- La indígena Ruth Alipaz denunció en la plenario del Foro Indígena de la ONU que más de 5000 indígenas de cinco naciones de Bolivia perderán sus tierras con la construcción de dos megarepresas impulsadas por el gobierno boliviano.
- El presidente Evo Morales también participó en el evento e instó a los gobiernos a “salvar el planeta”. Su discurso, sin embargo, fue criticado por los indígenas que sostienen que su política extractivista afecta sus territorios y áreas protegidas.
“Vengo a pedir a nombre de mis hermanos de las naciones mosetén, chimán, ese eja, tacana, leco y mi propio territorio, Uchupiamona (La Paz), que se respeten nuestros derechos y a que sean escuchadas nuestras voces en contra de los megaproyectos hidroeléctricos Chepete-Bala, que amenazan nuestra existencia y territorios”, expresó la indígena Ruth Alipaz Cuqui ante la reunión plenaria de la 17 sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, que se realiza en Nueva York y continuará hasta el 27 de este mes.
Alipaz denunció, el miércoles 18 de abril, que el gobierno de Bolivia amenaza la vida y territorios de 51 comunidades indígenas y campesinas con la ejecución de los megaproyectos hidroeléctricos Chepete-El Bala (La Paz-Beni) y Rositas (Santa Cruz). Además, Alipaz señaló enérgicamente que el Estado está violando su derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política de Bolivia.
Por estas transgresiones a sus derechos, precisó la líder indígena, se vieron obligados a reactivar en el 2016 la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, que reúne a 17 comunidades indígenas que se verán afectadas con el proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala.
Y fue precisamente en representación de esta organización local que Alipaz denunció que el gobierno boliviano quiere represar el río Beni inundando 771 kilómetros cuadrados de dos áreas protegidas: la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas y el Parque Nacional Madidi. Producto del embalse de la represa, “5000 indígenas seremos desplazados de nuestros territorios, además de exponer a pueblos no contactados”, alertó.
También abogó por los indígenas guaraníes que serán afectados si se construye la megarepresa Rositas en río Grande, ubicada en el departamento de Santa Cruz. Este proyecto hidroeléctrico inundaría 450 km2, según un estudio realizado por la empresa Hidrochina para la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), lo cual perturbaría tres áreas protegidas y tres comunidades indígenas guaraníes en las que, según denuncian sus habitantes, no se ha realizado la consulta previa, libre e informada. “Esta violación a nuestros derechos indígenas no puede quedar ignorada”, puntualizó.
A inicios de abril, el presidente de ENDE, Joaquín Rodríguez, declaró en una conferencia de prensa que, en el caso de Rositas, están avanzando en las tareas de información a las comunidades. “No hemos iniciado ninguna tarea de construcción. Estamos en una etapa netamente informativa, que tiene el propósito de poder informarle a la gente en qué consiste el proyecto (…) Y estamos tratando de llegar a todos las personas que residen en esta zona y que creemos importante conozcan los alcances que tiene el proyecto. Y al mismo tiempo se viene realizando el Estudio de Impacto Ambiental’’, expresó Rodríguez.
Sin embargo, las comunidades indígenas de Bolivia de los dos megaproyectos hidroeléctricos insisten en su demanda. “Nuestros pueblos indígenas enfrentan amenazas sin haber sido consultados”, precisó Ruth Alipaz en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, inaugurado el 16 de abril bajo el lema “Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos”.
Un día antes de participar en esta reunión plenaria de la ONU, Alipaz realizó la misma denuncia en el evento paralelo “Resistencia al desarrollo destructivo” —organizado por el Consorcio Internacional sobre Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (ICCA)— y, principalmente, en una reunión bilateral que sostuvo con la Relatora Especial de las Naciones Unidas para Pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, a quien entregó documentación, precisó Alipaz, sobre las violaciones a los derechos de los indígenas de Bolivia. “Le expuse a la Relatora la situación de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, en particular de los pueblos que serán directamente afectados por las megarepresas Chepete-El Bala”, dijo a Mongabay Latam la representante de la Mancomunidad de Comunidades.
Como procede en estos casos, Tauli-Corpuz revisará la documentación y analizará el caso para luego considerar si hace o no una recomendación al gobierno boliviano sobre el tema.
El 16 de abril, en el mismo Foro de la ONU, el presidente boliviano Evo Morales pidió ante la plenaria “salvar el planeta”. En su discurso precisó que “el enemigo está ahí y si nosotros no vamos a tener capacidad de organizarnos, no solamente como movimiento indígena, sino otros sectores sociales, no estamos garantizando la vida de las futuras generaciones (…). Es importante, cómo compartir esas experiencias (organizativas) de los cinco continentes del movimiento indígena para salvar al planeta tierra”.
