En mayo de 2013, la caída de un helicóptero en la zona de Las Tablas del municipio de Prinzapolka, en la Región Autónoma del Caribe Norte nicaragüense, ponía en la agenda noticiosa los intereses comerciales de los pasajeros. Según la prensa local, estos “realizaban un sobrevuelo en la zona porque estaban interesados en invertir en un proyecto de palma africana”. El piloto resultó muerto y los otros tres pasajeros heridos. Se trataba de José Danilo Girón, Héctor Obando Medina y Jorge Granera Sacasa, hermano de la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera.

La prensa no estaba equivocada, aunque sí algo desfasada en el tiempo, puesto que para ese entonces el proyecto de palma en la zona no era solo una intención, sino una realidad. Lidia Coleman, exalcaldesa del municipio de Prinzapolka entre los años 2008 y 2012, asegura que durante su administración las actividades de cultivo de palma en el sector ya habían comenzado, aunque “no sé cuándo exactamente, porque nunca ninguna empresa vino para acá a presentarse ni a solicitar permiso de nada. Pero yo escuchaba que venía gente a trabajar a la palma”.

En noviembre del 2013, seis meses después de la caída del helicóptero, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERENA), recibió una solicitud de autorización ambiental para desarrollar actividades de siembra y cultivo de palma africana en un área de 5000 manzanas (3522 ha), muy cerca de donde se había siniestrado el helicóptero. La zona forma parte de la comunidad Ebaniso Tasba Pauni, territorio indígena Prinzu Awala, en el Municipio de Prinzapolka; y la solicitud era a nombre de la empresa Agrodesarrollo S.A, con domicilio en Managua cuyo representante legal es Venancio Antonio Guerrero Roa.

Los días 14 y 15 de noviembre de ese mismo año, se realizó entonces, en respuesta a la solicitud de la empresa, la valoración ambiental a partir de una inspección realizada por un equipo técnico interinstitucional conformado entre otros por la SERENA, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria y Cooperativa (MEFCCA), el Ministerio Agropecuario (MAGFOR), la Alcaldía de Prinzapolka y el Gobierno Territorial Indígena Prinzu Awala. Dicho informe, que fue negado a Mongabay Latam por las instituciones del Estado, pero al que se tuvo acceso por medio de terceras fuentes, señala, conforme a lo que Lidia Coleman relata, que “la empresa Agrodesarrollo S.A comenzó a realizar la plantación de la palma africana sin presentar el proyecto a las autoridades regionales y sin disponer de los permisos correspondientes para su operación”.  

En efecto, según lo establecido en la norma obligatoria nicaragüense para la producción sostenible de aceite de palma, y de la cual Agrodesarrollo S.A participó en su creación, toda empresa debe contar, tanto para las primeras plantaciones como para la expansión de estas mismas, con el permiso ambiental emitido por el MARENA o la instancia pertinente, y con una copia del aval de la Alcaldía Municipal donde se ubican las plantaciones, entre otros requisitos. Además, por tratarse de territorios indígenas, la ley exige contar con la autorización del gobierno territorial indígena, obtenida por medio de una consulta libre e informada a las comunidades involucradas. En este caso en particular, la empresa debió contar con los permisos de los gobiernos territoriales de Prinzu Awala y de Awaltara, puesto que las plantaciones se encuentran ocupando tierras de ambos territorios indígenas. Sin embargo, ninguna de dichas autoridades estaba informada siquiera de la existencia de esta empresa en la región.

Respecto de los hallazgos ambientales, el informe menciona que “hubo afectación a bosque primario latifoliado y coníferas, incluyendo especies en veda y maderables”, siendo particularmente afectado el bosque de coníferas. Vinculado a lo anterior, el informe menciona la desaparición de flora y fauna en el área del proyecto, el desequilibrio ecológico en el área, la afectación de fuentes de agua en el río Makantakita y la alteración de los parámetros físicos y químicos de los recursos hídricos como consecuencia del despale en su rivera. Además, se hace referencia al vivero de Agrodesarrollo S.A, el que “consta de 9 manzanas (6,3 ha) en las cuales se encuentran 200 000 plantas de palma africana listas para su plantación para el año 2014. El área utilizada para vivero corresponde a una de bosque latifoliado, y este fue despalado en su totalidad para esta actividad”. Finalmente el informe señala que “el equipo técnico interinstitucional recomienda cese de operaciones de manera temporal y/o provisional mientras la empresa realice los trámites o solicitudes de permisologías a las instancias y avales correspondiente actualizado”.

