La noche en que Jaime Cabrera tuvo que huir entre las plantaciones de palma aceitera fue una de las más difíciles de su vida. Antes de perderse en la oscuridad, uno de sus hijos mayores lo alcanzó para darle un abrazo, un abrigo y recordarle la importancia de cuidarse y regresar vivo a casa. Las lágrimas fueron inevitables, así como la decisión de adentrarse en la oscuridad sin rumbo fijo. No le temía a la orden de captura que pesaba sobre él, sino a los sicarios que ya habían recibido el dinero para asesinarlo y convertirlo en una estadística más del conflicto agrario en el Valle del Aguán, en Honduras.

Mientras corría, la imagen de su esposa angustiada y sus hijos llorando desconsolados pasaba por su mente. No podía evitar recordar a su hermano, asesinado por la misma causa que ahora lo perseguía. Aunque no recuerda con claridad dónde terminó esa noche, sí sabe que llegó a una vivienda donde los residentes lo reconocieron de inmediato, pues Jaime Cabrera ha estado al frente de la Plataforma Agraria durante los últimos tres años, liderando la lucha campesina en la región y logrando que el gobierno entablara una mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto agrario que se vive en la zona desde 1992.

El 24 de enero de 2022, mientras los campesinos realizaban la recuperación de tierras en la Cooperativa El Chile, en Tocoa, Colón, Jaime Cabrera se encontraba en la sede de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), organizando la llegada de una delegación internacional de la Unión Europea y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Esta delegación formaba parte del acompañamiento brindado por organismos internacionales, en el marco de la firma del convenio entre el sector campesino y el Gobierno de Honduras, que se realizó en febrero de 2022, y que sentó las bases para una solución a la crisis agraria.

Diez meses después, el 25 de noviembre de 2022, el fiscal Beyron Othaniel Salinas Torrez presentó cargos contra Cabrera y otras ocho personas. Se emitió una orden de captura contra él, acusándolo de Usurpación Agravada, Asociación Ilícita y Privación de Libertad en relación a la recuperación de tierra en la Cooperativa El Chile.

Convencido de su inocencia y consciente de la posible complicidad de algunos fiscales con empresarios agroindustriales, Cabrera temía una detención injusta. A pesar de las advertencias sobre el riesgo para su vida, decidió esconderse. Durante más de ocho meses, estuvo separado de su esposa y sus tres hijos.

Jaime Cabrera pertenece a una de las comunidades campesinas más emblemáticas del Valle del Aguán, situada en la margen derecha del río Aguán. En el pasado, su grupo, conocido como El Plantel, se dedicaba al cultivo de arroz, frijoles y naranjas. Sin embargo, de la noche a la mañana, las tierras que habían estado bajo la producción del grupo campesino, aparecieron con un título de propiedad a nombre de Juan de la Cruz Avelar, un diputado del Congreso Nacional originario del municipio de Comayagua.

Esta situación generó gran incertidumbre, ya que las tierras de El Plantel eran estatales y habían sido destinadas en los años setenta a la Reforma Agraria. Cabrera recuerda que su padre fue uno de los que se levantó enérgicamente contra la apropiación ilegal de tierras por parte del diputado. A pesar de sus esfuerzos y denuncias, no pudieron evitar que Avelar vendiera las tierras a la Corporación Dinant, una de las principales empresas productoras de aceite de palma en Honduras.

Acuerdos incumplidos

La noche en que Jaime Cabrera huyó de su casa y se internó en la oscuridad de las plantaciones de palma aceitera fue en febrero de 2023, justo un año después de los acuerdos firmados entre la Plataforma Agraria y el gobierno de Honduras. En esos acuerdos se estableció una Comisión Tripartita para investigar la tenencia de la tierra y los crímenes cometidos contra campesinos en los últimos 30 años en la región.

Según datos de organizaciones campesinas, desde 2010 hasta agosto de 2024, al menos 200 campesinos han sido asesinados y alrededor de 2 470 han sido criminalizados por el Ministerio Público por ser supuestamente responsables de los delitos de usurpación y daños.

Dos años después de la firma del acuerdo, no se han logrado avances significativos. Las agresiones contra líderes y representantes campesinos se han intensificado. A pesar del compromiso del Estado hondureño de implementar medidas cautelares, ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para 155 campesinos desde 2015, en 2023 se registró el asesinato de nueve personas vinculadas al movimiento. Actualmente, Abel Perdomo, del grupo El Remolino, está desaparecido desde enero de 2024, en lo que se teme podría ser una desaparición forzada.

Actualmente, la Plataforma Agraria reúne a 42 cooperativas y empresas campesinas que luchan por recuperar tierras. A pesar de los escasos avances del acuerdo firmado, la Plataforma continúa en diálogo con la administración de la presidenta Xiomara Castro, en un esfuerzo por encontrar una solución pacífica al prolongado conflicto agrario.

