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Minería en el Mataje y el Mira

 

La explotación ilegal de oro es la mayor presión sobre el río Mataje, en su cuenca baja. Allí, los pobladores de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, llevan más de 15 años pidiendo la intervención de las autoridades para erradicar la minería que se hace en los ríos Cayapas, Santiago, Bogotá, Tululbí, entre otros más, que forman parte de esta cuenca. En 2011, un estudio del Ministerio del Ambiente  de Ecuador y Senagua, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas, determinó que las aguas de estos afluentes presentaban concentraciones de mercurio y otros metales que sobrepasaban los límites máximos permitidos.

Desde entonces, no hay otro estudio y las cosas no han cambiado. En este sector, sus habitantes dependen de los ríos pues no cuentan con agua potable, relata Lenin Caicedo, representante de la Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas (Redcone), que en 2011 logró que la justicia ecuatoriana dictara medidas cautelares para suspender toda actividad minera ilegal en la zona. A pesar de este logro, la explotación irresponsable persiste. El escenario es difícil para estas comunidades afroecuatorianas, pues además viven en medio del conflicto armado de Colombia y la ausencia de los Estados.

Según el Instituto de Estadísticas y Censos de Ecuador (Inec), en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, que están entre los más pobres del país, hay un 16 % de analfabetismo mientras que la media nacional es de 6,8. Menos del 2 % tienen estudios universitarios y la mitad de la población se dedica a la agricultura y la pesca, por lo que necesitan ríos limpios. Fue justamente en el poblado de Mataje, donde en 2018 un grupo narcoguerrillero secuestró y asesinó a tres periodistas del Diario El Comercio.

Hay esporádicos esfuerzos de las autoridades pero no son suficientes para cortar el problema de raíz. En este año, la Policía, las Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) de Ecuador intervinieron la zona con operativos en mayo y julio, “pero unos días después se reactivaron los frentes mineros”, lamenta Caicedo, quien alerta y participa de estas intervenciones con las autoridades. A esto se suma el problema de la minería legal, pues la Arcom ha autorizado concesiones para explotar oro a pequeña escala pero, según denuncias que la Redcone ha presentado a las autoridades locales y nacionales, tampoco respetan los parámetros ambientales.

Este no es un problema exclusivo de la cuenca del Mataje. La minería también amenaza la cuenca media del río Mira, en las provincias de Carchi e Imbabura, donde ya se sintió el peligro en la zona de Buenos Aires. En 2019, las autoridades lograron desarticular un gigantesco campamento en el que se calcula vivían unas 10 mil personas dedicadas a la minería ilegal. Incluso, instalaron centros de diversión en plena montaña, donde talaron el bosque primario y contaminaron las aguas con ácido nítrico y cianuro para procesar el oro, según informó en su momento el Ministerio de Gobierno de Ecuador. Operó por dos años y hoy el sector tiene constante resguardo militar porque los mineros tratan de ingresar. Hasta ahora no se ha cuantificado el daño ambiental en la zona ni las afectaciones a la cuenca del Mira.

Y la historia del Mira no acaba ahí pues en el subsuelo de las provincias de Imbabura y Carchi se extiende un apetecido cordón minero que todavía está en fase de exploración por parte de varias multinacionales. El proyecto más avanzado y que ofrece ser uno de los más grandes yacimientos de cobre a nivel mundial se denomina Cascabel y está operado por la australiana SoldGold. Para desarrollar Cascabel se necesita, precisamente, del agua de la cuenca del río Mira y eso preocupa a grupos ambientales. El gobierno ecuatoriano deposita sus esperanzas en este y otra docena de minas a gran escala para tener ingresos adicionales a los del petróleo. El Ministerio de Finanzas calcula que hasta 2021 se obtendrán inversiones mineras por 3800 millones de dólares si estos proyectos se concretan.

“Aunque estos proyectos están en fase de exploración, los impactos de la minería son nocivos para las fuentes de agua y la diversidad”, dice Elisa Levy, bióloga y vocera del Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte de Ecuador (OMASNE), que mapea las concesiones de esta región. Relata que también hay proyectos de mediana y pequeña minería que pueden afectar al Bosque Protector Golondrinas, que tiene un área de 13 500 hectáreas en la provincia del Carchi. “Un 92 % del bosque está concesionado. Por todas partes hay proyectos que ponen en riesgo la cuenca del Mira”, dice Levy.

