- Viceministro de Tierras anunció que se evaluarán los procesos de entrega de predios en Santa Cruz, El Beni y Pando.
- Expertos cuestionan el uso político y electoral de la distribución de tierras en Bolivia.
Los incendios forestales que destruyeron por lo menos cinco millones de hectáreas de la Chiquitanía destaparon un problema del que no se había hablado: las numerosas irregularidades en el acceso y entrega de tierras.
Una serie de denuncias que evidenciaban serios problemas en la distribución de cientos de hectáreas para las denominadas comunidades interculturales encendió las alertas del actual gobierno de transición de Bolivia. Hoy se ha iniciado, por esta razón, un proceso de evaluación de los más de 1000 terrenos adjudicados en los últimos dos años, todos ellos otorgados durante el gobierno del expresidente Evo Morales.
“En total son 900 predios en la Chiquitanía, Santa Cruz; alrededor de 110 en el Beni y aproximadamente 30 en Pando”, dijo Gustavo Terrazas, viceministro de Tierras de Bolivia en una entrevista concedida a Mongabay Latam.
Terrazas señaló que personal del viceministerio se encuentra en el campo realizando una auditoría a las comunidades beneficiadas para evaluar cualquier irregularidad en la entrega de estos predios, poniendo la mirada principalmente en aquellos terrenos forestales cedidos para fines agrícolas y ganaderos. También han sido incluidas en la lista las comunidades que no están haciendo un uso adecuado de las tierras.
Este proceso, según el viceministro de Tierras, debe concluir a mediados del mes de marzo. En los casos que se constate las irregularidades —sostiene Terrazas— los predios regresarán a poder del Estado.
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Las tierras usadas con fines políticos
“El gobierno de Evo Morales entregó predios que no son aptos para agricultura y la ganadería, adjudicó terrenos del Estado que eran de manejo forestal”, señala Miguel Ángel Crespo, director de la institución Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma).
Crespo menciona que esta distribución se realizó luego de que Morales emitiera una norma que modificaba la cantidad de terrenos que podía ser otorgada a una familia. Así se hizo el cambio de 5 a 20 hectáreas.
“Se habla de más de 1100 comunidades que corresponde a más de un millón de hectáreas. Se calcula que serían más de 200 mil personas. Este fue un avasallamiento relacionado directamente con intereses electorales”, dijo Crespo.
El director de Probioma se refiere a los terrenos que fueron entregados a los migrantes que llegaron a la Chiquitanía, durante el gobierno de Morales, con el fin —según el experto— de incrementar su caudal de votantes en la región de Santa Cruz, donde no tenía mayoría.
Crespo, sin embargo, tiene dudas sobre el proceso que ha iniciado el actual gobierno, puesto que para el experto tiene una visión centrada en los agronegocios.
Marco Gandarillas, responsable de Incidencia Política del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), coincide con Crespo en lo relacionado a las implicancias políticas que ha tenido la entrega de tierras a las comunidades interculturales y al interés de conquistar al electorado de Santa Cruz, región donde existen sectores económicos vinculados al negocio agrícola.
“El problema del acceso a la tierra en Bolivia es muy complicado y todos los gobiernos tienen presiones de los grupos de poder económico vinculados con el negocio agrario y hasta con el tráfico de tierras. Aunque hay presión para que se deroguen las normas de cambio de uso de suelo, el gobierno no ha dicho nada al respecto. Los actores políticos no quieren enfrentarse a Santa Cruz”, sostiene Gandarillas.
El director de Cedib agrega que durante los procesos electorales se generan más presiones alrededor de la tierra por parte de los grupos de poder, con el fin de recibir beneficios a cambio de votos. “Estos son los peores contextos para generar una política seria y de largo plazo en materia agraria y lo digo porque el actual gobierno se está presentando a las elecciones”, agrega con relación a la contienda electoral para la presidencia de la República que se realiza actualmente en Bolivia.
El viceministro de Tierras no duda que el reparto de predios en Santa Cruz tenía un interés político. “El anterior gobierno utilizó esta distribución de tierras para mover gente a diferentes departamentos como un mecanismo político”, dijo Terrazas a Mongabay Latam y agregó que muchos de los beneficiarios ni siquiera se encuentran en el terreno otorgado. Mencionó algunos casos en los que las tierras han sido alquiladas o han entrado incluso en una red de tráfico de terrenos.
El funcionario agregó que durante su gestión se busca tener un manejo correcto de la ley, en referencia a las acusaciones de corrupción que se han presentado contra funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), organismo responsable del manejo de las tierras en Bolivia.
Terrazas descartó que la decisión de revisar el proceso de entrega de tierras tenga un interés electoral y explicó que desde diciembre se ha frenado la distribución de los predios.
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El reclamo indígena por la tierra
Marco Gandarillas también recuerda que el gobierno de Evo Morales tuvo como política generar estos asentamientos interculturales en tierras fiscales, e incluso en áreas naturales protegidas y en territorios indígenas. Una política que le generó enfrentamientos con los pueblos originarios.
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Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), cuestiona que el gobierno no se pronuncie sobre las normas que permiten el cambio de uso de suelo con fines agropecuarios en la Chiquitanía, Santa Cruz y el Beni. “El gobierno no ha mencionado la anulación de las leyes que autorizan la ampliación de la frontera agrícola y las quemas”, precisa.
Para Alipaz, las acciones del gobierno son solamente distractoras y están relacionadas con la candidatura de Jeanine Añez. “Sabemos que la entrega de estas tierras había sido irregular. Sin embargo, cualquier decisión de la presidenta transitoria se debe evaluar como una posible campaña política. Si no fuera candidata nos parecería bien, pero ahora tenemos la impresión que es parte de sus ofrecimientos electorales”.
La lideresa indígena mencionó que el actual gobierno ha ampliado la propuesta de venta de carne a China, una actividad que requiere de grandes campos destinados a la ganadería y que está causando la pérdida de la cobertura forestal del país. “Hay un proceso de continuidad de la política anterior de destinar tierras forestales para la ganadería y el monocultivo”.
En este contexto, Alipaz reclama que se atiendan los pedidos de titulación de los territorios indígenas, una solicitud que no ha sido escuchada durante los 14 años del gobierno de Morales ni por las autoridades del actual gobierno.
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