- Desde 2005, el Parque Nacional de Cabo Pulmo ha estado bajo amenaza por los proyectos turísticos que intentan establecerse.
- Habitantes, activistas, pescadores y organizaciones han articulado alianzas para la defensa de sus comunidades y de la diversidad de la Península.
- Los promoventes de proyectos tienden a fragmentar sus estudios para esconder los impactos ambientales reales.
- Organizaciones ambientales impulsan un mecanismo para que la ciudadanía pueda frenar proyectos que perjudiquen socioambientalmente a la región.
Judith Castro ha visto desde pequeña la transformación de Cabo Pulmo, una comunidad de pescadores ubicada en la punta de Baja California Sur, frente al Mar de Cortés, que contiene uno de los arrecifes de coral más importantes del país. La conservacionista ha dedicado su vida durante los últimos años a defender este parque marino de los proyectos turísticos e inmobiliarios que no han dejado de insistir para instalarse junto a esta Área Natural Protegida (ANP).
“Irónicamente nos dimos cuenta de su riqueza cuando sentimos la amenaza de un proyecto masivo alrededor del parque, como lo que está pasando hoy”, cuenta la activista sobre el proyecto “Cabo Cortés”, de la empresa Hansa Urbana, que en 2008 trató de construir un complejo turístico junto a la zona protegida, ubicada en el municipio Los Cabos.
Tras la declaración del Parque Nacional Cabo Pulmo como Patrimonio Mundial en 2005 y luego de que fuera reconocido como sitio Ramsar en la Lista de Humedales de Importancia Internacional en 2008, los grandes proyectos turísticos e inmobiliarios no han dejado de llegar.
Hoy, este acuario natural se enfrenta a proyectos de turismo masivo que intentan asentarse en la zona.
Dos de ellos, “La Abundancia” y “Baja Bay Club”, recibieron una suspensión de labores por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el pasado 5 de febrero para detener obras que puedan poner en riesgo la región.
Ambos proyectos –los cuales contemplan construir habitaciones de hoteles de lujo, campos de golf, clubes de playa, planta desaladora, que suman más de 600 hectáreas– fueron avalados por la representación de Semarnat en Baja California Sur, que consideró que “no pondrá en riesgo la estructura y función de los ecosistemas descritos en el sistema ambiental”.
En el caso de “Baja Bay Club”, el cual se pretende realizar en terrenos del extinto proyecto “Cabo Cortés”, se ofrecen propiedades en venta previo a su autorización.
En mayo de 2024, un grupo de investigadores de la región publicó un informe en el que documentaron una biodiversidad “mucho mayor” que la reportada por los promotores de “Baja Bay Club” en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Entre las omisiones detectadas, los investigadores hallaron 296 plantas y animales presentes en la región que no se habían mencionado, algunas de ellas endémicas y bajo protección ambiental, como el mangle botoncillo, el nopal de Bravo y el ave mascarita norteña peninsular.
“La mayor omisión en el informe de vegetación es la falta de consideración de tres hábitats críticos: las dunas activas, el matorral árido espinoso de Punta Arena y las lagunas”, señalaron los integrantes de diversos centros de investigación y asociaciones ambientales de la región.
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Un recurso sencillo para frenar la amenaza
En alianza con las comunidades afectadas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) interpuso un recurso de revisión ante la propia Semarnat para que la dependencia analice los permisos otorgados, ante posibles irregularidades en el proceso.
Guillermo Naranjo, abogado del CEMDA, explica que las graves omisiones de la oficina de Semarnat y el cambio de administración con el nuevo gobierno permitieron una resolución que detenga, por ahora, las obras de los proyectos.
“Los impactos de ambos proyectos eran muy graves, en el sentido de que la autoridad no hizo la evaluación de manera regional, sin considerar a todos los ecosistemas afectados. Se debió evaluar desde la Dirección de Semarnat, pero lo resolvió la oficina de representación en Baja California Sur. Esto fue muy grave y quisimos señalar ante la nueva administración entrante”, sostiene el abogado.
La respuesta llegó con la entrada de Alicia Bárcena como nueva secretaria de Medio Ambiente, designada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ese mismo mes.
“Estamos revocando ese permiso y de hecho la persona que estaba encargada de la oficina regional (de Semarnat en Baja California Sur) ha presentado su renuncia, precisamente porque se dio una autorización inapropiada”, reconoció Bárcena ante medios de comunicación en octubre pasado, tras la solicitud de organizaciones y ciudadanos.
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📲La titular de la SEMARNAT, Alicia Barcena, anunció la revocación de la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental, otorgada al proyecto turístico y residencial “La Abundancia”, ubicado en los límites del Parque Nacional Cabo Pulmo. pic.twitter.com/l4J50mkRLv
— Notigram (@Notigram) October 24, 2024
Sin embargo, para el abogado Naranjo el caso es paradigmático pues sostiene que existen varias obras sin autorización de impacto ambiental en la región, por lo que buscan mayor atención de las autoridades.
