- La Conferencia sobre cambio climático cerró con un acuerdo que incluyó la creación de un fondo para el financiamiento por pérdidas y daños para los países más vulnerables.
- Expertos y ambientalistas han criticado la incapacidad en las negociaciones para avanzar en los acuerdos para reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) terminó el pasado fin de semana en la ciudad de Sharm el Sheij, en Egipto, con una acción que llevó casi tres décadas para que se hiciera realidad: la creación de un fondo para el financiamiento por pérdidas y daños destinado a los países más vulnerables ante el cambio climático.
La creación de este fondo era una añeja demanda de varias naciones, sobre todo islas del Pacífico. El que se haya concretado es un avance que, sin embargo, se queda corto cuando se miran todos los pendientes que se dejaron sobre la mesa para evitar que siga en aumento la temperatura del planeta. En especial, no se caminó en la ruta para la reducción en el uso de los combustibles fósiles.
La decisión de crear el fondo ha sido calificada como histórica, pero no ha quedado ajena a las críticas, sobre todo porque acuerdos previos relacionados con otros fondos climáticos —como que los países desarrollados destinen 100 000 millones de dólares anuales a partir del 2020—, aún no se han cumplido.
“Es un resultado histórico que beneficia a los más vulnerables de todo el mundo. Hemos determinado el camino a seguir en una conversación que ha durado décadas sobre la financiación de las pérdidas y los daños, deliberando sobre cómo abordar los impactos en las comunidades cuyas vidas y medios de subsistencia han sido arruinados por los peores impactos del cambio climático”, dijo Simon Stiell, secretario ejecutivo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático durante la sesión plenaria de clausura de la COP27.
En contraste con esta decisión está lo que muchos consideran un gran fracaso en las negociaciones: la incapacidad para avanzar en los acuerdos para reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles.
La India, la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés) —que reúne a 39 países— así como de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) —que reúne a Chile Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú— y varios países de la Unión Europea como Dinamarca, España y Francia, entre otros, insistieron durante los 15 días de las negociaciones en que el texto final se incluyeran referencias concretas a la eliminación gradual de todos los combustibles fósiles: carbón, gas y petróleo.
Un reciente informe de las Naciones Unidas para el Cambio Climático señala que, hasta ahora, los esfuerzos para no aumentar la temperatura mundial en 1,5 grados centígrados para finales de siglo no están dando resultado, pues para lograrlo se tendrían que reducir en 45 % las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el 2030. Por el contrario, con los compromisos actuales de los gobiernos, con relación a las emisiones de GEI, el planeta podría alcanzar los 2,5 grados centígrados de aumento de temperatura para el fin del siglo.
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Compromiso para enfrentar la vulnerabilidad
“Es un hito que se haya aprobado el fondo para pérdidas y daños, que se estaba esperando hace 30 años. Y es muy importante porque, por un lado, se puede contar con un mecanismo financiero que logre fortalecer y apoyar a los países más vulnerables y, por otra parte, hay un reconocimiento de estas condiciones de vulnerabilidad y de justicia climática”, señala Catalina Góngora, especialista de Política en The Nature Conservancy (TNC) Colombia.
Góngora señala que desde el primer día de la COP27 la discusión sobre pérdidas y daños fue un tema central, sobre todo por el escenario de crisis económica mundial y por la inflación causada por la guerra en Ucrania. Y menciona que para América Latina es importante, debido a que es una región con países isleños en el Caribe y que además tiene fuertes presiones.
Sin embargo, Góngora resalta que no se ha definido la estructura de ese fondo ni cómo serán los flujos de recursos y tampoco qué países podrían acceder a esos recursos. “Es una oportunidad para Latinoamérica, por ejemplo, en el tema de qué países pueden acceder al fondo. Si hay una concepción general de países vulnerables, la región puede acceder a estos recursos, pero si se habla de condiciones particulares, quizá se prioricen las islas y países ubicados principalmente en África”.
Aunque el acuerdo de la COP27 no especifica cómo funcionará este fondo, lo que si se establece es la creación de un Comité de Transición que deberá reunirse antes de finales de marzo de 2023 para llegar a la COP28, que se realizará en Dubai, con una hoja de ruta clara sobre este fondo.
Para Eugenio Rengifo, director ejecutivo del Fondo Naturaleza Chile, “lo que pasó al cierre de la COP27 finalmente inclinó la balanza hacia la esperanza. En más de una década de discusiones se pudo avanzar en esta conversación para encontrar recursos y dirigirlos a compensar las pérdidas y daños”.
Rengifo destacó el rol de la ministra de Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas, quien junto con la ministra de Alemania, Jennifer Morgan, Secretaria de Estado y Comisionada Especial para la Acción Climática Internacional de Alemania, lideró la instancia destinada a este tema.
