- La creación de una nueva categoría de miembros para los grupos indígenas no fue la única resolución aprobada por los miembros de la UICN que atrajo grandes alabanzas por parte de los líderes indígenas.
- Los miembros de la organización aprobaron la Moción 26 que pide que las empresas “respeten todas la categorías de espacios protegidos como zonas prohibidas para actividades industriales nocivas para el medio ambiente” y destaca la necesidad de respetar el derecho de las poblaciones indígenas a un consentimiento libre, previo e informado.
- Los miembros de la UICN también votaron aprobar la Moción 48, que alienta a los gobiernos, el sector privado y las instituciones financieras internacionales a evitar la pérdida y la degradación de los bosques primarios y a “involucrar y apoyar, de manera significativa, a las poblaciones indígenas y las comunidades locales en sus esfuerzos por conservar los bosques primarios, incluidos los parajes de bosques intactos”.
- Un informe publicado en julio por Victoria Tauli-Corpuz, la Relatora Especial sobre los derechos de las poblaciones indígenas, ayuda a mostrar por qué las mociones para tratar los espacios protegidos como “zonas prohibidas” para la actividad industrial y para proteger los bosques primarios, además del voto para dar a las poblaciones indígenas igualdad de condiciones dentro de la UICN, poseen un gran potencial para impulsar los esfuerzos de conservación en el futuro.
La Asamblea de los Miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) votó el viernes 9 de setiembre crear una nueva categoría de miembros para las organizaciones de las poblaciones indígenas.
Entre los miembros de la UICN se cuentan 217 agencias gubernamentales y más de 1000 organizaciones de la sociedad civil de más de 160 países, así como más de 15 000 expertos voluntarios en 185 países. La Asamblea de los Miembros es el más alto órgano decisorio de la UICN.
La Directora General de la UICN, Inger Andersen, dijo que la decisión de crear un lugar específico para las poblaciones indígenas en el proceso de la toma de decisiones de la organización, alcanzado durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la organización en Hawái, no solo reforzaría la presencia y el papel de la organizaciones indígenas en la UICN sino que también ayudaría a alcanzar el uso equitativo y sostenible de los recursos naturales.
El Congreso Mundial de la Naturaleza se realiza cada cuatro años, reúne a líderes de la conservación y gubernamentales para trazar el futuro de la protección ambiental.
“Las poblaciones indígenas son los guardianes clave de la biodiversidad del mundo”, dijo Anderson en un comunicado. “Dándoles este oportunidad crucial para de ser escuchados en el escenario internacional, hemos hecho nuestra Unión más fuerte, más inclusiva y más democrática”.
Aroha Te Pareake Mead, que preside la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la UICN, apuntó que esta era la primera vez en la historia de la UICN que una nueva categoría de miembros había sido creada y añadió que proporcionaría una oportunidad a las poblaciones indígenas para contribuir a la política global en la conservación biocultural, los asuntos indígenas, los conocimientos tradicionales y la orientación futura de la conservación.
“Estoy orgullosa de la UICN y sus miembros por hacer lo correcto y permitir a las poblaciones indígenas hablar por ellos mismos como miembros de pleno derecho de la Unión”, dijo Mead.
La creación de una nueva categoría para los grupos indígenas no fue la única resolución aprobada por los miembros de la UICN que atrajo grandes alabanzas por parte de los líderes indígenas. Los delegados al Congreso votaron sobre numerosas mociones que ayudan a guiar a los legisladores sobre la conservación por todo el mundo.
Por ejemplo, el día 9, los miembros de la organización aprobaron la Moción 26, que pide que los negocios “respeten todas la categorías de espacios protegidos como zonas prohibidas para actividades industriales y el desarrollo de infraestructuras nocivas para el medio ambiente, retirarse de esas actividades en estas zonas y no llevar a cabo en el futuro actividades en espacios protegidos”. La resolución destaca la necesidad de respetar el derecho de las poblaciones indígenas a un consentimiento libre, previo e informado, sobre todo cuando se refiere a actividades en lugares naturales sagrados y territorios conservados por poblaciones indígenas y comunidades locales.
En un artículo de opinión, aquí, en Mongabay sobre sus experiencias en el Congreso de la Conservación de la UICN, Aura Tegría, consejera legal de la Asociación U’wa de Colombia, escribió sobre el mensaje que transmitió a los miembros de la UICN: “En general, se ha dicho muy poco sobre cómo, el establecimiento de espacios protegidos naturales, puede violar o perjudicar nuestros derechos territoriales y colectivos. Por lo tanto, aprovechamos la oportunidad para enfatizar la importancia de reconocer y respetar nuestros derechos y, además, nuestros territorios de vida sagrados”.
Patricia Gualinga, coordinadora de relaciones internacionales para la comunidad indígena Kichwa de Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana, dijo en un comunicado que “Nosotros, las poblaciones indígenas que promovemos el Kawsak Sacha (Bosque Viviente), somos optimistas después de la aprobación de la UICN de la Moción 26. Esta nos ayudará a seguir avanzando y luchar para verlo implementado desde nuestra perspectiva como guardianes territoriales”.