El discurso del Presidente de Bolivia fue criticado por algunas organizaciones indígenas, sobre todo por aquellas que expresaron su rechazo al desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos en sus territorios.
El indígena uchupiamona Alex Villca Limacho, actual vocero de la Mancomunidad de Comunidades, declaró que “a estas alturas de su gobierno, tras 12 años de gestión, queda al descubierto que durante este tiempo nos ha estado engañando y mintiendo de la manera más cruel porque ha jugado con el sueño y la esperanza de muchos pueblos indígenas no solo de Bolivia, sino del planeta entero”, señaló a Mongabay Latam Villca.
Lamentó que con sus discursos en foros internacionales quiera confundir a la gente, pero “a los que ya estamos despertando, ante esta oscura y dura realidad de la afectación a nuestros territorios, nos queda prepararnos para retomar las riendas de nuestras luchas como pueblos indígenas”, dijo.
Este año, en diferentes escenarios, Morales ha ratificado el desafío de su gobierno: posicionar a Bolivia como el centro energético de la región. Para ello propone la generación de 6000 megavatios (MW) a través de centrales hidroeléctricas y al menos 356 megavatios a través de energías alternativas.
Los proyectos hidroeléctricos El Bala-Chepete y Rositas son las fuentes principales para cumplir con esa meta, a pesar que distintos analistas ambientales han coincidido en señalar que el costo socioambiental será muy alto.
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¿Por qué El Bala-Chepete preocupa a los indígenas de Bolivia?
Se sabe tras la publicación de las fichas ambientales de los megaproyectos, a las cuales accedió la Fundación Solón, que la represa del Chepete elevaría el nivel del agua en 158 metros llegando a formar un lago a 400 metros sobre el nivel del mar. Y que la presa de El Bala elevaría el nivel del agua en unos 20 metros y su embalse quedaría a 220 metros de altura.
Ambos embalses inundarían un total de 771 Km2: el del Chepete sería de 677 Km2 y el de El Bala de 94 km2. Es decir, que los dos embalses cubrirían una superficie cinco veces mayor a la ciudad de La Paz. En esas áreas inundadas, según las fichas ambientales, viven hoy 3214 habitantes y en las áreas colindantes a los embalses 1950. Es decir, que 5164 indígenas y campesinos serían desplazados.
En cuanto a la biodiversidad que podría verse afectada, según la ficha ambiental de Ende, en el área que será intervenida para la construcción de la represa de El Bala, por ejemplo, existen 424 especies de flora, 201 especies de mamíferos terrestres, 652 especies de aves, 483 especies de anfibios y reptiles, y 515 especies de peces. A esto se suma que los embalses, caminos y líneas de transmisión eléctrica generarían una deforestación superior a las 100 000 hectáreas. Y que no hay que olvidar que en ese espacio está el Madidi, una de las áreas protegidas más importantes de Bolivia que posee una biodiversidad que es catalogada como una de las más destacadas en el mundo.
Una de las observaciones que hace el activista Pablo Solón, director de la Fundación Solón, es que las fichas ambientales de Geodata no detallan el impacto de ambas represas aguas abajo del río Beni y a lo largo de toda la subcuenca. “Gran parte de los sedimentos y nutrientes que fertilizan las tierras aguas abajo quedarían atrapados en las presas afectando la producción agrícola, el ciclo de los peces y la biodiversidad en la región”, precisó Solón.
De acuerdo a lo proyectado por Geodata, la hidroeléctrica Chepete tendría que empezar a funcionar entre 2025 o 2030. En tanto, la hidroeléctrica El Bala sería construida una década después que el Chepete.
Mientras tanto, la Mancomunidad de Comunidades lleva tres años exigiendo información al gobierno sobre la situación en la que quedarán sus territorios. “Vivimos en continua zozobra porque no sabemos qué va a pasar con nosotros”, dijo a Mongabay Latam Valentín Luna, presidente de la Mancomunidad que aglutina a las 17 comunidades que serán afectadas.
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cepilap), que es la organización con la que acepta conversar la Empresa Nacional de Electricidad, señaló a través de su presidente Johnson Jiménez Cobo que el convenio que han firmado con el gobierno dando vía libre a que la empresa Geodata socialice el proyecto, no es sinónimo de una “consulta previa, libre e informada”.