En 2014, supuestamente la alcaldía de Prinzapolka y el gobierno territorial indígena de Prinzu Awala, acordaron que la empresa desarrollara sus actividades en un arrendamiento de tierras correspondiente a las 5000 manzanas ya ocupadas. Sin embargo, no existe ningún documento en la alcaldía que respalde dicho acuerdo. El territorio indígena de Awaltara, por su parte, no entregó ningún tipo de autorización ni fue invitado a participar de ninguna consulta libre e informada. A pesar de ello, y de los estragos ambientales descritos en el informe, la SERENA otorgó el permiso ambiental. Casi cuatro años después, la alcaldía no ha recibido nunca un pago del impuesto de bienes inmuebles que, por ley, la empresa está obligada a pagar, y los gobiernos territoriales indígenas jamás han recibido ningún monto por concepto de arrendamiento de tierras.

Tal como el informe de la SERENA preveía, las plantaciones de palma de Agrodesarrollo S.A no tardaron en expandirse. Según el alcalde de Prinzapolka, Eklan James, en una última inspección realizada en julio de este año por personal de la alcaldía y técnicos del INAFOR, se determinó que son 12 000 las manzanas (8452 ha)  que actualmente están sembradas con palma africana. Expansión que se llevó a cabo sin haber realizado ninguna solicitud y por ende sin haber obtenido ningún permiso ambiental. Mongabay Latam intentó conversar con INAFOR para obtener información acerca de la cantidad de hectáreas de bosque primario que hasta ahora han sido deforestadas por esta empresa para el cultivo de palma. Sin embargo, la entidad evadió continuamente nuestra solicitud. Nytzae Dixon, por su parte, delegada de la SERENA en la Región Autónoma del Atlántico Norte, asegura que la empresa ya se encuentra solicitando su renovación de permiso ambiental ante esta institución; tramitación que, por segunda vez consecutiva, se realiza después de haber intervenido en el terreno y no antes, como lo establece la ley. A pesar de todo lo anterior, según Nytzae Dixon, la empresa se encuentra “en regla” y “el no pago de impuestos no implica un inconveniente ante la SERENA para obtener el permiso”. Esto, puesto que dicha entidad se ocupa de los aspectos ambientales y no tributarios.

Así, la empresa Agrodesarrollo S.A se ha ido expandiendo sobre los Llanos de Makantaka, donde se encuentran los últimos relictos de bosque de coníferas en Nicaragua. En 2015, un informe del Instituto Nacional Forestal señalaba que, durante el primer semestre de ese año, el organismo fiscalizador realizó una inspección de campo a los cultivos de palma africana de Agrodesarrollo S.A ubicados en la zona de Alamikamba. Dicho informe señala que se le hicieron sugerencias a la empresa respecto a los hallazgos encontrados en el campo. Sin embargo, INAFOR se negó a entregar información respecto a esos hallazgos y recomendaciones.  

Los últimos bosques de coníferas

Ingresamos a los cultivos de palma de Agrodesarrollo S.A desde el sur, por el territorio indígena de Awaltara. Los líderes de la comunidad de Makantaka nos guían hacia allá, a bordo de un bote que avanza lento, durante cinco horas de navegación, entre los canales retorcidos de un manglar que se extiende como un laberinto hacia las faldas de los llanos. Luego, solo hacen falta 10 minutos de caminata desde el canal donde hemos dejado anclado el bote, para llegar a las plantaciones de palma. Se trata, según los comunitarios, de la zona más joven de la plantación, la cual se extiende sin dejar de mostrar, a lo lejos, la frontera con el bosque primario que aún no ha sido tumbado y que también tapizaba, hace unos años, la tierra donde hoy solo hay palma. Principalmente pinos, pero también otras especies latifoliadas como Santa María, Caoba, Granadillo, Níspero, Cortés fueron arrasadas y sacadas del lugar probablemente para su comercialización suponen los comunitarios. El resto de la madera, la blanca, correspondiente al pino, fue abandonada en el lugar. Las autoridades indígenas pidieron que les fuera entregada para su aprovechamiento, solicitud que fue denegada sin explicación, y la madera se pudrió ante la mirada impotente de quienes ven perder sus recursos sin recibir nada a cambio.

