- La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos presenta en este artículo para Mongabay Latam su próximo informe, que se presentará este jueves ante el organismo internacional.
- Desde 2020, Lawlor recorre el mundo defendiendo los derechos de los defensores ambientales y esta vez su informe se centra en los defensores climáticos.
- Lawlor, que fundó y dirigió Front Line Defenders (2001-2016) y fue directora de la oficina irlandesa de Amnistía Internacional (1988-2000), ahonda en la criminalización de los defensores que batallan contra el cambio climático.
- Este artículo es una nota de opinión, las opiniones expresadas son del autor y no necesariamente de Mongabay Latam.
Estoy sentada en una silla de plástico en un establecimiento agrícola abandonado, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. A mi alrededor tengo a personas indígenas guaraníes y kaiowá, que se turnan para hablar por un micrófono que se van pasando. En la pared del lugar hay un grafiti que hace referencia a un día de hace dos años, cuando se les disparó desde un helicóptero de la policía militar estatal, en un intento ilegal de desalojarlos.
Durante varios años estas personas han estado construyendo una vida en las tierras donde se ubica el establecimiento, reclamando colectivamente una parte minúscula del territorio que habitaban sus pueblos en el pasado y que les fue arrebatado en las expropiaciones de tierras masivas que tuvieron lugar durante la colonización de Brasil. Lo han estado haciendo a pesar de ataques, matanzas y la amenaza constante de ser desahuciadas violentamente.
Ancianos y jóvenes líderes toman el micrófono. “Mi madre, mi abuela, han estado luchando por estas tierras los últimos 150 años,” me cuenta una mujer joven. “Estamos construyendo un camino para que nuestros hijos puedan tener un futuro,” dice una mujer mayor. Pero también me dicen que las tierras están cambiando. Los cultivos no están haciendo lo que esperaban que hicieran. Es el cambio climático, me dicen. Esto es el cambio climático.
Han pasado cinco años y medio desde que se me nombró Relatora Especial. Los he pasado hablando con personas defensoras de los derechos humanos en todo el mundo, reuniéndome con ellas en persona y en llamadas en línea, escuchando a activistas y a gobiernos, a víctimas de violaciones de derechos humanos y a aquellos que intentan impedirlas. Mi mandato es hacer un seguimiento de la implementación por parte de cada Estado de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos. Artículo 1: toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos. Artículo 12: toda persona tiene derecho a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos. Las personas tienen derecho a defender los derechos humanos. Las personas indígenas tienen derecho a reclamar las tierras que se les robaron, de las que dependen para la continuación de su existencia como pueblos.
Y ahí, sentada en aquel establecimiento, pienso que insistiré en esto cuando viaje de regreso a la capital y me reúna con el Gobierno. Su lucha por su tierra es legítima y corren riesgos terribles por ella. El Estado debe apoyarlas. Pero ¿y lo que me dicen sobre el cambio climático? ¿Qué es de su lucha contra él? ¿Dónde la encajamos en las garantías de la Declaración?
Enciendo mi computadora un martes por la mañana. En mi bandeja de entrada, veo un correo sobre Letzte Generation, una organización alemana que ha estado protestando contra el cambio climático desde 2021. Algunas de sus protestas han sido muy disruptivas –de eso se trata, en parte— pero ninguna de ellas ha sido violenta ni ha causado daños personales; son actos legítimos de desobediencia civil, como las acciones que han avanzado los derechos humanos a lo largo de la historia.
Sin embargo, el grupo está bajo investigación, acusado de ser una organización criminal, un cargo que conlleva hasta cinco años de prisión y que aún se cierne sobre él. Su sitio web –en el que detalla sus principios de no violencia– ha sido cerrado; los apartamentos de sus miembros han sido allanados y sus teléfonos han sido interceptados, todo ello por protestas organizadas únicamente para expresar preocupación por las emisiones de Alemania y su impacto sobre personas de todo el mundo. Me preguntan si puedo intervenir en el caso; si encaja en mi mandato.
Estas son preguntas con las que he estado lidiando mientras preparaba mi último informe para la Asamblea General de la ONU. Estas son algunas de las personas defensoras de derechos humanos con las que he estado hablando; cuyos casos he estado investigando y planteando a gobiernos.
El cambio climático es una crisis de derechos humanos. Si los gobiernos aún necesitan ser convencidos, les insto a que consulten con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su opinión consultiva publicada este año. Y si con esto no bastara, les animo a leer la opinión de la Corte Internacional de Justicia, que se emitió justo después.
Los cambios en la atmósfera, el océano y la biosfera causados por emisiones antropogénicas están menoscabando la protección y la realización de los derechos humanos de personas de todas las regiones del mundo. Esto afecta al derecho a la alimentación, al agua potable limpia, a la salud, al alojamiento, a un entorno y una vida sostenibles, y amenaza especialmente los derechos de las personas que ya están sufriendo mayor discriminación en nuestras sociedades.
Las personas que están protestando, organizándose y abogando por la acción de sus gobiernos para abordar estos efectos, además de sus causas fundamentales, son personas defensoras de los derechos humanos. Esta es la principal conclusión de mi informe.
Estén protestando en calles urbanas o en tierras rurales, denunciando la inacción gubernamental o implementando soluciones, deben beneficiarse de la protección descrita en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos. Es decir, los Estados deben abstenerse de cualquier forma de retaliación contra ellos y asegurar que pueden realizar su trabajo sin miedo a represalias de cualquier tipo.
Muchos gobiernos en todo el mundo dicen apoyar a las personas defensoras de los derechos humanos. La veracidad de esta afirmación podría ser objeto de debate. Pero cuando se trata de activismo climático, hay poca evidencia que respalde estas declaraciones. Los gobiernos deberían estar escuchando a estas personas defensoras de los derechos humanos, pero en lugar de hacerlo, las difaman y tachan de extremistas, criminales o terroristas. Deberían protegerlas, pero en lugar de hacerlo, deslegitiman sus esfuerzos y su mensaje, exponiéndolas a amenazas y ataques físicos, y legislando para proscribir sus tácticas pacíficas.
Existen Estados en los que las personas defensoras están siendo encarceladas por trabajar por una transición justa, una que respete la universalidad de los derechos humanos para todas y todos.
Es y debe ser alarmante para todos nosotros ser testigos del efecto que ya está teniendo el cambio climático, y leer los informes de los científicos que explican lo que ocurrirá si no se actúa.
Podría conseguirse mucho si los gobiernos trabajaran con las personas defensoras de los derechos humanos. Si los Estados continúan optando por el camino de la desestimación y denigración, se malgastará muchísima energía y mucho tiempo, tiempo del que no disponemos. Es un camino que no lleva a ninguna parte.
Hago un llamamiento para que cambien el rumbo. Las opciones que les quedan a los Estados frente al cambio climático son la acción eficaz o la destrucción generalizada. Para ser eficaz, la acción debe respetar los derechos humanos y aquellas personas que los defienden, y debe hacerse de manera global. Trabajar con defensores de los derechos humanos permitiría a los Estados adoptar soluciones reales para reducir las emisiones; podrían construir estrategias de mitigación y resiliencia a nivel comunitario; podrían efectuar una transición hacia medios de producción de energía que sean justos y sostenibles y empoderen a las personas y la realización de los derechos humanos. ¿Quién no está de acuerdo en que esto es lo que hay que hacer? Debe hacerse ahora, antes de que sea demasiado tarde.
*Mary Lawlor es Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Imagen principal: personas marchando en protesta por desapariciones de defensores ambientales en México. Foto: cortesía Luis Antonio Rojas / Global Witness
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