- En sus primeros 100 días de mandato, Jair Bolsonaro actuó con rapidez para cambiar el personal y quitarle autoridad a IBAMA, el Instituto del Medio Ambiente Brasileño, y al ICMBio, que se encarga de las áreas de conservación.
- Se considera que sus acciones benefician principalmente a los hacendados; giran en torno de los intereses mineros y agroindustriales de la clase alta adinerada.
La velocidad del desmantelamiento de los organismos y las leyes ambientales se aceleró durante los primeros cien días de mandato del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.
La red de leyes y regulaciones que reducen los excesos de la minería, la agroindustria y los grandes proyectos de infraestructura, a fin de minimizar el daño que causan a los ecosistemas del país se está desarmando con tal rapidez que el periodista Bernando Mello Franco, que escribe para el periódico brasileño O Globo, llamó al ministro ambiental Ricardo Salles un “antiministro que hace todo lo posible por destruir lo que debería proteger” y que está convirtiendo “su ministerio en un patio de juegos para los hacendados” (las élites mineras y agroindustriales del país).
Salles respondió que el sector ambiental necesita una restructuración radical porque “no se está administrando correctamente”.
Presión constante de los hacendados
Un artículo destacado publicado por el periodista Ciro Barros en el sitio web independiente Agência Pública brinda una noción de la tormenta política que se avecina en Brasilia. El 10 de abril, Barros asistió a una reunión en la capital entre miembros de los ministerios de agricultura y medioambiente, y hacendados del estado amazónico de Pará, donde se registran los índices de violencia rural más altos contra las comunidades indígenas, tradicionales y el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra.
La ministra de agricultura Teresa Cristina comenzó con un agradecimiento a los terratenientes por el apoyo político: “Pueden confiar en que el presidente Bolsonaro siente un afecto especial por los productores rurales que lo apoyaron desde el comienzo y fueron los primeros en creer en él”. Luego, en una serie de discursos apasionados, los hacendados respondieron y pidieron un cambio radical. Demandaron con insistencia la abolición de los dos organismos ambientales principales del gobierno, el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente) y el ICMBio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad) y también la disolución de la Fundación Nacional Indígena, FUNAI.
Nelci Rodrígues, presidenta de la asociación de productores rurales de Vale Do Garça, se enfureció con el mosaico de áreas de conservación del Amazonas creado en 2006 para proteger a los bosques de los impactos de la pavimentación de la autopista BR-163 que conecta Cuiabá, la capital del estado Mato Grosso al sur, con Santarém en el estado de Pará en el río Amazonas al norte. Rodrígues, que fue testigo de cómo su padre debió trasladarse al Amazonas en respuesta de la solicitud del gobierno militar de que los agricultores del sur ocuparan la región, expresó furiosa: “¡Ahora los extremistas que controlan el IBAMA y el cáncer del ICMBio dejan a una mujer respetable con hijos sin hogar!”. Su demanda a los oficiales fue muy aplaudida: “Desmantelen las reservas que creó la maldita Marina Silva, (la ministra ambiental en 2006)”.
Luiz Antônio Nabhan García, miembro clave del ministerio de agricultura que encabeza el SEAF (Secretaría Especial de Asuntos Agrícolas) y conocido por sus ideologías de extrema derecha, tuvo que solicitar a los ruralistas que bajaran el tono de sus demandas. Remarcó que es imposible que el gobierno elimine la FUNAI, dado que su existencia está consagrada en la Constitución, pero dicho eso, en su lugar, el gobierno puede conseguir lo que quiere si actúa con inteligencia y “tensa la cuerda”.
Nabhan García explicó que la FUNAI se encarga “de identificar, delimitar y marcar tierras indígenas. No podemos abolir la FUNAI, pero podemos quitarles todas esas tareas que causan tanto daño (a los intereses de los hacendados). Esto fue lo que hizo el gobierno el 1 de enero, el primer día de mandato presidencial”.
Reducción de multas ambientales
Los hacendados de Brasil siempre han tenido ideologías extremas: no les interesaba adherirse a las leyes ambientales del país; expresaban hostilidad hacia los grupos indígenas, los pueblos rivereños y los quilombolas (comunidades que descienden de esclavos fugitivos); e incluso organizaban milicias privadas para expulsar a personas tradicionales de tierras que ellos deseaban ocupar, según informó Mongabay.
La novedad, como se vio en la reunión de Brasilia, es que los hacendados más radicales ahora tienen una gran influencia en la política. Esto se ve reflejado en las acciones más recientes del gobierno.
El 11 de abril, un día después de la reunión de Brasilia y el día 101 de mandato del presidente, Bolsonaro emitió el Decreto presidencial n.° 9760, que crea “centros de conciliación” para investigar multas ambientales. El decreto introduce dos cambios importantes que debilitan las disposiciones sobre penalizaciones: los centros estarán habilitados para anular multas, si consideran que no se justifica, y si la multa se mantiene, el decreto introduce nuevas formas de realizar los descuentos, lo que permite que las sanciones se paguen en cuotas o se conviertan a pagos en especies por servicios prestados para preservar, mejorar y restaurar el medio ambiente.