El Bosque Golondrinas es uno de los pocos remanentes en la provincia del Carchi de lo que se conoce como bosque montano. Según información del Gobierno Autónomo de Carchi, en esta zona protegida se han registrado 78 especies de mamíferos, 312 de aves y 470 de flora. Del bosque se drena el agua hacia el río San Juan, que es tributario del Mira. El temor es que la minería se dispare en la zona norte de Ecuador como ya ocurrió en el sur, en la Cordillera del Cóndor, otra de las zonas de alta biodiversidad del país donde ya operan megaproyectos desde 2019.

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¿Cómo recuperar la salud de la cuenca Mira – Mataje?

 

En 2019 WWF presentó el “Reporte de salud” de las cuencas Mira-Mataje, que tuvo una calificación de 3 sobre 5 puntos. La evaluación de calidad del agua, biodiversidad, condiciones de vida de los habitantes de la zona y otros parámetros estudiados, apenas pasaron la prueba para reflejar un estado aceptablemente bueno de conservación, explica Luis Fernando Gómez, coordinador de la Ecorregión Pacífico de WWF Colombia.

La metodología usada para este estudio ya se ha aplicado en otras cuencas a nivel mundial y se realiza con la Universidad de Maryland (Estados Unidos). En Colombia, por ejemplo, ya se usó con el río Orinoco. El análisis para Mira – Mataje recoge información de las entidades estatales, ONG que trabajan en la zona y los propios habitantes, como Aldemar Néjer en Pueblo Viejo, Carchi, y Maritza Landázuri en Tumaco, Nariño.

El detalle del informe muestra que los valores más preocupantes están en la zona alta, en Ecuador. El caso más dramático es la subcuenca del Chota, que se encuentra entre las provincias de Carchi e Imbabura:  el 45 % de este territorio, de más de 191 mil hectáreas, está ocupado por la agricultura, mientras que los bosques nativos van desapareciendo. En contraste, la subcuenca Medio Mira, que también está en territorio ecuatoriano y es la mejor conservada, tiene una cobertura de bosques primarios del 73 % y un 23 % destinado a actividades agrícolas.

“Hemos detectado contaminación en fuentes de agua en zonas de hasta 3100 metros de altura porque hay producción con agroquímicos, ganadería, aguas servidas”, dice Susan Poats, directora de la Corporación Grupo Randi Randi, una ONG que trabaja hace más de 20 años en los páramos del Carchi, coordinando acciones con las juntas de agricultores que usan el agua para riego. Poats señala que hay que comprender que el Estado ecuatoriano, históricamente, no ha brindado el apoyo a estas comunidades para dotar de eficientes sistemas de riego y tecnificación de los cultivos que permitan mejorar las prácticas de conservación.

Entre esas prácticas de conservación que pueden ayudar se cuenta el trabajo que durante años ha hecho el biólogo Andrés Laguna, dedicado a estudiar cinco especies de grandes mamíferos que habitan en los Andes y el Chocó Andino, entre las provincias ecuatorianas de Imbabura, Carchi y Esmeraldas. Laguna señala que estos animales son la clave para regenerar y mantener la cobertura vegetal que, a su vez, garantiza la provisión de agua. Se trata del venado de cola blanca (Odocoileus goudotii), el puma (Puma concolor), el tapir andino (Tapirus pinchaque), el oso andino o de anteojos (Tremarctos ornatus) y el jaguar (Panthera onca) —estos tres últimos en peligro de extinción—.

Estos animales, en el caso de los herbívoros, tras su proceso digestivo dispersan semillas de plantas nativas por todo el territorio, pues recorren grandes extensiones y se adentran a lugares de difícil acceso como las cabeceras de los ríos. “Imaginémonos cuánto nos costaría y cuántas personas necesitaríamos para recorrer esos territorios sembrando especies”, dice Andrés Laguna, encargado del componente de Investigación para la Conservación de la Jefatura de Patrimonio Natural de la Dirección General de Ambiente de la Prefectura de Imbabura, y director científico de la Fundación Conservación de Grandes Mamíferos (BMC, por sus siglas en inglés).

