- El Ministerio de Ambiente prohibió el turismo en 1,1 kilómetros de esta playa en la popular isla de Barú, cercana al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Sin embargo, la decisión no tiene completamente satisfechos a expertos ni comunidades.
- El gobierno colombiano ha asegurado que el turismo desmedido, la sobrepesca, la contaminación lumínica, el incremento en la infraestructura costera y el mal manejo de los residuos están poniendo en riesgo los nidos de la tortuga Carey, una especie en peligro crítico de extinción.
Playa Blanca en la isla de Barú es uno de los destinos turísticos preferidos de colombianos y extranjeros que viajan por el Caribe del país. Debido a su cercanía con la ciudad de Cartagena, este lugar recibe diariamente a miles de visitantes atraídos por su arena limpia y sus aguas cristalinas. Sin embargo, ese turismo desenfrenado está causando graves impactos tanto en la costa como en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, con el que limita.
Corales del Rosario es un área protegida, considerada uno de los ecosistemas marinos más diversos de Colombia. En sus 120 000 hectáreas alberga una impresionante riqueza natural representada en bosques costeros de manglar, extensos pastos marinos, diversidad de invertebrados y una multitud de peces multicolores. Además, en él se encuentra el 84% de los corales de la plataforma continental del Caribe colombiano, que actúan como barrera y mitigan el impacto de la erosión costera.
Pero, ¿por qué lo que se conoce como un lugar de ensueño se ha convertido en los últimos años en un caos social y ambiental? Uno de los principales motivos fue la construcción, a mediados de 2014, de un puente que comunica a la Isla de Barú, donde se ubica Playa Blanca, con Cartagena, uno de los principales destinos turísticos del país.
Este hecho elevó significativamente la cantidad de turistas que la visitan, convirtiendo a la playa en una “bomba de tiempo”. Cuando explotó, dejó como principales afectados a este privilegiado ecosistema y, particularmente, a la casi extinta tortuga Carey (Eretmochelys imbricata). La sobrepesca, la contaminación lumínica, el incremento en la infraestructura costera y el mal manejo de los residuos, son algunas de las consecuencias del turismo desaforado en el sector.
De acuerdo con un estudio de Parques Nacionales realizado en 2016, la capacidad de carga del lugar es de 3124 personas diarias, pero en temporadas altas la cifra puede llegar hasta los 14 000. El informe también arrojó que, para marzo de ese mismo año, el 12% del área estaba ocupada. No obstante, en recorridos realizados por funcionarios de la misma entidad en el primer trimestre de 2017, se evidenció que la invasión por infraestructura se había extendido al 90% de la zona previamente demarcada para la anidación de las tortugas.
Para contrarrestar la situación, el pasado 16 de mayo el Ministerio de Ambiente, a través de la resolución 0774, ordenó el cierre de una franja de 1,1 kilómetros al norte de Playa Blanca, con el fin de mitigar los graves problemas ambientales registrados allí, los cuales ponen en riesgo la conservación del ecosistema y, especialmente a esta tortuga que se encuentra en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
De acuerdo con el documento, las principales causas que llevaron a esta decisión son: el deterioro de los hábitats de las tortugas, la contaminación de las aguas de las lagunas, el aumento de la infraestructura costera y la iluminación artificial. Además, el turismo descontrolado ha provocado la extracción de huevos y captura de hembras en el periodo de anidación -de mayo a noviembre, principalmente-, lo que se ha agravado con el continuo flujo de embarcaciones y el comercio para fines artesanales de esta especie.
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Problema crónico
Pero esta medida del Ministerio no es el primer intento nacional por salvar y conservar ese ecosistema. En 2015, la Presidencia de la República coordinó varias reuniones interinstitucionales con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Armada Nacional, Parques Nacionales Naturales (PNN), la Alcaldía de Cartagena, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Policía Nacional, la Corporación para el Desarrollo Playa Blanca-Barú (Corplaya) y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), entre otras, para lograr que las entidades con incidencia en la zona actuaran en el marco de sus competencias.
En ese mismo año, Parques Nacionales elaboró un plan de recuperación para contribuir al ordenamiento, manejo y control de Playa Blanca con los componentes turístico, ambiental, jurídico y social y con la propuesta de la infraestructura requerida. La guía se socializó con diferentes instituciones regionales, estableciendo acciones y responsables para enfrentar la problemática.
El año pasado, la Procuraduría General de la Nación le ordenó a Parques Nacionales prohibir de manera temporal el ingreso, por medio de transporte marítimo, de visitantes y prestadores de servicios turísticos al área protegida. Pero esta medida fue suspendida tras una acción de tutela -mecanismo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aún aquellos que no se encuentren consagrados en la constitución, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión- interpuesta por un representante del Consejo Comunitario de Playa Blanca, quien argumentó que se estaba vulnerando el derecho a la consulta previa.
