- ¿Cómo afecta el nuevo reglamento al ordenamiento territorial del Perú?
- ¿A qué autoridad se le ha traslado la facultad de ordenamiento territorial?
El nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) publicado oficialmente este 28 de abril por el Ministerio de Ambiente (Minam) ha causado preocupación y alerta entre expertos y antiguas autoridades ambientales. Para el exministro de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, el Minam ha renunciado de manera ilegal a su facultad de ordenamiento territorial a nivel nacional, un mecanismo para planificar el uso sostenible y adecuado del territorio.
Mientras el antiguo ROF establecía que el Minam era el responsable del ordenamiento territorial a nivel nacional, el nuevo reglamento restringe al ministerio a un nuevo “ordenamiento territorial ambiental” y establece que será otra entidad la que realice ese proceso en el país. Para los expertos, esta división entre un ordenamiento territorial ambiental y otro nacional implica un retroceso en las competencias del Ministerio de Ambiente. Esta situación es especialmente sensible en un país en el que muchos de los conflictos socioambientales son provocados por la existencia de proyectos de inversión en zonas ambientalmente sensibles o en territorios de pueblos indígenas. Hasta marzo de 2017, la Defensoría del Pueblo identificó 204 conflictos sociales (140 activos y 64 latentes), de los cuales el 68.1 % (139 conflictos) es de carácter socioambiental. Del total de conflictos socioambientales activos (107), el 66.4 % está asociado a la actividad minera.
“No tiene sentido —sentencia el exministro Pulgar-Vidal—. El ordenamiento territorial fue un logro de la autoridad nacional ambiental en el 2001 que en ese entonces era el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). Ahí se especificaba que el ordenamiento territorial era y es a nivel nacional. No había discriminación de un ordenamiento territorial exclusivo por ministerio o actividad, es decir, un ordenamiento pesquero, agrario, minero, ambiental, sino es de carácter nacional. Con este nuevo decreto se ha retrocedido 16 años en lo avanzado en materia ambiental”.
Pulgar-Vidal, quién también es abogado especializado en legislación ambiental y fue ministro en ese sector entre los años 2011 al 2016, sostiene que la creación de una nueva Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental también es ilegal porque va en contra de la Ley General de Creación del propio Minam, que estableció como funciones de este ministerio la competencia de ordenamiento del territorio a nivel nacional.
Fernando Neyra, exresponsable de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Minam —que ahora se convertirá en Dirección de Ordenamiento Territorial Ambiental— se pregunta qué sucederá con los procesos de ordenamiento nacional que ya habían sido iniciados por el Minam, que es además la entidad que desarrolló la metodología para llevar a cabo este proceso. “Ahora no sé qué es lo que pasará, los 12 gobiernos regionales que tienen ZEE pendiente se verán afectados. Su zonificación quedará paralizada y así las labores de inversión privada en actividades extractivas como las de conservación ambiental”, apuntó Neyra. En el Perú hasta el momento hay 13 gobiernos regionales que tienen finalizado y aprobado su Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), el primer paso establecido por el Minam en el proceso de Ordenamiento Territorial. Otros 12 gobiernos regionales lo tienen en marcha, de acuerdo a información proporcionada por Neyra.
¿Quién se hará cargo del nuevo ordenamiento territorial nacional?
Para el exviceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, la capacidad de ordenamiento territorial nacional se trasladaría al viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), liderada por Javier Martín Fernández-Concha. “Nada es casualidad. Mi hipótesis es que la capacidad de ordenamiento territorial nacional la tendrá el viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM. Esto ha sucedido por presión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la propia PCM que ven el ordenamiento territorial como un obstáculo para las inversiones privadas. No es casualidad que quien lidere Gobernanza Territorial tenga trayectoria minera”, enfatizó Quijandría.
Fernández-Concha Stucker fue gerente general de la minera Sulliden Shahuindo entre setiembre del 2006 y agosto del 2014. Luego, fue vicepresidente del área social y legal de la minera Río Alto, productora de oro, hasta diciembre del 2015, de acuerdo con un perfil elaborado por Bloomberg y la información de su red profesional Linkedin.
Para Neyra, por su parte, la presión por parte del MEM, MEF y la PCM para eliminar la facultad de ordenamiento territorial nacional del Minam se remonta al conflicto social del proyecto minero Conga, que enfrentó a comunidades campesinas de la región de Cajamarca con la compañía minera Yanacocha. “Todo comenzó con el caso Conga. Ahí el Gobierno Regional de Cajamarca usó la ZEE para declarar intangibles las lagunas que iban a ser afectadas por el proyecto minero. Y como se logró detener el proyecto, desde ahí el sector empresarial extractivo teme que esto se vaya a estandarizar. Lo que no es correcto. Incluso el Minam se había pronunciado en que no era legal usar la ZEE en ese momento porque fue aprovechada políticamente. Todos deberían querer el ordenamiento territorial porque deja las cosas claras y evita enfrentamientos”, explicó a Mongabay Latam.
Para las antiguas autoridades ambientales, el ordenamiento territorial tiene una función de prevención de desastres que resalta en un contexto de reconstrucción nacional debido a las inundaciones de El Niño Costero en el norte peruano. “El caos que ha originado que diversas poblaciones sean afectadas por las inundaciones, ese vacío legal para saber dónde vivir, dónde cultivar o hacer cualquier otra actividad se incrementará”, advirtió Neyra.
Según Vanessa Cueto La Rosa, presidenta de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la eliminación de la capacidad de ordenamiento territorial del Minam era de esperarse. “Son una serie de pasos legales que van debilitando poco a poco al Ministerio del Ambiente y su capacidad de ente fiscalizador ambiental a nivel nacional”, sostiene Cueto. “Hoy en el Perú gracias a este gobierno tenemos un ‘Ordenamiento Nacional’ que no estaría a cargo de nadie; un ‘Ordenamiento Territorial Ambiental’ que nadie sabe qué significa y Gobernanza Territorial que no sabe qué hacer ahora que tomaron el Lote 192”, finaliza Pulgar-Vidal.
Mongabay Latam se comunicó con la Oficina de Comunicaciones del Ministerio del Ambiente para conocer su versión. Hasta el cierre de este reportaje no obtuvo respuesta.
Foto de portada: Fabiola Valle.
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