- La autorización para buscar hidrocarburos en el mar argentino tiene en vilo a las ciudades y pueblos en las costas de Buenos Aires.
- Las prospecciones mediante disparos de aire comprimido son una amenaza para los sistemas auditivos de cetáceos y demás mamíferos marinos. La posibilidad de derrames preocupa a la industria turística.
- Protestas en las calles y un conflicto judicial todavía sin sentencia definitiva han logrado hasta ahora demorar el inicio de unas obras que podrían comenzar en octubre.
En Argentina, el nombre de Mar del Plata es sinónimo de playas, vacaciones, alegría, bullicio, descanso y disfrute. Por eso, y desde siempre, se la conoce como “la Ciudad Feliz”, o directamente como “La Feliz”. Las razones de su éxito se encuentran en la geografía. Se trata de un punto excepcional en la extensa costa de la provincia de Buenos Aires (1200 kilómetros), porque allí se hunde en el océano el sistema serrano de Tandilia, uno de los más antiguos del mundo, creando un paisaje cuya moderada elevación ofrece atractivas vistas sobre el mar, en claro contraste con lo que ocurre en el resto del litoral bonaerense, dominado por amplias y monótonas planicies. Sin embargo, desde hace más de un año, La Feliz dibuja una mueca de disgusto y preocupación. El 30 de diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación autorizó a las empresas Equinor (de Noruega), Shell (Países Bajos) y a la local YPF a ejecutar prospecciones sísmicas para identificar la presencia de gas, y fundamentalmente de petróleo, en tres áreas de la Cuenca Atlántica Norte (CAN) situadas en el mar argentino, a unos 300 kilómetros de distancia de esas playas que cada verano reciben a millones de turistas.
La autorización también incluye la realización de un pozo exploratorio en una de esas áreas, que lleva por nombre Argerich-1.
La medida sacudió el espíritu de la ciudad, la sexta más poblada del país con 685 000 habitantes, y dio comienzo a una larga disputa que aún sigue en pie en los tribunales de Justicia, los medios de comunicación y la calle. “Claramente se trata de un negocio que no tiene validación social ni en Mar del Plata ni en el resto de la región”, dice la instructora y jueza internacional de surf, Alejandra Pastor, quien es secretaria de la organización Surfrider Argentina y usuaria cotidiana de las olas.
La respuesta a la decisión del gobierno fue inmediata. En enero de 2022, La Feliz sirvió de escenario principal para el Atlanticazo, una masiva manifestación popular que se repetiría un año más tarde como expresión de la oposición al proyecto de erigir en un futuro más o menos cercano plataformas petrolíferas en el mar.
Aunque dichas plataformas no se divisarán desde la costa, los expertos afirman que podrían constituir un peligroso foco de derrames de hidrocarburos y afectar de manera dramática al turismo, eje central de la economía regional. Además, según sostienen los especialistas, las plataformas también podrían poner en peligro a especies marinas y espacios naturales. “Ya de por sí la prospección sísmica es una actividad muy dañina porque implica bombardeos acústicos submarinos que tienen un impacto muy negativo en la vida de la fauna marina, más que nada en los mamíferos que dependen principalmente de su oído para moverse y desarrollarse”, explica Luisina Vueso, responsable en Argentina de la campaña de océanos de la organización Greenpeace. “Además, la posible explotación estaría localizada en el frente del talud continental del mar argentino, un área muy productiva, vulnerable y sensible que deberíamos proteger”, agrega Vueso.
Un auténtico “supermercado del mar”
La plataforma continental argentina, que se extiende a lo largo de 4725 kilómetros de costa (sin contar el sector antártico) y ocupa una superficie de 3 744 000 kilómetros cuadrados, es reconocida como un punto particularmente rico de la oceanografía mundial. La conjugación de vientos, mareas y corrientes cálidas y frías (la de Brasil y la de Malvinas, respectivamente) provoca diferencias de salinidad y temperatura que favorecen el ascenso de nutrientes que, de esa manera, atraen a miles de especies y son la base de complejas tramas de alimentación.
Tales circunstancias crecen en intensidad en los límites del talud, donde la profundidad baja de manera abrupta desde los 200 hasta los 4000 metros. Es en torno a esa zona donde se supone que habría yacimientos de gas y petróleo y las prospecciones son el imprescindible primer paso para confirmar las sospechas antes de iniciar la explotación propiamente dicha.
Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación, reconoce en diálogo con Mongabay Latam que la obtención de gas a partir de esta actividad no es una respuesta adecuada al cambio climático. “Entendemos que el desarrollo del gas que se obtenga a partir de la actividad off shore (en el mar) o de las eventuales exportaciones de hidrocarburos no proporcionan una respuesta a largo plazo frente al cambio climático”, dice, pero justifica la actividad ya que “la transición energética no puede hacerse de un día para el otro”. Según Nicolini, “la utilización de esos recursos es un modo de obtener las divisas que el país necesita para implementar las medidas que nos permitan alcanzar nuestros compromisos climáticos”.
Vueso, en cambio, considera que no deberían abrirse pozos nuevos: “Es muy preocupante que se lleve a cabo una política que extienda la frontera hidrocarburífera hacia el mar, mucho más si es afectando lugares donde concurren a alimentarse especies de buena parte del Atlántico y poniendo en riesgo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda el océano”.
Un muy completo informe elaborado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, red de 25 organizaciones de la sociedad civil con actividad en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile —entre ellas BirdLife Internacional, Wildlife Conservation Society, la Fundación Vida Silvestre Argentina y el Instituto Baleia Jubarte, dedicado a la investigación científica de cetáceos— indica que ya sea como habitantes permanentes o atravesando esas aguas durante sus rutas migratorias, en la zona pueden encontrarse unas 900 especies de moluscos, 400 de peces óseos, 105 de peces cartilaginosos, 48 de mamíferos marinos —incluyendo lobos, elefantes, focas, delfines, cachalotes y la ballena franca austral (Eubalaena australis)— y 3 de tortugas marinas. Semejante concentración de fauna ubica en el centro de la discusión al procedimiento que se utilizará para efectuar las prospecciones sísmicas.
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Ruidos que complican el comportamiento de la fauna marina
El sistema consiste en el lanzamiento de disparos de aire comprimido en intervalos de unos 10 o 20 segundos, desde una línea de 12 a 48 cañones arrastrados por el buque prospector a una profundidad de entre 4 y 10 metros. Esta liberación violenta de aire emite intensos pulsos acústicos. Estos generan ondas sonoras que viajan a través del agua y penetran en el subsuelo. Una vez allí, y a medida que tropiezan con las distintas formaciones geológicas que van encontrando, las ondas se reflejan en el subsuelo marino, recorren el camino inverso desde el fondo hacia la superficie y son captadas por uno o varios grupos de hidrófonos transportados mediante cables de arrastre de varios kilómetros de longitud. El procesamiento en las computadoras a bordo del buque sísmico completa el proceso que produce imágenes del fondo y el subsuelo marino, y permite reconocer su conformación y contenido.
“No solo importan la cantidad y disposición de los cañones, sino también la frecuencia con la que se realizan los disparos”, comenta la bióloga Andrea Michelson, coordinadora del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Se trata de niveles sonoros extremos, en torno a los 250 decibelios que se disparan cada diez segundos”, agrega. Como para tener una idea comparativa, el despegue de un avión genera un ruido de unos 110 decibelios y cualquier sonido por encima de 120 podría provocar la pérdida de la audición a un ser humano. Además, dichos niveles sonoros, explica la experta, “se superponen con el resto de ruidos que ya existen en el mar” por lo que podrían generar graves daños auditivos en las especies marinas, asegura.
Contra lo que pueda suponerse, el ambiente submarino está muy lejos de ser silencioso. Los factores físicos, como el viento, la lluvia, el hielo e incluso los terremotos crean sus propios sonidos, a los que deben sumarse los producidos por las maquinarias y las acciones creadas y desarrolladas por el ser humano. Los cañones de las prospecciones sísmicas agregan estruendos en un escenario en el que resulta indispensable no alterar en demasía los ruidos habituales. Además, “no se trata de impactos aislados, sino acumulativos y sinérgicos, un aspecto que no veo que haya sido tomado en cuenta con el énfasis que corresponde en las presentaciones realizadas”, dice Michelson.
El mencionado informe del Foro para la Conservación del Mar Patagónico señala que “una amplia variedad de organismos marinos utiliza el sonido para diversas funciones biológicas: la alimentación, la reproducción, la socialización, el cuidado paternal, el reconocimiento de crías, la evaluación del entorno, la detección de presas y depredadores, la orientación, la navegación, la comunicación entre individuos, etcétera”.
