- Las protestas indígenas en el lote 192 en Loreto ya duran 15 días.
- La aplicación de la consulta previa ante un posible contrato para la explotación del lote 192 y la remediación ambiental por la contaminación petrolera son las principales demandas de las tres organizaciones indígenas protestantes.
Desde hace 15 días se lleva a cabo una protesta de 16 comunidades indígenas en la región Loreto. La manifestación ha paralizado las instalaciones petroleras del Lote 192, el cual es administrado por la empresa Frontera Energy (antigua Pacific Energy).
La protesta se produjo luego de que el Viceministerio de Interculturalidad —mediante una resolución publicada el 14 de setiembre— declarara improcedente el pedido de un nuevo proceso de consulta previa hecho por dos organizaciones indígenas localizadas en la zona de influencia directa de la explotación petrolera en el Lote 192.
Las organizaciones que hicieron el pedido expreso de nueva consulta fueron la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) y la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Feconacor).
La Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú— Ecuador (Opikafpe) también se ha sumado a la protesta que ha paralizado la producción petrolera en el lote 192.
“Exigimos que el Estado respete los derechos indígenas. No pedimos que el nuevo postor que vaya a explotar el Lote 192 sea nacional o internacional. Lo que queremos es que la nueva empresa tome en cuenta los derechos indígenas. Un primer paso es el respeto al derecho a la consulta previa”, dijo a Mongabay Latam Carlos Sandi, presidente de Feconacor.
Son entre 800 y 1000 personas las que han paralizado los pozos de producción y cortado la energía eléctrica que los abastece. También han bloqueado las carreteras de acceso al Lote 192, según Sandi.
Además, indígenas quechuas de la cuenca del río Pastaza, pertenecientes a Fediquep, han ingresado al aeródromo de Petroperú y lo han bloqueado, según los pronunciamientos oficiales de las organizaciones indígenas protestantes.
Carlos Sandi afirma que la población local en la zona de influencia del Lote 192 ha señalado que se está elaborando un nuevo contrato para la explotación del Lote 192. Y ante ello, reclama un nuevo proceso de consulta previa.
En declaraciones hechas el pasado mes de agosto, la Ministra de Energía y Minas (MEM), Cayetana Aljovín, sostuvo: “Perupetro ha calificado a Petroperú en consorcio con Frontera”, pero añadió que “aún no hay un contrato, el contrato viene después de la negociación”.
Las organizaciones indígenas indican que ante un nuevo período de explotación —explica Carlos Sandi— corresponde una nueva consulta, ya que las comunidades viven en el área de influencia del lote 192. “Las decisiones están tomadas desde las asambleas comunales. Todos dicen que si el Estado no atiende nuestras necesidades, si no se respeta la consulta previa, pues no hay más petróleo”, agrega.
Mongabay Latam se comunicó con Álvaro Orozco, director de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura, ente rector del proceso de consulta, quien descartó que haya un nuevo contrato para explotación del Lote 192 en la actualidad, de acuerdo a la información que solicitó su dirección al Ministerio de Energía y Minas. “El Lote 192 se encuentra operado por la empresa Frontera Energy (antigua Pacific Stratus Energy), hasta febrero de 2019 de acuerdo al contrato vigente. Este gobierno garantiza que, de existir nuevas afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el nuevo contrato será sometido a consulta previa”, sostiene.
En la cuenta de Twitter del Ministerio de Energía y Minas, la ministra Aljovín, se refirió al pedido de consulta ante un nuevo contrato por la explotación de Lote 192, señala que habrá un nuevo proceso de consulta siempre y cuando haya nuevas afectaciones a las comunidades nativas. “Mi compromiso de respeto con las comunidades es claro. Si hay nuevo contrato en el Lote 192 que implique nuevas afectaciones habrá consulta previa”.
La consulta del 2015
Renato Pita, asesor de las tres organizaciones indígenas protestantes, indica que el proceso de consulta previa original, es decir, el que se dio en el 2015, tuvo irregularidades y por ellos las comunidades del área de influencia directa del Lote 192 lo desconocen.
“El proceso de consulta del que habla el Estado peruano comenzó en mayo del 2015. Desde que comenzó las comunidades sí se reunieron con representantes del Estado para discutir y socializar los acuerdos que en un futuro se terminarían de definir en una última etapa en Lima. El punto es que cuando pasaron todas las etapas del proceso y los líderes indígenas vinieron a Lima en agosto del 2015 para terminar de oficializar los acuerdos, el Ministerio de Energía y Minas desconoció todo lo avanzado”, indica Pita a Mongabay Latam.
