- Son 145 conflictos ambientales activos en todo el Perú. Las regiones más afectadas son Apurímac, Áncash y Puno.
- Los principales conflictos son producto de actividades mineras, de hidrocarburos y de energía.
- “La mayoría de las veces, el detonante es por no haberse respetado la consulta previa a comunidades nativas o campesinas”, dice el procurador adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.
En el Perú se registraron durante el mes de setiembre 207 conflictos sociales. De ese total, 145 ─el 70 %─ son de carácter ambiental, de acuerdo al reporte N 151 de la Defensoría del Pueblo. Las principales regiones afectadas por los conflictos socioambientales son Apurímac, Áncash y Puno.
“Un conflicto socioambiental es un enfrentamiento entre un sector de la población contra las fuerzas policiales o militares por estar en contra del desarrollo de una actividad productiva. Es un proceso complejo donde, en la mayoría de las veces, el detonante es por no haberse respetado la consulta previa a comunidades nativas o campesinas, ahí la protección del medio ambiente es la prioridad. A veces los conflictos se originan porque acuerdos previos entre las empresas extractivas y la población no se cumplieron”, dice a Mongabay Latam Porfirio Barnechea, procurador adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.
Barrenechea señala que el principal sector en la lista de conflictos es el minero, con 91 casos (62,8 % del total). La mayoría de regiones que presentan conflictos socioambientales son de la sierra, donde abundan los minerales. “Apurímac es la región con más conflictos porque hay numerosas mineras, como Las Bambas, que se han encontrado con una población en contra de sus proyectos”, agrega.
El reporte N 151 agrega que el segundo sector con más conflictos es el de los hidrocarburos con 25 casos (17,2 %). Luego sigue el energético (hidroeléctricas u otros) con 13 conflictos (9 % del total). Después continúan otros sectores en menor cantidad como el sector forestal tiene cuatro casos a nivel nacional, el agrícola, de manufactura, entre otros.
“Lo que demuestra esta cifra es que se mantiene el alejamiento histórico del Estado de la población. Se debe abogar por el diálogo siempre y respetando el derecho a la consulta de la gente, sean indígenas o campesinos. Ahora, es cierto que hay un Gobierno entrante, esperemos que tengan la voluntad de diálogo y logren acuerdos de forma pacífica”, dice a Mongabay Latam el exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave.
Conflictos resaltantes
Entre los conflictos con mayor repercusión en el mes de setiembre está el del día 21 en el Bosque de Protección Alto Mayo en la región amazónica de San Martín. El área protegida creada mediante Resolución Suprema Nº0293-87-AG/DGFF en 1987 es afectada por la pequeña agricultura de familias migrantes de la sierra que se encuentran en contra de la protección total del bosque. El conflicto se dio entre la gente del centro poblado El Afluente y un grupo de policías. La población no desea que el bosque continúe siendo un área protegida porque consideran que este tipo de área les restringe el acceso a los recursos naturales como el agua, la madera y espacios para cultivos.
“Suponen que la protección del bosque les restringirá el acceso a recursos naturales. El área protegida es fuente de agua para todo el valle de Alto Mayo donde viven más de 2 500 personas, se le debe de conservar. En medio del conflicto que mencionas dos fiscales, un asistente fiscal, doce guardaparques y dieciséis policías fueron agredidos por las rondas campesinas, pero al final todo se logró solucionar. Pero este tipo de problemas no solo sucedieron durante setiembre, siempre pasan, falta mayor diálogo y compromisos con la población”, dice Gustavo Montoya, jefe del Bosque de Protección de Alto Mayo.
Otro conflicto que nació en setiembre fue el que tiene como escenario a los pobladores de Saramurillo donde un grupo de personas de 100 comunidades nativas de Loreto se dirigió al poblado de San Pedro de Saramuro, donde inicia el Oleoducto Nor Peruano, y ha bloqueado el pase de todo tipo de embarcaciones, y en especial, de la empresa petrolera Petroperú que transporta el crudo para generar energía a ciudades grandes de la Amazonía como Iquitos. La protesta lleva más de 40 días.
“Nuestro principal reclamo es la total remediación de los cientos de lugares contaminados por la explotación petrolera de más de 40 años en la Amazonía peruana. Además queremos que nuestra población tenga acceso a agua potable, nosotros estamos consumiendo agua contaminada, además que no tenemos centros médicos ni escuelas”, dijo a Mongabay Latam el dirigente indígena José Fachín.
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros (ONDS-PCM) ha logrado que los manifestantes den cinco días de tregua y dejen pasar a los botes que transportan personas. El paso de embarcaciones con crudo seguirá bloqueado.
“Lo curioso de este caso es que nosotros ya lo habíamos reportado en agosto en nuestros informes de conflictos sociales, pero el Gobierno no lo previno. De la misma forma está pasando en Espinar, Cusco, donde la población ha anunciado un paro indefinido por la actividad minera y los pasivos en el lugar. Esperemos que el Estado actúe prontamente para prevenir más conflictos ambientales”, finaliza Barrenechea.
Son 25 casos latentes que podrían convertirse en conflictos a nivel nacional, según el reporte N 151 de la Defensoría del Pueblo, es decir, situaciones en que a manera de protestas, plantones y manifestaciones en general, se reclaman ciertos intereses. “De no solucionarse estos casos podrían desencadenarse nuevos conflictos, como también hay algunos que simplemente acaban ahí”, finaliza el procurador de conflictos sociales de la Defensoría, Porfirio Barrenechea.
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