En 1991, el decreto presidencial 4291 declaró como áreas naturales protegidas una serie de cerros, macizos montañosos, lagunas y volcanes de Nicaragua entre ellos “los llanos de pino de Makantaka en la Región Autónoma del Atlántico Norte”. En respuesta a ese decreto, se creó la reserva natural Makantaka, la que protege 2000 hectáreas de bosque mixto latifoliado, pino, humedales y manglares al sur del Río Grande de Matagalpa, en la Región Autónoma del Atlántico Sur. La reserva deja, sin embargo, fuera de su radio de protección a los llanos de pino de Makantaka, el área que justamente pretendía proteger el decreto de 1991. Al respecto, Hebé Machado, Coordinadora Técnica de la SERENA y exdelegada del MARENA, señala que “si bien la intención expresada en el decreto era proteger toda el área de pinares para asegurar la conectividad de la biodiversidad de estos bosques en la zona Caribe del país, no hubo los recursos necesarios para poder realizar los estudios que se requieren para zonificar el área”.

Hace 20 000 años, durante la última glaciación, los hielos polares empujaron los bosques coníferos haciéndolos llegar hasta Centroamérica. Es así, como los pinos se «tropicalizaron» llegando a ser una especie particularmente tolerante a temperaturas semitropicales, además de caracterizarse por su rápida reproducción y su fuste no muy ramificado. Tanto así, que en la reserva de Alamikamba, al norte de Makantaka, se estableció, después de la guerra, una estación genética para la conservación de estas semillas que eran vendidas a países del hemisferio sur. El plan de manejo de la reserva Cayos Miskitos señala que « las sabanas de pino, al contrario de lo que parecen, están entre los ecosistemas con más biodiversidad en el mundo, son sumamente frágiles y deben ser manejados cuidadosamente con principios ecológicos”. El biólogo Jaime Incer, Ministro del MARENA en la década de los 90, autor de numerosas investigaciones y reconocido líder conservacionista por la National Geographic Society, explica que “la riqueza de los llanos de Makantaka radica en que es prácticamente el último parche de bosque de coníferas del género pino caribe. Más al sur —agrega— en la zona de Bluefields, todavía se encuentran unos pequeños remanentes, pero son realmente muy pequeños. Y lo que sucede es que estos remanentes de pino están en proceso de extinción debido al aprovechamiento desordenado, autorizado, de empresas que tienen el aval de gobierno”.

Maura Marliz del Centro Humboldt, agrega que “al arrasar con el bosque de coníferas en Makantaka, estamos dejando aislado ese pequeño parche de bosque que se encuentra en el municipio de Bluefields y el ecosistema se está perdiendo”.

La expansión de la palma

En 2016, según datos del Banco Central de Nicaragua, se cosecharon 21 000 hectáreas de palma africana. Para fines del 2017 se esperan cosechar 32 000 y para los años venideros la proyección continua ascendente.

El impulso de esta agroindustria se enmarca dentro de una política de Gobierno que apoya y fomenta su crecimiento. Así lo manifiesta explícitamente el Decreto Ejecutivo 42-2006, en donde se enfatiza la necesidad de “desarrollar programas para promover el uso y la producción sustentable de biocombustibles (…) fomentando la creación del marco jurídico apropiado para propiciar este desarrollo sin afectar la seguridad alimentaria”, indicando además, que en la Región Autónoma del Caribe Sur se cuenta con más de dos millones de hectáreas aptas para la siembra de palma africana. A su vez, esta decisión se relaciona con una Política Agrícola Centroamericana, para el período 2008-2017, que fue desarrollada por el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), en la que se impulsan iniciativas para producir energía renovable a partir de productos vegetales, concibiendo a la bioenergía como una actividad generadora de empleo e ingresos en las zonas rurales. De hecho, la producción de biodiesel registró, según el Atlas de la Agroenergía y los Biocombustibles en las Américas, una tasa de crecimiento anual del 37 % para el período 2004-2008. El 32 % del total de la oferta de aceite vegetal proviene de las plantaciones de palma africana, posicionándola entre las principales fuentes de obtención de este producto a escala mundial.

