- Dos indígenas defensores de los bosques, madre e hijo, fueron asesinados el pasado 1 de mayo en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua en México.
- El 4 de mayo hombres fuertemente armados dispararon y arrojaron una granada contra Francia Márquez ─premio Goldman 2018─ y varios líderes sociales del norte del departamento del Cauca en Colombia. La reacción de sus escoltas evitó que resultaran heridos.
Hace dos semanas un grupo de 35 periodistas de siete países publicamos Tierra de Resistentes, un proyecto investigativo sobre la violencia contra líderes ambientales en América Latina.
Durante la última semana, dos de las comunidades cuyas historias contamos han sufrido graves ataques que una vez más evidencian la precaria situación en la que se encuentran las comunidades que defienden el ambiente y sus territorios ancestrales en la región ─que encabeza el deshonroso listado de este tipo de violencia─.
En el norte de México, dos personas de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara, fueron asesinadas el miércoles 1 de mayo. Tres días después, un grupo de líderes afrocolombianos del suroccidente de Colombia —incluyendo a Francia Márquez, ganadora del premio Goldman en 2018— fueron atacados por hombres armados, que hirieron a dos de los escoltas que los acompañaban.
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Continúa el horror en la Sierra Tarahumara
El pasado Día del Trabajo, Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, de 20, fueron asesinados en Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua.
Otilia, también conocida como Matilde, era sobrina de Julián Carrillo Martínez, defensor de ambiente y territorio de esa comunidad de la Sierra Tarahumara, asesinado el 24 de octubre de 2018.
Los homicidios de madre e hijo sucedieron el mismo día en que Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Sur de Chihuahua realizaron una visita de trabajo a la comunidad de Coloradas de la Virgen para recabar información, recibir testimonios, ampliar declaraciones y exámenes psicológicos a personas del lugar que han denunciado diversos delitos en los últimos tres años y por los cuales se abrieron 18 carpetas de investigación: nueve por homicidio y el resto por delitos como robo de ganado, amenazas, despojo y lesiones.
Gregorio Chaparro era uno de los testigos que estaban citados para ampliar su declaración. En total, en la Sierra Tarahumara han asesinado a por lo menos 15 defensores del ambiente y territorio en los últimos diez años.
En el caso de Coloradas de la Virgen, las amenazas contra sus habitantes se incrementaron a partir de que los indígenas emprendieron una lucha jurídica para evitar que se talaran sus árboles, como se documentó en el reportaje “Sin territorio no somos nada”, que forma parte de Tierra de Resistentes.
Entre los indígenas de Coloradas de la Virgen que han muerto en manos de criminales está Isidro Baldenegro López, rarámuri que en 2005 recibió el Premio Goldman —considerado el Nobel Verde— por su defensa al bosque de la Tarahumara. Su homicidio ocurrió el 15 de enero de 2017.
El 24 de octubre de 2018 asesinaron a Julián Carrillo Martínez, rarámuri que además de defender el bosque y territorio ancestral de su comunidad, denunció la entrega de concesiones mineras en la región sin que se consultara a los indígenas que habitan la zona.
Antes de que mataran a Julián, asesinaron a su hijo Víctor Carrillo (febrero de 2016), a dos de sus sobrinos (2017) y a su yerno (julio de 2018). A estas muertes ahora se suma la de su sobrina Otilia y la de Gregorio Chaparro.
Estos recientes asesinatos hacen evidente la impunidad, así como la inseguridad y violencia que se vive en Coloradas de la Virgen, donde actúa un grupo de sicarios desde hace ya varios años, según vienen señalando las organizaciones civiles Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) que acompañan a la comunidad de Coloradas de la Virgen en su defensa del bosque y su territorio.
En un documento enviado este lunes al subsecretario de Gobernación nacional, Alejandro Encinas, los representantes de las organizaciones civiles solicitan que los gobiernos federal y estatal definan acciones para fortalecer la seguridad en la comunidad de Coloradas de la Virgen.
Además, piden que se garantice que autoridades de alto nivel participen activamente en el ‘Programa Especial para Guadalupe y Calvo’ que desde hace meses se busca instrumentar en ese municipio de Chihuahua donde, además del asesinato y amenazas en contra de los defensores, se registra un desplazamiento de buena parte de la población sobre todo en comunidades indígenas como Coloradas de la Virgen.
En el documento enviado a Alejandro Encinas, las organizaciones civiles remarcan que, pese a que desde febrero de 2014, indígenas rarámuri y ódami de Coloradas de la Virgen son beneficiarios del ‘Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’, los ataques contra la comunidad continúan. Incluso, Julián Carrillo Martínez era beneficiario de ese mecanismo.
Las organizaciones señalan en su documento que, durante estos años, el actuar del Mecanismo de Protección ha sido “negligente”; entre otras cosas porque tardaron 17 meses en realizar el primer análisis de riesgo, porque el personal del mecanismo ha incluido información falsa en los análisis de riesgo y porque no se ha logrado realizar una evaluación de riesgo en la comunidad.
