- Casi 25 años después de que 30 000 personas demandaran a Chevron ─antes Texaco─ por afectación de sus fuentes hídricas y territorios en Lago Agrio en la provincia amazónica de Sucumbíos, la Corte Constitucional de Ecuador ordenó el pago de 9500 millones de dólares como compensación.
- El litigio ha sido largo y la Corte Constitucional confirmó lo ordenado por el Juzgado de lo Civil de Lago Agrio, la sala provincial de Sucumbíos y la Corte Nacional de Justicia. Chevron ya no tiene más instancias ante las cuales apelar.
La Corte Constitucional (CC) del Ecuador emitió una resolución a favor de los afectados por la petrolera transnacional Chevron que operó —a través de su subsidiaria Texaco— en Ecuador entre 1964 y 1990. La Corte rechazó la acción de protección que la empresa presentó en 2013 para que se revocara la sentencia de la Corte Nacional de Justicia por considerarla fraudulenta. En el documento, de 151 páginas, la CC declara que no existe vulneración de derechos constitucionales como alegaba Chevron.
Con este reciente fallo se ratifica la decisión que obliga a Chevron a pagar 9500 millones de dólares a los afectados para la reparación y remediación de los daños sociales y ambientales que —según auditorías y peritajes— dejó la operación de la petrolera en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, en el noreste del país.
La mañana del 11 de julio de 2018, miembros de la Unión de Afectados por la Petrolera Chevron (Udapt) dieron a conocer la noticia. William Lucitanda, coordinador de esta agrupación de indígenas de las nacionalidades cofanes, secoyas y kichwas, y colonos, dijo que desde hace 25 años esperaban esta resolución y que era “un día histórico de la resistencia de los pueblos indígenas en defensa de los derechos colectivos, territoriales y de la vida” porque, según Lucitanda, la petrolera ha afectado a 30 000 personas.
Pablo Fajardo —uno de los afectados por Chevron, quien se convirtió en líder y abogado de los afectados— dijo a Mongabay Latam en una entrevista telefónica que el fallo “significa mucho” para ellos. “Es la última sentencia que tenemos en Ecuador y pone fin al litigio en el país. Ya no hay más recursos posibles que puedan generarse en las cortes ecuatorianas”. Fajardo se refiere a que este caso ya atravesó (y ganó) las tres instancias legales posibles —estuvo en el Juzgado de lo Civil de Lago Agrio, en la sala provincial de Sucumbíos, y en la Corte Nacional de Justicia— y una cuarta, la Constitucional.
Fajardo explica que como hay una sentencia en firme, ahora se enfocarán en buscar cómo validarla u homologarla en otras jurisdicciones para poder ejecutarla y cobrarla. “Un argumento que ponía Chevron (para no acatar la orden) era decir que aún había una sentencia, un trámite pendiente en Ecuador y que no era pertinente homologar la sentencia afuera porque estaba pendiente un fallo”. Ese argumento ya no sería válido.
Chevron Corporation se niega a pagar la indemnización y los bienes que tiene en el Ecuador no alcanzan para cubrir el monto. Por esto siguieron procesos en Argentina y Brasil, pero no tuvieron éxito. Según Fajardo, la argumentación para negar la homologación fue que en ambos países opera una filial de la corporación (no la sede de Chevron) por lo tanto las subsidiarias Chevron Argentina y Chevron Brasil no son responsables de las deudas de la corporación. Sobre esto, el abogado cree que hay hipocresía porque hace dos años el Estado ecuatoriano perdió un arbitraje contra Texaco (luego comprada por Chevron) y debía pagarle 112 millones de dólares. “Lo que están haciendo es que cuando tienen que cobrar su deuda, ahí sí es su empresa, pero cuando tienen que pagar, ahí dicen que no, que es una empresa que no es de ellos, que es autónoma, independiente. Pero es una trampa jurídica con la que se desechan las opciones de vincular a Chevron Argentina y Brasil”.
Adicionalmente, un proceso de homologación está aún abierto en Canadá y los afectados esperan que el reciente fallo ayude a que tenga resultados positivos y diferentes a los de Argentina y Brasil.
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La huella de Chevron
Texaco operó en el Ecuador entre 1964 y 1990, y luego de varias auditorías se le culpó de haber derramado 18 000 millones de galones de agua tóxica a los ríos y esteros de las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, afectando a siete comunidades ancestrales, la flora y fauna del lugar.
Hasta el momento no se ha hecho un estudio a profundidad sobre los impactos en la salud que causó la contaminación de Texaco pero los pobladores que viven cerca de las piscinas —con aguas de formación y residuos— que no fueron remediadas, tienen problemas de salud, principalmente en la piel. En las afueras de Lago Agrio —la ciudad fronteriza en la provincia de Sucumbíos donde Texaco operó— hay piscinas de tratamiento abandonadas: tienen una superficie aceitosa y pedazos de crudo solidificado. Muchos de estos grandes “lagos” de residuos estuvieron ocultos y cubiertos con vegetación hasta el 2010.
La primera vez que las comunidades demandaron a Texaco fue el 3 de noviembre de 1993. La demanda se planteó a nombre de 30 000 afectados, en una corte de los Estados Unidos. Nueve años más tarde, por presión de Chevron, la Corte de Apelaciones de Nueva York envió el caso al Ecuador. En el país, los demandantes decidieron seguir con la acción y volvieron a presentar la denuncia en la Corte Superior de Lago Agrio. La primera sentencia contra la petrolera fue el 14 de febrero de 2011 y se le obligó a pagar 9500 millones de dólares para la reparación del daño ambiental como limpieza de los suelos, instalación de sistemas de agua e implementación de sistemas de salud para la zona.
Desde el inicio del litigio, la petrolera —hoy condenada por contaminar 500 000 hectáreas— se ha defendido diciendo que sí remedió las áreas donde operó, que fue liberada de toda responsabilidad con el medio ambiente, y responsabiliza a Petroecuador —la empresa estatal que se hizo cargo de los pozos petroleros luego de que Texaco abandonase el país─.
*Foto de portada: Unión de Afectados por la Petrolera Chevron (Udapt)
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