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El terraplén, la comunidad invisible

 

Los habitantes de Terraplén hablan en voz baja sobre la presencia del ELN, paramilitares y algunas bandas delincuenciales dedicadas al hurto que se internan en los extensos cultivos de palma de aceite que rodean este caserío, ubicado a solo 150 metros del Magdalena, un río que se ha constituido en su mayor bendición, pero también en su mayor desgracia.

No olvidan cómo en la madrugada del 25 de noviembre de 2008 sus turbias aguas se llevaron varias casas, lo que obligó a unas 30 familias a abandonar su terruño. Tras la avalancha, las personas fueron reubicadas en el casco urbano de Puerto Wilches, una población de 34 206 habitantes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

“A quienes les quedaron algunos animales y plantes de pesca, optaron por seguir aquí”,  afirma Ciro Salvador Ruiz, miembro de la Junta de Acción Comunal de este sector. Pese a los altos índices de contaminación que contiene el Magdalena, la gente cocina sus alimentos con el agua  del “Caripuña”, que significa Río Grande para los pueblos indígenas del sector que adoran sus aguas.

Actualmente, allí residen 25 familias que viven de la pesca, el cultivo de plátano, yuca y maíz, así como de la crianza de cerdos, gallinas, cabras y búfalos. ¡Sí, búfalos! que les fueron entregados por ExxonMobil, la petrolera estadounidense que a menos de 500 metros de ese asentamiento tiene un pozo del que se pretende extraer petróleo y gas por medio del fracking.

Se trata del VMM 37, también denominado Manatí Blanco 1, que se extiende por un área de 15 462 hectáreas, equivalentes a 21 655 canchas de fútbol, y en donde se podrían perforar hasta 12 pozos. En ese lugar se realizaría otro de los proyectos piloto que recomendó la Comisión de Expertos.

“La verdad nunca hemos estado de acuerdo con que se realice fracking en nuestro territorio porque los grandes siempre se aprovechan de los más pequeños. Ellos nos han dicho que se trata de una simulación, pero nosotros sabemos que no es así. Cuando una empresa hace una inversión tan grande no espera solo explorar y luego irse si la gente no lo acepta. Sabemos que pasarán sobre lo que sea”, sostiene Ruiz.

A sus 61 años, el hombre asegura que sabe reconocer el peligro. “A nosotros como pobres nos darán uno o dos meses de trabajo, nos harán una obra y quizás apalancarán un proyecto productivo, mientras ellos se llenan los bolsillos con nuestros recursos naturales. Luego se irán y nos dejarán con la contaminación”, comenta. Para el líder comunal los beneficios por regalías solo llegarán si los alcaldes así lo quieren y si les conviene.

Su posición es respaldada por la comunidad, al igual que por otros dirigentes como Leonardo Gutiérrez, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Palma de Aceite de Puerto Wilches, un gremio que genera 22 000 empleos en el municipio.

Este ingeniero mecánico asegura que el fracking puede destruir la economía de la palma de esa región. “Nosotros tenemos una norma que prohíbe que haya metales pesados y sustancias radioactivas en los cultivos de palma o en los acuíferos de los que se saca el agua para las plantaciones. Si el aceite se contamina, la Unión Europea nos cerrará el mercado, perderemos precio y se deprimirá la economía”, resalta.

Gutiérrez advierte que los químicos utilizados para esta técnica de explotación de hidrocarburos pueden contaminar las aguas subterráneas afectando las 60 000 hectáreas de palma que hay sembradas y que son vendidas a las cinco plantas extractoras de aceite que están asentadas en el municipio en terrenos que antes eran dedicados a la ganadería.

“Aquí en Puerto Wilches los suelos son ácidos y, por tanto, áridos y arenosos, por lo que la capa vegetal es de mala calidad. En esas grandes sabanas dedicadas antes a la ganadería extensiva, donde había media vaca por hectárea porque los pastos eran muy malos, se comenzó a sembrar palma. Aquí no destruimos bosques tropicales porque simplemente por acá ya no existen, eso conlleva que tampoco hayamos impactado negativamente a la biodiversidad, tal y como ocurre con este tipo de cultivos en otras zonas del país”, dice.

