Una mañana en febrero de 2014, un camarero llevó café y refrigerios a una sala de reuniones en la base naval en el sur de Aru. Alrededor de la mesa se sentaban el gobernador en funciones de Molucas, Saut Situmorang; el jefe de la policía, Muhammad Roem Ohoirat; el comandante de la base naval en la provincia vecina de Papua; y un número de funcionarios gubernamentales del distrito y de soldados. Con ellos estaba Chairul Anhar, presidente y director general de Menara, con varios de sus empleados.

Mientras hablaban, el camarero sacó fotos en secreto con su teléfono.

Durante meses, Maichel Koipuy, el joven periodista, había estado trabajando para infiltrar a gente dentro de todas las instituciones políticas importantes en Aru. En el momento de la reunión, tenía una red de miradas indiscretas que podían informarle de eventos por todo Aru. Incluso el hombre que transportaba a la gente a la ciudad desde el aeropuerto Rar Gwamar en Dobo informaba sobre las idas y venidas de los funcionarios y los empresarios.

La noticia de la reunión en la base naval llegó hasta Maichel a través de lugareños que viven en la zona que trabajaban en la base. Las filtraciones habían alimentado regularmente la campaña, era cómo habían obtenido copias de las licencias de Menara y cómo descubrieron que miembros del parlamento del distrito se habían reunido con Menara en Yakarta. Pronto, también las fotografías del camarero estaban en manos de Maichel.

El fondo de la reunión fue detallado rápidamente por otro infiltrado que había estado en la mesa. El gobernador en funciones Saut había asegurado a Chairul que, para abril, su empresa recibiría luz verde para operar y empezar con la construcción de la fábrica de azúcar. Había dicho que Aru era “solo una franja de cañas” que inversores corporativos deberían tener la oportunidad de desarrollar.

A continuación, la “cadena de información” entró en marcha. Los activistas publicaron en las redes sociales una oleada de mensajes sobre la reunión. Al día siguiente, Kabar Timur, uno de los mayores periódicos de Molucas, publicó un artículo en su página web en el que informaba que Saut había fletado un avión al aeródromo naval en Marafenfen antes de seguir hasta Kalar-Kalar por lancha motora. La “reunión clandestina”, informaba, había durado más de cinco horas.

Una imagen publicada por la campaña muestra las fotografías tomadas por el camarero, identifica a las personas en la reunión.

La noticia fue electrizante para un público creciente que sabía que se estaban tomando decisiones a puerta cerrada, pero que rara vez había recibido la oportunidad de entender la cómoda relación entre Menara y el estado. Al día siguiente, Kabar Timur publicó la historia en la portada de su edición impresa, junto con una fulminante caricatura de Saut que portaba caña de azúcar para la empresa. El artículo señalaba la fecha dada a Menara para empezar a operar —en abril— coincidía con las elecciones parlamentarias, lo que daba una excusa a las fuerzas de seguridad para reprimir la disidencia.

Pocos días después, la noticia de la reunión estaba causando sensación por toda la provincia.

 

La caricatura de Saut que lleva caña de azúcar para el Menara Group.

La revelación fue un golpe a cualquier credibilidad que Saut podría haber tenido como árbitro neutral del conflicto en Aru. Los periodistas en Ambon, que se engancharon finalmente a la historia, le pidieron que explicase su presencia en la base naval. Saut repitió el tropo de que Molucas era muy pobre y necesitaba inversiones extranjeras y dijo que si Menara no empezaba a operar revocaría sus licencias y se las daría a una empresa que si lo hiciese.

En Yakarta, empezó a crecer la atención sobre el caso. Los investigadores de Forest Watch Indonesia habían pasado la mayor parte de febrero reuniéndose con activistas en Aru para recopilar información. A principios de marzo, el grupo publicó sus conclusiones, lo que supuso una mayor cobertura en los medios de comunicación que destacaron la naturaleza sospechosa del proceso de tramitación de permisos.

Mientras tanto, Jacky había conseguido convencer a la iglesia protestante de Molucas gracias al uso de una estrategia parecida a la que había usado en la Universidad de Pattimura. Antes de la 10ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, celebrado en Busan, Corea del Sur, a finales de 2013, organizó que varios sacerdotes de Yakarta expusieran pancartas de Save Aru. “Esto sorprendió realmente a la delegación de Indonesia”, dijo Jacky. Más tarde, cuando su propia iglesia celebró una conferencia en Molucas, enfatizó en una presentación que la campaña ya había sido destacada en el escenario mundial. “Una vez más, se trata de identidad”, dijo. “¿Cómo puedes dejar que otra gente hable de tu futuro y tú no dices nada?”. Después, el órgano rector de la iglesia formó un comité especial para Aru, que instruyó a los líderes parroquiales por todo el archipiélago a apoyar la campaña. Los sacerdotes entraron en la selva para celebrar “sasis religiosos”, vestidos con sus sotanas negras y vinchas rojas, que en Molucas simboliza estar listo para la batalla.