Tras dos días de audiencia inicial, el 16 de agosto de 2023, el juzgado hondureño absolvió a Jaime Cabrera y otorgó un sobreseimiento provisional para el tercer delito, que se refería a usurpación, privación injusta de la libertad y asociación ilícita. Cabrera quedó en libertad luego de que su defensa presentara testigos y pruebas que demostraron la falsedad de las acusaciones en su contra.

El abogado Lester Castro, defensor de Cabrera en ese momento, anunció acciones legales contra el fiscal Beyron Salina, a quien considera responsable de la fabricación de pruebas en este caso. Castro señaló que el objetivo de estas acciones es frenar el patrón de criminalización que enfrentan los luchadores sociales en Honduras. Además, los dirigentes campesinos denunciaron que el Ministerio Público crea delitos y elabora requerimientos fiscales (judiciales) en favor de las empresas agroindustriales, en complicidad con el Estado, que no ha cumplido con los acuerdos firmados en 2022 entre el gobierno y el sector campesino.

Lester Castro, quien forma parte del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), afirmó que estas acciones jurídicas se llevan a cabo “en favor de las familias campesinas que no solo sufren violencia, criminalización y persecución, sino que también son víctimas del desastre ambiental causado por estas empresas agroindustriales”.

En un comunicado, la Plataforma Agraria denunció que en la última década cerca de 200 campesinos han sido asesinados por su labor en defensa de los derechos humanos en Honduras. Además, alertaron sobre un plan, iniciado en noviembre de 2022, dirigido por empresas agroindustriales para eliminar a los líderes campesinos del Aguán, resultando en la muerte de nueve dirigentes. Y señalaron que la fiscalía no ha investigado adecuadamente estos crímenes.

¿La tierra en manos de quiénes?

En 2022, la empresa Dinant informó a la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) que poseía más de 17 000 hectáreas, incluyendo monocultivos, procesadoras y áreas destinadas a la conservación. Hasta principios de 2023, Dinant también reclamó otras 11 700 hectáreas que, según la compañía, han sido usurpadas por diversos grupos que actúan de manera ilegal, haciendo referencia a los grupos campesinos.

Dinant, propiedad de la familia Facussé Barjum, junto con Inversiones Ceibeñas de Reynaldo Canales, Oleopalmas de Centroamérica de René Morales y Aceydesa son los principales productores de palma aceitera en Honduras. Estas empresas están señaladas por el movimiento campesino como responsables del despojo de tierras en el Valle del Aguán.

En 2006, cuando comenzaron los procesos de recuperación de tierras en el Valle del Aguán, por parte de grupos campesinos desplazados y amenazados, la situación se volvió cada vez más tensa, con un aumento de amenazas y asesinatos. No solo era enfrentarse a los guardias de seguridad de las empresas, sino, a todo el entramado del negocio ilícito que se mueve en la región.

La comunidad de Jaime Cabrera, que originalmente se conocía como El Plantel, experimentó un cambio significativo en 2012. Ese año, tras el asesinato del campesino Gregorio Chávez, realizado por guardias de Dinant en el lote 8 de la finca Panamá, la comunidad decidió tomar posesión de las tierras y llamarse como el campesino asesinado en un acto de resistencia. A pesar de los desalojos intermitentes que han enfrentado, los miembros de la comunidad han regresado continuamente a las tierras. Hoy en día, siguen en ellas, perseverando en su lucha por la recuperación de sus territorios y por justicia.

Sin embargo, otros destacados campesinos han sido asesinados por supuestos guardias de seguridad, entre ellos, Santos Hipólito Rivas y su hijo adolescente, Javier Rivas, campesinos e integrantes de la Empresa Campesina Gregorio Chávez. Este hecho ocurrió el 12 de febrero de 2023. Cabe mencionar que desde el 28 de marzo de 2019, los miembros de este grupo campesino cuentan con medidas de protección colectivas por parte del Mecanismo de Protección, Sin embargo, el Estado de Honduras no ha podido garantizar su seguridad.

José Abel López, vocero comunitario y miembro de la cooperativa campesina Remolino en el Bajo Aguán, fue secuestrado el 30 de enero de 2024 por hombres armados. Según la denuncia de las organizaciones de derechos humanos y territoriales, López fue interceptado mientras viajaba en un vehículo junto con otros miembros de la cooperativa. Los secuestradores lo sacaron a la fuerza y lo subieron a un vehículo rojo, tomando rumbo desconocido hacia el municipio de Saba.

