- El director de la autoridad ambiental autónoma en la región lleva más de un mes desaparecido, luego de que hombres armados se lo llevaron.
- Compañeros e investigadores ambientales destacan las estrategias de conservación y desarrollo que ha impulsado Rincón junto con comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.
- El departamento de Chocó vivió un aumento radical de la violencia contra defensores en 2024.
- La corporación de Codechocó ha creado zonas de aprovechamiento de los recursos naturales, como la minería en pequeña escala, y al mismo tiempo trabaja en la conservación de áreas naturales.
En la región del Chocó, en el noroeste de Colombia, a Arnold Alexander Rincón López se le reconoce como una autoridad ambiental y comunitaria para la defensa del territorio. Desde que hombres armados lo secuestraron el pasado 26 de abril, sus compañeros ven no solo una afectación directa a familiares y amigos, sino también a las comunidades de este departamento de la costa del Pacífico y el Darién colombiano.
Desde 2020, Rincón se ha desempeñado como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó). Es uno de los 33 organismos que hay en Colombia dedicados a la planificación, administración y control de los recursos naturales, así como de la conservación de la biodiversidad de cada región.
En 2024, el departamento del Chocó registró siete asesinatos de personas defensoras, un aumento de 600 % respecto a 2023, de acuerdo con el informe de la organización Somos Defensores.
El estudio advierte que al menos en Quibdó, la capital de Chocó, se vivió una disputa entre bandas criminales que en algún momento participaron en los espacios de negociación de la Política de Paz Total en Colombia.
Ese año, la Defensoría del Pueblo dijo haber respondido solicitudes de intervención ante las crisis humanitarias provocadas por conflictos armados entre grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Somos Defensores registró entre 2021 y 2024 un total de 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 25 fueron asesinatos, por lo que la región es considerada un foco de crisis humanitaria.
Astrid Torres, coordinadora de la organización, advierte que en el Chocó hay un escenario de alto riesgo, principalmente para quienes hacen defensa del territorio, como las comunidades indígenas, afrodescendientes, así como líderes comunitarios y activistas de derechos humanos, quienes fueron los principales objetivos de estos ataques.
“(La violencia) tiene que ver con asuntos ligados a las comunidades, principalmente étnicas, que luchan por la permanencia del territorio contra esa lógica que imponen principalmente los actores armados, pero también empresas legales en los territorios donde hacen extractivismo”, explica a Mongabay Latam.
Para Torres, la situación de riesgo que viven personas defensoras, e incluso las propias autoridades ambientales, tiene una relación con conflictividades socioambientales y una “depredación del territorio”, sin que exista una respuesta de la fuerza pública o las entidades locales.
Pese a este contexto, tanto Escobar como Klinger sostienen que no hay antecedentes que pudieran advertir el secuestro de Rincón o relacionar la agresión con su labor como autoridad ambiental.
“Creo más en la hipótesis de delincuentes que quieren financiarse a través del secuestro porque si fuera por un tema de liderazgo ambiental, hace mucho rato nos hubiera ocurrido algo a nosotros”, afirma el investigador Klinger.
De acuerdo con autoridades de Codechocó, los captores de Rincón no se han comunicado con ningún integrante de la corporación ni con sus familiares para exigir algún pago por la liberación del líder comunitario.
Escobar se une a los llamados que han hecho familiares y autoridades hacia los captores de Rincón para que lo liberen.
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“Exigimos el retorno pronto de nuestro amigo y compañero no solamente al seno de su hogar, sino a liderar estos espacios. Hoy no trabajamos por nosotros, trabajamos por 520 mil personas que merecen desarrollarse y crecer en nuestro territorio”, sostiene.
En la búsqueda de Rincón
El 22 de mayo, con la ausencia de su principal dirigente, la corporación cumplió 57 años de vida como la máxima autoridad ambiental en esta región de Colombia, que trabaja junto con las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas por la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos.
En este reciente aniversario, funcionarios de la corporación aseguraron que no permitirán que “la misión ambiental sea silenciada por la violencia que enfrentan los territorios” y señalaron la necesidad de mecanismos a nivel nacional para proteger a quienes defienden el ambiente y la vida.
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Para Harry Alexander Escobar Mosquera, quien ha sido subdirector de Control Ambiental en Codechocó, el trabajo que ha realizado el dirigente secuestrado es clave en el desarrollo de las comunidades afrodescendientes de la región. “Consideramos que parte del desarrollo de Chocó debe partir de lo ambiental, por eso nuestro compañero y líder [Rincón] es muy importante, porque compartimos una visión de desarrollo conjunta, en el marco del principio de desarrollo sostenible”, dice sobre la gestión del territorio que ha realizado el funcionario durante sus cinco años de mandato.
Escobar sostiene que como autoridades ambientales en la región, los funcionarios de Codechocó son pilares para encontrar el equilibrio entre el desarrollo de las comunidades en el territorio y la conservación de la biodiversidad. “Siempre se cree que el desarrollo sostenible es ver y no tocar. No, ese es el valor agregado del territorio, producir pero garantizando los recursos naturales y mejorar la calidad de vida”, señala el trabajador de Codechocó.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia contempla también la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), áreas naturales destinadas al uso sostenible, la preservación, restauración, conocimiento y disfrute.