Las cifras de crecimiento de la producción de aceite de palma en Nicaragua corresponden, sin embargo, a las hectáreas que han sido debidamente autorizadas para el desarrollo de esta actividad y que cuentan con un plan de manejo. A la sombra de estas estadísticas existe una cantidad desconocida de hectáreas que no están contabilizadas y que forman parte, de todas formas, de la producción de las grandes empresas nacionales y extranjeras que operan en el país. La simple ocupación de tierras como la perpetrada por Agrodesarrollo S.A es una de las formas, fuera o al límite de la ley, en que los cultivos de palma se han extendido en Nicaragua, aunque no la única.

De las seis principales empresas que operan en la Región Autónoma del Atlántico Sur, donde se concentra el cultivo de palma del país, la empresa Cukra Development Corporation S.A (C.D.C), ubicada en el municipio de Kukra Hill, es la líder en extensión. Según el estudio de impacto ambiental de la empresa, esta cuenta con un área total legal donde puede desarrollar el cultivo de la palma africana de 7096,49 hectáreas. Sin embargo, un reciente informe del Centro Humboldt, el que ha venido monitoreando los cultivos de palma en Nicaragua, señala que, según la liquidación de impuestos inmuebles de la alcaldía de Kukra Hill para el año 2015, la empresa poseía 10 062 hectáreas cultivadas, además de beneficiarse de la producción obtenida de otras 3718 hectáreas pertenecientes a productores independientes.

En efecto, la empresa se ha ido expandiendo por medio de dos vías. La primera, a través de la compra de parcelas pertenecientes a pequeños agricultores, dedicados inicialmente a una agricultura de subsistencia. La segunda, brindando a pequeños propietarios los insumos para hacer un cambio de suelo y sembrar palma, a cambio de que estos vendan la producción a la empresa. De esta manera, “las empresas se expanden, dentro de un marco legal, aunque beneficiándose de un evidente vacío legislativo”, asegura Allan Ingam, director de calidad ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERENA). Y es que el problema radica en que estos incrementos en el área productiva, recurrentemente no son informados a las autoridades, por lo que no cuentan con un permiso de cambio de suelo ni ninguna otra autorización ambiental. Al respecto, Róger Montalván responsable de la SERENA en 2010, denunciaba en ese año en un artículo de El Nuevo Diario —Palma africana nos envenena— que “existen modificaciones como el incremento de área, que no nos informan nada. Este es un problema que se debe subsanar lo más pronto posible”. Siete años después, la situación sigue igual y las áreas continúan incrementándose “sin los permisos correspondientes por parte de las instituciones competentes, ya que no se toma en cuenta la superficie que está en manos de pequeños y medianos productores que están destinando sus propiedades para desarrollar el cultivo de palma. Esto, con el apoyo técnico y financiero que les brinda la empresa C.D.C., con la finalidad de incrementar los volúmenes de aceite de palma”, explica el informe de Humboldt.

Don Antonio, a quien por seguridad le hemos cambiado el nombre, es uno de los cuatro parceleros que se han instalado, al interior del territorio de las doce comunidades indígenas y afrodescendientes de la cuenca de Laguna de Perlas, con la promesa de incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Llegó con los insumos otorgados por la empresa C.D.C, despaló el área y sembró palma. Hoy, tres años después, la plantación está lista para comenzar a producir: 84,60 dólares le pagaría la empresa a don Antonio por tonelada producida. Considerando que con 143 plantas por hectárea se producen tres toneladas por mes, don Antonio espera obtener alrededor de 252 dólares por hectárea al mes. Sin embargo, en el interin, la empresa C.D.C se unió a la mesa redonda internacional para la certificación de productores de palma RSPO por lo que ahora le exige a don Antonio contar con el permiso del gobierno territorial indígena. De lo contrario, no le comprará la producción. Es así, como tanto las autoridades indígenas como la Alcaldía de Laguna Perlas, se han enterado de estas siembras. El gobierno territorial, considerando que la plantación ya es una realidad, ha acordado otorgar el permiso aunque con la imposibilidad total de expandirse y con el temor de que este evento abra la puerta a esta práctica ilegal de sembrar palma sin las autorizaciones pertinentes. Son casi 36 las hectáreas que están sembradas bajo esta modalidad dentro del territorio de las doce comunidades indígenas y afrodescendientes de la cuenca de Laguna de Perlas y que están en conocimiento de las autoridades territoriales. Sin embargo, es muy probable que sean más, asegura Kenneth Fox, exdirigente comunal.