Durante el fin de semana, al ir aproximándose el final del Congreso de Conservación de la UICN, sus miembros también votaron aprobar la Moción 48, que alienta a los gobiernos, el sector privado y las instituciones financieras internacionales a evitar la pérdida y la degradación de los bosques primarios y a “involucrar y apoyar, de manera significativa, a las poblaciones indígenas y las comunidades locales en sus esfuerzos para conservar los bosques primarios, incluidos los parajes de bosques intactos”. Los bosques primarios y los parajes de bosques intactos juegan un papel crucial en mantener la biodiversidad y proteger las culturas indígenas así como los medios de vida de las comunidades pobres y marginadas.
La conservación y los derechos de los indígenas
Un informe publicado en julio por Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de las poblaciones indígenas, ayuda a mostrar por qué las mociones para tratar los espacios protegidos como “zonas prohibidas” para la actividad industrial y para proteger los bosques primarios, además del voto para dar a las poblaciones indígenas igualdad de condiciones dentro de la UICN, poseen un gran potencial para impulsar los esfuerzos de conservación en el futuro.
Según el informe, el impacto que iniciativas conservacionistas como los espacios protegidos han tenido en las poblaciones indígenas han sido un “asunto constante y recurrente” desde 2001, cuando el cometido de la Relatora Especial sobre los derechos de las poblaciones indígenas fue establecido por primera vez.
Los espacios protegidos casi se duplicaron entre 1980 y 2000, de 8,7 millones de kilómetros cuadrados (unos 2,1 miles de millones de acres) a 16,1 millones de kilómetros cuadrados (cerca de 4 mil millones de acres) y hay un significante solapamiento entre las zonas destinadas para la conservación y la tierras originales de las poblaciones indígenas porque estas últimas a menudo tienen altos niveles de biodiversidad, según el informe.
“Los espacios protegidos tienen el potencial de salvaguardar la biodiversidad para el beneficio de toda la humanidad; sin embargo, estos también han sido asociados con violaciones de los derechos humanos”, escribió Tauli-Corpuz en el informe.
El informe enumera un número de violaciones de derechos humanos a las que se han enfrentado las comunidades indígenas por todo el mundo como resultado de las medidas conservacionistas, incluidas la expropiación de tierra, el desplazamiento forzoso, la denegación del autogobierno, la falta de acceso a los medios de vida, la pérdida de lugares culturales y espirituales, el no reconocimiento de sus propias autoridades y la denegación del acceso a la justicia y la reparación.
Los territorios indígenas tradicionales abarcan hacia el 22 por ciento de la superficie terrestre del planeta y coinciden con áreas que contienen el 80 por ciento de la biodiversidad de la Tierra. El informe apunta que, según algunas estimaciones, el 50 por ciento de los espacios protegidos en todo el mundo fueron establecidos en tierras tradicionalmente ocupadas y usadas por poblaciones indígenas. Esta proporción es más alta en el continente americano, informa Tauli-Corpuz, podría exceder el 90 por ciento de América Central. Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y los Estados Unidos tienen altos porcentajes de espacios protegidos que están situados sobre dominios ancestrales de las poblaciones indígenas.
El solapamiento también es significativo en Australia y Nueva Zelanda, mientras que la mayor parte de los espacios protegidos en India, Nepal y la Filipinas también incluyen los territorios de las poblaciones indígenas. Entre los países africanos, Botsuana, Camerún, Kenia, Namibia, Suráfrica y la República Unida de Tanzania tienen grandes partes de los espacios protegidos que están situados en los dominios ancestrales de las poblaciones indígenas.
“Durante más de un siglo, la conservación fue llevada a cabo con la finalidad de desalojar los espacios protegidos de toda presencia humana, lo que llevó a la destrucción cultural y al desplazamiento a gran escala de poblaciones indígenas de sus tierras ancestrales en el nombre de la conservación”, escribe Tauli-Corpuz. “Pasadas medidas conservacionistas provocaron complejas y múltiples violaciones de los derechos humanos colectivos e individuales de las poblaciones indígenas”.
Aunque el informe de Tauli-Corpuz se centró en los espacios protegidos, tuvo mucho cuidado en apuntar que eso “no pretendía disminuir la responsabilidad de los factores clave que causan el desplazamiento de las poblaciones indígenas de sus tierras y las violaciones generales de sus derechos a tierras y territorios”, que ella identifica que son las operaciones de las industrias extractivas, la expansión de la agroindustria y el desarrollo de los megaproyectos de infraestructuras como las grandes presas hidroeléctricas.
“Desde la perspectiva de la conservación, la pérdida de la custodia de las poblaciones indígenas y la colocación de sus tierras bajo el control de autoridades gubernamentales que a menudo han carecido de la capacidad y la voluntad política para proteger las tierras eficazmente, han dejado a este tipo de espacios expuestos al asentamiento destructivo, las industrias extractivas, la tala ilegal, la expansión de la agroindustria y el desarrollo de infraestructuras a gran escala”, escribe Tauli-Corpuz.
“Incluso cuando las políticas nacionales y las leyes requieren una protección estricta de los espacios protegidos, en muchos países las agencias estatales todavía han autorizado minas, la extracción de petróleo y gas, la tala de árboles, presas y embalses, autovías y otros proyectos en conflicto directo con los objetivos de la conservación”.
La esperanza es que al dar un asiento en la mesa de la UICN a las organizaciones indígenas junto a gobiernos y otros legisladores clave en la conservación, este tipo de conflictos serán cada vez menos frecuentes en el futuro.
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