- La Corte Constitucional de Colombia aprobó la ley que ratifica este tratado internacional que tiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y promueve el derecho de acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental.
- Gobierno y especialistas celebraron la decisión en un país que ocupa el primer lugar a nivel mundial con mayor cantidad de defensores ambientales y de derechos humanos asesinados.
Colombia, que lidera la lista de países a nivel mundial con mayor cantidad de defensores ambientales y de derechos humanos asesinados, se sumó a las naciones que ratificaron el Acuerdo de Escazú, luego de que la Corte Constitucional aprobara el pasado 28 de agosto de 2024 la ley que reafirma su inclusión en este Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que promueve el derecho de acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; de participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente; y de acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países del continente.
Este tratado, además, aborda la protección de los defensores ambientales, un problema clave considerando que de acuerdo con información de Global Witness, desde 2012 hasta el 31 de diciembre de 2022, se reportaron 1910 personas defensoras de ambiente y territorio asesinadas en el mundo, y de ellas, el 70 %, es decir 1335, ocurrieron en países latinoamericanos. Solo en 2022 Colombia registró 60 crímenes contra quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos.
“La decisión de la Corte Constitucional de darle luz verde al Acuerdo de Escazú es una excelente noticia ad portas de la COP16. ¿Qué implica para la ciudadanía? La garantía de sus derechos de participación en las decisiones ambientales, que las autoridades ambientales, las empresas, tenemos que dar información transparente sobre esas decisiones y además que tenemos que garantizar los derechos de los defensores ambientales para que no sean estigmatizados y defender también su vida”, dijo la ministra del Ambiente, Susana Muhamad al conocerse la noticia.
Con esta decisión, Colombia se convierte en el país número 17 del continente que forma parte de este acuerdo vinculante, el primero en el mundo que tiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Un camino largo para Escazú en Colombia
“Con la ratificación del Acuerdo de Escazú se abre toda la posibilidad de revisar profundamente la política pública y construir una política de prevención y protección con la visión de las personas defensoras, entendiendo cómo habitan su territorio, qué violencias están enfrentando y qué oportunidades podemos encontrar y garantizar para que no se enfrenten a estos escenarios de violencia”, señala Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, en Colombia.
Torres agrega que Colombia enfrenta un “escenario crítico” por ser el país más peligroso para la defensa del ambiente, además que también “ocupa el primer lugar a nivel de América Latina como el país con mayor número de conflictos socioambientales”. Por ese motivo, asegura, la incorporación de un tratado internacional abre un escenario de oportunidades.
La especialista de Ambiente y Sociedad explica que el Acuerdo de Escazú también brinda la posibilidad de revisar en específico el tema de personas defensoras del ambiente. “En Colombia no existe una norma que indique qué es ser un defensor ambiental y el Acuerdo de Escazú llega a llenar este vacío. Entonces, en ese camino y en ese compromiso que asumió este gobierno con la ratificación de este tratado, incorpora la existencia de las personas defensoras dentro de su Plan Nacional de Desarrollo”.
Sin embargo, concretar la incorporación de Colombia a este tratado no ha sido fácil para el país. Torres recuerda que el proceso se inició en el año 2019, “en el marco del estallido social que hubo en Colombia, un momento histórico porque se exigía al entonces presidente Iván Duque una transformación necesaria en el país. En ese momento, el primer punto de la agenda de negociaciones con el gobierno fue la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú”.
En efecto, el 11 de diciembre de 2019, Duque firmó este tratado que había sido adoptado un año antes, en marzo de 2018, por 15 países de la región. Posteriormente, en abril de 2021, el acuerdo entró en vigencia a nivel regional luego de que 11 países ratificaran su firma. Sin embargo, Colombia no estuvo en este grupo pues, hasta ese momento, el Congreso de la República no había revalidado la decisión presidencial.
El proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo de Escazú se presentó en julio de 2020 ante el Congreso de la República de Colombia. En ese momento surgieron varias voces en contra, bajo los argumentos de que el país ya contaba con suficientes mecanismos de participación y de protección al medio ambiente,que se estaría poniendo en riesgo la soberanía colombiana y frenando los proyectos de desarrollo. El proyecto terminó hundido en el Legislativo.
No obstante, en octubre de 2022, durante el gobierno de Gustavo Petro, finalmente el Congreso aprobó su ratificación y ahora esta decisión ha sido revalidada por la Corte Constitucional. Ahora solo falta que Colombia entregue su instrumento de ratificación ante la Oficina de Tratados de Naciones Unidas para que oficialmente se forme parte de este acuerdo.
Un avance para Latinoamérica
“En Colombia ocurrió un fenómeno que se replicó en varios países de América Latina, como Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú:hubo campañas de desinformación sobre las implicaciones reales del acuerdo. Eso quiere decir que se generaron una serie de mitos y de falsedades en contra de este tratado sobre cuestiones que no tenían nada que ver con su contenido”, comenta la abogada Lina Muñoz, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, en Colombia.
Para Muñoz, el hecho de que Colombia haya terminado exitosamente su proceso de ratificación va a tener un impacto en los países que todavía no lo han ratificado. “Creo que ese fallo [de la Corte Constitucional] va a marcar un camino muy importante para la interpretación de los derechos de acceso en temas ambientales para América Latina y el Caribe y creo que es un texto que va a ayudar a despejar dudas, preocupaciones y miedos infundados que hay en países que todavía no han ratificado como es el caso de Perú, Costa Rica, Brasil, entre otros”.
Hasta el momento son 17 los países que han ratificado este tratado. En abril de 2019 Guyana se convirtió en el primer país en revalidar su firma. Luego, en septiembre de ese mismo año se sumarían Bolivia, Uruguay, San Vicente y Las Granadinas y Saint Kitts y Nevis. Para marzo de 2020 llegarían Nicaragua, Panamá y Antigua y Barbuda; en mayo del mismo año se adhirió Ecuador y en diciembre se sumó Santa Lucía. Con la ratificación de México y Argentina en enero de 2021, el tratado entró en vigencia.
En el 2022 se sumó Chile, tras superar una serie de debates, y al año siguiente Granada y Belice. Este año se adhirió Dominica y ahora Colombia. Aún falta la ratificación de ocho países que ya han firmado el acuerdo, entre ellos Brasil y Perú, naciones en las que la cifra de defensores de medio ambiente y derechos humanos asesinados también los ubica entre los de mayor riesgo para la defensa del medio ambiente en Latinoamérica y en el mundo. Brasil, incluso, figura entre las tres naciones con más crímenes por esta causa en América Latina.
“La decisión unánime de dar luz verde al Acuerdo de Escazú es histórica para la democracia ambiental en Colombia, en la región y a nivel global. La Corte en pleno envía un mensaje inequívoco: hay que poner fin a la violencia contra las y los defensores del ambiente y facilitar su trabajo en el país más peligroso del mundo para la defensa ambiental”, señala Luisa Gómez Betancur, abogada del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés), con sede en Ginebra.
Imagen principal: Una muestra de uno de los 129 casos de conflictos socioambientales en Colombia. Protesta de habitantes de San Martín, Cesar, en contra del fracking. Foto: Mauricio Ochoa Suárez.
Créditos