Pese a todas estas iniciativas, la situación en la zona no ha mejorado. Según el propio Ministerio de Ambiente, la falta de gobernabilidad en este concurrido sector impide el progreso de las medidas. Una de las dificultades es que la jurisdicción de las autoridades está dividida. Por un lado, el área protegida se rige bajo las medidas de Parques y por otra parte, Playa Blanca depende de la corporación Cardique -que ejerce autoridad en términos ambientales- y de la alcaldía de Cartagena.
Mientras tanto, el fenómeno avanza a pasos agigantados y una de las principales víctimas es la tortuga Carey. Se trata de una especie migratoria cuyo proceso reproductivo depende, en gran medida, del buen estado del ecosistema. Como explica Stephanie Pauwels Romero, directora del Parque Corales del Rosario, “la inclinación, la calidad de la arena y la intensidad del sol son ideales para el proceso de anidación de esta especie”.
Esta tortuga marina es una de las más amenazadas a nivel mundial debido al consumo de su carne y al uso de su caparazón para fabricar artesanías. Según un diagnóstico realizado por Parques Nacionales Naturales en 2017, su importancia para el ecosistema radica en el control de esponjas que compiten por espacio con el arrecife de coral, motivo por el cual la tortuga ha recibido el apodo de centinela del mar. Además, en el momento de la eclosión de los huevos, estos animales dejan nutrientes en la playa para el desarrollo de la vegetación local.
Sin embargo, la presencia masiva de turistas en la playa, la contaminación lumínica irradiada por los hoteles y el ruido se convierten en obstáculos para que la tortuga pueda llegar a su objetivo. Solo un dato refleja la magnitud del problema: mientras que en 2008 los funcionarios del Parque contabilizaron alrededor de 15 nidos, en 2015 apenas encontraron uno.
Cada nido tiene en promedio 180 huevos, de los cuales 100 o 120 eclosionan. Las pequeñas tortugas nacen y de inmediato regresan al mar. “Ellas tienen incorporado en su organismo el mapa del lugar donde nacieron y allí regresan posteriormente a anidar. Por eso es tan importante la conservación de esa zona para la supervivencia de esta especie”, agrega Pauwels Romero.
Pero la tortuga Carey no es la única afectada con la situación. Según Pauwels, la actividad turística también está generando graves impactos en el área marina protegida. “Hemos encontrado sedimentos en los corales, hay sobrepesca por la alta demanda de alimentos para los visitantes y una impresionante contaminación submarina. Además, los servicios de ‘careteo’ los prestan personas que no están capacitadas, por lo que no tienen en cuenta la sobrecarga en el ecosistema ni los impactos de su presencia sobre estos lugares tan sensibles”.
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Entre la duda y la resistencia
A pesar de los argumentos entregados por el Ministerio de Ambiente, no todos están convencidos de que el cierre de una franja de Playa Blanca sea la decisión apropiada para revertir el daño que está causando el turismo masivo en esa zona del Caribe colombiano. Según Karla Barrientos, directora científica de la Fundación Tortugas del Mar y coordinadora de Widecast (Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network) para Colombia y una de las personas que más conoce esta problemática, “Playa Blanca y sus ecosistemas aledaños están totalmente degradados, y el daño es casi irreversible. Necesitamos darle un respiro a la playa, el cierre y manejo son urgentes, pero la justificación no puede ser exclusivamente la tortuga carey”.
De acuerdo con Barrientos, existen razones técnicas y científicas que no se están teniendo en cuenta. La primera tiene que ver con lo que en el ámbito biológico se conoce como un sitio de anidación. Según dice, una de las condiciones es que hayan más de 20 nidos en una misma temporada. Una cifra lejana a la que, según el Ministerio y Parques Nacionales, se encontró en la época de mayor afluencia de estos animales en Playa Blanca. “Los conteos realizados indicarían que se trata de una zona a donde las tortugas acuden esporádicamente a depositar sus huevos”, explica la experta.
También agrega que posiblemente hace 20 años el lugar sí era importante para la especie, pero que la falta de control y vigilancia por parte de Cardique -entidad encargada-, el consumo desmedido de carne y huevos, y el uso de su caparazón para la elaboración de artesanías, lograron que Barú ahora no sea definido como un lugar de alta prioridad para su conservación. “Nada nos indica que esto hará llegar más animales. Eso no lo sabemos porque falta monitoreo riguroso sobre preferencias de anidación, uso de hábitat o número de hembras anidantes, entonces debemos apostarle a un manejo más integral que incluya, entre otras, el monitoreo de otras playas del archipiélago de Corales del Rosario y de San Bernardo, así como educación ambiental en toda esta zona y sus zonas de amortiguamiento, dado que no hay una linea base fundamentada”, expresa.