En Dobo, el poderoso sasi de las mujeres fue apartado finalmente del parlamento del distrito después de que sus miembros prometieran oponerse a la plantación. Ancianos con el torso desnudo que llevaban vinchas rojas miraban mientras los políticos bebían un brebaje potente llamado sopi como parte de un ritual de apoyo que lo acompañaba. Una mujer entró en trance cuando canalizaba la voz de un antepasado que mandaba a la gente prometer hacer frente al Menara Group.

Rudi Fofid recita un poema en un festival callejero en Ambon durante el punto álgido de la campaña Save Aru.

Se estaba volviendo cada vez más difícil para los defensores del proyecto desestimar la campaña como movimiento minoritario que no reflejaba la voluntad del pueblo. La labor de advertir a los habitantes de las aldeas del interior ya llevaba meses en marcha. Los activistas habían conseguido declaraciones de rechazo firmadas de 90 de las 117 aldeas de Aru, bien mediante visitas a las comunidades o reuniones con sus representantes en Dobo. Con la sensibilización pública de la creciente oleada de oposición, cualquier funcionario que avanzase el proyecto podía tener que hacer frente a preguntas difíciles sobre sus motivos. Sin embargo, Menara no estaba dispuesto a abandonar la batalla de las relaciones públicas.

A mediados de marzo de 2014, el gobierno del distrito de Aru invitó a decenas de líderes de las aldeas de todo el archipiélago a una reunión en un auditorio en Dobo. La finalidad declarada de la misma era prosaica, publicar una nueva ley para gobernar la burocracia de las aldeas. Sin embargo, también tenía otro objetivo. Mika se enteró que varios ejecutivos del Menara Group asistirían a la reunión. Los activistas temían que el registro de asistencia, con las firmas de destacados miembros de la comunidad, junto con el hecho de que Menara había presentado sus planes, podía ser usado para crear la ilusión de que la gente había sido consultada adecuadamente, o incluso que estaban de acuerdo con el proyecto. Aunque la oportunidad de consultar de manera significativa a los arueses hacía tiempo que había pasado, crear la impresión de que al menos algunos de ellos apoyaban la plantación era cada vez más apremiante para la empresa, cuando cada vez se les escapaba más el control sobre la percepción pública.

En la reunión, los ejecutivos de Menara se sentaron en una mesa delante de una audiencia de líderes de las aldeas en sillas de plástico. En una muestra de jerarquía nada sutil, funcionarios gubernamentales del distrito, miembros de las fuerzas de seguridad y más ejecutivos de Menara se reclinaban en la primera fila de la audiencia en una línea de cómodos sofás y sillas. Entre ellos se encontraba Dessy Mulvidas, la mano derecha de Chairul Anhar. Un hombre de 49 años con gafas observaba en silencio y fumaba cigarrillos mientras sus compañeros delante de la audiencia —Hafiz Arief, calvo con barriga y Khatib, con un bigote fino y camisa batik de colores— ensalzaban los beneficios del proyecto en una presentación en PowerPoint. Dessy y Hafiz estaban entre aquellos que habían prestado sus nombres a la proliferación de personas jurídicas.

A la izquierda: Dessy Mulvidas con camisa azul sentado en un sofá, se sienta con funcionarios gubernamentales en la reunión en Dobo. A la derecha: Hafiz Arief, centro, y Khatib, izquierda, se dirige a la audiencia.

También en la audiencia, a la espera en silencio, estaban Simon Kamsy, el conservacionista de los manglares; Dolfince Gaelagoe, profesora retirada de Marafenfen, y otros activistas que se habían colado en el auditorio. Cuando llegó el momento de hablar del público, Simon cogió el micrófono en seguida. Había venido preparado: en su bolsa había un libro de firmas de la gente de Aru que declaraba su oposición a los planes de Menara. Según avanzaba hacia la mesa al frente de la sala, sintió una oleada de coraje. “No tenía miedo porque estaba luchando por mis derechos ancestrales, por los derechos de todos nosotros”, recuerda. “Si me hubiese muerto entonces mismo, el creador podía juzgar mi vida”.

