- La emergencia sanitaria del COVID-19 afecta más a las poblaciones indígenas quienes no tienen acceso a servicios de salud cercanos, ni servicios básicos como agua potable.
- Si el virus llegase a una de las poblaciones, los resultados serían nefastos, coinciden los expertos. Varias nacionalidades indígenas han tomado medidas estrictas sobre la entrada y salida de las comunidades.
Este reportaje es parte de la alianza entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.
La emergencia sanitaria en el Ecuador, por el aumento de pacientes con COVID-19, ha llevado a un estado de cuarentena que afecta a todas las provincias, incluidas las seis amazónicas. La situación de los pueblos y nacionalidades indígenas es preocupante “por su situación de vulnerabilidad al no tener acceso general a los bienes y servicios de la sociedad” y por el “relativo aislamiento geográfico de sus territorios”, dice una carta —firmada por varias organizaciones nacionales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y organismos internacionales, como Amazon Frontlines— dirigida al presidente del Ecuador Lenín Moreno.
Las vulnerabilidades a las que se enfrentan las poblaciones indígenas en el Ecuador van desde la falta de acceso a servicios públicos como la salud, el agua potable y el alcantarillado hasta derechos que en las principales ciudades se toman por sentado, como buena alimentación. “Muchos sufren de desnutrición”, dice Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES). Según Iturralde, los indígenas están en desventaja al no tener un trabajo formal para crear ahorros, que ahora en la cuarentena les sirvan para subsistir. En Ecuador, 1 de cada 2 niños indígenas sufre de desnutrición, según Unicef. Esto se debe a la falta de los servicios de salud públicos.
En la misma carta, las organizaciones también piden al gobierno que se cumplan los derechos a la vida, a la integridad, al acceso a la autodeterminación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como de las comunidades campesinas. Las organizaciones miran como una amenaza a las empresas que realizan actividades extractivas petroleras o mineras que, a pesar de la emergencia sanitaria, siguen operando. Según la información del gobierno, los empleados del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) y empresas mineras están trabajando todos los días las 24 horas.
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El COVID-19 en la Amazonía
En el Ecuador, hasta la tarde del 2 de abril había más de 3 mil personas confirmadas con la enfermedad. Según el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) —el grupo interministerial encargado de la emergencia—, el 6 de marzo en la provincia de Sucumbíos se detectó el primer paciente positivo con COVID-19 de la Amazonía. Hasta las diez de la mañana del 2 de abril, Sucumbíos ya tenía 27 personas confirmadas. En Morona Santiago había 10 pacientes con COVID-19, en Zamora Chinchipe dos personas, en las provincias de Napo y Orellana se detectaron un caso en cada una, y en Pastaza siete pacientes dieron positivo. Pero estos datos oficiales corresponden solo a los pacientes que se han sometido a una prueba para confirmar la presencia del virus. Es probable que existan más casos, como en otras provincias del Ecuador, pero la falta de pruebas de detección impide conocer el número real.
De acuerdo a Andrés Tapia—dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae)— en la Amazonía ecuatoriana, hasta el momento, ninguna de las personas confirmadas con la enfermedad es indígena.
“Si el COVID-19 llega a las territorios indígenas sería desastroso”, dice Roberto Narváez, antropólogo e investigador de los pueblos indígenas. “La desatención que ya vemos del gobierno en salud a la población urbana, se potenciaría en resultados nefastos para las comunidades que no tienen atención en salud del Estado”, dice Narváez.
Ecuador no tiene un protocolo para garantizar el derecho a la salud de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y mestizos ni para los pueblos indígenas en aislamiento Tagaeri y Taromenane. Por eso, el 1 de abril de 2020, el grupo de asambleístas nacionales que trabaja por los derechos indígenas junto a Gina Watson, representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS y OMS) en Ecuador, se comprometieron a elaborar un protocolo para minimizar el impacto del COVID-19 en estas poblaciones.
En el territorio de la nacionalidad Siekopai hay un puesto de salud, un auxiliar de enfermería, un enfermero y un médico que visita la comunidad cada 15 días, dice Humberto Piaguaje, uno de los líderes de la nacionalidad. Por su parte, Tapia dice que en las cabeceras parroquiales hay subcentros de salud en los que habitualmente los indígenas reciben atención médica. Mientras que en el territorio de la nacionalidad Achuar, en Pastaza, no hay un subcentro de salud pública, pero los achuar acuden al puesto de salud de Kapawi Ecolodge.
