- En 1985, una carretera se abrió a través de la comunidad kichwa Sinchiruco, en el norte de la Amazonía Ecuatoriana. Con esta llegó la plataforma petrolera Guanta 1, que traería constantes denuncias por violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza.
- Hasta 1990, esta plataforma fue operada por Texaco. Las acusaciones contra esta empresa y las que le tomaron la posta fueron asociadas a los derrames de petróleo y diesel, la creación de piscinas de crudo y accidentes que causaron la muerte de un niño y la pérdida de visión en uno de los ojos de otra niña.
- Después, la plataforma fue operada por Petroamazonas, PDVSA y, ahora, por Petroecuador. Las comunidades siguen exigiendo la remediación de los derrames anteriores y el mantenimiento de los oleoductos que aseguran siguen causando derrames que son atendidos a medias. Después de 37 años de estas operaciones, la comunidad dijo basta.
“Mi hijo se quemó toditito, pobre guagüito, ha caído muerto”, cuenta María Grefa, kichwa de Sinchiurco, una comunidad del norte de la Amazonía ecuatoriana. Cuando sucedió la tragedia, en los años 90, el pequeño de ocho años jugaba con otros niños a escalar el transformador de la plataforma petrolera Guanta 1, mientras sus padres campesinos trabajaban. Petroecuador, que se hizo cargo del campo operado por Texaco hasta 1990, cercó la plataforma después de que el pequeño muriera a causa de las quemaduras. “En ese tiempo no sabíamos cómo controlar, cómo poner la denuncia, no sabíamos”, recuerda Carlos Alvarado, el padre. “No reclamamos ni una palabra”, añade la madre del niño, mientras juntos observan desde la segunda planta de su casa el mechero que está solo a unos 30 metros de distancia.
En Sinchiurco, que quiere decir loma grande en kichwa, y que responde también al nombre de Voluntad de Dios, que fue como el Estado la nombró luego de reconocerla como comunidad, viven alrededor de 400 personas. El territorio está situado entre Lago Agrio y Coca, dos de las ciudades más grandes de la región, y comparte sus tierras con el Campo Guanta, del bloque 57, el cual le fue impuesto a la comunidad por el Estado ecuatoriano en 1985, cuando Texaco llegó para perforar el primer pozo. Ahora, el ingreso a Sinchiurco tiene un letrero que señala la dirección del campo y un guardia de Petroecuador registra a los visitantes, aunque la vía es pública.
Antes de llegar al centro poblado e incluso antes de llegar a la plataforma Guanta 1, una piscina de agua y petróleo, a la izquierda de la vía y a la entrada al pozo Guanta 8, da cuenta de lo que Carlos Alvarado, esposo de María Grefa, afirmará más adelante: “Sinchiurco está cubierto de petróleo”. A pesar de que han pasado unos 20 años desde el derrame que creó esa piscina, el área todavía está cercada con una cinta amarilla que dice peligro. Un equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora viajó al sitio para conocer de primera mano las denuncias por contaminación, los accidentes fatales por negligencia en las operaciones, la impunidad y el olvido que apuntan a las autoridades locales y estatales que se han sucedido durante décadas. Después del último derrame, el 10 de noviembre de 2021, la comunidad finalmente dijo basta.
Esta historia, que forma parte del especial #ManchadosXElPetróleo, grafica los impactos de la actividad petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Y lo más preocupante es que a pesar de que existen casos como el Sinchiurco, cuando la alianza periodística quiso reunir las multas que las petroleras han acumulado en esta zona del país, el Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica (Maate) respondió a nuestro pedido de información con una lista de 1200 derrames de petróleo desde 2011, pero sin las empresas detrás de estos derrames ni las multas que fueron impuestas por estos problemas ambientales.
Lo que sí pudimos reconstruir en un mapa es cómo por lo menos 63 bloques petroleros —de 65 en total— se superponen sobre 480 territorios indígenas —de 643—. Este cruce de datos fue realizado por la alianza periodística en base a la información de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) hasta el 2021 y específicamente de Ecociencia, organización ambiental que forma parte de RAISG y quienes han recopilado estos datos en los últimos años. Sinchiurco es una de las comunidades afectadas por este problema y su historia deja entrever que muchas veces detrás de esa superposición se ocultan conflictos socioambientales que no han sido atendidos a cabalidad por el Estado. Petroecuador, además, lidera la lista de superposiciones en la Amazonía del país.
Llegaron como dueños, como si se tratara de territorios deshabitados
Los kichwas de Sinchiurco aseguran que nadie les preguntó si estaban de acuerdo con que en su territorio se extrajera petróleo. “Ni conocíamos pozos petroleros. Nadie conocía de la comunidad, nada de petróleo”, dice Carlos Alvarado. Esto fue a mediados de los ochenta, 23 años antes de la Constitución ahora vigente que obliga al Estado a consultar a los pueblos y nacionalidades indígenas sobre actividades que afecten a su territorio. Lo único que supieron, cuenta María Grefa, es que iban a hacer una carretera que les permitiría sacar sus productos agrícolas y acceder a servicios con más facilidad. Entonces acercaron sus viviendas a donde sería la nueva vía. “Después hicieron un mechero, vinieron con sus máquinas, hicieron perforación, jalaron petróleo”, relata con un tono de decepción la pobladora kichwa y madre de siete hijos ya adultos.