El dirigente palmero sostiene que cada palma consume ocho litros de agua subterránea al día, que luego —según él— los retorna en su proceso de evapotranspiración. Los residuos líquidos —agua con trazas de aceite— de las plantas extractoras están siendo enviados a piscinas a cielo abierto donde son tratados con bacterias aeróbicas y posteriormente vertidos en quebradas, luego de cumplir con la demanda bioquímica y de oxígeno que ordena la norma.

Sin embargo, la locomotora palmera también está dejando una huella negativa en el territorio. La emisión descontrolada de gas metano a la atmósfera es su mayor impacto medioambiental en la actualidad. “En el tema de olores y emisión de metano en este momento no se hace nada. Se intentó implementar el sistema de pagos de bonos de carbono, pero no ha tenido un resultado óptimo”, expresa Gutiérrez.

Al igual que en Barrancabermeja, en Puerto Wilches hay quienes están a favor del fracking por los beneficios económicos que esta técnica podría producir. “Va a generar empleo y flujo de recursos que se verán retribuidos en el consumo de bienes y servicios. Si se hace responsablemente, sin afectar las fuentes hídricas como nos han dicho en varias reuniones, creo que se debe hacer”, expresa Samuel Díaz, administrador de un hotel.

Otros, por el contrario, prefieren no opinar sobre la conveniencia o no de esta práctica al no tener el conocimiento suficiente sobre sus implicaciones, mientras que hay quienes consideran que las compensaciones hasta ahora entregadas por la industria petrolera no se equiparan  con el impacto social y ambiental generado.

“Los recursos que han llegado de regalías se han invertido en parques y estadios, pero no en obras realmente importantes como la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (ptar) o la modernización de la planta potabilizadora de agua, razón por la cual la calidad del líquido que llega por la red no es la mejor y la gente prefiere cocinar con agua en bolsa”, afirma Edilberto Mesa, comerciante.

En consecuencia, las aguas residuales de Puerto Wilches están siendo vertidas sin tratamiento alguno en la ciénaga Yariguíes y esta desemboca por un caño hacia el río Magdalena. Lo increíble es que una ptar empezó a ser construida en esta población hace unos años, pero nunca se terminó.

Pese a los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno por mostrar las bondades del fracking, la incredulidad de las comunidades continúa por los supuestos efectos colaterales que esta técnica podría generar, entre los cuales se encontrarían la contaminación del agua, aire y suelo, la provocación de sismos y las secuelas en la salud humana, tal y como lo documentan varios estudios internacionales como el adelantado por el Departamento de Geología y Ciencias Planetarias de la Universidad de Santa Cruz, en California (Estados Unidos) en agosto de 2018, que estableció que la inyección hidráulica puede generar sismos hasta a 10 kilómetros de donde se encuentre el pozo, así como activar fallas geológicas, incluso por casualidad.

Otra investigación realizada por la Universidad de Toledo, en Ohio (Estados Unidos), publicada en 2019, relacionó la proximidad de los pozos de fracking con las concentraciones más altas de gas radón en los hogares, encontrando que la distancia más cercana a los 1.162 pozos de fracking que existen en esa región se asocia con las concentraciones más altas de radón en las viviendas. “Cuanto más corta es la distancia de un hogar a un pozo de fracking, mayor es la concentración de radón y a la inversa”, señaló Ashok Kumar, profesor de la Universidad de Toledo.

El estudio indicó, además, que las concentraciones promedio de radón entre todos los hogares evaluados en todo el estado son más altos que los niveles seguros permitidos en los estándares de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.

Juan Pablo Ruiz, magister en Gestión Ambiental de la Universidad de Yale y vocero de la comisión de expertos sobre fracking, asegura que en Colombia no existen investigaciones que permitan conocer el impacto de esta técnica en la biodiversidad y la calidad del agua superficial y subterránea, así como determinar si genera o no aumento de sismicidad.

“En otros contextos biofísicos e institucionales se han hecho evaluaciones respecto a las afectaciones, pero acá no. Por esa razón, la propuesta de realizar los proyectos piloto es importante, porque sería la primera investigación que se adelanta en el país para conocer los efectos”, afirma Ruiz.

