- En esta sección, el autor de "Una tormenta perfecta en la Amazonía" hace un breve recuento de cómo opera la justicia cuando se trata de aplicar las leyes ambientales.
- En el caso de Perú, Ecuador y Bolivia, los códigos civiles y penales incluyen los delitos ambientales; mientras que los demás países han creado códigos específicos que abordan cada tema separado: bosques, agua, contaminación, etc.contaminación
- De hecho, en Brasil, los fiscales han podido usar el derecho civil para generar cambios en las políticas de los gobiernos estatal y federales.
Todos los países panamazónicos cuentan con sistemas jurídicos basados en el Derecho Civil Napoleónico, donde los tribunales se rigen por normas establecidas en códigos legales que describen las infracciones específicas y sus correspondientes sanciones. Cada país posee un código penal, mediante el cual el Estado asume el rol de demandante y procesa penalmente al acusado, así como un código civil que resuelve disputas entre partes, las cuales pueden incluir al Estado como demandante, demandado o como un tercero. También existen códigos especializados con un enfoque particular, conocidos como derecho administrativo, que regulan las funciones de carácter regulatorio del Estado.
Bolivia, Perú y Ecuador han incorporado los delitos ambientales en sus códigos civiles y penales, mientras que los demás países han creado códigos específicos que abordan las infracciones ambientales organizadas por temas como bosques, agua, contaminación, entre otros. En cada caso, los códigos proporcionan una guía para definir la naturaleza de la infracción y la severidad de las sanciones asociadas, que pueden ser instructivas (reparación de daños), monetarias (indemnización) o penales (prisión).
Las acciones administrativas y regulatorias (por ejemplo, las multas) representan la primera línea de aplicación de la ley ambiental. No obstante, en situaciones donde la influencia política prevalece sobre la autoridad regulatoria, o cuando los infractores ignoran abiertamente tanto la ley como al regulador, el derecho civil y penal ofrecen mecanismos para abordar el daño ambiental a través del sistema judicial.
El derecho civil ofrece a ciudadanos, ONG y fiscales numerosas vías para exigir responsabilidades a personas e instituciones, tanto públicas como privadas, por infracciones a la normativa ambiental. En Brasil, los fiscales han utilizado el derecho civil para forzar cambios en las políticas de los gobiernos estatal y federales. En 2012, el Ministerio Público Federal (MPF) obtuvo una orden judicial que suspendió el Plan de Macrozonificación Ecológica-Económica (ZEE) de Mato Grosso, aprobado por la Asamblea Estatal. Los abogados argumentaron que la versión aprobada, que difería sustancialmente del documento técnico elaborado por los funcionarios públicos, era incompatible con el Código Forestal y la Constitución, ya que no reconocía la personería jurídica de catorce territorios indígenas.
En otro caso, en 2010, el MPF demandó al INCRA por la distribución ilegal de tierras en Acre, donde se habían creado áreas de asentamiento sin demarcar las reservas forestales comunales exigidas por el Código Forestal. El incumplimiento de estas regulaciones por parte del INCRA incrementó la deforestación y comprometió la situación jurídica de las tierras de los colonos. El tribunal ordenó al INCRA revisar su programa de asentamiento e iniciar las solicitudes de licencia ambiental en un plazo de sesenta días, bajo pena de una multa de 200.000 reales por cada caso de incumplimiento.
El derecho penal lleva la acción judicial un paso más allá, aunque generalmente requiere la intervención de un fiscal y se limita a personas físicas, dado que la conducta delictiva suele tipificarse como acto personal. Es un componente crucial en la lucha contra la deforestación, ya que establece sanciones penales para los delitos ambientales. La Ley de Delitos Ambientales (Ley n.º 9.605/1998) establece el marco legal para sancionar a quienes participan en actividades como tala, quema y desmonte no autorizados. Esta legislación tipifica diversas formas de deforestación y degradación ambiental como delitos sujetos a sanciones, que incluyen la confiscación de bienes utilizados en actividades ilegales y penas de prisión.
Imagen destacada: Sancionar las malas prácticas ambientales que ocasionan los incendios es una de las tareas pendientes en Bolivia. Foto: Cejis.
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