El descuento de multas ya existía, pero lo que se modificará son los medios de aplicación. En 2017, el gobierno de Temer introdujo la “conversión indirecta de multas”, mediante la cual una persona o empresa declarada culpable de un delito ambiental podía obtener un descuento de hasta el 60 % si el 40 % restante se depositaba en un proyecto de recuperación ambiental seleccionado por IBAMA. Esta es la lógica de ese acuerdo: IBAMA podría obtener una economía de escala mediante la combinación de múltiples multas que funden un gran proyecto ambiental; muchas de estas administradas por ONG.
Sin embargo, Bolsonaro y otros miembros de su gobierno han criticado mucho la función excesiva de las ONG, y una de las alteraciones que introdujo el nuevo decreto es que, aunque se sigue descontando un 60 % de la multa original, el dinero restante se destinará directamente a proyectos que seleccione la empresa o individuo multado, lo que elimina a las ONG
Esta medida también debilitará a IBAMA, ya que se reduce la cantidad de fondos que recibe.
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Bolsonaro ha dicho durante mucho tiempo que se debe regularizar el IBAMA y lo ha llamado la “industria de las multas”. Al parecer, guarda un rencor personal hacia el organismo desde que lo multó en 2012, cuando era diputado federal, debido a que una cámara lo captó con una caña de pescar dentro de una estación ecológica en un horario en el que él expresó estar en el aeropuerto. La multa se anuló al final del gobierno de Temer, sin embargo, en marzo de este año, Bolsonaro despidió a José Augusto Morelli, el empleado del IBAMA que impuso la multa. Cuando lo despidieron, Morelli dirigía el Centro de operaciones aéreas que se encarga del monitoreo ambiental.
La justificación de Bolsonaro sobre el Decreto n.° 9760 es que “mejorará” la forma en que se administran las multas y “agilizará el sistema”.
Los ambientalistas brasileños respondieron con un coro de críticas. Cuestionan la eficacia de este sistema debido a que los nuevos centros probablemente cuenten con pocos empleados, pero deban lidiar con una gran cantidad de multas (alrededor de 14 000 por año en el pasado).
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Dicen que, en lugar de ser más ágil, el nuevo proceso será más engorroso; si falla la primera apelación, la persona o empresa multada tendrá tres oportunidades más de apelar dentro de IBAMA y también la posibilidad de llevar el caso a la justicia. Según Márcio Astrini, coordinador de políticas públicas de Greenpeace Brasil. “Las personas que cometen crímenes ambientales tienen la oportunidad de hacer apelaciones infinitas, por lo que no se los juzga de manera efectiva”.
Lo irónico, en la práctica, es que el cambio será mínimo, ya que solo el 5 % de las multas ambientales realmente se pagan.
Algunos ecologistas creen que lo que de verdad importa del nuevo decreto es el mensaje que envía a los hacendados: les dice que pueden ignorar las leyes ambientales de Brasil y confiar en que no se los castigará por sus crímenes.
El PROAM, el instituto brasileño de protección ambiental, una ONG, declaró: “Si el decreto n.° 9760 del 11 de abril procede, Brasil estaría aplicando una medida perjudicial para el medio ambiente, que desmantelará uno de los medios principales de prevención del crimen ambiental en Brasil. En particular, favorecerá a quienes producen destrucción a gran escala que causa un impacto negativo y pone en riesgo a los biomas brasileños. Esto intensifica el abuso de los bosques que afecta a la biodiversidad, el agua, el suelo y el aire”.
Cambio de sanciones, despido de personal
A algunas personas les preocupa que el gobierno use el nuevo decreto presidencial como precedente. El gobierno está considerando la adopción de un enfoque similar para abordar la multa de R $250 millones (US $63,4 millones) que impuso IBAMA a la enorme empresa minera brasileña Vale debido a una variedad de infracciones graves de leyes ambientales previo al Desastre de Brumadinho en el que murieron 235 personas. El ministro ambiental Ricardo Salles expresó que piensa convertir la multa de Vale en una “inversión en dos parques nacionales y cinco unidades de conservación en el estado de Minas Gerais, con infraestructuras, caminos, actividades y servicios que harán la zona más atractiva para el turismo ecológico en el futuro”. Pero el MPF (Ministerio Público Federal), el organismo de litigantes públicos independiente, se opone, debido a que “esa propuesta es una forma de transformar una sanción ambiental en una especie de premio”.
Esta es solo una de las medidas de Salles desde enero que han sido muy criticadas por los ecologistas. La semana pasada, tras recibir fuertes críticas, Sales negó los descuentos de la multa de Vale y las concesiones del parque.
Abolió la Secretaría de Cambio Climático y Bosques, y transfirió sus tareas a un nuevo organismo con personal reducido. Según O Globo, Salles dijo que los empleados de la secretaría “estaban haciendo turismo internacional a costa del gobierno”, y puso como ejemplo el caso de “casi 50 empleados que fueron a Polonia para participar de COP-24”, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima que se realizó en diciembre del año pasado.
