de extraños a la zona. Las amenazas no han tardado en llegar. “Tú ya tienes que olvidarte de esta zona, desde ahora es nuestra”, le dijo un cocalero a Guillermo*, un joven que tiene un área de reforestación donde ahora hay un cocal. “Si sigues hablando, te vamos a meter plomo”, sentenció el invasor. Guillermo cuenta esta historia en voz baja, casi susurrando.

 

 

Andrés*, uno de los líderes de Villa Santiago, comenta que casi a diario aparece gente desconocida que deja sus vehículos en fila a lo largo de la carretera y que en la tarde se mueven en grandes grupos en la zona, algo que no había visto antes en esta pequeña localidad. “Cuánto tiempo hemos cuidado esta zona para que nadie la invada, para que en el futuro podamos usarla para la reforestación y la conservación. Ahora nadie la respeta, nadie nos respeta”, dice. Cada vez que alzan la voz, los ilegales los amenazan de muerte.

Hace un par de semanas, a inicios de abril, Guillermo entró nuevamente a esta parte del monte para comprobar cuánto habían avanzado. “Había un pequeño laboratorio, con una poza de maceración”, cuenta. Andrés está convencido que las personas que han llegado a Villa Santiago son de la zona del San Gabán, sobre todo de Loromayo. “Nosotros conocemos quiénes son los cocaleros de esa zona y de repente, desde el año pasado, empezaron a visitar a algunos pobladores. Necesitamos que haya una investigación sobre este tema”, comenta.

La zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata ha comenzado a ser invadida por el narcotráfico. Los pobladores que están aliados con la conservación son testigos de ese avance, son víctimas de la violencia que empieza a instalarse y el Estado aún no atiende sus reclamos.

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La desarticulación desde el Estado

 

A cuatro días de la muerte de Ángel Quispetupa Chumbilla y Héctor Velásquez Polanco, el conflicto continúa en San Gabán, específicamente en el sector de El Carmen, donde se ha instalado el campamento del Corah. Tanto el sábado como el domingo hubo reuniones con autoridades de Lima y Puno. Estas últimas exigen la instalación de una mesa de diálogo antes que empiece la erradicación en la zona.

El general PNP Víctor  Rucoba, jefe del Corah, informó a Mongabay Latam que en estas reuniones no se está negociando si se realizarán o no las erradicaciones. “Estamos cumpliendo un plan nacional. Solo cambiaremos el plan si existe una resolución del Ministerio del Interior o del más alto nivel que disponga esta suspensión. No podemos negociar porque los cultivos son ilegales”, dijo el funcionario, quien confirmó la existencia de pozas de maceración para la fabricación de pasta básica de cocaína en la zona. Rucoba confirmó que las erradicaciones comenzarán en mayo y durarán alrededor de cinco meses.

Sobre las muertes de los dos agricultores, Rucoba señaló que hay una investigación en curso que sigue la Fiscalía Provincial de Carabaya. “Nosotros hemos ingresado al campamento, el viernes en la madrugada, de la manera más oculta posible para no alterar a la población. Sabemos que la erradicación afectará a muchas personas vinculadas al tráfico de drogas”, dijo el jefe del Corah.

Los bloqueos de la vía y protestas son porque la población sostiene que si le quitan la coca, se quedan sin sustento económico.

Eso fue precisamente lo que señaló la hermana de Ángel Quispetupa, uno de los fallecidos, en una entrevistada con la radio local Onda Azul. “Nosotros vivimos en la selva con la coca nomás, con eso educamos a nuestros hijos, nos alimentamos, vestimos. No producimos otro cultivo, solo coca”, precisó.

El escenario podría ser el mismo que el de las erradicaciones del 2005 o del 2016, si no se ejecuta un plan de desarrollo sostenible en la zona. Mongabay Latam buscó a la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) para conocer los planes de desarrollo ejecutados en San Gabán. Si bien no dieron su versión hasta el cierre de este artículo, el fin de semana emitieron un comunicado en el que señalan que se ha invertido en los últimos cuatro años más de S/.8 millones (US$ 2.4 millones) solo en el distrito de San Gabán. Este dinero, según Devida, ha sido destinado al mejoramiento de vías, a proyectos de gestión comunal, mejoramiento de tecnología agrícola, cultivos de cacao y asistencia a productores de piña, papaya y plátano.

Pero el alcalde del centro poblado de Lechemayo, Jaime Quispe,  no piensa lo mismo. En una entrevista con una radio local declaró que la entidad no cumple actualmente con la ejecución de los cultivos alternativos. “La incursión de Devida es un engaño”, dijo.

Rubén Vargas, presidente de Devida, explicó en una entrevista con el diario El Comercio que el principal impedimento para ejecutar sus acciones es que la hoja de coca se encuentra dentro del parque Bahuaja Sonene, y que dentro de este no se puede impulsar el desarrollo alternativo por ser un área protegida.

Sin embargo, las acciones del Corah se han ejecutado en la zona de amortiguamiento del parque, es decir, fuera del área protegida, donde el Estado sí tiene responsabilidad directa. Según fuentes del Estado presentes en las reuniones del fin de semana en San Gabán, Devida no se ha hecho presente todavía en la zona para hablar sobre los proyectos planeados frente a esta próxima erradicación.

La oficina de comunicaciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) prefirió no pronunciarse sobre la situación actual del parque Bahuaja Sonene. Y sobre la Reserva Nacional Tambopata, respondió escuetamente que no tienen reportes sobre la presencia de cultivos ilegales en la zona de amortiguamiento.

Mañana tanto Rubén Vargas como el ministro del Interior, Carlos Morán, tendrán que acudir a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso de la República, para brindar información sobre la muerte de los dos agricultores.

Mientras tanto, Karina Garay, fiscal del despacho especializado en Materia Ambiental de Madre de Dios, espera que el estado de emergencia que se declaró por minería ilegal en cuatro distritos de la región —que vence el 18 de abril— se amplíe por 60 días y que incluya a los distritos de San Gabán y Camanti. “De esa forma se podrá hacer interdicción de insumos prohibidos en esas localidades que se usan para el narcotráfico y para la minería ilegal”, señala Garay.

Foto de portada: Vanessa Romo / Mongabay Latam.

* Por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y a pedido de ellos, Mongabay Latam ha decidido ocultar las identidades de algunos entrevistados. En esos casos se ha optado por solo usar nombres y no apellidos. Sin embargo, este medio cuenta con los nombres completos y las grabaciones de las entrevistas.