“Lo que queremos hacer con estos dos proyectos es señalar esta necesidad de que haya presencia de la autoridad para que se cumpla con la norma ambiental, pero que también la propia autoridad modifique sus mecanismos de acceso a la Justicia para que sean más fáciles y no tengan que agotar recursos previos”, dice Naranjo sobre el proceso legal que aún no termina.
Las empresas que promueven “Baja Bay Club” y “La Abundancia” ya fueron llamadas por la autoridad para presentar sus argumentos y se espera que en marzo próximo Semarnat resuelva de forma definitiva el caso.
Naranjo también señala que los proyectos no solo están afectando al Parque Nacional Cabo Pulmo, sino también a la ciudadanía y a las comunidades.
“Están fomentando el cierre de playas, de caminos, limitando el derecho de las personas que se dedican a la pesca y sobre todo que están incumpliendo con el Programa Ecológico Ambiental de Los Cabos que establece las densidades y cuántos núcleos poblacionales puede haber en cada región”, asegura.
Desde 2010, hay evaluaciones ambientales que ubican a Cabo Pulmo en estrés hídrico –cuando la demanda de agua es mayor a la disponible–, como una zona que “no es capaz de resistir un gran aumento poblacional” y con frágiles desiertos y hábitats marinos que pueden ser “gravemente impactados por los cambios de uso de suelo y el desarrollo informal”.
Aunque los proyectos mencionados no pueden llevarse a cabo mientras el caso no se resuelva de manera definitiva, activistas, defensores y pescadores de Cabo Pulmo advierten que no son las únicas amenazas que enfrentan.
“Son proyectos de destrucción”
Desde 2008, las comunidades locales trabajaron junto a organizaciones para presionar a las autoridades y que cancelaran “Cabo Cortés”. La Coalición Cabo Pulmo Vivo es fruto de ese trabajo en defensa del parque nacional.
La alianza ha identificado y documentado decenas de proyectos inmobiliarios y turísticos que han intentado establecerse en la zona con ideas que consideran “incompatibles”, entre ellos los que proponen miles de habitaciones de hotel, departamentos, villas, campos de golf, aeropistas y lagos artificiales.
Incluso, uno de ellos –“Cabo Pelícanos”– proponía un acuario que incluía la exhibición de un ejemplar de tiburón ballena.
Actualmente, habitantes de las comunidades costeras de Los Cabos identifican amenazas en dos proyectos más: Costa Palma, un complejo turístico ubicado en la localidad de La Ribera –a 20 kilómetros de Cabo Pulmo–, el cual busca la “rehabilitación” de la playa mediante la construcción de rompeolas, islotes de arena y diques.
Ciudadanos y organizaciones denunciaron que la Semarnat se negó a someter el proyecto a consulta pública en seis ocasiones, desconociendo el Acuerdo de Escazú, el instrumento firmado por México y otros 23 países para garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Para Castro, el proyecto de Costa Palma es un ejemplo “de lo que no debería ocurrir” en una costa, debido a los impactos socioambientales en la población.
“Son proyectos de destrucción en todo sentido. Han desplazado a la gente local, a la recreación en las playas. Han destruido manglares, enterrado esteros, quitaron dunas, ecosistemas muy importantes”, dice la activista.
Tanto Castro como Naranjo advierten que los proyectos turísticos han recurrido a la práctica de fragmentar los estudios que presentan para aparentar un menor impacto ambiental.
“La gente de la Ribera solía ir a pescar a estos esteros. Es la parte donde las familias convivían, donde tenían ese espacio libre. Ya le están cerrando la entrada a los pescadores, en un pueblo que originalmente es de pesca”, ironiza.
Roberto Mijares Castro, pescador con 47 años de residencia en La Ribera, coincide en la gravedad del impacto de Costa Palma.
Incluso ha documentado el entierro de los esteros con maquinaria pesada con su propio celular y confirma que cada vez los pescadores tienen menor acceso a las playas para trabajar.
“A nosotros los pescadores nos están cerrando el acceso público a las playas. En Costa Palma están enterrando los esteros, los están tapando a modo de exterminio. Están acaparando las playas, de los accesos, están construyendo en zona federal y tapando los ojos de agua”, cuenta el pescador ribereño.
Mijares explica que los esteros sirven como criaderos naturales de la tilapia, lisa, la jaiba o el camarón, especies que suelen capturar los pescadores.
Sostiene que los proyectos que se realicen cerca de Cabo Pulmo terminarán impactando también en las localidades cercanas y en mayor medida a los pescadores.
