- La carta de renuncia fue enviada vía mail el 12 de octubre.
- Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de la parte denunciante, señala que el Grupo Melka “se ha quitado la careta” al retirarse del grupo de empresas que abogaba por su actividad sostenible.
- Roberto Guimaraes, presidente de la Federación de la Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), dice que existen 38 000 hectáreas en disputa con Plantaciones de Pucallpa SAC y agricultores migrantes de los Andes.
- Imágenes satelitales muestran que la empresa del Grupo Melka ha deforestado más de 5000 hectáreas de bosque en territorio indígena entre el 2010 y el 2015.
Los directivos de la empresa Plantaciones de Pucallpa SAC, dedicada a la producción de palma aceitera, decidieron retirar a su compañía de la Mesa Sostenible de la Palma Aceitera (RSPO por sus siglas en inglés) el pasado 12 de octubre, día en que enviaron un correo electrónico de manera oficial dirigido a Datuk Darrel Webber, CEO de la RSPO en donde señalan que “Plantaciones de Pucallpa ya no se dedica a la industria de la palma aceitera y por esa razón termina su membresía con la RSPO”, como apuntan en el documento de renuncia.
“Aparentemente la empresa Plantaciones de Pucallpa SAC ha transferido/vendido sus bienes pero no sabemos a quién (sospechamos que lo ha transferido a una nueva fiduciaria). Pero todo indica que esta empresa está tratando de lavarse los manos de los problemas”, dice a Mongabay Latam, Conrad Feather, coordinador de Forest People Program (FPP).
El retiro de Plantaciones de Pucallpa SAC del grupo que reúne a las empresas internacionales dedicadas al cultivo sostenible de la palma aceitera se da días previos a un fallo que iba a emitir la RSPO por una denuncia relacionada a la deforestación de bosques y ocupación de territorio indígena de la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya, ubicada en la región amazónica de Ucayali.

La denuncia la hizo en 2015 un grupo de organizaciones de la sociedad civil que advertían a la RSPO que Plantaciones de Pucallpa SAC no respetaba el medio ambiente, el territorio indígena ni las leyes peruanas. “Para nosotros queda claro con este retiro que Plantaciones de Pucallpa SAC está aceptando su responsabilidad de haber deforestado gran territorio que pertenece a la comunidad de Santa Clara de Uchunya. Desde el 2010 la empresa viene implementando este tipo de monocultivos de palma en el país, pero el contrato señala de manera específica que debe hacerlo en lugares degradados sin bosque, pero no ocurre eso. Se están deforestando grandes extensiones de bosques primarios con alto valor biológico y algunos de estos bosques están en territorios indígenas”, dice a Mongabay Latam Roberto Guimaraes, presidente de la Federación de la Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau).
Guimaraes se encuentra en la COP22 en Marruecos y señala que expondrá este caso frente a la Ministra del Ambiente, Elsa Galarza. “Tenemos prevista una reunión el 16 de noviembre con la Ministra del Ambiente para exponerle todo lo que está pasando con Plantaciones de Pucallpa, porque el ministro anterior [Manuel Pulgar-Vidal] había manifestado que el ministerio había iniciado investigaciones contra esta compañía y otras de Dennis Melka, como United Cacao, que cotiza en Londres”, agrega el líder indígena.
La duda que tienen las organizaciones demandantes es en qué situación queda su denuncia frente a la RSPO si la compañía demandada, Plantaciones de Pucallpa SAC, ya no pertenece al grupo. “Ese es el problema. Se retiran de la RSPO y no sabemos cómo queda eso. Nos hemos comunicado con la RSPO y nos han dicho que no se van a pronunciar. ¿Cómo es eso? Uno no puede retirarse y la denuncia quedar en nada. Eso es un acto de mala fe. Estamos haciendo presión para que se pronuncien. La RSPO tiene como objetivo acreditar que sus miembros realizan una explotación sostenible y esto tiene efecto en algunos mercados de Europa. Pero yo siento que es una batalla perdida para el Grupo Melka, ellos mismos se han quitado la careta al dar un paso al costado”, dice Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que forma parte de los demandantes contra la empresa.
Mongabay Latam intentó comunicarse con la RSPO para obtener su declaración así como con los directivos de la empresa Plantaciones de Pucallpa SAC, pero hasta la publicación de este informe no se obtuvieron respuestas.

Son más de 5000 hectáreas que han sido deforestadas entre los años 2010 y 2015 por dicha compañía, de acuerdo al reporte 41 del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés). En 2015 el Gobierno peruano ordenó a la empresa detener sus actividades por los daños al medio ambiente y la población indígena local, sin embargo esta hizo caso omiso a la orden, continuó el trabajo e incluso negó el paso a la Fiscalía Ambiental para que revisara la situación en campo, lo que provocó su posterior sanción.

Roberto Guimaraes de Feconau sostiene que hay imágenes que muestran que la actividad de la empresa continuó hasta la primera semana de octubre del presente año. “Como ves en las imágenes hasta los primeros días de octubre la empresa ha seguido trasladando madera talada en camiones y ha seguido deforestando. Los hermanos de Santa Clara de Uchunya ven esto todos los días. Lo único que ha hecho Plantaciones de Pucallpa SAC es desvirtuar la información y malinformar a la RSPO sobre su respeto a la leyes peruanas, también ha desacreditado la credibilidad de las organizaciones indígenas”, dice Guimaraes.



Un problema de territorio
Santa Clara de Uchunya es una comunidad nativa de más de 700 habitantes de los pueblos shipibos y kakataibo que viven en un territorio de 200 hectáreas. Sin embargo, tienen en disputa 38 000 hectáreas que son ocupadas por Plantaciones de Pucallpa SAC y agricultores andinos. “En 2015 el Ministerio de Agricultura (Minagri) ha otorgado 16 certificados de posesión sobre este territorio a gente ajena, pero al final el Minagri nos dio la razón. Así siempre pasa, pero hemos empezado a hacer acciones legales para prevenir esto”, apunta Guimaraes.
El líder indígena señala que el 26 de octubre se presentó una acción de cumplimiento del Convenio 169 contra el Ministerio de Agricultura para que inicie un proceso de consulta para la implementación de monocultivos como la palma aceitera en el Perú, y así evitar futuros conflictos como el de Santa Clara de Uchunya.