Simon sacó el enorme montón de papeles de su bolsa. “Tómalo”, les dijo a los ejecutivos. “Estas son cartas de la gente de Aru que rechazan las operaciones de vuestra empresa en las islas Aru”.

El moderador, para intentar poner orden, invitó a otros a hablar. Sin embargo, uno a uno, los líderes de las aldeas se pusieron en pie para rechazar la plantación. “No podemos aceptar este proyecto”, explicó uno de ellos. “Porque entonces si volvemos a nuestras aldeas, los lugareños nos matarán”.

Entonces habló uno de los ejecutivos al frente de la sala. “No nos introduciremos por la fuerza en Aru”, les dijo. “Pero gente de Aru, no os dejéis convertir en mendigos con cuencos de oro”.

La audiencia bramó. “Los arueses no son mendigos —¡tú eres el mendigo!”, gritó Dolfince. “Os expulsan, regresáis, os expulsan, regresáis. ¡Eso es mendigar! La gente de Aru nunca han sido mendigos. Aquí somos felices”. Como se impuso el pandemonio, la reunión fue suspendida sin llegar a una resolución. Los activistas creían que habían bloqueado un intento de Menara de cubrir una de las irregularidades más irrefutables del proyecto. Al día siguiente, un grupo de lugareños se concentró delante del hotel en Dobo donde se alojaban los ejecutivos y gritaban que no eran bienvenidos en Aru.

Mia Darakay, una mujer aruese que participó en el movimiento Save Aru, en el mercado en Dobo.

Una semana más tarde, Forest Watch y AMAN organizaron una protesta de “hacerse el muerto”, con manifestantes tirados en el suelo que se hacían los muertos, en el centro de Yakarta. Junto con Mercy Barends, los grupos de defensa estaban trabajando sus conexiones en la capital para ejercer presión en favor de la suspensión del proyecto. Poco después, estaba en el radar de la agencia nacional anticorrupción y un grupo de trabajo presidencial influyente conocido como el UKP4. “Nosotros en la Unidad de Trabajo Presidencial hemos sido encomendados con seguir investigando”, se citó de forma anónima a uno de sus miembros. “Por este motivo, quiero encontrar alguna opinión imparcial sobre este problema. Sobre todo, porque ha atraído la atención internacional”.

Mientras tanto, en un enorme edificio en el centro de Yakarta, Zulkifli Hasan, el ministro de Silvicultura, se estaba acercando al final de su mandado. En unos pocos meses sería relegado de su posición política tras una elección presidencial, en la cual un prometedor reformista llamado Joko Widodo era el favorito. Durante décadas, el ministerio había estado plagado de escándalos de corrupción, que presidía sobre el recurso considerablemente valioso de las selvas tropicales de Indonesia, y bajo la custodia de Zulkifli no había sido muy diferente. En los meses siguientes aprobaría multitud de licencias que llevaron a la destrucción de miles de kilómetros cuadrados de bosque.

Ahora, las licencias para Menara estaban en su escritorio. Sin embargo, la tormenta iba en aumento. En Aru, era imposible que alguien afirmase de manera creíble un amplio apoyo público al proyecto; la empresa y los políticos apenas podían estornudar sin que la noticia llegara a las redes sociales de Save Aru. El movimiento estaba ganando aliados famosos; en un importante evento climático internacional en Ambon, Costansius Kolatfeka pronunció un discurso en el que se oponía al proyecto, con el respaldo de un antiguo ministro del Medio Ambiente, Emil Salim, quien había prestado su apoyo al movimiento. Una petición en línea que inició Glenn Fredly había obtenido casi 15 000 firmas que pedían a Zulkifli que cancelase el proyecto. En Yakarta, los activistas estaban metiéndose en la estancia con los investigadores anticorrupción quienes tenían autoridad para realizar escuchas telefónicas.

“Siguió creciendo y creciendo y creciendo, hasta que al final no eran solo los arueses quienes estaban hablado de esta apropiación de tierras”, dijo Mercy Barends. “Gente de otros países, gente en Yakarta, todo el mundo estaba hablado de Save Aru”.

Zulkifli Hasan pasa por un detector de metales en Yakarta en 2011. Imagen de Aulia Erlangga/CIFOR.

Al aumentar la presión, Zulkifli instruyó a su personal que revisase la EIA que para ahora ya había sido eviscerada por los académicos en Ambon. El 11 de abril, ocho meses después de que Collin llegase a la Puerta de Jacky, el ministro hizo su anuncio. Mientras hablaba con periodistas al margen de una rueda de prensa en Yakarta, dijo que el ministerio había determinado que Aru “no era una buena opción para la caña de azúcar”, y que el proyecto sería paralizado.