“Muy feliz de haber desempeñado un rol en este resultado en la COP27: Alemania y Chile cofacilitaron esta discusión. Primero logramos poner el tema en la agenda y luego la decisión de establecer un fondo para pérdidas y daños”, publicó la ministra Rojas en sus redes sociales.
El informe El costo del retraso ¿Por qué el financiamiento de pérdidas y daños debe ser acordado en la COP 27?, elaborado por The Loss and Damage Collaboration, establece que las pérdidas por el cambio climático en los países en desarrollo oscilan entre 290 000 millones y 580 000 millones de dólares para 2030. El documento indica que “estas estimaciones no incluyen pérdidas y daños no económicos, como impactos psicológicos y pérdida de biodiversidad, que son profundos pero no pueden traducirse completamente en términos monetarios, lo que significa que el costo real es mucho mayor de lo que se contabiliza en un balance”.
La República de Vanuatu, una isla ubicada en el Pacífico Sur, fue el primer país en demandar un fondo para las naciones insulares afectadas por la subida del nivel del mar en el año 1991. Desde entonces el tema había sido postergado hasta que finalmente se adoptó en la conferencia de Sharm el Sheij, en Egipto.
Durante esta COP27, el llamado más dramático llegó en el mensaje del primer ministro de Tuvalu, Kausea Natano, un país también situado en el Pacífico, entre Australia y Hawái, que se está hundiendo bajo las aguas del mar y cuyos habitantes, 12 000 en total, han empezado a migrar a Fiyi. En América Latina, los impactos del cambio climático se hacen visibles en el incremento del nivel del mar, las sequías y los huracanes, principalmente en Centroamérica y El Caribe.
Para Carlos Tornel, investigador en la Universidad de Durham, en el Reino Unido, especializado en el proceso de transición, justicia y soberanía energética, el acuerdo para crear un fondo de pérdidas y daños es “un avance simbólico” en un tema fundamental para los países más vulnerables, principalmente para las naciones insulares. “Pero hasta ahora no es más que una declaración vacía y sin contenido”, señala.
La preocupación de Tornel se remonta a la COP15 realizada en 2009, en Copenhague, Dinamarca, cuando se estableció un Fondo Verde para el clima, mediante el cual los países desarrollados destinarían fondos para este fin, “que nunca llegaron”, dice Tornel. “En la COP15 acordaron que habría 100 000 millones de dólares anuales, a partir del año 2020, depositados en en una entidad que pudiera distribuirlas, pero hasta ahora solo se han entregado alrededor de 20 000 millones, muy por debajo de todas las expectativas”.
El problema de los combustibles fósiles
“Si no se aborda el tema de combustibles fósiles de manera directa y clara, no se puede enfrentar de manera efectiva la crisis climática”, señala Andrés Gómez, investigador del Área de Energía y Justicia Climática de Censat Agua Viva Amigos de la Tierra de Colombia.
Gómez cuestiona que en las COP no se avance en los compromisos para lograr “una transición que nos aleje de los combustibles fósiles”. En ese sentido, el especialista destaca el rol del gobierno colombiano “que por primera vez ha llegado a una conferencia sobre el cambio climático con una perspectiva distinta, precisamente, a partir del impulso de una transición energética para dejar fuera a los combustibles fósiles”, refiriéndose al discurso del presidente de su país, Gustavo Petro, quien en su su presentación del 7 de noviembre hizo un llamado al mundo para dejar de consumir petróleo y carbón.
Pero más allá del llamado de Petro para reducir y eliminar el uso de carbón, petróleo y gas y los reiterados llamados de atención sobre este tema de otros líderes mundiales como Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y las organizaciones como AOSIS y AILAC que agrupan a países en vías de desarrollo, en el texto final de la COP27 solo se menciona la transición hacia energías de “bajas emisiones”.
Para Ana Carolina González, directora de Programas de Natural Resource Governance Institute (NRGI), la COP27 ha sido “una decepción” por los resultados del texto final, porque “no se siente una ambición cualitativamente mayor a la de los acuerdos de Glasgow y pareciera que, por momentos, en la negociación hubo retrocesos”.
González rescata que el tema de la reducción progresiva de los combustibles fósiles si estuvo en el centro de la agenda, tanto en las negociaciones como en los eventos paralelos. “Muchos países pusieron este tema en la agenda de negociación, para que se incluyera en el texto. Al principio India lanzó la idea de que fuera una reducción progresiva, no solo de carbón [como se acordó en Glasgow en 2021] sino de todos los combustibles fósiles. Creo que eso incentivó a que otros países —como Colombia e incluso Estados Unidos— se unieran a la discusión”.
También se unieron —continúa González— todos los países de AILAC y por supuesto Tuvalu, entre otras islas del Pacífico, así como Noruega, el principal productor de hidrocarburos en Europa. “Fueron alrededor de 80 países apoyando algún tipo de reducción progresiva a los combustibles fósiles. Creo que el hecho de que un grupo significativo de países haya puesto el tema sobre la mesa, aunque no haya quedado en el texto final, nos da una idea de que se trata de un tema central”, señala González.
