- El alto tribunal concedió una tutela interpuesta por 25 niños y jóvenes que afirman que la deforestación de la Amazonía colombiana vulnera sus derechos a la salud y a la vida.
- En el fallo, el tribunal supremo le ordena al Presidente y a las autoridades ambientales elaborar un plan de acción para proteger este pulmón del planeta.
(Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Semana Sostenible de Colombia)
Las consecuencias de la actual destrucción de la naturaleza las sufrirán principalmente las generaciones futuras. Esta es la premisa bajo la cual la Corte Suprema de Justicia acaba de tomar una decisión ambiental histórica: acoger la tutela presentada por un grupo de niños y jóvenes colombianos que afirman que la deforestación en la Amazonía pone en riesgo su supervivencia, y por eso exigen que el Estado tome medidas contundentes para detenerla.
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en 2016 el país perdió 178 597 hectáreas de bosques vírgenes, una cifra impresionante que representó un aumento del 44 % respecto a la reportada en el 2015. De ese número, 70 074 hectáreas desaparecieron en la Amazonía, uno de los lugares más biodiversos del planeta, que además cumple un papel fundamental en la regulación de los ciclos hidrológicos y del clima.
A pesar de que el gobierno colombiano ha asumido compromisos internacionales para reducir la deforestación en esa región y que cuenta con programas destinados específicamente a esta tarea, como Visión Amazonía, el fenómeno se le ha salido de control, como lo señalan distintos expertos y organizaciones ambientalistas. Si bien no hay una cifra consolidada para 2017, todos los pronósticos indican que va a ser muy superior a la del año anterior.
La Amazonía concentró el 66 % de las Alertas Tempranas de Deforestación que emitió el Ideam el año pasado. Tan solo en febrero de este año, en el departamento del Guaviare se perdieron más de 20 000 hectáreas de selva por cuenta de las quemas ilegales para establecer potreros ganaderos, cultivos de coca y carreteras.
En suma, una tragedia ambiental para la que el Estado no ha tenido una respuesta efectiva. Por eso, 25 niños y jóvenes colombianos representados por el director del Centro de Estudios Dejusticia, César Rodríguez Garavito, presentaron en febrero pasado una tutela en la que piden que esa situación se resuelva, pues amenaza sus derechos fundamentales a la salud, al ambiente sano y a la vida.
“Nosotros somos demasiado jóvenes para frenar el cambio climático y la deforestación, pero sí seremos los directos afectados por las decisiones que se están tomando hoy”, argumentó en ese momento Gabriela Eslava, una de las abogadas de Dejusticia que ha acompañado el proceso. Según los cálculos del propio Ideam, por cuenta del cambio climático la temperatura en el país podría aumentar hasta los 1,6 grados centígrados para 2041, lo que reduciría las lluvias hasta en un 32 %, ocasionando múltiples desastres.
Para esa época, la mayoría de los tutelantes estarán viviendo su adultez, por lo que serán los principales afectados si no se toman medidas en el presente. “Nosotros somos los que vamos a vivir un futuro con mucho más calentamiento global y por eso queremos acciones concretas”, afirma Eslava. Todos esos argumentos fueron acogidos por la Sala de Casación Civil, que emitió una sentencia que marca un hito en materia de justicia ambiental y climática en Colombia y en América Latina.
De acuerdo con el alto tribunal, el Estado colombiano no ha enfrentado eficientemente la problemática de la deforestación en la Amazonía, pese a haber suscrito numerosos compromisos internacionales y a existir en el país suficiente normatividad y jurisprudencia sobre la materia. La corte encontró que esta situación tiene un nexo directo con el calentamiento global y con la consecuente afectación de los derechos fundamentales de los accionantes de la tutela en particular, pero también con todos los habitantes del país en general.
“Los reseñados factores generan directamente la deforestación en la Amazonía, provocando a corto, mediano y largo plazo, un perjuicio inminente y grave para los niños, adolescentes y adultos, tanto para las generaciones presentes como las futuras, pues desboca incontroladamente la emisión de dióxido de carbono (CO2) hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas, alterando el recurso hídrico y con ello, el abastecimiento de agua de los centros poblados y degradación del suelo”, se lee en una parte de la sentencia.
Por ende, tal como actuó en el pasado la Corte Constitucional con el río Atrato, la Corte Suprema declara a la Amazonía como entidad ‘sujeto de derechos’, titular de la protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran. Y para lograr ese propósito, ordena a la Presidencia de la República y a las demás autoridades nacionales, regionales y municipales involucradas en esta responsabilidad, adoptar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para proteger esta región del país.
Entre las medidas que ordena la Corte se encuentran la construcción de un “pacto intergeneracional por la vida del amazonas colombiano -PIVAC”, en donde se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases efecto invernadero, el cual deberá contar con estrategias de ejecución nacional, regional y local, de tipo preventivo, obligatorio, correctivo, y pedagógico, dirigidas a la adaptación al cambio climático.
Así mismo, exige que todos los municipios de la Amazonía colombiana actualicen en los próximos cinco meses sus Planes de Ordenamiento Territorial en aras de atacar la deforestación en sus jurisdicciones. Y les da un plazo perentorio a Corpoamazonía, Cormacarena y a la CDA para que ejecuten un plan de acción que enfrente mediante medidas policiales, judiciales o administrativas, los problemas de deforestación informados por el Ideam.
Por ahora ninguna de las entidades involucradas se ha manifestado sobre esta sentencia que sienta un precedente fundamental en la protección de la riqueza natural de Colombia. Por primera vez en la historia del país, un organismo judicial reconoce que el cambio climático tiene efectos potenciales sobre la salud y la vida humana, y le ordena al Estado acciones efectivas para mitigarlo.