Por eso, durante la sesión plenaria de las Naciones Unidas, Ruth Alipaz denunció las amenazas que enfrentan estos pueblos indígenas de Bolivia por no haber sido consultados como establecen las leyes de su país y la legislación internacional.
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Rositas desplazaría a 500 familias
El megaproyecto hidroeléctrico Rositas planea inundar 45 000 hectáreas de terreno ocupadas hoy por 12 comunidades campesinas y de indígenas guaraníes de las provincias de Vallegrande y Cordillera, en Santa Cruz.
Esta represa forma parte de un gran complejo de siete hidroeléctricas que se instalarán en la cuenca del río Grande y que abarcarán los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. En conjunto aportarían 3000 MW a un Sistema Interconectado Nacional (SIN) y demandarían una inversión de mil millones de dólares.
“Nos quieren obligar a abandonar nuestras viviendas y tierras de producción”, adelantó a Mongabay Latam Benigno Barrientos, dirigente de Moroco, comunidad campesina que forma parte de los cinco municipios que denuncian serán afectados con la construcción de la megarepresa.
Investigadores de la ONG Probioma han alertado también sobre el impacto que la construcción de la hidroeléctrica Rositas generará sobre la seguridad y soberanía alimentaria al anular las tierras de una de las zonas prioritarias para la producción de alimentos.
Tomando en cuenta la región en la cual se construiría la represa, ENDE (según los términos de referencia para adjudicar el proyecto a diseño final) resalta que hay que evaluar los impactos que generaría la hidroeléctrica en el Parque Nacional y ANMI Serranía del Iñao y en el Área Protegida Municipal Parabanó (municipio Cabezas), pero principalmente menciona al Área Natural de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños (ANMI) que posee el área boscosa más grande de la cuenca y su conservación garantiza la estabilidad hidrológica de los valles cruceños.
Esta es una de las tantas razones por las que los comuneros, agricultores, ganaderos e indígenas guaraníes, organizados en el Comité de Defensa de Tierra y Territorio, libran una batalla legal para exigir la aplicación de una consulta previa. En diciembre de 2016 empezaron por emitir un voto resolutivo de “rechazo unánime y total del proyecto inconsulto de la construcción del proyecto Rositas y la afectación directa e indirecta de las poblaciones aledañas”.
En mayo de 2017 impidieron que la empresa ingrese a su territorio para socializar el proyecto, porque consideraban que solo entraba para hablar de los beneficios para el país y no para dar respuestas sobre el futuro de los afectados. Y en marzo pasado, las comunidades guaraníes de Yumao y Tatarenda Nuevo interpusieron una acción popular para frenar la ejecución de la hidroeléctrica Rositas denunciando la falta de una consulta previa, libre e informada.
Lograron que el juzgado quinto en Materia Familiar la admitiera el 2 de abril y ordenará —cautelarmente— a Ende la suspensión de toda actividad administrativa o jurídica del proyecto hasta que se realice la audiencia. Sin embargo, en menos de nueve días, el caso pasó por tres tribunales quedando en el municipio de Lagunillas (Santa Cruz).
“Son tres años de incertidumbre, de preocupación. Vulneran nuestros derechos. La empresa viene e ingresa a la propiedad privada. Hemos consultado en reiteradas ocasiones si podremos seguir siendo ganaderos y agricultores. Y no responden”, expresó Barrientos.
Sobre ambos proyectos hidroeléctricos que forman parte de los planes de desarrollo del gobierno para exportar energía y generar importantes ingresos para el país, el ministro de Energías, Rafael Alarcón, en recientes encuentros con la prensa aseguró que lo que Ende está realizando en las comunidades es la socialización de los proyectos hidroeléctricos.
La autoridad explicó que aún no se culminaron los estudios finales, por lo tanto no se conoce las dimensiones de las represas ni cuál será la afectación (que reconoce que existirá) y cómo se va encarar la compensación.
La representante de la Mancomunidad de Comunidades pidió, finalmente, en la sesión plenaria de la ONU que las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia no “queden escondidas e ignoradas”.
Para Alipaz ya es un logro para la defensa de los pueblos indígenas amenazados por las megahidroeléctricas haber llegado al foro de Nueva York, reunirse con la Relatora Especial y ponerla al tanto de la situación de las comunidades que no fueron consultadas para la implementación de cualquier acción vinculada a estos proyectos. “Lograr que emita su recomendación sería lo máximo. Es lo que esperamos de este encuentro”, destacó la indígena uchupiamona.
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