El turismo no es lo único que está afectando a las tortugas Carey, el consumo de su carne y la utilización de su caparazón para fabricar artesanías también la tienen en peligro crítico de extinción. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.Por otra parte, para Barrientos la decisión de cerrar la playa sin tener en cuenta las posibles afectaciones a las comunidades que habitan allí, puede terminar siendo contraproducente para el propósito de conservación que motiva al Ministerio. “La prohibición puede generar un conflicto social, estamos señalando a una especie como la culpable del cierre de un lugar, del cual dependen muchas personas. Esta debería ser más bien una oportunidad de trabajo entre la gente y las instituciones para darle un manejo adecuado a la situación”, afirma.
Esa tensión de la que habla Barrientos es notoria en las declaraciones entregadas a Mongabay Latam por José David Miranda López, representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca. Según él, “este lugar ha tenido un abandono total por parte del Estado y ahora vienen a hacer un cierre sin contar con la comunidad y sin hacer la Consulta Previa. Esta es una medida arbitraria para nosotros porque hay 800 personas que dependemos del turismo en la zona”.
El líder aclara que para ellos también es necesario tomar medidas para salvar a la tortuga Carey y a todo el ecosistema de Playa Blanca. “No es que nosotros estemos en desacuerdo con la protección de esta especie, al contrario, queremos colaborar con eso, pero le pedimos al Ministerio de Ambiente y a las organizaciones que están en pro del cierre que hagamos un plan para conservar el ecosistema donde la comunidad no se sienta afectada”.
De acuerdo con Karla Barrientos, para proteger a la tortuga Carey no es necesario cerrar esa franja de la playa. “Estos animales anidan en las noches y esa zona es generalmente usada como pasadía, es decir, los turistas llegan en la mañana y se retiran en las tardes. Quienes se quedan y los hoteleros tiene la obligación de no permitir que las personas caminen por la zona y apagar las luces. Incluso se podría hacer un plan en el que la anidación se tomara como excusa para vincular a los visitantes y a los nativos en un proceso de educación ambiental que promueva la importancia de conservar esta región”.
Para la experta, es importante mencionar que las tortugas Carey son animales migratorios y para ellas todo el Archipiélago y la misma Cartagena son fundamentales para su supervivencia. “El trabajo de monitoreo y educación ambiental de Parques Nacionales y sus aliados dentro del área protegida es importante, por eso aún tenemos tortugas en la zona. Pero están solos. Necesitamos un compromiso real en Playa Blanca, no sólo de las autoridades ambientales, sino de las entidades de turismo, el visitante y, por supuesto, las comunidades que dependen del territorio para su supervivencia”, señala.
Así pues, expertos y comunidades coinciden en que para proteger este ecosistema existen mejores alternativas que la prohibición del turismo. “Realmente necesitamos una educación para todas las personas que dependemos de la playa y requerimos también de un plan de manejo ambiental para todo el sector de Playa Blanca, no solo de los 1,1 km que cerraron”, agrega Miranda López.
El mal manejo de los residuos en la playa, ha llevado a la contaminación del ecosistema submarino. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
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“El cierre no tiene marcha atrás”
A pesar de estos reparos, el Ministerio de Ambiente anunció el 23 de mayo que la medida del cierre está tomada y a través de un comunicado de prensa, la entidad informó que el 15 de junio debe estar listo el plan de acción, el cual debe contemplar medidas para garantizar el mínimo vital de los nativos que ejercen allí su actividad económica.
Por su parte, la Alcaldía de Cartagena, que en un comienzo criticó la resolución del 16 de mayo debido a las faltas de garantías para las comunidades, anunció que la administración ya se encuentra trabajando en el plan de cierre, cuyo objetivo es evitar traumatismos a los servidores turísticos que trabajan en Playa Blanca y al mismo tiempo, cumplir con la decisión del Ministerio.
“Hemos dado instrucciones específicas a nuestro equipo de trabajo para que caracterice cuántas son las personas y familias, que son operarios turísticos, y que eventualmente saldrían perjudicadas con esta medida, para que en estos siete meses (tiempo que durará el cierre por el periodo de anidación), podamos garantizarles unas condiciones de vida dignas”, expresó el recién elegido alcalde, Antonio Quinto Guerra.
El mismo día que el Ministerio afirmaba que este cierre no tenía marcha atrás, el Tribunal Administrativo de Bolívar, admitió una nueva tutela interpuesta por Miranda en la que argumenta que el cierre vulnera el derecho fundamental de las comunidades de la zona a una consulta previa.
Lo único cierto es que Playa Blanca no soporta otra solución a medias. Entre más pasa el tiempo menos posibilidades le quedan a la tortuga para sobrevivir y al ecosistema para mantenerse. Por ahora, la gran pregunta es si, después de tantos intentos, el Ministerio acertará con esta medida de urgencia que busca detener la degradación de este lugar paradisiaco que es vital para la salud ambiental del Caribe colombiano.
*Foto de portada: Fundación Tortugas del Mar / Cristian Ramírez.
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