Ecuador: sentencia frena negociación petrolera en territorio de indígenas Waorani

Los indígenas Waorani nunca dejaron de insistir en que no fueron consultados, durante 2012, sobre la posibilidad de licitar el bloque petrolero 22 en la provincia amazónica de Pastaza. El gobierno ecuatoriano, sin embargo, siempre sostuvo que las reuniones que tuvo con los indígenas en ese año terminaron con el consentimiento para esta actividad extractiva. Los Waorani no solo denunciaron en ese momento presuntos fraudes en dicho proceso, sino que fueron enfáticos al decir que nunca comprendieron por completo que las reuniones tuvieran como objetivo concesionar su territorio ancestral.

En una batalla que se emprendió en los estrados judiciales de la ciudad de Puyo, los indígenas presentaron una acción de protección por su derecho a la consulta previa, libre e informada, que tuvo inicialmente varios tropiezos y postergaciones de audiencias.

Aun así, la defensa técnica de los Waorani insistió y el pasado 26 de abril la jueza Esperanza del Pilar Araujo Escobar falló a favor de los indígenas y les dio la razón: el Estado no realizó la consulta previa con ellos y por lo tanto, el bloque 22 ─con un tamaño cercano a las 200 000 hectáreas y que se superpone en un 16 % con territorios de 16 comunidades de esta nacionalidad─ no puede ser licitado por ahora, al igual que cualquier otro proyecto extractivo que se quiera desarrollar allí.

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“Nuestro territorio no está en venta”

Los Waorani son contundentes en sus afirmaciones. “Queríamos que quedara claro que el Estado ecuatoriano siempre ha venido a nuestros territorios a engañar y a manipular a cambio de explotación petrolera”, le dice Oswando Nenquimo, vocero indígena, a Mongabay Latam. Asegura que el fallo es un símbolo histórico de la lucha de sus reclamos. “Hemos venido trabajando por más de cinco años y tenemos fundamentos, evidencias y testimonios. Sentíamos que sí se iba a ganar”, indica.

María Espinosa, abogada de los indígenas, comenta que a lo largo de una sentencia cuya lectura duró alrededor de 6 horas, “lo que se hizo fue detallar, a partir de la prueba presentada por nosotros e incluso la del Estado, cómo lo que ocurrió en 2012 está lejos de garantizar los estándares de previa, libre, informada, de buena fe, y culturalmente adecuada, que debe tener la consulta”.

Según precisa Espinosa, si el Ministerio de Recursos no Renovables quiere iniciar actividades extractivas en el territorio debe consultar a las comunidades Waorani conforme a los estándares internacionales.

Sin embargo, el Ministerio anunció que apelará la decisión, “considerando que a pesar de que se presentaron documentos, videos y se demostró el cumplimiento de todos los estándares, estos elementos no se tomaron en cuenta (…) continuaremos acorde los recursos que corresponden, seguros de que la Consulta fue llevada respetando los derechos de los pueblos y nacionalidades”.

Para hacerlo, es necesario esperar a que la sentencia sea notificada por escrito, momento en el que se dispone de tres días para la apelación. Incluso, María Espinosa no descarta utilizar este recurso ─a pesar de que fueron favorecidos─ pues “consideramos que esto es una victoria para el pueblo Waorani y otras nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, pero también entendemos que la sentencia puede ser mejorada y se pueden incorporar otros elementos de análisis. Estamos en las discusiones pertinentes y haremos pública la decisión una vez se nos notifique el fallo”.

Los líderes Waorani insisten en que su deseo es que su voz se escuche y que el mundo apoye este proceso. “No solo es el caso Waorani, hay muchas nacionalidades amazónicas que están, justamente, en una lucha similar. Nos estamos uniendo para fortalecernos. Le pedimos al Estado que nos deje vivir en nuestro territorio sano, no queremos que nadie venga a imponer. Nuestro territorio no está en venta, es parte de nuestra vida y cultura”, dice Oswando Nenquimo.

Los ojos de las nacionalidades indígenas y de las organizaciones que los apoyan están puestos en las comunidades Sapara, Achuar y  Kichwa que presentaron una acción de protección frente a la posible concesión de los bloques petroleros 86 y 87, también en la Amazonía ecuatoriana.

El camino de la acción de protección

Llegar hasta la audiencia en que la jueza les dio la razón a los Waorani tomó su tiempo. El pasado 27 de febrero los indígenas, acompañados por otras nacionalidades —como los Shiwiar, Andes, Achuar, Cofán, Siona, Siekopai, Kichwa, Shuar, Sapara—, marcharon en la ciudad de Puyo hasta llegar a la Corte de Justicia. Allí entregaron su Acción de Protección para garantizar su derecho a la Consulta Previa Libre e Informada y a la autodeterminación.

Días después de recibida la Acción, los jueces respondieron a la solicitud y citaron audiencia para el día 13 de marzo. Sin embargo, los Waorani no quedaron conformes porque, según dijeron, la reunión fue citada en la ciudad y no en territorio indígena para garantizar una amplia participación, no se reconocieron las medidas cautelares que pedían y no se les asignó un traductor oficial imparcial ─la mayoría de Waorani no habla castellano─.

Finalmente, en medio de cantos de protesta los indígenas impidieron que la audiencia se realizara y fue pospuesta para abril. Ya para los días 11, 12 y 13 de abril, ancianos y jóvenes Waorani de manera masiva tomaron la Corte y dieron testimonio de lo que ellos llaman “amplias prácticas fraudulentas dentro del proceso de consulta previa practicada por parte de los funcionarios del gobierno” y la defensa técnica de los indígenas se dedicó a explicar por qué consideraban que había fallas estructurales en el proceso.

Por esos mismos días, el Ministerio de Recursos No Renovables también publicó un extenso comunicado en el que justificaba sus actuaciones indicando que realizaron la Consulta Previa de manera adecuada.

“Mis antepasados defendían la selva con lanza. Cuando entraban invasores, mis antepasados mataban con lanza. Yo he venido con palabra. En 2012, el gobierno vino muy poco tiempo para ofrecernos salud, educación, viviendas. Pero nunca sabíamos que querían explotar petróleo. Nuestro territorio está sano, no hay contaminación. Nosotros, Pikenanis (líderes y sabios waorani), nunca vamos a vender nuestro territorio a las petroleras. Queremos vivir bien en nuestro territorio”, dijo el anciano Memo Yahuiga Ahua Api en ese momento.

Finalmente, el 26 de abril se dio la sentencia a favor de esta nacionalidad indígena de Pastaza, que desde mediados de 2018 lanzó la campaña digital global “El territorio waorani no está en venta”, con una petición para el Estado, la publicación de imágenes de drone y un mapa interactivo innovador de más de 180 000 hectáreas de territorio waorani sin petróleo, que se sumaba a las más de 73 000 firmas que pedían no explotar hidrocarburos en esta zona. Este fallo es una decisión de primera instancia y el pleito entre Waoranis y el Estado seguirá si este último decide apelar, tal como lo anunció.

*Imagen principal: Durante varios días los Waorani protestaron en la Corte. Foto: Mitch Anderson / Amazon Frontlines.

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Artículo publicado por Antonio

Amazonia, conflictos, Medio ambiente, Petróleo, Pueblos indígenas

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