El Ministerio de Minas asegura que Puerto Wilches se ha beneficiado de la actividad petrolera y que su histórico de regalías 2012-2020 se acerca a los 39 000 millones de pesos (cerca de 9,5 millones de dólares) que le han permitido cofinanciar proyectos de inversión por más de 56 000 millones de pesos (cerca de 13,5 millones de dólares), principalmente en los sectores de transporte, educación, así como deporte y recreación.

Con todo, los habitantes de esta Puerto Wilches aseguran que su vocación es agrícola y pesquera, y podría llegar a complementarse con el turismo. Así también lo creen los habitantes del Terraplén, quienes prefieren que Sofía y Nicole sigan cantando a todo pulmón: “somos felices, somos felices” en un territorio ambientalmente sano.

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San Martín, en pie de lucha

 

“Alerta, alerta, alerta extractivista, el fracking contamina el agua y la vida”. Arengas como esta son bien conocidas por un gran porcentaje de los habitantes de San Martín.

Su lucha en contra del fracking los ha llevado a aprendérselas y a crear otras en las que reflejan su ideología. Esta población, situada al sur del Cesar, fue la primera en el país en levantar la voz en contra del establecimiento de la extracción no convencional de hidrocarburos.

La llegada al territorio de la multinacional ConocoPhillips en 2015, luego de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la nombrara como operadora del bloque VMM 3, que abarca unas 33 000 hectáreas, fue la chispa que encendió al pueblo.

“En los primeros días de marzo de 2016, algunos líderes sociales y concejales del municipio se enteraron que esta empresa pretendía hacer una exploración no convencional. Hasta ese momento nadie sabía qué era el fracking. Luego de indagar y asesorarse, comenzaron a alertar a la comunidad”, indica Carlos Andrés Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

El líder comunitario, oriundo de esa localidad, recuerda que a partir de ese momento se comenzó a generar una ola de inconformismo que se tradujo en una serie de manifestaciones. La primera movilización se produjo el 17 de marzo de 2016, luego se convocó a otra el 17 de abril. Ese último día, con palos y ollas, cerca de 300 protestantes impidieron el paso de la maquinaria de la compañía al pozo Pico Plata 1, situado en el corregimiento Pita Limón, a 35 kilómetros del casco urbano del municipio.

Con el cierre de la vía entre San Martín y el corregimiento de Cuatro Bocas, que conduce hacia el pozo, comenzó la cruzada. “Decidimos asentarnos allá y solo dejábamos pasar los carros de las fincas, pero no las camionetas y la maquinaria de la compañía. Obtuvimos el respaldo de la gente, el comercio y los finqueros”, rememora Dorys Stella Gutiérrez, representante legal de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas.

El 26 de septiembre de 2016 se desarrolló una nueva jornada de protesta que se prolongó varios días. “En octubre, cuando la multinacional realizó un tercer intento de meter la maquinaria al pozo decidimos hacer un plantón sobre la vía. Después de dos días, y tras la presión ejercida por la empresa, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, y en general la Fuerza Pública, le abrieron paso a la brava a las máquinas”, informa Santiago.

Fruto de ese choque, una docena de personas resultaron heridas, una gran camión fue quemado y la sede de la Alcaldía fue apedreada. Sin embargo, la resistencia continuó, pero por la vía jurídica y administrativa, hasta que finalmente, luego de un arduo proceso, la Anla decidió, en octubre de 2018, negar la solicitud de licencia a los proyectos comerciales de fracking que se pretendían.

Sin embargo, con la aprobación del marco regulatorio para la ejecución de los piloto de investigación por parte del Ministerio de Minas, en diciembre de 2019, volvió la incertidumbre a esa población, pues de la cuenca Cesar-Ranchería, en donde el Gobierno nacional tiene proyectado adelantar al menos uno de los pilotos, forman parte los bloques VMM2 y VMM3, pertenecientes a la compañías ConocoPhillips y Canacol Energy. Estos bloques tendrían injerencia sobre los municipios de San Martín, Aguachica, Río de Oro y Gamarra, en el Cesar, y Puerto Wilches, en Santander.