“El tema de Cabo Pulmo sí nos afectaría, es un recinto de muchas especies, es como un acuario natural y esas especies son migratorias. Un desarrollo grande que afecte esa zona también nos pasa a fregar porque van a extinguir el modo de vivir de la naturaleza marina”, afirma Castro quien también pertenece a la cooperativa Pescadores de Cortés.
“No estoy en contra del desarrollo, pero sinceramente le están partiendo la madre al ecosistema”, advierte.
Un camino costero amenazado
A inicios de 2025, autoridades municipales de Los Cabos modificaron el Programa de Desarrollo Urbano que contempla el desuso de tramos de un camino costero de Cabo del Este, un recorrido de 94 kilómetros que va desde San José del Cabo hasta Cabo Pulmo.
Activistas, organizaciones y pescadores se han inconformado, pues denuncian que esta modificación afecta a toda la ciudadanía y busca privatizar accesos a la costa.
“Fue un grito en el cielo. Es un camino local, tradicional, la gente local acostumbra ir a acampar los fines de semana, para los rancheros es su paso para ir a la ciudad. Al declararlo en desuso abren la puerta a desarrolladores para que puedan mover el camino atrás de sus proyectos y que queden frente al mar”, sostiene Castro, quien dice que las autoridades “malinterpretaron” la decisión de un juez al respecto.
El ayuntamiento de Los Cabos respondió a los inconformes que “por mandato de un juez federal” tuvieron que respetar los títulos de propiedad privada sobre 3.9 kilómetros del camino costero, pero descartaron la privatización de playas.
“El acceso a las playas en este tramo de 94 kilómetros que comprende el camino costero sigue plenamente garantizado para todas y todos”, publicó.
Sin embargo, los activistas desconfían de la explicación, pues sostienen que nunca estuvo en la consulta pública y que la modificación requiere también la autorización de ciudadanos y autoridades federales.
“Lo declaran en desuso, para posteriormente privatizarlo y dejar algún camino por el monte, no va a haber camino costero ya”, dice Robero Carlos Ramos Ramos, integrante del colectivo Huellas Verdes Los Cabos.
Advierte también que se han empezado a realizar modificaciones y desvíos, para que las personas ya no transiten en tramos de proyectos privatizados.
“Si se cierra nos afecta a todos, a la gente que le gusta pescar, surfear, a los grupos de rancherías que tienen ahí sus casas. Ya empezaron a estropear los caminos para que menos personas pasen, a tapar y desviar”, insiste.
Roberto Mijares también advierte la afectación para rancherías y pescadores que usan diariamente este camino.
“Tengo familiares que viven en rancherías para esos lados y nos va a afectar a todos, pero por la indisciplina que tienen los altos funcionarios y diferentes desarrolladores se están tomando el atrevimiento de querer acceder a esos caminos siendo que no les corresponde”, alega.
El caso ya llegó hasta la presidenta Claudia Sheinbaum este 5 de febrero, quien respondió que tiene pensado ir a Los Cabos para atender este tema, que también ocurre en otras entidades costeras.
Mongabay Latam buscó a las empresas que promueven estos proyectos turísticos para conocer su posición ante las denuncias de ambientalistas, habitantes y organizaciones, sin que haya habido respuesta, hasta el cierre de esta nota.
Una defensa para el futuro en Cabo Pulmo
El defensor Guillermo Naranjo explica que ante la táctica de las empresas de presentar estudios fragmentados, buscan impulsar una nueva forma de analizar los impactos ambientales.
“Nosotros planteamos que se tiene que analizar el impacto ambiental desde los proyectos ya autorizados con anterioridad, para que puedan ver la relación que hay entre algunos”, explica.
Naranjo pone de ejemplo un proyecto hotelero llamado “Hotel Bahía del Rincón”, que logró revivir un permiso revocado en 2018 y ahora impulsa otro proyecto para obtener concesiones de agua.
Por este motivo, esperan que los recursos que permitieron frenar las obras en Cabo Pulmo puedan tener un mayor alcance y ser una posibilidad para revocar permisos a empresas de forma definitiva.
“Son este tipo de dinámicas las que queremos tratar de resolver fortaleciendo mecanismos ágiles de Justicia porque ahorramos que las personas tengan que interponer amparos o juicios de nulidad y fomentaremos la vinculación entre Semarnat y la población”, explica.
El objetivo, dice, es facilitar los mecanismos de participación. Que las Manifestaciones de Impacto Ambiental se pueden analizar en cualquier comunidad, que sean accesibles e incluso digitalizarlas.
“Lo ideal es que los ciudadanos puedan apropiarse de estos mecanismos. Si vemos que no es un recurso viable, analizamos qué necesitaría para ser un fácil mecanismo para la ciudadanía”, señala el defensor.
Imagen principal: Delimitación de terrenos de proyectos turísticos en Cabo Pulmo. Foto: Especial
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