Petróleo, una presencia que no logra borrarse
“Creo que la COP27 ha sido tomada por los empresarios. Lo he venido sintiendo desde Glasgow, pero ahora es mucho más y creo que en Dubai será más fuerte”, dice Melanie Canales, integrante de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú.
De esta forma, la lideresa indígena se refiere a los reclamos de las organizaciones civiles y ambientalistas por la presencia de más de 600 lobistas de la industria petrolera que estuvieron en la conferencia de Egipto.
El temor de activistas, ambientalistas y expertos es que la cantidad de lobistas aumente para la COP28, que se realizará en 2023 en Dubai, un país cuya economía se sustenta en el petróleo.
Es una situación que nos preocupa muchísimo —agrega Canales— porque no se han logrado compromisos para reducir las emisiones, tampoco se está considerando revalorar los conocimientos y las tecnologías ancestrales para la adaptación y mitigación al cambio climático.
Canales también cuestiona los acuerdos que se centran en los bosques, y principalmente en la Amazonía, solamente como sumideros de carbono y su relación con los mercados de carbono. “Los empresarios están pensando en cuidar la Amazonía y los bosques solo por los beneficios del carbono, por eso ofrecen pagar por cuidar los bosques. Pero no debemos pensar solo en la Amazonía, necesitamos pensar en el territorio integral. ¿Qué va a pasar con los glaciares andinos que alimentan los ríos de la Amazonía? ¿Qué va a pasar con el mar? Desde nuestra organización de mujeres siempre hemos hecho visibles que la lucha es por el territorio integral”.
Osver Polo, del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climatico (MOCICC), considera que las organizaciones sociales y los movimientos ambientalistas deben mejorar sus estrategias de vigilancia y rendición de cuentas a los gobiernos de sus países. “Antes de que lleguen a las conferencias mundiales deberíamos tener un proceso nacional para llevar posiciones claras y definidas. Pero también es importante tener posiciones regionales a nivel de los países de América Latina”.
Polo también menciona las presiones y las restricciones a las que han estado sometidos los activistas durante la COP27. Debido a las restricciones de Egipto para que se realicen manifestaciones en las calles, las marchas y protestas en la COP27 se realizaron dentro del centro de conferencias en donde se realizó el encuentro mundial. No obstante, aún dentro de este espacio se han presentado restricciones a los participantes, como “cuando tres líderes indígenas fueron retirados de una plenaria por levantar una banderola y expresar un mensaje en voz alta, mientras se realizaba una presentación”, cuenta el representante de Moccic.
“En las COP se necesitan también abrir espacios de diálogo entre los gobiernos y las organizaciones ambientalistas y los líderes indígenas, para que puedan ser escuchados, como lo ha hecho el electo presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva que se reunió con la sociedad civil”, agrega Polo.
Aunque esta había sido llamada “la COP de la implementación”, es decir, una conferencia para definir y precisar las acciones para cumplir con las metas trazadas en el Acuerdo de París y en Glasgow, los expertos señalan que poco se ha avanzado en este camino.
Para Catalina Góngora, representante en en The Nature Conservancy (TNC) Colombia, en esta COP no se han definido los mecanismos de implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que han presentado los países para la reducción de sus emisiones de GEI. Tampoco han quedado claros los acuerdos financieros, ni cómo se cumplirán estos. “Es una deuda de acuerdos previos y si hablamos de implementación hay que tener las cuentas claras, con que contamos para implementar y priorizar”.
Para Ana Carolina González, de NRGI, la agenda sobre una transición energética justa no ha estado en el centro de la discusión, “pero sobre todo sigue pendiente pensar la transición con una mirada desde las comunidades, desde las mujeres, desde los jóvenes, desde, digamos, las personas que van a ser más impactadas por el proceso mismo de transición”.
Eugenio Rengifo, del Fondo Naturaleza Chile, menciona que esta vez se ha visto un acercamiento más directo entre cambio climático y conservación de la biodiversidad. “Antes corrían por carriles separados y hoy día regreso de Egipto con la esperanza de haber escuchado un discurso en el que se incorporaron esos elementos”.
Rengifo señala que la presentación del Programa de Áreas Marinas Protegidas de Chile, durante la COP27, es una muestra de la cercanía y “un cruce entre el calentamiento global y cómo atendemos a la biodiversidad”.
La verdad —continúa Rengifo— un camino es el de cómo atacar la fiebre y el otro es cómo atacar la infección, que es el tema de la biodiversidad. “Esa es la gran crisis que tenemos hoy, nos enfrentamos a una crisis de extinción de especies y de biodiversidad que tiene como síntoma el calentamiento global, pero que si no atendemos el origen del flujo del problema difícilmente vamos a conseguir cambios significativos”.
Imagen principal: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27). Foto: Flickr de la Organización de Naciones Unidas.
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