Aunque los activistas aceptaron la noticia como una victoria cautelosa, no llegó una cancelación formal y el proyecto merodeaba sobre Aru como un fantasma. Sin embargo, fiel a su palabra, Zulkifli aplazó firmar las autorizaciones finales, incluso cuando aprobó la destrucción de amplias franjas de selva para plantaciones en otros lugares en los últimos días de la administración de Susilo Bambang Yudhoyono. En octubre de 2014, Zulkifli fue reemplazado por una nueva ministra, Siti Nurbaya Bakar, como parte del nuevo gobierno del presidente Widodo que en un principio prometió una nueva era para la atribulada población indígena de Indonesia.

En su primera oportunidad de reunirse con Siti, Mercy la desafió: ¿Sería reactivado el proyecto? En lo que a Siti concernía, el proyecto estaba muerto. Siti dijo que, si alguna de las empresas de Menara Group todavía estaba hurgando en Aru, eran “zombis”, “Hasta hoy en día, no ha cambiado esa decisión”, dijo Mercy.

Durante un periodo de ocho meses, una decena de estudiantes, un sacerdote y dos palabras en un pedazo de papel evolucionaron hasta convertirse en una campaña popular formidable en una de las remotas partes de Indonesia más pobres. El movimiento Save Aru luchó contra una poderosa empresa que intentaba hacer miles de millones de dólares de la transformación de sus tierras en una plantación de caña de azúcar —y ganaron—.

Mika Ganobal. Imagen de Leo Plunkett/The Gecko Project.

“La empresa tenía un gran apoyo; tenía la infraestructura, tenía las fuerzas de seguridad de su lado y todo lo demás”, dijo Jacky. “Hubiese sido fácil para ellos destruir el movimiento popular si no hubiesen tenido la fuerza de su identidad. Fortalecer su identidad, fortalecer su espíritu como voluntarios fue nuestra manera de luchar contra estas fuerzas externas”.

Cuanto más fuerte lo rechazaban, más revelaban acerca del sistema que buscaba subyugarlos. Expusieron la descarada ausencia de un proceso, la ciencia defectuosa, la convergencia de los intereses políticos y empresariales y el fracaso de las pocas garantías jurídicas destinadas a proteger los frágiles derechos de la población indígena de Indonesia. Aun así, solo con este esfuerzo titánico y el apoyo de la gente de toda Indonesia y de todo el mundo pudieron matar el proyecto.

El mismo día que Zulkifli realizó su anuncio, la mujer de Mika dio a luz a un niño. Le llamaron Leisava —Lei, por lelaki, que significa “niño” y Sava, por Save Aru. El Niño de Save Aru.

Leisava Christo Yanada Ganobal en la playa de Kora Evar cerca de Dobo. Imagen cortesía de Mika Ganobal.

Epílogo

El Menara Group fue expulsado de Aru. Sin embargo, en la cercana provincia de Papúa, fue capaz de seguir un plan casi idéntico sin apenas llamar la atención. Allí, después de vender la mayoría de sus derechos a inversores secretos, sigue siendo un accionista minoritario en lo que podría ser la mayor plantación de aceite de palma en Indonesia. Una investigación previa llevada a cabo por Mongabay, Tempo, Malaysiakini y The Gecko Project reveló cómo algunos de los mismos personajes que fueron confrontados por los arueses —Chairul Anhar y Dessy Mulvidas— estaban impulsando ese proyecto a la vez que estaban siendo expulsados de Aru.

Los paralelismos entre los proyectos en Aru y Papúa son sorprendentes: un gran plan basado en las licencias emitidas por un político que acabó en la cárcel por corrupción; la ausencia de consulta con la población afectada por el proyecto; un proceso de EIA sospechoso, y una estrecha relación con la policía y el ejército local. Sin embargo, a diferencia de en Aru, no se ha consolidado ningún movimiento de masas en oposición a la plantación en Papúa. Mientras algunas comunidades indígenas han protestado, colocan sasis en sus tierras y trabajan con activistas en Yakarta, todavía no han captado el interés del resto del mundo.

