Los ministros del gabinete guatemalteco de Medioambiente, Interior y Energía y Minas dimitieron el 21 de mayo en medio de escándalos de corrupción y protestas masivas.
Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la minería, energía y otros contratos y permisos de proyectos medioambientales han vuelto al punto de mira. Los proyectos de minería y energía en el país se han enfrentado a una intensa resistencia por parte de la comunidad, que a menudo ha sido el objetivo de medidas severas por parte de los cuerpos de seguridad del estado y de empresas privadas.
Cinco funcionarios del gobierno estaban en el patíbulo el 21 de mayo: Michelle Martínez, Ministra de Ambiente y Recursos Naturales; Edwin Rodas, Ministro de Energía y Minas; Mauricio López Bonilla, Ministro del Interior; Ulises Anzueto, Secretario de Inteligencia Estratégica y Edy Juárez Prera, Vice Ministro de Seguridad.
“Estoy haciendo los cambios que considero necesarios,” dijo el Presidente Otto Pérez Molina en una conferencia de prensa el 21 de mayo, indicando que había pedido la dimisión a los ministros del gabinete hacía dos semanas. “El gobierno no se está hundiendo,” dijo, refutando las afirmaciones de sus oponentes.
El Ministro de Energía y Minas anterior, Erick Archila, había dimitido el 15 de mayo, pero su sucesor, Rodas, no duró ni una semana. Varios ministros del gabinete incluyendo Archila y Martínez ya habían sido el objetivo de varios procesos en los tribunales y el congreso para despojarlos de su inmunidad judicial a causa de las denuncias por corrupción. Sus oficinas les entregaron la inmunidad automáticamente. Ahora tanto ellos como otros que abandonaron sus puestos están a disposición de posibles acusaciones.
Los cambios del gabinete provienen de los hechos que comenzaron el 16 de abril cuando fiscales guatemaltecos y la Comisión Internacional de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acabaron con una red criminal que defraudó al estado aproximadamente unos 120 millones de dólares en recaudación aduanera dentro de la Oficina de Impuestos Nacional. El 20 de mayo, los fiscales desvelaron otro caso de corrupción multimillonario dentro del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social (IGSS).
Más de tres docenas de personas fueron arrestadas, entre ellos se encontraban el presidente del banco central de Guatemala, el Banco de Guatemala, el actual y los antiguos representantes de la Oficina de Impuestos Nacional, el presidente del comité de dirección del IGSS, otros funcionarios del gobierno y abogados importantes. Cuatro jueces están bajo investigación y puede que se enfrenten a procedimientos formales para quitarles su inmunidad oficial.
Las denuncias por corrupción van a lo más profundo de los círculos del poder. El cabecilla sospechoso de la red fraudulenta de impuestos, ahora fugitivo, era el secretario personal de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Aunque Baldetti no está acusada formalmente de estar involucrada, dimitió el 8 de mayo y el 14 de mayo un nuevo vicepresidente realizó su juramento. Uno de los funcionarios en medio del escándalo de la seguridad social era el secretario personal del propio Presidente Pérez Molina antes de que el presidente le nombrara responsable del comité del IGSS.
La indignación pública contra el gobierno por los escándalos de corrupción ha dado lugar a un movimiento popular por la descentralización. Las manifestaciones y protestas que piden la dimisión de Pérez Molina van en aumento. Aproximadamente 60.000 personas participaron en una protesta en la Ciudad de Guatemala el 16 de mayo y miles más salieron a la calle en ciudades y pueblos de todo el país.
Feliciana Cobo abandonó su casa a medianoche para llegar a tiempo a una manifestación y las protestas del 20 de mayo. Miles de indígenas y granjeros viajaron de todos los rincones del país a la capital para exigir la renuncia del presidente y expresar un conjunto de peticiones, incluyendo la nacionalización de la energía eléctrica y la interrupción de operaciones mineras en el país.
“Venimos a protestar contra Otto Pérez Molina porque hay mucha corrupción”, dice Cobo a mongabay.com en la plaza central de la Ciudad de Guatemala, al finalizar las protestas.
Tal y como indicaba el dibujo y color de su falda tejida en su tradicional rojo oscuro, Cobo venía de Nabaj, en la región maya Ixil del departamento Quiché de Guatemala. El triángulo Ixil es una de las regiones donde la comisión de la verdad de las Naciones Unidas concluyó que las fuerzas armadas del estado cometieron actos de genocidio contra civiles mayas durante los 36 años de conflictos armados internos que finalizaron en 1996.
Entre cucharadas de virutas de helado de naranja, Cobo explicó cómo se sentía por las últimas noticias sobre los millones de dólares robados por funcionarios del gobierno. “Nos entristece. Me duele porque todo es caro y nuestros hijos están estudiando”, dice. “La electricidad es muy cara”.
La privatización de la energía y la construcción de líneas de transmisión de alto voltaje y los pantanos hidroeléctricos en medio de poblaciones rurales han provocado conflictos por todo el país durante años. Las protestas de la comunidad son a menudo controladas por la fuerza y por los militares.
El 28 de abril, se envió un gran contingente policial a la región de Ixil para desalojar un bloqueo de la carretera realizado por residentes afectados por la construcción de la presa hidroeléctrica Xacbal Delta, según los noticiarios. Los arrestos de tres personas del lugar provocaron más bloqueos y protestas. La situación se tranquilizó cuando las autoridades tradicionales locales de Ixil negociaron la liberación de los detenidos, pero no fue antes de que llegaran los soldados o rociaran gases lacrimógenos sobre los manifestantes y las casas de la ciudad de Chajul.
