Líder indígena denuncia presiones del gobierno por hidroeléctricas en Bolivia

Días atrás, el ministro de Energías de Bolivia, Rafael Alarcón, declaró a los medios locales que quienes se oponían a los megaproyectos hidroenergéticos en su país no eran los pueblos indígenas sino activistas financiados por ONG internacionales. En una reciente entrevista con Mongabay Latam, en Santa Cruz, Ruth Alipaz Cuqui, representante de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquivey, se pronunció sobre el tema. Se arregló el pelo, frunció el ceño en señal de decepción y, mapa en mano, llegó su respuesta.

“Desde el Gobierno y otros espacios han dicho muchas cosas de mí. Que no soy indígena, que no represento a nadie, que soy empresaria. Yo no he hecho nada ilícito. La Constitución de mi país reconoce mis derechos como ciudadana boliviana y puedo defenderlos de manera individual y colectiva como lo he hecho”, dijo la activista, quien aún no se acostumbra a que la llamen así; tampoco defensora ambiental. Ella precisa que su lucha no es individual sino de varios pueblos.

Repentinamente, Alipaz ha pasado de ser una dirigente indígena, una promotora de proyectos ecoturísticos, a representar una causa ambiental de miles de indígenas bolivianos contra dos proyectos hidroeléctricos gigantes. De concretarse, sostiene Alipaz y varios expertos ambientales, estas megarepresas arrasarían con miles de hectáreas de bosques prístinos, destruirían los ciclos de vida naturales de algunos de los ríos más importantes de Bolivia y alterarían para siempre la vida de indígenas guaraníes, mosetenes, tacanas, tchimanes, lecos, ese ejjas y uchupiamonas.

Un poco de contexto. Como parte de su política energética, la gestión de Evo Morales viene impulsando la construcción de un conjunto de megaproyectos hidroeléctricos que considera estratégicos para la generación de energía, principalmente para la exportación. Entre ellos, destacan Chepete-El Bala (ubicado en los departamentos de La Paz y Beni) y Rositas (ubicado en Santa Cruz). De acuerdo con un informe técnico de Geodata, la empresa italiana encargada de diseñar el proyecto Chepete-El Bala, los embalses inundarían 771 km2, lo cual dejaría 5000 desplazados y afectaría a 48 comunidades indígenas y campesinas. Un documento de la Fundación Solón estima que “los dos embalses (Chepete y El Bala) cubrirían un área cinco veces superior a la mancha urbana de la ciudad de La Paz”. 

En su presentación en la plenaria de las Naciones Unidas, Alipaz explicó que el 27 de julio de 2016 el Gobierno firmó un contrato con Geodata para elaborar los términos de referencia para la licitación internacional del megaproyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala, bajo la justificación que la Constitución Política del Estado boliviano prevé la consulta previa libre e informada solo para proyectos de energía no renovables. “Pero las represas tienen una vida útil de aproximadamente 50 años; por tanto, no clasifican como energías renovables”, manifestó Alipaz ante la ONU, explicando así por qué el gobierno boliviano está obligado a  realizar la consulta previa entre los pueblos indígenas.

Recordemos que, en abril pasado, Ruth Alipaz llevó estas denuncias al Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas y reveló la violación del derecho a la consulta de los pueblos originarios en Bolivia. La organización internacional se pronunció el 27 de abril e invocó a los Estados miembros a establecer “mecanismos y procesos para lograr diálogos comprensivos y consultas con los pueblos indígenas”. La organización expresó también su preocupación por la ausencia de procesos de consulta del gobierno boliviano a los pueblos indígenas que se verían impactados por los proyectos hidroeléctricos.

Alipaz, menuda y fuerte a la vez, advierte que los megaproyectos energéticos Chepete-El Bala y Rositas siguen avanzando sin contar con el debido consentimiento de las poblaciones que serían afectadas por los mismos. Y parece que el mensajero preocupa más que el mensaje. La activista sigue recibiendo numerosos mensajes de apoyo, pero también presiones desde las redes sociales e intentos del Gobierno y de otros grupos de su país por deslegitimar su voz.

La lideresa indígena asegura no tener miedo y reafirma que seguirá en la lucha por la defensa de los derechos indígenas, entre los que se encuentra el acceso a los recursos naturales. Le resulta “increíble” tener que explicar la naturaleza y motivos de su intervención en Naciones Unidas. Por ello, con cierta frustración, repite una y otra vez que su participación se dio en calidad de representante de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquivey, y por convicción. “Estoy luchando en representación de mis hermanos de la Mancomunidad y defendiendo, por principios, mis derechos como boliviana”.