Por su parte, los carnívoros cazan y dejan parte de la comida para otros animales, haciendo que esta materia orgánica se disperse a toda la cadena trófica. “Ahí está la clave, ellos están trabajando los 365 días del año y no tenemos que pagarles nada, solamente conservar su hábitat”, indica Laguna.

Sin embargo, cuando estos mamíferos sienten la presión de la expansión agrícola, empiezan a asentarse en lugares donde hay ganadería y cultivos. Dejan de moverse porque encuentran alimento garantizado. Esto se convierte en un peligro: por un lado, dejan su función de regenerar los ecosistemas y, por otro, son asesinados por los campesinos que sienten amenazada su producción. Es por eso que, en esta zona, la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas que abarca más de 243 mil hectáreas de las provincias de Imbabura y Esmeraldas, es un territorio muy importante.

Pero es necesaria la participación de la gente. En 2018, más de 1500 personas, entre comunidades indígenas, campesinos y técnicos reforestaron unas 18 hectáreas en la zona de la Laguna de Mojanda, en el cantón Otavalo. “Es un esfuerzo que se hace cada año en alguna zona que requiere intervención. Trabajamos con asesoría del Ministerio del Ambiente, autoridades locales y la participación de diferentes actores”, dice Roberto Yamberla, líder indígena y exsubsecretario de la Demarcación Hidrográfica Mira, de la extinta Secretaría del Agua (Senagua) que recientemente se fusionó con el Ministerio del Ambiente.

En esa ocasión sembraron 5000 plantas nativas, especialmente pumamaqui (Oreopanax ecuadorensis), con el objetivo de recuperar la cobertura vegetal que garantice el almacenamiento de agua en los páramos. Yamberla lamenta que este tipo de esfuerzos, que se hacen como mingas comunitarias, no son valorados en las zonas bajas, en ciudades que son parte de la cuenca del Mira, como Ibarra u Otavalo, los centros urbanos más poblados. A su criterio, los municipios grandes deberían destinar recursos para la conservación de los páramos ya que se benefician del agua que nace en ellos.

En los municipios hay otros problemas que terminan afectando el agua y el equilibrio ecológico de la cuenca Mira – Mataje, entre ellos está el tratamiento de aguas residuales pues no todos cuentan con esos sistemas o son insuficientes. Un informe del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía (Inamhi) detalla que especialmente los ríos San Gabriel y Chota, que son afluentes del Mira, se han convertido en botaderos de basura. Aunque la contaminación es persistente en estos lugares, río abajo las aguas vuelven a regenerarse y esto permite que la cuenca todavía sea saludable, sin embargo, cuanto más severa sea la contaminación más se pierde la capacidad de autopurificación, concluye el estudio del Inamhi.

Una de las estrategias del Plan Binacional, acordado entre Ecuador y Colombia en 2017 para gestionar la cuenca, es un proyecto piloto de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales que procesarán la materia sólida a través de un biofiltro de lombrices. Las plantas se ubicarán en el municipio de Cumbal (Nariño), en Colombia; y en el lado ecuatoriano en la parroquia Angochagua (Imbabura), parroquia Tufiño (Carchi), y parroquia Mataje (Esmeraldas).

“La idea es medir la contaminación antes y después de la implementación del proyecto que estaría listo para abril de 2021, para replicarlo en otros poblados de la cuenca”, explica Mery Montesdeoca, directora de la Mancomunidad del Norte de Ecuador. Esta entidad agrupa a las prefecturas de Ibarra, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos y está a cargo de este proyecto en el lado Ecuatoriano, como parte de la estrategia binacional. Mongabay Latam consultó a los Ministerios de Ambiente de Colombia y Ecuador pero hasta el momento no se ha tenido una respuesta.

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Una oportunidad para la conservación

 

Las cuencas Mira – Mataje se ubican en el hotspot Tumbes-Chocó-Magdalena, una de las regiones más biodiversas del mundo que se extiende en 274 597 km2, desde el sur de Panamá, cruzando Colombia y Ecuador, hasta el norte de Perú. Alberga unas 9000 especies de plantas, 830 de aves, 235 de mamíferos y 350 de anfibios, muchas de ellas endémicas. 