A partir de esta información resulta sencillo deducir que la irrupción de nuevos sonidos puede interferir de manera directa en los comportamientos de peces y mamíferos marinos. “Los efectos en el sistema auditivo de peces y mamíferos son fisiológicos, biológicos y conductuales”, subraya Vueso. “Empiezan a evitar las zonas de alimentación donde se efectúan los disparos, se estresan, y si la reiteración deriva en una discapacidad permanente puede acabar en el varamiento y la muerte de los individuos”, asegura. De hecho, uno de los inconvenientes en el uso de estos métodos es que sus consecuencias no son inmediatas, por lo que resulta imposible medir la incidencia de mortalidad producida a mediano plazo por lesiones auditivas.
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Ballenas y merluzas desaparecidas durante todo un año
Situadas en la acera de enfrente, las empresas que se adjudicaron las concesiones y el gobierno nacional describen las prevenciones que se tendrán en cuenta y relativizan los daños.
La última actualización del estudio de impacto ambiental realizada por la consultora Serman para la petrolera Equinor acepta que la ballena franca austral “presenta una moderada a alta sensibilidad frente al proyecto, principalmente debido a que el rango de audición estimado se superpone con el rango principal de frecuencias de la actividad sísmica propuesta”. Asimismo, determina que “la exposición aguda [de ese grupo de cetáceos] a ruidos a corta distancia genera desplazamientos espaciales que generalmente perduran en tanto el ruido se mantenga”. Sin embargo, la conclusión es que “independientemente de la potencial existencia de efectos a largo plazo, se considera que los mamíferos marinos desarrollan una reacción de evitar directa e inmediata a las fuentes sonoras”.
Luisina Vueso aporta lo ocurrido en anteriores experiencias: “En 2009, la empresa Panamerican realizó tareas de prospección sísmica en el Golfo San Jorge y los pescadores artesanales de merluza no pudieron trabajar durante un año porque los peces desaparecieron. Lo mismo ocurrió con las ballenas. No se vio ninguna en ese lapso. No estoy diciendo que hayan muerto, pero no volvieron”.
Respecto al procedimiento en sí mismo, el estudio de impacto ambiental indica que será de “arranque suave”, es decir, que el pulso sísmico se irá incrementando durante al menos 20 minutos hasta alcanzar la potencia máxima. Y detalla que tres observadores de fauna marina, situados en el punto más alto del barco desde el cual se realizan las prospecciones, controlarán con sus prismáticos que “los organismos marinos abandonen el área” al menos media hora antes de que los disparos alcancen su máxima potencia. Un operador de monitoreo acústico pasivo (sin visión directa) servirá de apoyo desde el interior del buque.
“En cada instancia de este proceso apuntamos a levantar la vara de evaluación ambiental, incluso por encima de los estándares internacionales”, asegura Nicolini, y lo reafirma con un ejemplo: “Países como Reino Unido o Canadá fijan el radio de protección de mamíferos marinos en 500 metros alrededor de donde se lleva a cabo la prospección. En nuestras actividades de exploración sísmica en las áreas de la Cuenca Argentina Norte hemos duplicado ese radio hasta un kilómetro”.
Temor a los derrames, dudas sobre la rentabilidad
Las divergencias de opinión abarcan también otras cuestiones. En el informe del Foro para la Conservación del Mar Patagónico se enumera una decena de lugares de alto valor de conservación —reservas provinciales y de la biósfera, sitios Ramsar, áreas protegidas marino-costeras o ecológicas y biológicas significativas— ubicadas a menos de 250 kilómetros del proyecto de evaluación sísmica. Algo más alejado también se encuentra el Agujero Azul, al que se denomina “el supermercado del mar”, no solo por la disponibilidad de alimento sino porque es una zona de generación de oxígeno, absorción de carbono y producción de fotosíntesis.
En el estudio de impacto ambiental, en cambio, se menciona que las áreas naturales protegidas marinas “vedan en principio las actividades exploratorias y productivas” y aclara que “se consideró la proximidad y eventual afectación indirecta por actividades sísmicas”, sin abundar en más detalles. “En esos estudios las empresas dicen lo que quieren, incluso mienten sin que nadie las sancione. Hay demasiados defectos en las normativas”, denuncia Alejandra Pastor.