Hoy en día, la selva tropical se está reduciendo en Papúa, lo que genera vastas emisiones de gas de efecto invernadero e introduce la agricultura a escala industrial en una de las últimas grandes extensiones de terreno silvestre del mundo. Mientras tanto, Chairul Anhar disfruta de una relación cercana con los más altos niveles de las clases políticas de Indonesia y Malasia. En febrero, su hija se casó con el hijo de Tjahjo Kumolo, el nuevo ministro de Interior de Indonesia, en una boda presenciada por el presidente Widodo.

La tala forestal ya ha empezado en el proyecto del Menara Group en Papúa. Si toda la zona autorizada para ser talada para dejar sitio a la plantación es arrasada como está previsto, liberará más emisiones que Bélgica produce con la quema de combustibles fósiles cada año. Imagen de Ulet Ifansasti para Greenpeace.

Las condiciones que permitieron a Menara lograr establecerse tanto en Aru como en Papúa permanecen prácticamente sin cambios. Desde la decisión del Tribunal Constitucional, el presidente Widodo ha reconocido formalmente los derechos de 55 comunidades indígenas a bosques con una extensión total de 248 kilómetros cuadrados (96 millas cuadradas). Sin embargo, AMAN ha mapeado más de 77 600 kilómetros cuadrados (30 000 millas cuadradas) de selvas tradicionales, un área combinada del tamaño de Serbia que, según dice, pertenece a 704 grupos indígenas. Mientras tanto, el parlamento tiene estancado un proyecto de ley que consolidaría esos derechos en la ley.

El estado continúa usando su control para promocionar un modelo de desarrollo impulsado por proyectos de la agroindustria a gran escala que no tiene en consideración las opiniones de la población más afectada. Desde septiembre, ha habido manifestaciones masivas constantes en ciudades por toda Indonesia, la mayor desde la caída de Suharto, en respuesta a un esfuerzo del parlamento saliente para aprobar una serie de proyectos de ley polémicos que fortalecerían, entre otras cosas, la posición de los inversores empresariales en recursos naturales contra las comunidades indígenas y debilitaría la agencia anticorrupción. Decenas de miles de personas se lanzaron a las calles, copiaron las tácticas de los manifestantes prodemocracia en Hong Kong. La policía había matado a tiros al menos dos estudiantes, decenas de personas habían sido hospitalizadas con heridas y cientos arrestados. La etiqueta #DemokrasiDikorupsi ha sido tendencia en Twitter.

En Aru, el plan de zonificación impulsado por Theddy Tengko, que despojó la gran mayoría de la condición protegida del archipiélago, sigue sin modificarse. Hasta que la condición de conservación de sus selvas sea restaurada, se podrían emitir más licencias en un legado persistente de la administración de Theddy.

Así que, en octubre de 2017, un empresario llamado Adi Syamsuddin Arsyad, más conocido como Haji Isam, llegó a Aru en un avión privado con el ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman. Según informes los dos hombres son primos de la misma parte de la isla indonesia de Sulawesi. Isam se dio a conocer en la industria minera del carbón del sur de Borneo; la primera empresa de Amran fue fundada con una patente para raticida y desde entonces se ha diversificado a plantaciones y a la minería.

El ministro de Agricultura Amran Sulaiman, a la izquierda, avanza por la pista del aeropuerto en Dobo con Johan Gonga, a la derecha, y el empresario Haji Isam, segundo por la derecha.

Vinieron a Aru a lanzar un proyecto ganadero, para el cual, el nuevo bupati de Aru, Johan Gonga había emitido la primera ronda de licencias en julio. Yace a lo largo de las tierras de Anatje Siarukin y Dolfince Gaelagoe, entre las matriarcas del movimiento Save Aru. En agosto, las dos mujeres eran las principales signatarias en una carta al jefe de Gabinete del presidente, Komnas HAM y al ministerio de Silvicultura, que alegaba que el bupati había violado sus derechos al emitir las licencias.

Los arueses todavía se están esforzando para mejorar su destino —por el aumento de los salarios, mejor infraestructura, mayor acceso a la educación y la sanidad—. Sin embargo, los veteranos de Save Aru siguen convencidos de que existe una forma de desarrollo basada en las vidas que ya llevan, una que los ayude a avanzar sin destruir lo que ya tienen. “Necesitamos algo mucho más prometedor para las vidas de los arueses, que no dañe el medioambiente”, dijo Collin Leppuy. Cuando el mundo natural retrocede en otros lugares, encontrar una manera de alcanzar ese equilibrio nunca ha sido más urgente.

Cabecera: Ilustración de MURUGIAH para The Gecko Project y Mongabay.

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*Imagen principal: MURUGIAH para The Gecko Project y Mongabay.

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Artículo publicado por cesar
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