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Sin poder regresar a casa
Esta es una situación a la que se han enfrentado indígenas que suelen moverse entre las ciudades cercanas —como Puyo, Macas, Tundayme— y sus comunidades. No han podido volver a casa pues existía el riesgo de que pudieran contagiar y propagar la enfermedad en ellas.
Alicia Cahuiya, lideresa de la nacionalidad waorani, no pudo regresar a su comunidad por la restricción de movilidad que impuso el gobierno para frenar la propagación del COVID-19 desde el 16 de marzo de 2020. Cahuiya cumple la cuarentena en la parroquia rural Shell, en Pastaza. Antes del aislamiento social, estuvo en una reunión con el colectivo de las mujeres amazónicas en Puyo, capital de la provincia de Pastaza. Cahuiya vive en Orellana, una de las tres provincias donde se asientan los waorani, las otras dos son Napo y Pastaza. Para volver a casa, que está dentro del Parque Nacional Yasuní, Cahuiya dice que se demora ocho días, entre la caminata y la canoa.
Para evitar el contagio del COVID-19 en territorios indígenas, explica Andrés Tapia, se han establecido algunas medidas como controlar el ingreso y salida de personas de las comunidades. Es decir que ninguna persona pueda entrar o salir de sus territorios y tampoco están realizando actividades de turismo o ecoturismo. “Todos estamos permaneciendo en nuestras comunidades”, dice.
Alicia Cahuiya está preocupada por no poder ingresar a su comunidad porque en Shell no tiene la comida necesaria para estos días. “Estaría allá tomando nuestras medicinas con los hombres sabios, aquí no estoy bien”, indica.
El 2 de abril de 2020, las autoridades indígenas waorani dispusieron que los dirigentes que estén fuera de los territorios permanezcan ahí para evitar los posibles contagios de COVID-19. En su comunicado dijeron que está prohibido el ingreso de cualquier persona a las comunidades, así como dispuso el gobierno.
Nemonte Nenquimo, presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (CONCONAWEP), dice que le preocupa el riesgo de contagio que enfrentan los indígenas, en especial los ancianos, por lo que están vigilantes de que ninguna persona ingrese a sus comunidades, ni los mismos indígenas que se quedaron en las ciudades ni trabajadores de las petroleras. En las últimas semanas antes de la pandemia, Nenquimo estuvo en reuniones en Quito, Lago Agrio y otras ciudades por lo que ahora está en Shell, Pastaza, para evitar posibles contagios, “es difícil para mí como madre. Mi hija y mis padres están adentro en la comunidad disfrutando de la selva y yo atrapada en la ciudad por la pandemia”.
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La seguridad alimentaria en riesgo
Diez días después de que comenzó el aislamiento social, el 26 de marzo de 2020, la nacionalidad Siekopai —asentada en Shushufindi en la provincia amazónica de Sucumbíos— denunció que muchos peces del río Shushufindi estaban envenenados. Según la denuncia, el agua está contaminada con sustancias químicas, producto de actividades petroleras y de palmicultores.
La población indígena Siekopai está conformada por unas 700 personas, según Justino Piaguaje, presidente de esta nacionalidad. Si el COVID-19 llega a su territorio, dice, estarían seriamente afectados. Pero, por otro lado, el aislamiento para evitar este contagio y las restricciones de salida e ingreso a las comunidades ha afectado su alimentación: los Siekopai no pueden abastecerse de alimentos como arroz, azúcar o fideos que suelen comprar en la ciudad de Shushufindi, una hora de viaje vía terrestre.
Desde que empezó la cuarentena, su alimentación está basada en la cacería, la recolección de frutos y la pesca que ahora mismo no pueden realizar por el envenenamiento a los animales. Aun así, dice un comunicado de los Siekopai, hay pobladores que se llevaron los peces a sus casas asumiendo el riesgo de una posible intoxicación. “Por suerte ningún miembro de la nacionalidad Siekopai tiene enfermedades consecuentes de esto”, precisó Justino Piaguaje vía telefónica. Piaguaje señala que los Siekopai han tomado algunas precauciones como evitar las reuniones, mingas comunitarias o ir al cantón Cuyabeno donde se registran casos de COVID-19.
