- Tras la solicitud de pueblos y colectivos de Colombia y Chile, el tribunal emitirá una interpretación que dejará en claro las obligaciones de los países ante la crisis climática en el continente.
- Más de 280 organizaciones, comunidades, académicos y defensores participaron en las audiencias regionales, donde evidenciaron los efectos socioambientales que afectan de forma desproporcionada a mujeres, pueblos indígenas, infancias y grupos de la diversidad sexual.
- La opinión consultiva que emita la Corte IDH será vinculante para los países de la OEA y una guía para jueces que tienen en sus manos la resolución de litigios climáticos.
- Los efectos de esta herramienta legal también podrán traducirse en mayores regulaciones y vigilancia para las empresas responsables de la emisión de gases de efecto invernadero o en conflicto con comunidades por la violación de derechos humanos.
Luis Misael Socarras Ipuana es líder Wayúu, el grupo indígena más numeroso de Colombia, que históricamente ha vivido en la norteña Península de La Guajira. Sus territorios han sido constantemente amenazados por los conflictos armados, la degradación ambiental y la emergencia climática. Su testimonio llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y servirá para que por primera vez un tribunal internacional se pronuncie por el impacto de esta crisis en la vida de las personas más vulnerables.
“Hoy estamos en riesgo de ser extinguidos, de quedar siendo un pueblo indígena que pasa a la historia”, dice el representante de comunidades de La Gran Parada, cuyo testimonio fue uno de decenas presentados ante la Corte IDH. Este 3 de julio, el tribunal emitirá una opinión consultiva, una interpretación legal que ayuda a los países a cumplir sus obligaciones en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esta Opinión Consultiva, solicitada por los gobiernos de Colombia y Chile, se ha realizado con un nivel de participación inédito, señala la Liliana Ávila, directora del programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), pues más de 280 organizaciones, comunidades indígenas, colectivos feministas, académicos y defensores ambientales participaron en siete audiencias regionales para compartir evidencia de cómo la crisis climática ya afecta derechos básicos como la salud, el agua, el territorio y la alimentación.
“La Corte Interamericana es un tribunal muy importante en la región. Lo que diga será vinculante y fortalecerá el marco jurídico que tiene que ver con las obligaciones de adaptación, mitigación, pérdidas y daños”, afirma Ávila ante la consulta de Mongabay Latam.
La especialista plantea que el nivel de participación histórico de este proceso es ya en sí mismo una victoria para las comunidades de Colombia, Chile y el mundo que ya enfrentan los impactos de la crisis climática, pues la opinión consultiva les dará herramientas legales para exigir derechos y mejorar los compromisos de sus respectivos países.
De Colombia y Chile para el continente
Si bien este proceso legal fue solicitado por Colombia y Chile, la opinión consultiva que genera la Corte IDH tendrá alcance para todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Además de representar obligaciones internacionales claras para los gobiernos, establecer estándares legales y guiar las resoluciones judiciales, también reconocerá que la emergencia climática afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables, como pueblos indígenas, mujeres e infancias.
“Cuando hablamos de cambio climático no hablamos sólo de reducir emisiones, sino de un impacto en vidas concretas, en comunidades que están perdiendo la capacidad de sembrar, donde las temporadas de huracanes son más complicadas y el mar entra en sus casas”, señala Ávila sobre los impactos reales que suceden desde hace años en países de América Latina.
Entre las voces en los territorios que llegaron hasta la Corte IDH está Fuerza de Mujeres Wayúu, un colectivo de mujeres indígenas que se ha organizado en defensa de su territorio y autodeterminación ante los megaproyectos de mineras de carbón, el desplazamiento forzado y los conflictos armados en La Guajira, al norte de Colombia.
Angélica Ortiz, integrante de esta agrupación sostiene que a su pueblo actualmente se le está borrando del mapa.
“Han desaparecido más de 27 comunidades étnicas y campesinas, más de 19 cuerpos de agua, pero también se han desviado y se han secado otros afluentes como son El Cequión, Arroyo la Chercha, fuentes de agua importante para los pueblos étnicos en La Guajira”, advierte.
Ortiz señala que las mujeres del pueblo Wayúu llegan a este proceso con afectaciones en la salud y hasta en la educación.
“Estamos defendiendo una pervivencia cultural, el derecho a permanecer en nuestro territorios, pero también con garantías para la vida”, sostiene.
A esta instancia también llegaron representantes del pueblo Kankuamo, al norte de Colombia, quienes habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, Kággabba, Iku y Wiwa.
Jaime Luis Arias, integrante del Cabildo del pueblo Kankuamo, advierte la destrucción de su hogar ancestral conocido como la Línea Negra, ante conflictos armados y socioambientales.
