La Fiscalía solicitó cadena perpetua para los inculpados pero la pena concreta no ha sido decretada porque durante el proceso judicial se presentaron varios amparos que no han sido resueltos por la Corte Suprema.
El asunto tomó mayores proporciones. En medio del proceso contra las siete personas, Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de DESA, fue detenido el 2 de marzo de 2018 —casi dos años después del asesinato de Cáceres—. También está acusado de participar como autor intelectual del crimen.
Este proceso aún no termina. La última audiencia preparatoria para llegar a un juicio oral y público estaba prevista para el pasado 10 de octubre pero no se realizó por petición de la defensa. Ese mismo día el Ministerio Público emitió un comunicado donde señala que “con pruebas complementarias, se pudo establecer un pago de 500 000 lempiras (unos 20 000 dólares) de Castillo Mejía para los sicarios y por parte de la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) se tiene una declaración relacionada a la confesión que hizo uno de los coimputados en el sentido que el expresidente de DESA pagó por el asesinato de la reconocida activista Berta Cáceres”.
Sin embargo, familiares de Berta sostienen públicamente que los verdaderos autores intelectuales son prominentes empresarios y políticos hondureños que no han sido procesados.
Germen de división
Tras la vinculación de DESA al crimen de Berta, a los empleados de la compañía apenas les dio tiempo para sacar la maquinaria pesada, pero dejaron todo lo demás. Lo que también quedó fue el germen de división, de enemistades personales, y hasta odio entre las familias criollas e indígenas. Las primeras apoyaban el proyecto y en su momento vendieron las tierras ancestrales lencas a los inversionistas. Por otro lado está la mayoría de familias indígenas que mira al río Gualcarque y a sus tierras como un legado de sus antepasados, que ya estaban allí hace 500 años, cuando llegaron los conquistadores europeos.
“Los caseríos quedamos divididos, ‘desamistados’. Ese es el gran desarrollo que la empresa ha dejado”, refiere Rosalina. Esta indígena lenca de 49 años, participó en los plantones junto a Berta y ha venido realizando una serie de manifestaciones pacíficas, participando en reuniones con autoridades e, incluso, hablando en foros públicos en varios países. Su costumbre de decir la verdad le ha valido amenazas de sus vecinos que están a favor de la represa. La muerte de Berta no significó el fin de las intimidaciones.
Las acciones de DESA también dejaron en evidencia la inseguridad jurídica que se vive en Honduras, que se traduce en acusaciones y contraacusaciones sobre quién es el verdadero dueño de la tierra en una serie de comunidades enclavadas en una montaña verde, con un solo camino y rodeadas de vegetación tan frondosa que las poblaciones ni siquiera aparecen en Google Maps.
Hasta hace algún tiempo, los pobladores de Agua Caliente, Plan de Encima, Santa Ana, El Barrial y Río Blanco compartían, además de sus orígenes étnicos, su dependencia al maíz y los frijoles como base de su alimentación; las limitaciones en el acceso a servicios de energía y agua potable; las viviendas de adobe y zinc, pero también la costumbre de trabajar la tierra de forma comunitaria.
Por eso, cuando la empresa se fue, las familias lencas opositoras a la represa Agua Zarca procedieron a “recuperar la tierra” que algunos habían vendido, para volverla a sembrar. “Ellos [los que vendieron] no tenían título. Eran dueños porque recibieron la tierra de sus abuelos y de sus padres. La empresa los ayudó a hacer el registro de propiedad de la tierra. Los ayudaron para que pasaran como dueños”, dice Rosalina Domínguez.
Para el exjuez hondureño y catedrático de Derecho, Ramón Barrios, la inestabilidad jurídica que permite despojar legalmente a los campesinos de sus tierras es parte de las políticas diseñadas por el Estado.
“DESA fue beneficiaria de las políticas del gobierno que desde hace años ha apostado por una política de extracción de los recursos naturales. Todo el sistema jurídico del país está a favor del extractivismo y eso facilita entregar la tierra, los recursos naturales y los minerales a estas empresas extractivas. Eso ha tenido como causa y consecuencia el despojo de los bienes que incluye la tierra de la población ancestral hondureña a estas empresas”, le asegura Barrios a Mongabay Latam.