La Plataforma Agraria, la familia de López y la Policía Nacional de la zona realizaron operativos de búsqueda en las fincas de palmas aledañas, ríos y poblados cercanos, sin embargo, hasta la publicación de este artículo se desconoce su paradero. Según la Unidad Departamental de Prevención número dos (UDEP-2), de la Policía Nacional en el departamento de Colón, siguen las investigaciones, pero aún no hay resultados.

Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), ha denunciado la existencia de un plan sistemático de exterminio perpetrado por los guardias de seguridad de Dinant, en confabulación con las fuerzas de seguridad del Estado, contra los campesinos del Aguán que reclaman sus tierras. Banegas expresa su frustración por “la falta de voluntad del gobierno para investigar las violaciones a los derechos humanos, establecer mecanismos adecuados para la reparación de las víctimas y prevenir la repetición de estos hechos violentos”.

Jhony Rivas, la voz de las comunidades campesinas

El 27 de abril de 2024, mientras un grupo de campesinos se dedicaba a medir las tierras de las fincas bajo la Plataforma Agraria, Jhony Rivas accedió a dar una entrevista con Radio Progreso y Mongabay Latam. A pesar de ser una de las voces más destacadas en esta lucha, hablar sobre los atentados que ha sufrido y sobre los compañeros que ha tenido que enterrar le resulta una tarea abrumadora.

Bajo la sombra de una galera, Rivas se quita el sombrero y coloca su machete junto a su bote de agua en el suelo para comenzar la conversación. Está acompañado por uno de sus hijos, quien, a pesar de las amenazas constantes que recibe su padre, insiste en no dejarlo solo. “Prefiero estar solo por las amenazas que enfrento”, comenta Rivas, pero su hijo le recuerda que él está allí para protegerlo y cuidarlo de cualquier amenaza.

Desde hace más de 15 años, Jhony Rivas ha sido uno de los líderes de la Plataforma Agraria en Honduras, pidiendo acceso a la tierra en el Valle del Aguán.

Su historia como campesino comenzó en 1992 cuando, a pesar de que su padre no era socio de ninguna cooperativa, la empresa campesina Los Laureles del Valle del Aguán les ofreció un espacio para cultivar alimentos. Esta experiencia les permitió comprender la importancia crucial del acceso a la tierra. Sin embargo, la cooperativa pronto desapareció y las tierras, que estaban destinadas a la Reforma Agraria, a inicio de los noventa, pasaron a manos de la Corporación Cressida, hoy conocida como Dinant.

Fue en este contexto que Rivas decidió unirse a la lucha por recuperar las tierras. Desde entonces, ha participado activamente en numerosas manifestaciones y diálogos con el gobierno, lo que le ha permitido adquirir un profundo conocimiento de la situación legal y los desafíos relacionados con el acceso a la tierra. “Aunque no soy abogado, me gusta leer y conozco a cabalidad la Constitución de la República que ha sido clave en mi activismo”.

Uno de los momentos más significativos en su trayectoria fue la emblemática manifestación de los “5 000 Machetes” en 2006, donde miles de campesinos se reunieron para reclamar sus derechos, con los machetes como símbolo de su trabajo y resistencia. En 2009, Rivas participó en una asamblea clave para las negociaciones con el gobierno de Manuel Zelaya. Al año siguiente, en 2010, durante las ocupaciones de tierras, asumió la coordinación de la Plataforma Agraria. Desde 2014, ha sido el vocero de la Plataforma, defendiendo los derechos campesinos y participando en procesos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Rivas ha enfrentado numerosas amenazas y persecuciones. En agosto de 2012, fue criminalizado por su participación en una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia, donde se exigió un cese a los procesos de criminalización contra líderes campesinos. En esa misma ocasión, el abogado José Alfredo Trejo también fue criminalizado y, según denuncias de los campesinos, fue asesinado un mes después por las acciones legales que estaba realizando en favor del campesinado.

Trejo se desempeñaba como representante legal del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA), organización que ha luchado por el reconocimiento legal de los derechos territoriales de las comunidades campesinas. En reiteradamente ocasiones denunció los ataques y agresiones que sufrían estos grupos, así como la persistente falta de justicia que dejaba los crímenes impunes.

Jhony Rivas, junto a Jaime Cabrera y otros miembros de la Plataforma Agraria, ha sido víctima de constante persecución, según denuncias, por parte de los empresarios palmeros. Destaca un intento de asesinato en Tegucigalpa, donde un infiltrado estaba coordinando un ataque contra él y Wendy Castro, subcoordinadora de la plataforma.

Pero el hecho que provoca que un nudo apriete su garganta y entre corte su voz ocurrió en marzo de 2013, cuando de Tocoa, Colón, él y otras cuatro personas de la organización se dirigían rumbo a Siguatepeque, Comayagua para participar en una reunión.