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Pero el ecologista Carlos Rittl, del Observatório do Clima, una ONG establecida por 37 organismos de la sociedad civil para monitorear el cambio climático en el contexto brasileño, dijo que la Secretaría llevaba a cabo tareas importantes, como hacer un seguimiento del compromiso de Brasil de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 37 % para el 2025, en comparación con el 2005, y eliminar la tala ilegal en la Amazonia. “¿Quién se hará cargo [de estas tareas]?” pregunta Rittl.
Salles también propone reducir el papel del Servicio de bosques brasileño y la Agencia Nacional de Aguas mediante su transferencia a otros organismos.
En febrero, Salles despidió a una gran cantidad de empleados de IBAMA, incluidos 21 de los 27 superintendentes regionales, encargados de combatir la deforestación. Hace poco, tomó acción disciplinaria contra los empleados del ICMBio que no asistieron a una reunión que él realizó con parlamentarios en relación a los negocios agropecuarios. En respuesta, los empleados dijeron que no fueron invitados al evento. Se dice que estos despidos fueron una de las razones por las que el presidente del ICMBio, Adalberto Eberhard renunció a mediados de abril. Al parecer, Eberhard también se opone a la fusión del ICMBio con IBAMA, un movimiento que el gobierno supuestamente hará durante la segunda mitad del 2019.
A mediados de abril, Bolsonaro apareció en un video en el que hizo duras críticas sobre una operación de IBAMA en la que se incautaron y quemaron camiones y tractores que usaban los taladores ilegales y ladrones de tierras para despejar bosques en un área protegida del estado de Rondonia. La ley brasileña permite esa acción si IBAMA no puede retirar los equipos durante la operación. Bolsonaro increpó: “Así no es como debería hacerse, esta no es la forma en la que se les indica que actúen [a los empleados de IBAMA]”. Reveló que Salles haría una investigación para descubrir quiénes fueron los empleados de IBAMA que prendieron fuego los vehículos. Ni mencionó a los criminales que quebrantaron la ley al despejar los bosques.
Militarización de IBAMA
Según críticos, el gobierno de Bolsonaro está militarizando los organismos ambientales públicos. Ahora, a las posiciones claves del Ministerio de Medioambiente, IBAMA e ICMBio las ocupan oficiales de las Fuerzas armadas y la Policía militar. El cambio es en respuesta a una solicitud de Bolsonaro de abolir el “marco ideológico” del sector. El 18 de abril despidió al director de planificación de IBAMA, Luiz Eduardo Nuñes, un funcionario público profesional, y lo reemplazó por Luiz Gustravo Biagoni, que se había retirado de la Policía Militar de São Paulo recientemente. Unos días antes, Bolsonaro designó al coronel Homerio de Giorge Cerqueira como presidente del ICMBio y a Davi de Souza Silva, otro oficial militar, como director de la oficina regional de IBAMA en São Paulo. Ahora por lo menos 12 oficiales militares ocupan cargos clave en el Ministerio de Medioambiente (MMA), las juntas de IBAMA y el ICMBio.
Luego, el 25 de abril, empleados del Ministerio de Agricultura le dijeron a la prensa brasileña, extraoficialmente, que la secretaria ejecutiva del Ministerio, Ana María Pellini, había dado instrucciones al personal de borrar de la base de datos la información relacionada a las áreas y acciones prioritarias para la conservación, el uso sostenible y el intercambio de los beneficios de la biodiversidad. El gobierno usa los datos para proporcionar asistencia técnica a fin de crear áreas protegidas.
Un día antes, Marcelo Moraes, presidente de FMASE (el Foro Ambiental del Sector Eléctrico), envió una carta a Salles solicitando que se revisara el criterio de creación de áreas protegidas. La carta destacaba que Brasil ya protegió el 30 % del área total y concluía que: “Esta realidad, junto con los objetivos de las acciones prioritarias para la conservación de la biodiversidad, daña la implementación y operación de proyectos y actividades necesarios para el desarrollo del país”.
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El ministro de agricultura no respondió a las peticiones de realizar comentarios.
Todos estos cambios se suman al gran debilitamiento de las leyes y la administración ambiental de Brasil. Pero Bolsonaro rechaza las críticas de manera constante, ya que Brasil “no le debe nada a nadie en relación con el medio ambiente”.
Marco Astrini, miembro de Greenpeace, difiere: “Si la dirección actual de políticas ambientales continúa, destruirá décadas de esfuerzos para combatir la deforestación y pondrá en riesgo la salud de la población, esto producirá un daño incalculable a la economía y la imagen del país”, declaró. “La sociedad brasileña no le dio un cheque en blanco a Bolsonaro para que destruya nuestros recursos naturales. Debería gobernar a favor de toda la sociedad y no solo de sus aliados”.
*Imagen principal: Los agentes de IBAMA abordan una operación minera ilegal en la Amazonía brasileña. Imagen cortesía de IBAMA.
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