A pesar de que muchas comunidades indígenas tienen soberanía alimentaria, agrega Andrés Tapia, y pueden alimentarse con productos de la agricultura, hay también comunidades cercanas a las ciudades que carecen de esos alimentos básicos. Para elevar las defensas del cuerpo, continúa, en algunas comunidades están preparando medicina ancestral. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la soberanía alimentaria se deriva de la seguridad alimentaria, es decir, cuando todas las personas tienen en cualquier momento acceso a los alimentos lo que les permite llevar una vida activa y sana.
Humberto Piaguaje añade que las personas se están alimentando de la cosecha de productos de la zona como yuca o plátano. El 1 de abril de 2020, la Fundación Raíz les entregó cerca de 30 kits de alimentos a los ancianos de la nacionalidad. “A los más vulnerables”, indicó Humberto Piaguaje.
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Una doble emergencia
El inicio de la emergencia sanitaria coincidió, el 17 de marzo, con el desborde de los ríos Bobonaza y Arajuno en Pastaza. La inundación afectó la parroquia Sarayaku donde viven más de 30 comunidades indígenas kichwas. La mayoría de pobladores perdieron sus chozas, sus pertenencias, se destruyó la escuela y el colegio. “El puente que conectaba al sector donde estaban los centros educativos se destruyó”, dice Patricia Gualinga, líder Sarayaku y miembro del colectivo Mujeres Amazónicas. La presidenta del pueblo Sarayaku, Miriam Cisneros, precisó en un video publicado en las redes sociales que varias familias se quedaron sin casas, perdieron sus sembríos y granjas avícolas. “Las familias se han quedado sin alimentación”, asegura Cisneros.
Gualinga menciona que con la ayuda de las campañas de solidaridad están logrando recuperar las viviendas. Para el abastecimiento de alimentos cuentan con la ayuda de un grupo de personas que se quedó en la ciudad del Puyo y que hoy se encarga de dejar en la entrada de las comunidades, en la orilla del río, productos de primera necesidad. “Todas las plantaciones se perdieron por la inundación”, continúa Gualinga. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Gobierno Provincial de Pastaza entregaron colchones y alimentos para las cerca de 350 familias afectadas por la inundación de los ríos en Sarayaku. Belén Páez, directora de la Fundación Pachamama, dice que los pobladores de Sarayaku también han recibido machetes, vituallas e instrumentos que sirven para recuperar las chacras.
Se deben tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios en las comunidades indígenas. Pero “están expuestas al COVID-19 por la entrada y salida de apoyo a la emergencia de la inundación”, dice Páez.
Patricia Gualinga añade que Sarayaku es una de las comunidades indígenas que se han organizado para controlar el ingreso y salida de su territorio. “Las personas que hayan ingresado a las comunidades hasta el 17 de marzo ya no pueden salir y deben permanecer en sus casas”, explica. El 2 de abril, Sarayaku enfrentó una nueva inundación, según la información publicada en las redes sociales.
Para que los indígenas accedan a la información sobre las medidas sanitarias para evitar el COVID-19, la Secretaría de Derechos Humanos ha realizado infografías en redes sociales sobre las medidas de prevención del COVID-19 en diferentes lenguas indígenas. Hasta el cierre de este reportaje la dirección de comunicación de la Secretaría no contestó cuál es la situación de los indígenas en la emergencia sanitaria y si la información sobre esta crisis está llegando a las comunidades. Esto, porque el subsecretario encargado de dar la información es parte del Comité de Emergencias —el grupo de autoridades encargado de la emergencia por el COVID-19— y tiene dificultad para dar entrevistas, dijo la directora de comunicación.
La Conaie, a través de Twitter y Facebook, realiza una campaña con infografías, videos con información actualizada traducida en kichwa, shuar, waorani, cofán, siona siekopai, awapit y español. Nemonte Nenquimo dice que la información también es transmitida por radio. Humberto Piaguaje dice que los dirigentes de la nacionalidad Siekopai están planeando visitar las comunidades alejadas para dar la información de permanecer en aislamiento por el COVID-19.
Hasta hoy, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, no ha emitido ninguna respuesta a la carta de las organizaciones nacionales, internacionales y al menos tres comunicados con pedidos de ayuda de las nacionalidades indígenas sobre la vulnerabilidad de los pueblos frente al COVID-19.
Imagen principal: Por la emergencia sanitaria los indígenas han suspendido reuniones y mingas comunitarias. Foto: Valentina Tuchie.
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