Alipaz precisa que no recibe financiamiento de ninguna ONG y que la Mancomunidad a la que representa es una organización con un historial de acciones de defensa que se remontan al año 2000, cuando se formó para enfrentar una concesión que iba a “beneficiar” a un consorcio turístico externo y con la cual los pueblos originarios no estaban de acuerdo. “Las 17 comunidades indígenas que conforman la Mancomunidad se protegen y ayudan en situaciones de riesgo como inundaciones o en amenazas a sus territorios”, afirma, y luego se pregunta: “¿Tendría algo de malo que busquemos apoyo para defender derechos? ¿No sería al contrario? Creo que quedarse callados y no buscar apoyo si es que se requiere es ser cómplices. ¿Por qué intentan criminalizar la busca de ayuda para defender derechos?”.

El ministro de Energía de Bolivia volvió a pronunciarse, recientemente, sobre los proyectos megahidroeléctricos y esta vez optó por pedirle a la población un poco de “paciencia”.También le dijo a los medios de comunicación bolivianos que no se puede informar en base a documentos parciales. “Estamos en estudios, mientras no tenga el estudio lo demás son meros documentos parciales, meros documentos de trabajo, no se puede tomar conclusiones, no se puede emitir criterio con documentos parciales, eso es irresponsabilidad”, dijo.

Y agregó que cuando tengan los resultados finales se realizará la consulta “pública, libre e informada” a las comunidades indígenas.

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Líder por naturaleza

Ruth Alipaz nació en San José de Uchupiamonas, una localidad de aproximadamente 50 familias ubicada al norte de La Paz, cuyo territorio sería impactado por el proyecto Chepete-El Bala. Actualmente, vive y trabaja en Santa Cruz, promoviendo el turismo de aves desde su propia empresa, Bird Bolivia, pero viaja constantemente a su pueblo. Siempre sintió pasión por la diversidad de aves en su tierra de origen y por la conservación de hábitats, teniendo claro que la diversidad de aves es sinónimo de salud en el ecosistema.

Al encontrarse en un área de bosques húmedos de montaña (donde la Amazonía y los Andes se unen), como la de Uchupiamonas, la biodiversidad es enorme. Por ejemplo, Alipaz asegura que hay más de 400 especies de aves solo en la Serranía Sadiri, incluyendo una oriunda de Bolivia que se llama Bolivian tyranulet. Ella las conoce casi todas. En general, en el país, hay varias especies endémicas en peligro de extinción como la paraba frente roja (Ara rubrogenys), la paraba barba azul (Ara glaucogularis), la palkachupa cotinga (Phibalura boliviana) y la pava copete de piedra (Pauxi unircornis). Ruth Alipaz repite hasta el cansancio que “las aves hablan de la salud del bosque y son parte de una cadena que no debe quebrarse porque afecta todo”.  

La protección de los bosques de alta riqueza biológica, como la Serranía Sadiri, no es un asunto nuevo. En 2009, el pueblo creó el Sadiri Lodge, una alternativa a una concesión maderera de 31 000 hectáreas que se iba a otorgar a una empresa privada. Este local turístico se encuentra en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Uchupiamonas y al interior del Parque Nacional Madidi. Para Alipaz, este caso es la evidencia de que la protección del bosque es una necesidad y una opción que puede fortalecerse, pues genera ingresos en las economías indígenas y protege bosques.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo, pero dígame, ¿de qué desarrollo podemos hablar si esos proyectos para generar energía van a inundar y desaparecer pueblos? ¿Si no nos han consultado? Si desaparece el río Beni, desaparecerían los ese ejjas y su idioma, porque son indígenas nómades. Eso es una vulneración total de nuestros derechos y las leyes nacionales e internacionales. No lo vamos a permitir”, afirma.

Alipaz se sorprende de que en tiempos de un Estado plurinacional en Bolivia, siete territorios indígenas se encuentren amenazados por megaproyectos. “La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia faculta a cualquier ciudadano boliviano, sea individual o colectivamente, a pronunciarse si así lo requiere una situación, para defender territorios, recursos naturales, ríos, personas, pueblos indígenas”, asegura. “Las mancomunidades son una forma de organización contemplada en la Constitución de Bolivia y los pueblos tienen el derecho de organizarse en cuantas formas crean conveniente, y adoptar y ejercer como pueblos indígenas sus derechos, su autonomía y su libre autodeterminación”. Finalmente, Alipaz espera lo que cree imposible: que el Gobierno de su país recapacite, dé marcha atrás, tome en consideración la voz de todos y busque otras opciones para generar desarrollo, así como energías más sostenibles como la solar.

Foto de portada: Flor Ruíz.