Las aves son uno de los grupos más estudiados. Solo en la subcuenca del río Wüiza, en el departamento colombiano de Nariño, se han identificado 617 especies de aves, que representan la tercera parte de las que hay en Colombia, según el Atlas Socioambiental de las Cuencas Mira-Mataje de WWF. Al lado ecuatoriano, en las reservas El Ángel, Bosque Golondrinas, y otras áreas aledañas, hay 320 especies, que representan una quinta parte de las aves que habitan en Ecuador.

“Tenemos al menos 40 especies endémicas y 14 están en categoría de amenaza”, indica el biólogo Cristian Flórez de la Fundación Ecológica Los Colibríes de Altaquer (Felca), que estudia las aves de estos ecosistemas en Nariño.

En el centro de la cuenca Mira – Mataje también habita, a los dos lados de la frontera, el pueblo indígena Awá, que ha resistido a las tentaciones de explotar la madera o dejar ingresar la minería en su territorio. “No es fácil, nosotros también necesitamos educación para nuestros hijos y eso cuesta, pero estamos tratando de generar alternativas como el turismo comunitario o diversificar los cultivos”, dice Olindo Nastacuaz, representante del Comité Binacional de la Gran Familia Awá.

Los Awá han transitado libremente por Colombia y Ecuador y para ellos los ríos son canales de comunicación y no de división fronteriza. Por eso están preparados para participar de proyectos binacionales, aunque hay diferencias: “en el lado colombiano es más difícil porque se extienden los cultivos ilícitos de coca y han matado a algunos de nuestros líderes”, dice Olindo.

De alguna manera, el buen estado de conservación de algunos tramos de la cuenca Mira – Mataje también responde a la articulación de las organizaciones de base, como los Awá, y de ONG como Fundación Altrópico, que se encarga de convocar y realizar, cada dos años, talleres en los que participan entidades estatales y civiles para analizar la situación y marcar hojas de ruta para la conservación de los ríos.

Ecuador ya tiene una mala experiencia con el manejo de la cuenca transfronteriza Puyango-Tumbes que comparte con el Perú. La falta de gestión integral permitió el desarrollo de una minería irresponsable en la cuenca alta del río, causando una contaminación difícil de remediar y que ahora es motivo de una demanda internacional por habitantes peruanos que sienten los perjuicios. (Ver primer reportaje del especial aquí).

Al menos, para Mira-Mataje, Ecuador y Colombia cuentan con un Plan Binacional que marca la hoja de ruta y evaluación de la salud de los ríos. Según las proyecciones de este documento, en 2010 el consumo de agua, a lo largo de todo el río Mira, para agricultura, consumo e industria fue de 421 mil millones de litros. Se estima que para 2025 la demanda crecerá entre un 25 y 30%. Eso significa más presión sobre la cuenca por lo que se requieren medidas de conservación para los páramos y fuentes de agua, buenas prácticas agrícolas, mejores sistemas de aguas servidas y regularizar la minería y otras actividades que potencialmente podrían afectar los ecosistemas.

Según el Atlas de la cuenca, hay 42 especies de peces en el río Mira, sobre todo en su parte baja. El bagre, la sardina, el sábalo, entre otros peces, se convierten en un recurso vital para el consumo de los pobladores. La potencial reducción de los caudales y la contaminación amenazan a estas especies. “Por eso necesitamos un ‘enfoque ecosistémico’ que procure un equilibrio apropiados entre la conservación y la utilización de la diversidad biológica”, dice Emilio Cobo, oficial del programa de Servicios Ecosistémicos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Toda afectación a la cuenca obstruye funciones de regulación de los flujos de agua, reducción de los desastres como inundaciones o prevención de la erosión.

Cobo explica que las cuencas no solo proveen agua o alimento —como la pesca—, sino otros servicios ecosistémicos como provisión de semillas, madera, medicinas, ya que están ligados con los bosques y los territorios que atraviesan. En las cuencas Mira-Mataje, además, hay comunidades indígenas como los Awá, desde los páramos hasta la cuenca media, y los pueblos afro en la parte baja. El reto de la conservación de su riqueza biológica y cultural debe tomar en cuenta todas estas consideraciones.

Lee aquí la primera entrega del Especial Ríos Binacionales: la minería y la contaminación no saben de fronteras:

 

Imagen principal: Minería en los ríos Bogotá, Cachaví , Santiago, afluentes del río Mataje. Foto: Eduardo Flores/Andes.

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