“Esto rompe el equilibrio natural y cultural afectando ríos, desapareciendo los nevados, desapareciendo manglares, desapareciendo los bosques secos tropicales y los corales marinos”, señala.
Para Arias, este proceso legal debe implicar medidas que vean al territorio como “un cuerpo vivo, como una madre” y que contribuyan a preservar los conocimientos de los pueblos que ahí habitan.
En la opinión consultiva no solo están las voces de pueblos indígenas, también de sectores históricamente invisibilizados. Yoko Ruiz, integrante de la Liga de Salud Trans, advierte que los efectos de la crisis climática, como las olas de calor o la sequía, impactan de forma diferenciada a este sector de la población en Colombia, principalmente en zonas rurales.
“Cuando pasan catástrofes climáticas, la carestía de los alimentos es exagerada, la falta de agua potable, la falta de trabajo y la exposición a los elementos hace que nos enfermemos muchísimo más y que estemos más vulnerables”, señala.
Ruiz advierte que los efectos de la emergencia climática se ven reflejados en la violencia contra la comunidad trans y no binaria, principalmente en el derecho a la salud.
“Solemos ser maltratadas por los equipos médicos en hospitales, clínicas y centros de salud y la atención de las personas trans es precaria todo el tiempo”, afirma.
En el caso de Chile, plataformas de litigio climático también han acompañado a comunidades impactadas por la degradación ambiental. Un ejemplo es el del Movimiento de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (Muzosare), un agrupación en defensa del territorio y la salud de las personas en la bahía de Quintero-Puchuncaví, que actuó ante la contaminación industrial en esta zona costera ubicada en la provincia de Valparaíso.
“Nosotros somos una de las zonas de sacrificio más emblemáticas de mi país. Eso quiere decir que tenemos contaminados los suelos, el agua salada y dulce, el aire y el fondo marino”, sostiene Katta Alonso, fundadora de Muzosare, que también se integró al acompañamiento por una opinión consultiva de la Corte IDH.
Para Alonso, este proceso es importante para lograr que el Estado chileno se haga cargo de terminar con las llamadas zonas de sacrificio, en donde los territorios son utilizados por industrias para el beneficio económico, pese a los impactos ambientales que puedan generar.
“Para saber qué respiramos, para que nuestros niños puedan nacer sanos tienen que fiscalizar a cada una de las empresas, saber qué emiten, hacer la sinergia y de ahí tomar las medidas pertinentes”, señala Alonso.
El papel de las empresas
Las voces de estas comunidades también quedaron registradas en la Declaración de Manaos, un documento entregado a la Corte IDH en agosto de 2024 como parte de las audiencia para la opinión consultiva que no solo pide aclarar las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos, sino también en reforzar la vigilancia y regulación en empresas y actores financieros mayormente responsables de los efectos de la crisis climática.
Ávila explica que la opinión consultiva de la Corte IDH establecerá criterios jurídicos obligatorios para que los gobiernos regulen las acciones tanto de instituciones públicas como de empresas privadas.
“El efecto más importante que van a tener estas decisiones tienen que ver con la forma en la que el Estado debe empezar a regular a los agentes públicos y privados para que no generen impactos en derechos humanos”, sostiene.
Sin embargo, también advierte que la Corte puede aclarar y fortalecer los deberes de empresas e industria ya establecidas en el derecho internacional.
“Las empresas de combustibles fósiles, las altas contaminantes, las empresas mismas que desarrollan extracción de minerales de transición tienen que adecuar sus comportamientos, normativas y regulaciones a los parámetros que establecen las leyes que también involucran al derecho internacional”, explica.
Ávila sostiene que la opinión consultiva de la Corte IDH va a propiciar nuevos escenarios de litigio en el mundo sobre emergencia climática y advierte que esto implica fortalecer las obligaciones de los países sustentadas en tratados internacionales.
“Nosotros trabajamos en litigio climático con comunidades ante organismos multilaterales y en todos estos escenarios vamos a utilizar la opinión consultiva para fortalecer nuestra capacidad de abogar por el clima estable, la protección de los derechos humanos y por un futuro sostenible”, aclara la abogada.
En esto coincide el representante del pueblo Wayúu Misael Socarras, quien sostiene que su movilización seguirá y se articulará con los grupos más perjudicados en la emergencia climática.
“Nuestra lucha es ambiental para que podamos dejarle a la nueva generación algo mejor de lo que hoy estamos viviendo”, afirma.
Imagen principal: ante el planteo de pueblos indígenas y colectivos de la sociedad civil, la Corte IDH abordará cuestiones clave del derecho internacional, como la naturaleza y el alcance de las obligaciones estatales en contextos de emergencia climática y regulaciones a privados. Foto: Francisco Pinilla / AIDA
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