Esto permite que sus habitantes —principalmente comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas— puedan extraer madera, agua, realizar actividades turísticas e incluso pequeña minería en ciertos territorios para subsistir.
Entre las medidas impulsadas por Rincón, Escobar destaca las licencias ambientales como una forma de dar sustento a las comunidades marginadas de Chocó, sin descuidar los recursos naturales de la región.
“[Rincón] fue elegido en 2019 como director. Ese año, la corporación tenía solamente tres licencias para comunidades negras e indígenas. Hoy hemos podido otorgar alrededor de 53 licencias ambientales temporales para la actividad minera bajo los principios de desarrollo sostenible”, cuenta su colega a Mongabay Latam.
Para Escobar, la apuesta por canalizar las potencialidades del territorio y trabajar con los consejos comunitarios le ha dado reconocimiento al trabajo de Codechocó y de Rincón. “Trabajamos el aprovechamiento de recursos, pero en otras zonas también trabajamos la conservación. Por eso la corporación tiene una alta aceptación y muy buena imagen en los territorios predominantemente negros”, sostiene.
A más de un mes de la desaparición de Rincón, el trabajador de Codechocó señala que no cuentan con información sobre el caso, lo que sigue generando dolor y consternación en la región. “Más que verlo como el líder que hoy no está, es el amigo, la persona con la que venimos dialogando hace más de 20 años, con el que venimos trasegando, caminando juntos como equipo de trabajo”, sostiene.
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Chocó, la esquina de las Américas
El Chocó es considerado uno de los territorios megadiversos del mundo, con más de 2000 especies endémicas de flora y fauna, así como grandes extensiones de bosques tropicales que son clave para la regulación climática.
Pero más allá de su ubicación estratégica, la población de Chocó ha sido crucial para proteger la cultura y la biodiversidad que ahí habita, destaca William Klinger Brahan, director general del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP).
“La gente de ese territorio, que es la que ha cuidado la naturaleza y la cultura, es la más vulnerable al cambio climático, en indicadores sociales y económicos”, señala el también ingeniero forestal, quien destaca el reto de garantizar mejores condiciones de vida para la población del Chocó.
Al mismo tiempo, la región es una de las más desiguales de Colombia, donde los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) están por encima del promedio del país, pues casi 8 de cada 10 habitantes viven en hogares con algún tipo de carencia en servicios básicos, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Ante este panorama, Escobar destaca la importancia de las licencias mineras en Chocó, pues considera que son instrumentos que permiten empoderar a las comunidades afrodescendientes, que están asentadas en zonas de yacimientos de minerales y con un arraigo por esta actividad.
“Por las condiciones del territorio hay importantes yacimientos de oro, plata, platino y cobre. La actividad minera viene arraigada en nuestras comunidades negras, en lo que somos como territorio”, sostiene el trabajador de Codechocó.
De acuerdo con el trabajador de la corporación, existen acuerdos con las comunidades que realizan la pequeña minería, para que puedan obtener un beneficio económico, pero respetando límites de impacto ambiental. Uno de estos acuerdos es la prohibición de utilizar mercurio en el proceso de extracción.
“Nosotros nos comprometemos a apoyar los procesos de formalización y ellos se comprometen a implementar las medidas ambientales en las zonas donde tienen jurisdicción. Son acuerdos de territorio”, explica Escobar.
El éxito de Rincón
Para el director del IIAP, el trabajo de Rincón como director de Codechocó destaca por encima del de otras corporaciones autónomas por la vinculación que hay con las comunidades de la región.
“Los principales logros de Arnold los encuentro en estrategias de conservación. Ha creado herramientas de manejo sostenible del territorio y ha promovido la bioeconomía como una alternativa para salir de la pobreza al mismo tiempo que la restauración”, dice Klinger a Mongabay Latam.
De acuerdo con Codechocó, se han declarado cinco Distritos Regionales de Manejo Integrado —en coordinación con otras corporaciones y organizaciones civiles— en los municipios de Acandí, Unguía, Nuquí, Bajo Baudó y El Carmen de Atrato.
Aunque en estas zonas buscan un aprovechamiento económico, Escobar sostiene que también tienen como objetivo conservar las condiciones naturales de los ecosistemas costeros del Chocó, como la protección de las zonas de anidación de tortugas, especialmente la caná; la protección de especies, como el manatí en Lago Azul; y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, así como el turismo responsable.
Klinger destaca el papel de Rincón como director de Codechocó para conservar, restaurar y usar sosteniblemente los recursos del territorio, al mismo tiempo que fortalece un vínculo con las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Sin embargo, sostiene que la minería ilegal en el Chocó ha provocado los conflictos socioambientales más fuertes de la región.
“La minería ilegal va rompiendo al tanteo la tierra, si no encuentra aquí busca por otro lado. Ha roto todos esos corredores de conectividad biológica, ha sedimentado los ríos, desviado los cauces, ha contaminado con mercurio”, lamenta el investigador.
Imagen principal: integrantes de la Corporación Autónoma han salido a protestar por el secuestro de su dirigente y exigiendo su liberación inmediata. Foto: cortesía Codechocó
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