Desde ConocoPhillips indican que se encuentran estudiando si intervienen o no en los proyectos de investigación. Explicaron que aunque cuentan con dos contratos en el bloque VMM3, aún están a la espera de la reglamentación y de las decisiones del Gobierno.

La empresa asegura que el pozo Pico Plata 1 está abandonado y que, pese a no estar operando, continúan adelantando acciones en pro de las comunidades de esa región como, por ejemplo, la construcción de un pozo de agua, capacitaciones, talleres y actividades para los niños.

Aseguran que la confianza social es importante y que su intención es “que las comunidades sepan que la compañía puede ser un buen vecino y un buen operador”. ConocoPhillips señala que en cinco de los 17 países en los que hace presencia se encuentran realizando fracking sin haber tenido hasta el momento ningún tipo de percance ambiental o riesgo operacional. Dicen estar 100 % seguros de que esta técnica no genera los impactos que algunas personas creen y que si llegan a involucrarse en los proyectos pilotos será “para demostrar que no generan complicaciones”.

Mongabay Latam y Semana Sostenible se comunicaron con la compañía Canacol Energy pero hasta el momento de publicación de este reportaje no dieron una respuesta.

“La gente en San Martín tiene mucho temor por todo lo que se dice frente a los impactos y riesgos del fracking. Son inquietudes que no se zanjan con las socializaciones que intenta hacer el gobierno para mostrar las bondades y beneficios de esta técnica”, apunta Santiago.

Para el vocero de la Alianza, la estrategia utilizada hasta ahora por la industria ha sido la de dividir a las comunidades. “Estas empresas juegan con las necesidades de la gente, llegan con la promesa de empleo y eso hace que muchos, así sepan que el fracking es algo negativo, terminen metidos en la industria”, expresa.

Santiago considera que en ni en su municipio ni en el Magdalena Medio hay licencia social para adelantar el fracking y eso tiene que ver mucho, según él, con todos los impactos que ha dejado la industria convencional. “También con los pasivos ambientales que no se han remediado y las compensaciones insulsas que se han dado. Uno va a corregimientos que quedan al lado de pozos y encuentra que las condiciones de pobreza extrema y de carencia de servicio básicos son demasiadas”, manifiesta.

Según el Ministerio de Minas, en San Martín (Cesar) la inversión se ha enfocado en resolver necesidades en los sectores de educación, transporte y agua potable, sin dejar de lado proyectos de salud y energía. Aseguran que en el municipio han sido invertidos cerca de 25 000 millones de pesos (cerca de 6 millones de dólares) y que, desde 2012, esa población se ha beneficiado con más de 40 000 millones de pesos en regalías (cerca de 10 millones de dólares).

“Con la reforma al Sistema General de Regalías, recientemente aprobada por el Congreso de la República, aumentarán los recursos asignados a las regiones productoras como el Magdalena Medio, al pasar de un 11 % a un 25 %”, dice el Ministerio de Minas en comunicación oficial a Mongabay Latam y Semana Sostenible.

Para el Ministerio, uno de los mayores desafíos del Estado ha sido que los recursos de regalías que aportan las empresas dedicadas a la producción de minería e hidrocarburos se traduzcan, efectivamente, en obras que beneficien a las comunidades. “El mecanismo de obras por regalías fue creado en este Gobierno, precisamente, con el propósito de generar nuevas alternativas que faciliten la ejecución de esos recursos”, comenta la entidad.

Sin embargo, Carlos Andrés Santiago de la Alianza Colombia libre de Fracking se pregunta: ¿qué garantiza que con el fracking sí van a darse los beneficios que no han llegado en los más de 100 años que lleva la industria petrolera tradicional?

Por ahora, mientras el Gobierno termina de cumplir con todos los lineamientos y requisitos para iniciar con los proyectos piloto, solo hay algo claro: el temor, la desconfianza y el desconocimiento reinan entre los habitantes de los municipios en donde se desarrollaría el fracking.

 

Lee las otras dos entregas de este especial aquí:

 

 

 

*Imagen principal: Una de las protestas de habitantes de San Martín, Cesar, en contra del fracking. Foto: Mauricio Ochoa Suárez.

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