“Cuando íbamos en carretera, nos dimos cuenta de que guardias de la empresa Dinant estaban participando en los operativos disfrazados de militares para seguir nuestros pasos. Pasamos por todos los retenes, nos tomaban fotos y los uniformados hablaban por teléfono, como informando de nosotros. Al llegar al retén en San Juan Pueblo, Atlántida, escuchamos claramente a uno de los supuestos militares decir: ‘Son ellos, van en una camioneta azul’. Eso nos puso aún más alertas”, relató Rivas.

Tuvieron que ingresar al hotel Génesis de San Juan Pueblo para dejar la camioneta y continuar su camino en autobús, pero era de noche, ya no había rutas de transporte. Les tocó pasar toda la noche alerta, hasta que pasó el primer autobús a las 3:30 de la mañana.

“De los cinco compañeros que éramos, solo tres abordamos el autobús. Los demás iban a regresar en la camioneta a Tocoa. Mientras salíamos del hotel de forma discreta, llegó un vehículo con cuatro hombres armados que preguntaron por nosotros”, relató Rivas, y explicó que tuvieron que informar al conductor del autobús sobre la situación. El conductor les ofreció apoyo al realizar un viaje directo, sin hacer paradas para abordar más pasajeros.

Además, Jhony Rivas señala que él y sus compañeros han sido objeto de numerosas persecuciones por vehículos desconocidos mientras viajan en carretera. Actualmente, su mayor preocupación es que a su compañero Jaime Cabrera le han asesinado, mediante envenenamiento, a tres perros en su casa. “Usted sabe que esos animalitos nos protegen y hacen ruido cuando sienten una presencia extraña en la casa”, comenta Rivas.

Hace tres años, mientras Jaime Cabrera tenía su motocicleta estacionada, individuos desconocidos le dispararon, lo que provocó un incendio que destruyó tanto la motocicleta como una buena parte de su casa. Esto demuestra que su propiedad, donde vive con su familia, también ha sido objeto de agresiones y amenazas.

La Plataforma Agraria responsabiliza a la Corporación Dinant por el despojo de tierras, la violencia y los daños ambientales graves en el Aguán. Por ello, han presentado denuncias tanto públicas como legales en el Ministerio Público contra Miguel Mauricio de la Soledad Facussé Sáenz, representante legal de la Corporación Dinant y Exportadora del Atlántico, ambas empresas pertenecientes al grupo Dinant.

Mongabay Latam y Radio Progreso solicitaron formalmente una entrevista con Gabriela Carvajal, Gerente de Responsabilidad Social de Dinant, para abordar las denuncias presentadas por la Plataforma Agraria, pero no se obtuvo respuesta de la empresa. Sin embargo, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, respondió indicando que estaba consultando a sus superiores y que, por el momento, no podía comentar sobre las denuncias interpuestas por los campesinos organizados en el Valle del Aguán.

Crímenes recientes

El asesinato del defensor ambiental Juan Antonio López, ocurrido el pasado 14 de septiembre, expone la violencia y la vulnerabilidad que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Honduras, especialmente en el conflictivo Valle del Aguán. López no sólo se oponía a un controvertido megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras, sino que también ejercía como regidor municipal y respaldaba activamente a las organizaciones campesinas en su lucha por recuperar tierras destinadas a la reforma agraria.

“Los mismos que asesinaron a Juan López son quienes han estado acabando con la vida de campesinos en el Aguán”, declaró con firmeza Jhony Rivas durante un emotivo homenaje póstumo al defensor. Rivas fue contundente al señalar a la familia Facussé, asegurando que sus empresas de seguridad están vinculadas a crímenes contra el campesinado y a la muerte de otros defensores, como López y el recordado Carlos Escaleras.

Jhony Rivas también denuncia que el 17 de octubre de 2024, Selvin Noé García Pérez, un joven campesino de 27 años y miembro activo de la Cooperativa Brisas del Aguán, fue asesinado a tiros en Bonito Oriental, Colón. El ataque, perpetrado por hombres armados que se desplazaban en un vehículo sin placas, “pone de manifiesto la creciente violencia que acecha a los campesinos”. Según testigos, el vehículo había estado rondando la zona desde tempranas horas, lo que acentúa el clima de inseguridad y el riesgo constante que enfrentan los líderes comunitarios en su lucha por la tierra y la justicia.

A pesar de las adversidades, líderes como Jaime Cabrera y Jhony Rivas siguen luchando por el derecho a la tierra y exigiendo justicia y reparación para las víctimas del conflicto agrario en Honduras.

*Imagen principal: La Plataforma Agraria agrupa a 42 cooperativas y empresas campesinas que luchan por la recuperación de tierras. Foto: Bufete Estudios para la Dignidad.

*Este texto se realizó como parte de una alianza entre Mongabay Latam y Radio Progreso de Honduras.

Créditos

Thelma gomez Editor/a

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