El riesgo de que se produzcan derrames o microderrames de petróleo cuando comience la explotación es otro punto de discusión. “Un reciente trabajo científico recopiló la información de más de 1700 derrames agudos en el mundo que liberaron millones de toneladas de petróleo entre los años setenta y 2018. Sin embargo, solo en el 18 % de los casos se informaron los efectos sobre la vida silvestre”, comenta Andrea Michelson. “Equinor, la empresa que lidera el proyecto, ha tenido decenas de accidentes en Noruega y Brasil”, denuncia a su vez Luciana Vueso.
Al hablar de las tareas de exploración del pozo Argerich-1, Equinor estima que los escenarios de derrames submarinos o de superficie “son de baja probabilidad (0,001-0,01 %)”, aunque acepta que “podrían afectar potencialmente a especies vulnerables y en peligro de extinción en aguas argentinas”. Según Cecilia Nicolini, “en caso de derrame desde el pozo, este no llegaría a las costas”. El Argerich-1 tendrá una profundidad de 4000 metros y será cerrado y sellado una vez que concluya la exploración. Dicha profundidad, es la misma que deberán alcanzar la mayoría de las perforaciones que se realicen a futuro para extraer el hidrocarburo si es que se avanza a la etapa de la explotación. Las dificultades que plantearían el control y la eventual reparación de un desperfecto imprevisto a semejantes distancias tampoco escapa a los cuestionamientos.
Por el momento, el gobierno argentino solo ha autorizado las prospecciones que certifiquen la existencia de hidrocarburos, pero el debate sobre la verdadera rentabilidad que la explotación de los mismos pueda generar una vez que comiencen a extraerlos del subsuelo marino también está en marcha.
“Se espera que los pozos que se instalen en el talud estén operativos en 2030, año en el que deberíamos haber reducido mucho las emisiones de CO2”, subraya Michelson. “Las cifras de divisas que se obtendrían están consideradas según el precio actual del petróleo, que no es real porque está condicionado por las sanciones a Rusia”, apunta Luisina Vueso. Ni las empresas implicadas, ni la Secretaría de Energía de la Nación aceptaron responder las preguntas de Mongabay Latam al respecto.
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La compleja batalla judicial
Con alta participación ciudadana, todas estas cuestiones han invadido las calles de la generalmente tranquila costa atlántica de Buenos Aires. En cuanto se conoció la autorización para empezar las tareas, la reacción social se hizo sentir a través de las protestas y de una batalla judicial que aún perdura.
No habían transcurrido ni dos semanas tras la publicación del decreto gubernamental de diciembre de 2021 y ya el juzgado federal de Mar del Plata había recibido cuatro demandas de amparo, dos individuales (una de ellas presentada por el propio alcalde de la ciudad) y dos colectivas, solicitando una medida cautelar que suspendiera la puesta en marcha del proyecto. El 11 de febrero de 2022, el juez Santiago Martín admitió las presentaciones y paralizó cualquier iniciativa. Más tarde, el 3 de junio, la Cámara de Apelaciones revocó el recurso, pero solicitó al Ministerio de Ambiente la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental. El 18 de octubre, el juez Martín entendió que ese nuevo estudio no satisfacía las exigencias, pero el 5 de diciembre del año pasado la Cámara falló en contra del juez y permitió las exploraciones. La medida ha sido apelada ante la Corte Suprema de Justicia que aún no se expidió al respecto, aunque esto no impide el comienzo de los trabajos.
“Las prospecciones podrían iniciarse ya mismo, aunque nos parece difícil que lo hagan hasta octubre o noviembre, ya que es más propicio realizarlas en verano cuando cambia el clima, disminuyen las tormentas y el mar está más calmo”, subraya Vueso.
Las espadas, mientras tanto, se mantienen en alto. Un recorrido por cualquier punto de la costa bonaerense permite descubrir paredes pintadas con el lema “No a las petroleras” y frases en defensa de la salud del mar. Las protestas frente a los juzgados marplatenses se repiten de manera continua.
“Sabemos que la lucha es muy desigual y que hay gente con mucho más poder que nosotros que quiere hacer su propio negocio sin que le importe nada el bien común. Pero ellos saben que tendrán a buena parte de la sociedad en contra, que habrá manifestaciones permanentes y que intentaremos ponerles todos los obstáculos posibles. Quizás sea la forma de impedir que venga el barco y acabar con esta historia”, se ilusiona Alejandra Pastor mientras mira el mar que surca casi cada día sobre su tabla de surf.
* Imagen principal: Organizaciones ambientalistas presentan amparo y medida cautelar contra el Estado Argentino, la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación.
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