El documento que Alianza Sierra Madre y Cedehm enviaron al subsecretario de gobernación, también fue dirigido a Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; al coordinador ejecutivo nacional de Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.
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Atentado contra el liderazgo afro del Cauca
Con armas de fuego y una granada de fragmentación, hombres armados disiparon en la tarde del sábado 4 de mayo una reunión que sostenían los dirigentes de las comunidades negras del norte del departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, en la que preparaban las peticiones que le harían este 8 de mayo al Gobierno Nacional.
Justo en el momento en que se iniciaron los disparos, Francia Márquez Mina se disponía a salir del lugar. Márquez es una respetada lideresa que ganó el Premio Goldman el año pasado y es la cara más visible del consejo comunitario afro de La Toma. Nuestro reportaje “La Toma: más que un nombre, un presagio” cuenta cómo esa comunidad lleva años resistiendo contra la minería ilegal y el despojo de su territorio.
Con Márquez estaban otros dirigentes afro como Carlos Rosero, Víctor Hugo Moreno, Sofía Garzón y Clemencia Carabalí, que llevan años trabajando en organizaciones nacionales como el Proceso de Comunidades Negras (PCN).
Por fortuna, todos los líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) resultaron ilesos, aunque dos de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que los protegían fueron heridos. Se encuentran en estado estable, según informó este lunes 6 de mayo el hospital al que los trasladaron.
En diálogo con el diario El País de Cali, Francia Márquez aseguró que fueron momentos de mucho temor porque no sabían de dónde provenían los disparos y que luego, estando toda la gente en el piso, se escuchó la detonación de una granada de fragmentación.
“Yo me paré del sitio porque debía irme para una reunión que tenía pendiente en Cali y justo en ese momento se escuchó un disparo y todos quedamos mudos como por dos segundos. De repente se vino la balacera y toda la gente se tiró al piso y los que reaccionaron fueron los escoltas. Fue un susto enorme; tenemos demasiado miedo”, aseguró.
Testigos del hecho afirman que alrededor de la 5:30 de la tarde aparecieron cuatro personas desconocidas en la finca La Trinidad de la vereda Lomitas, en el municipio de Santander de Quilichao, donde estaban reunidos.
“Tres de ellas desarrollaron el atentado y la otra persona se encontraba de respaldo por si aparecía algún tipo de reacción. Después del atentado dos de los pistoleros huyeron en una motocicleta y los otros dos emprendieron la huida a pie por la vía principal hacia el municipio de Santander de Quilichao”, denunció Aconc en un comunicado.
“Pudimos verificar, después de los hechos, la presencia de tres retenes de la Fuerza Pública. El más cercano a más o menos diez kilómetros del lugar de reunión sobre la vía Timba – Santander de Quilichao, dos de ellos retenes temporales de la Policía y un retén constante del Ejército Nacional en la comunidad de Timba”, añadió la organización afro.
En medio de lo ocurrido, resulta grave que la Defensoría del Pueblo ha estado alertando de estos peligros desde marzo de 2017 sin que las autoridades actúen diligentemente. “Esta acción consuma el riesgo que se encuentra registrado en cuatro documentos de advertencia (ATI 001-18; AT035-18; AT 050-18 y la AT 067-18) que tiene hoy el departamento del Cauca y sobre los que el pasado 26 de abril la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) por el aumento de amenazas en contra de organizaciones como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN)”, asegura la Defensoría.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, le pidió a las autoridades estatales, especialmente al Ministerio del Interior, la Gobernación del Cauca, la Fiscalía General de la Nación y a la Fuerza Pública, “adoptar una conducta conforme al estándar de debida diligencia en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, especialmente para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció este atentado y dar con sus responsables”.
Pero no solo fue el atentado. En la tarde del lunes 6 de mayo, los líderes afro aseguraron que recibieron nuevos mensajes de amenazas contra sus vidas. “Nos dicen que no nos vamos a escapar y que nos van a dar”, dijo Francia Márquez.
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Los hallazgos de Tierra de Resistentes
Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de América Latina nunca había sido tan peligroso, como muestran los 16 reportajes en profundidad y la base de datos con 1356 hechos victimizantes en diez años (2009-2018) que documentamos en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú.
En nuestra investigación encontramos 1179 hechos victimizantes contra hombres y mujeres y 177 contra comunidades u organizaciones que defienden el medio ambiente y el territorio.
Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender su derecho a un ambiente sano y proteger ecosistemas estratégicos —selvas, montañas, bosques, lagos, ríos y humedales— dentro de sus territorios.
El blanco de un alarmante 56 % de esos episodios de violencia (761 registros) pertenece a alguna minoría étnica, demostrando que los territorios indígenas y afrodescendientes —como los habitantes de la Sierra Tarahumara y Cauca— son especialmente vulnerables a estos intereses criminales.
Consulte el proyecto Tierra de Resistentes aquí.
*Imagen principal: Desplazadas de la Sierra Tarahumara, Estado de Chihuahua, México, febrero 7, 2019. (Ginnette Riquelme)
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