Otro embalse hidroeléctrico es objeto de uno de los presuntos casos de corrupción dentro del Ministerio de Energía y Minas. Archila, el ministro que dimitió el 15 de mayo, ha estado bajo investigación por la Controlaría General de Cuentas sobre presuntas irregularidades en contratos de energía y sobreprecio. La aprobación de un contrato por el estudio de viabilidad del embalse Xalalá en el departamento de Quiché ha estado bajo examen desde el año pasado.
Una licencia de exploración minera concedida a Minera San Rafael, subsidiaria de la compañía minera canadiense Tahoe Resources, también ha sido puesta en duda en la evaluación medioambiental para el proyecto de exploración. El Centro para la Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) llevó el asunto a los tribunales y ganó una suspensión temporal de la licencia de exploración de Juan Bosco. CALAS llevó un caso aparte contra funcionarios del Ministerio de Ambiente a un tribunal administrativo que está examinando la aprobación de la evaluación sobre el impacto ambiental que apoya la licencia.
Marta Carrera vive en San Juan Bosco en el departamento de Santa Rosa. Es una de las comunidades situadas en las 23 millas cuadradas de la licencia de exploración minera Juan Bosco.
“Nunca se nos preguntó”, dice Carrera a mongabay.com. Miembro del Comité de las Comunidades en Defensa de la Vida y la Paz, ha estado activamente involucrada en la oposición local contra la mina activa propiedad de Tahoe Resources, la mina de plata Escobal a apenas 8 millas de su casa. “Nos hemos pronunciado y hemos organizado protestas pacíficas,” dice.
El personal de seguridad de la compañía minera San Rafael abrió fuego contra los manifestantes el 27 de abril de 2013 e hirió a varias personas. El incidente y la consiguiente presencia masiva de la policía provocó enfrentamientos y el 2 de mayo de 2013, el gobierno declaró estado de sitio en tres municipios, con lo que militarizó la región y negó libertades y derechos básicos. Los líderes de la comunidad fueron objeto de allanamientos y cargos criminales, según las organizaciones de derechos humanos. El propio hermano de Carrera, presidente de una Asamblea de Desarrollo de la Comunidad, estuvo siete meses detenido antes de que retiraran todos los cargos contra él.
Una de los jueces que preside algunas de las docenas de casos criminales contra líderes y organizadores de la comunidad durante el estado de sitio, Carol Patricia Flores, está bajo investigación por estar posiblemente involucrada en el escándalo de la Oficina de Impuestos Nacional.
Sin embargo, aparte de la licencia de exploración de Juan Bosco, el escándalo más importante que afecta al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se refiere a la limpieza del Lago Amatitlán, al sur de la Ciudad de Guatemala. El derrocado ministro Martínez apoyó un contrato de 18 millones de dólares de M. Tarcic Engineering Ltd. para parar e invertir la polución del lago usando un líquido inespecífico en el proceso.
Los análisis realizados por el Ministerio de Salud y la Oficina del Fiscal Especial para el Ambiente concluyeron que entre el 97 y 98 por ciento de los ingredientes del líquido no son nada más que agua y sal, según el periódico guatemalteco Prensa Libre reported. La Oficina del Fiscal General está solicitando a la compañía de ingeniería la devolución de los tres millones de dólares que ya ha recibido.
Justo cuando la atención del escándalo de la recaudación aduanera hacía resurgir la actividad de distintas investigaciones en otras delegaciones funcionarias judiciales y ejecutivas, los manifestantes se movilizaron más allá de las demandas iniciales pidiendo la dimisión de la Vicepresidente Baldetti y el Presidente Pérez Molina. Al tiempo que el movimiento ciudadano contra la corrupción continúa, las demandas de sus participantes se han extendido para incluir justicia en temas ambientales y un cambio sistemático.
La manifestación del 20 de mayo es un ejemplo de ello. Los organizadores del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) piden un “proceso de asamblea constitucional popular y plurinacional” con una amplia representación de las comunidades indígenas y otros sectores marginados para establecer una nueva constitución y transformar el estado. Los manifestantes de todo el país piden la nacionalización de la energía eléctrica, libertad para los presos políticos, soluciones a los conflictos agrarios y la detención de la minería.
“Durante las últimas administraciones y especialmente durante este gobierno militar, las industrias de extracción de cultivos monoculturales, mineras, de petróleo e hidroeléctricas han invadido y expoliado con impunidad los territorios de la gente, con el consentimiento de los sucesivos gobiernos,” dice un comunicado del 8 de mayo según CODECA y dos coaliciones de grupos por los derechos de la tierra, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Campesinos (CNOC) y la Unión Verapaz de Organizaciones de Campesinos (UVOC).
Las organizaciones también denuncian la penalización de los líderes comunitarios. “La respuesta a los informes que organizaciones sociales han estado haciendo ha sido asesinatos, persecuciones y prisión,” prosigue el comunicado.
Los recientes arrestos y las dimisiones de altos funcionarios no han aplacado a los manifestantes. Por ahora, la demanda general es la dimisión de Pérez Molina ya. Carlos Orozco viajó durante más de 100 millas desde su casa en Totonicapán hasta la Ciudad de Guatemala para unir su voz al creciente clamor por la dimisión del presidente.
“El Presidente es corrupto,” dice Orozco a mongabay en la manifestación del 20 de mayo. “Lo que queremos es que dimita”.
El 21 de mayo, Pérez Molina repitió que sus planes eran completar su legislatura que termina en enero del 2016. Las elecciones generales están previstas para el 6 de septiembre.
Aunque los movimientos comunitarios en las calles continúen reuniendo el momento y la visión de consolidación que Guatemala quiere, parece incrementar la sensación de que incluso si Pérez Molina dimitiera, las movilizaciones por la justicia y el cambio sistemático continuarían.
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