En Guatemala, 2025 fue un año particularmente violento para las personas defensoras de derechos humanos: se registraron 5238 agresiones, casi un 27 % más que el año anterior, de acuerdo con el informe “Comunidades que resisten: Criminalización, estigmatización y asesinato”, elaborado por la Unidad de Protección a Defensoras y Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
De acuerdo con la organización, el 96 % de las agresiones ocurrieron en el ámbito digital, donde el discurso de odio, la desinformación y el hostigamiento, sostiene, siguen siendo prácticas predominantes.
El informe identificó 12 asesinatos —más ocho intentos de homicidios— de los cuales nueve eran defensores del territorio y medio ambiente. Entre los casos está el de Marco Zuleta, bombero forestal y defensor de la Reserva Sierra de las Minas, quien tras recibir amenazas fue asesinado después de denunciar irregularidades en la explotación de recursos del área protegida.
También figura el de Misael Mata Asencio, quien participó en protestas y verificación de actividad minera en Sierra Santa Cruz, área de protección especial que en 2025 logró echar atrás licencias ambientales por presuntas irregularidades en su otorgamiento.
Pese a que hubo una reducción en los casos fatales, respecto a 2024, donde se documentaron 28 asesinatos, Udefegua advierte que las condiciones de riesgo para esta población continuaron.
“En 2025 persistieron factores de riesgo de fondo —impunidad, criminalización, captura institucional del sistema de justicia y conflictividad territorial— que continúan debilitando la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos”, señala el documento.
La organización señala que las condiciones que mantienen la violencia estructural están los pocos avances en los Acuerdos de Paz, lo que ha contribuido a aumentar los conflictos agrarios; la expansión de megaproyectos sin procesos de consulta previa libre e informada con las comunidades; así como el crecimiento de monocultivos históricamente “vinculados a estructuras oligárquicas”.
Pese a ser el segundo año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, impulsado por movimientos indígenas de Guatemala, el informe destaca el aumento de la violencia generalizada no solo contra defensores, sino también contra organizaciones y comunidades enteras.
“La persistente cooptación del sistema de justicia ha generado un aumento en los casos de criminalización y ha devenido en la impunidad de la investigación de agresiones que se cometen contra personas defensoras”, señala Udefegua ante los procesos de criminalización de liderazgos indígenas.
Mongabay Latam ha dado seguimiento a la violencia digital que enfrentan las personas defensoras mediante campañas de desinformación; a detenciones y sentencias en medio de una crisis política; así como casos de asesinatos de quienes se oponían a megaproyectos mineros en regiones del país.
*Imagen principal: una cruz ante la ciudad de Cobán, en el departamento guatemalteco de Alto Verapaz. Foto: cortesía Toby Hill/Global Witness
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