El MEM, en la etapa final de la consulta en 2015, se comprometió con las comunidades en que iba a “asegurar el abono del 0,75 % del total de ganancia provenientes de la explotación del Lote 192 a un fideicomiso para el desarrollo comunitario indígena. Pero nada más”, precisa Pita.
Los acuerdos a los que no se refirió el MEM en esa última etapa del proceso de consulta y se habían dialogado en etapas previas, según Carlos Sandi de Feconacor, estaban relacionados con la titulación de tierras, la remediación ambiental de los más de 2000 pasivos ambientales que había identificado Pluspetrol y los más de 90 sitios contaminados registrados por monitores ambientales indígenas junto a personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). También se referían al acceso a servicios básicos como fuentes de agua limpia y un tratamiento de salud integral.
Renato Pita sostiene que hubo una irregularidad al momento de firmar el acta final de consulta previa en el 2015. “En la reunión estaban presentes cuatro organizaciones. Fediquep y Feconacor, que son del área de influencia directa del Lote 192, pero además estaban Oriap (Organización Interétnica del Alto Pastaza) y Feconat (Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre), que no son del área de influencia directa. Cuando los líderes de Fediquep y Feconacor pidieron una pausa para dialogar de manera interna la nueva posición del MEM de solo asegurar el 0,75 % para el fideicomiso, las otras dos organizaciones firmaron el acta y se cerró la consulta”, indica.
Debido a ello las organizaciones de influencia directa fueron a una movilización en reclamo en setiembre del 2015. “A los 12 días aproximadamente salimos en protesta de nuevo”, dice Pita.
Carlos Sandi indica que, debido a esta movilización en setiembre del 2015, el Estado peruano se comprometió mediante actas al tratamiento de salud, la remediación ambiental, la titulación colectiva y el acceso a servicios básicos con las comunidades nativas del Lote 192. Las actas fueron las de Teniente López (24/9/2015) y José Olaya (4/11/2015). “Tantas veces nos hemos sentado en diferentes partes del país para dialogar y no han cumplido nada”, dice Sandi. Incluso hubo un acta que se dio previamente al proceso de consulta del 2015: el acta de Lima (10/3/2015).
¿Cómo debe desarrollarse una consulta previa?
Mongabay Latam se comunicó con la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Soledad Muñoz García, para comprender cuáles deberían ser las condiciones ideales para una consulta correcta. “Desde la CIDH estamos monitoreando la situación. De manera general, y sin referirnos al caso concreto, en el ámbito del Sistema Interamericano, tanto la Comisión, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han desarrollado estándares específicos en la materia”, explicó.
“La Corte ha establecido que para garantizar la participación efectiva de los integrantes de un pueblo o comunidad indígena en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente y de manera informada, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones, en el marco de una comunicación constante entre las partes. Además, las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar (…) en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso”, señala.
Un nuevo diálogo
En un pronunciamiento oficial de las organizaciones indígenas protestantes se señaló que una comitiva integrada por funcionarios del Viceministerio de Gobernanza y Territorialidad, el Viceministerio de Interculturalidad, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas, se dirigió el pasado 28 de setiembre a la comunidad de Nuevo Andoas para dialogar sobre mecanismos efectivos para formar parte de un eventual contrato petrolero, los planes de desarrollo indígena y cumplimientos de compromisos asumidos en las actas pendientes.
“Hasta hoy (2 de octubre) las reuniones han obtenido dos acuerdos parciales. El primero es respecto a la creación de un fondo con financiamiento del Estado para un Plan de Desarrollo para las comunidades nativas del Lote 192. Esto fue propuesta del Viceministerio de Gobernanza y Territorialidad. Las comunidades nativas han pedido que las organizaciones indígenas formen parte en su formulación y ejecución. El segundo acuerdo es la conformación de comisiones de diálogo para la porterior remediación ambiental de los derrames petroleros en el lote 192”, explica Pita.
Las comisiones de diálogo se han desenvuelto entre el pasado sábado 30 de setiembre y se terminarán el 3 de octubre. Sin embargo, las protestas y la paralización del lote 192 continúan. “La protesta en el Lote 192 sigue. Aún no hay fecha de término. Se planea una nueva reunión entre funcionarios del Gobierno con las organizaciones en Nuevo Andoas, pero no hay fecha acordada. La protesta continúa tal y como comenzó hace 15 días porque no se ha atendido la demanda de una nueva consulta”, enfatiza Pita.
Según indicó el Ministerio de Energía y Minas a través de una nota de prensa, este despacho firmó el 26 de setiembre junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) un acuerdo para la elaboración del Estudio Técnico Independiente (ETI) con los lineamientos para remediar los impactos en las operaciones petroleras del lote 192 (ex Lote 1AB).
Foto de portada: Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte (Puinamudt).
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