- La muerte de Lesbia Urquía en Honduras se da luego de 4 meses y 4 días de la muerte de la reconocida activista indígena Berta Cáceres.
- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) responsabiliza al Gobierno de la muerte de Urquía.
- Los autoridades aún no condenan a los responsables de las muertes de Berta, Lesbia y Nilce.
- En el 2015 fueron asesinados 122 dirigentes ambientalistas en América Latina.
Infierno. Esta es la palabra que describe la situación que están pasando los activistas ambientales de América Latina, lo demuestran las más de 100 muertes que hubo durante el 2015, según Global Witness, y que se podrían repetir al finalizar el 2016. En Honduras el pasado 6 de julio asesinaron de un golpe en la cabeza a la activista ambiental Lesbia Yaneth Urquía Urquía de 49 años; mientras que en Brasil se halló el cadáver de Nilce de Souza Magalhães, activista comunitaria que se oponía al funcionamiento de la hidroeléctrica de Jirau ubicada en la ciudad de Porto Velho al norte de Brasil.
«Las crecientes cifras de asesinatos de defensoras y defensores ambientales en América Latina son alarmantes. Los Estados deben garantizar un entorno propicio para que estas personas realicen su labor de protección de la naturaleza. Deben además investigar y sancionar efectivamente estos hechos. Las muertes de las personas que valientemente defienden el ambiente no pueden quedar impunes», dice la abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), María José Veramendi.
Pero, ¿quiénes eran estas dos activistas que se suman a la numerosa lista de dirigentes y líderes indígenas que entregan su vida en defensa del medio ambiente y sobre todo de sus territorios?
Lesbia Urquía: compañera de Berta Cáceres
Solo pasaron cuatro meses de la muerte de Berta Cáceres para que una nueva lideresa ambiental aparezca asesinada. Esta vez fue Lesbia Urquía, quien también formaba parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). En el caso de Urquía, se enfrentó a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de La Paz.
El cuerpo de Urquía, quien era madre de tres menores de edad, fue encontrado en un basurero a 100 km de la capital, Tegucigalpa. Según las primeras versiones oficiales, la lideresa ambiental presentaba laceraciones en el cráneo que podrían haber sido causadas por un machete. Lo último que se supo de ella fue que un día antes salió en bicicleta de su comunidad.
“Responsabilizamos directamente por este asesinato al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza”, expresó en un comunicado oficial el Copinh, a raíz de la muerte de Urquía.
Todo indica que la acusación del Copinh no es exagerada. En un reciente reporte del medio inglés The Guardian, un exmilitar hondureño contó que Berta Cáceres fue asesinada por el Estado debido a que su nombre aparecía en una lista de personas que debían desaparecer. Respecto al juicio del recordado asesinato de la lideresa lenca, aún no hay condenados, pese a haber pasado cuatro meses desde su muerte.
“Se han detenido algunos sospechosos, pero las investigaciones continúan, aún no se tienen resultados, la familia de Berta Cáceres no confía en el sistema de justicia hondureño y están pidiendo apoyo de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explica a Mongabay la abogada Veramendi. Sin embargo, esto se complica porque la CIDH se encuentra en crisis financiera y además se necesita la autorización del Gobierno de Honduras para que sea factible la instalación de una comisión independiente.
“Nicinha”, la luchadora del Brasil
Así llamban sus amigos a Nilce de Souza Magalhães, activista comunitaria del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) del Estado de Rondônia del Brasil, que trabajaba incansablemente para que se respeten los derechos de las comunidades y pueblos indígenas en la Amazonía brasileña. Nilce denunció las prácticas ambientales de las hidroeléctricas y las prácticas de pesca depredadoras.
De Souza Magalhães desapareció en enero de este año y su cuerpo recién fue encontrado el pasado 21 de junio, en el mismo lago que había construido la hidroléctrica Jirau, operada por el consorcio Energia Sustentável do Brasil (ESBR). Según International Network for Economic, Social and Cultural Rights (RED-Desc), su muerte podría haberse evitado de haber recibido protección del Gobierno.
“Nicinha” estaba comprometida con la lucha ambiental. Por eso, aunque su familia tuvo que dejarla, ella continuó defendiendo el derecho al territorio de su comunidad. “La lucha de Nilce –nuestra lucha— será sostenida por el poder de la inmensa solidaridad y una arraigada convicción de que el cambio sistémico es posible y necesario y que, de hecho, comenzó con nuestras demandas comunes de derechos humanos y justicia social”, manifestó en un comunicado RED-Desc.
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