Por otra parte, el 10 de julio de 2014, se celebró un contrato de arrendamiento entre la empresa C.D.C y el gobierno territorial indígena de Laguna de Perlas, sobre 150,65 hectáreas. Pero, según Kenneth Fox, a la fecha de la firma del contrato, la empresa ya había sembrado dicha cantidad de tierras por lo que el gobierno territorial buscó a través del contrato beneficiarse de lo que estaba irremediablemente ya hecho. Aparte de lo anterior, los límites de dicho arrendamiento no han sido mapeados de forma participativa entre las partes y autoridades interesadas, ni tampoco están los límites claramente demarcados en el territorio. Esto ha generado inseguridad entre las autoridades territoriales y comunitarias, debido a que hay dudas sobre el área que se arrendó y sobre la real expansión de la empresa dentro del territorio.

Así, en resumidas cuentas, la sola empresa C.D.C se ha expandido, según sus propios datos, en 13 781 hectáreas, 6684 hectáreas más de las debidamente autorizadas en el estudio de impacto ambiental y solo ha reforestado con 10 000 árboles.

Sobre la empresa Agrodesarrollo S.A

Mongabay Latam intentó comunicarse con personal de la empresa Agrodesarrollo S.A, sin embargo no fue posible acceder a ella. La dirección que aparece asociada a la empresa es la misma del domicilio legal de la empresa GSI Treading Inc, dedicada al transporte y distribución de alimentos. Esta empresa que, en 2014 se vio involucrada en el extravío de 50 000 quintales de frijol rojo procedentes de Etiopía, tiene como supuesto director ejecutivo a Jorge Granera Sacasa, uno de los accidentados del helicóptero que se estrelló en Prinzapolka en 2013, quien es además hermano de la jefa de la policía nacional. Mongabay Latam fue hasta la dirección asociada tanto a Agrodesarrollo S.A como a GSI Treading Inc, pero en el lugar no opera ninguna de las dos empresas y es actualmente un domicilio particular. Allí, nos señalaron que la empresa Agrodesarrollo S.A se trasladó a las oficinas de Albanisa, el conglomerado de empresas involucrado en acusaciones fundadas de corrupción y malversación de fondos asociadas a la familia presidencial y sus cercanos. Aquello coincide con la información otorgada por fuentes pertenecientes al Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Sur, quienes aseguran haber sostenido reuniones con Agrodesarrollo S.A. para abordar el tema de los cultivos de palma en territorio de Awaltara, en dichas oficinas. En efecto, Jorge Granera Sacasa es conocido por ser funcionario de Albanisa sin embargo, en ese lugar, negaron que trabajara ahí. Cabe señalar que Héctor Obando Medina, otro de los accidentados por la caída del helicóptero es director de proyectos de Albanisa.

Por otro lado Mongabay Latam también intentó comunicarse con la cámara de productores de palma CAPROPALMA y con la empresa C.D.C pero no respondieron a nuestra solicitud.

Todo este secretismo empresarial se enmarca dentro de uno aún mayor presente en las esferas del Gobierno de Nicaragua. A pesar que el país cuenta con una ley de acceso a la información, hoy es prácticamente imposible saber detalles de cómo opera la industria de palma africana en el país, ni de ninguna otra agroindustria. Y es que, según Jaime Incer “nunca en la historia de este país ha habido tanto desacato a las leyes que protegen el medio ambiente. El MARENA es una institución que no habla, no oye, no ve.” Además el presupuesto del MARENA ha sido reducido a menos del 2 % del presupuesto nacional por lo que sus capacidades se han visto reducidas al mínimo. Así, sin los recursos y sin la voluntad necesarios para monitorear y hacer cumplir las leyes, las empresas de palma africana se expanden en Nicaragua por sobre toda normativa y ley.  

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Alexa Editor/a

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