- Una publicación en Youtube muestra a un famoso cazador estadounidense protagonizando la caza desproporcionada de especies nativas y el uso de armas prohibidas en los cotos que utilizaba la empresa argentina Caza & Safari.
- Siete personas están imputadas por supuesta asociación ilícita, presuntos delitos agravados contra de la fauna silvestre y el supuesto delito agravado de provisión ilegal de armas de fuego.
- Los implicados en lo que podría ser el mayor caso de tráfico de fauna silvestre de Argentina promocionaban la caza de especies protegidas hasta hace poco tiempo y hacían declaraciones falsas ante las autoridades sobre el transporte de partes de animales, de acuerdo con el expediente.
- Entre los nuevos datos sobre este expediente se encuentra el caso de Carlos Pablo Escontrela, propietario de dos cotos de caza investigados, quien niega el vínculo con el líder de la organización. Lo indagaron por crueldad animal.
Con un arco y flecha de alto impacto, el cazador estadounidense Jason Keith Bruce mató a un pecarí de collar (Dicotyles tajacu), a un puma (Puma concolor) y a un pecarí barbiblanco (Tayassu pecari) en la provincia de Santiago del Estero, en la región chaqueña de Argentina. Lo hizo en los cotos de caza y con la asistencia de la empresa Caza & Safari, ahora investigada por supuestos delitos de depredación de fauna silvestre y presunta asociación ilícita.
Días después, en la provincia de Buenos Aires, Bruce mató a un capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) y a un ciervo axis (Axis axis) con un arma con mira telescópica, cuyo uso está prohibido. De nuevo con el arco en mano, cazó a otro capibara y a otro pecarí barbiblanco.
Los detalles de su visita a Argentina quedaron registrados en su programa Headhunter Chronicles TV, que fue publicado en Youtube en 2015. Todas las especies, a excepción del ciervo, son nativas de Argentina y aunque en esa época se permitía la caza de algunos de esos animales, cada cazador podía matar hasta un individuo por especie anualmente.
En Santiago del Estero, el estadounidense estuvo acompañado por un guía de caza y se hospedó en la finca Santo Domingo, decorada con taxidermias de jaguares (Panthera onca), propiedad del empresario Carlos Pablo Escontrela. En Buenos Aires, Jorge Néstor Noya recibió a Bruce en el coto de caza El Pantanal, donde también se observa la cabeza de un jaguar, entre otras especies protegidas, en las paredes.
Hasta hace poco, la empresa promocionaba a través de su website la caza de especies prohibidas, como las nombradas anteriormente. También publicitaba durante todo el año la cacería de especies exóticas cuya caza estaba permitida solo en ciertas épocas.
La organización además brindaba el servicio de taxidermización de los individuos cazados para ser enviados como trofeos a los países de origen de los cazadores, principalmente Estados Unidos y Europa. Tras un primer artículo sobre este caso publicado en Mongabay Latam, la información comprometedora fue dada de baja del sitio.
La presunta asociación ilícita
De acuerdo con información que recibió Mongabay Latam, Noya, Escontrela y el guía de caza son tres de los siete procesados en esta investigación que busca revelar uno de los mayores casos de tráfico de especies en Argentina. En operativos realizados en agosto de 2024, las autoridades argentinas hallaron cerca de 8000 partes de especies de fauna, entre cráneos, cuernos, pieles, garras y animales completos taxidermizados.
Los hechos se habrían realizado en el marco de una asociación ilícita, un delito penado con entre tres y 10 años de prisión en Argentina. Noya sería el jefe u organizador, mientras que Escontrela, una persona encargada de la exportación de partes de animales, una persona encargada de manejar las redes sociales de Caza & Safari, dos guías de caza y un taxidermista deberán responder como supuestos coautores.
Además, Noya, Escontrela, el encargado de las redes sociales y los dos guías de caza son acusados de delitos agravados en contra de la fauna silvestre, por haberlos realizado de manera organizada, con la participación de más de tres personas y con armas e instrumentos prohibidos. También son acusados del delito de provisión ilegal de armas de fuego, agravado por ser habitual.
En agosto de 2024, el juzgado federal de Lomas de Zamora, Buenos Aires, a cargo del juez Ernesto Kreplak, tomó declaración indagatoria como imputados a cinco de los implicados. Escontrela estaba prófugo, hasta que en diciembre de 2024 se presentó ante la Justicia y se le tomó declaración indagatoria.
Los roles en la organización
Jorge Noya, la presunta cabeza de la organización, es un veterinario especializado en fauna y un reconocido cazador en la escena global, de acuerdo con el website de Caza & Safari. Fundó la empresa en 1979 y ha recibido a “innumerables personalidades del mundo de la cacería”. Es propietario de un coto de caza en Buenos Aires, el único usado por la organización que contaba con permiso vigente. Noya está registrado ante el organismo tributario del país como operador cinegético.
La organización no gubernamental Freeland, que es la que puso la denuncia que dio paso a la investigación, reveló que en una comunicación reciente, el encargado de las redes sociales dijo que Caza & Safari ofrece cacería de distintas especies, entre esas las que están protegidas, como el pecarí. El expediente está a cargo del fiscal federal Sergio Mola.
La persona que manejaba las redes sociales, acompañada por los guías de caza, también recibía a los turistas en el aeropuerto Internacional de Ezeiza. Uno de los guías de caza no tenía autorización para usar armas de fuego desde 2017, fecha en la que dejó de renovar su licencia de legítimo usuario. Tampoco tenía la licencia de legítimo usuario cinegético.
Un socio de una empresa de logística era el encargado del envío de los cuerpos de los ejemplares cazados desde los cotos hasta diferentes talleres clandestinos de taxidermia, dos de ellos eran de su propiedad. Después exportaba los cuerpos o sus partes. El tránsito, la exportación y la importación de animales autóctonos están prohibidos en Argentina desde 2022.
Las autoridades sostienen que el taxidermista realizaba el oficio sin la autorización necesaria y trabajaba bajo las direcciones del encargado del envío de las partes de animales. Mongabay Latam accedió a las transcripciones de una llamada intervenida en la que participó el taxidermista en la que se revela el modus operandi de la organización: engañaban a las autoridades declarando que la caza de una especie en particular se realizó en una provincia permitida, cuando en la realidad el ejemplar fue cazado en una provincia que lo prohibía.
Noya y Escontrela niegan el vínculo
Carlos Pablo Escontrela es “un empresario destacado y prominente de la provincia”, de acuerdo con Diego Lindow, su abogado, quien dialogó con Mongabay Latam. Escontrela es propietario de dos campos en Santiago del Estero, llamados Santo Domingo y Guampacha. Ninguno contaba con autorización para actividades cinegéticas. El abogado asegura que el permiso se venció en julio de 2024. “Es una infracción administrativa, no es un delito criminal”, afirma.
Escontrela figura como socio de Noya en la firma de cacería Los Moros SA. Se cree que esto y el registro de Noya buscaban dar una apariencia de licitud a las actividades que realizaban los implicados presuntamente en asociación ilícita, según sostuvo la fiscalía en el expediente.
Lindow explica que la sociedad consistía en que Noya llevaba a cazadores de todo el mundo a los campos de Escontrela a cazar especies autóctonas permitidas. En Santiago del Estero, hasta 2019 se permitía la caza del pecarí labiado y hasta 2021 la caza del pecarí de collar y del puma, de acuerdo con el abogado. La cuota anual por cazador era de 1 ejemplar por especie. El abogado aclara que Escontrela no acordaba con los clientes, sino con Noya, quien le pagaba por proveer el coto y las personas que brindaban el servicio.
Para el abogado, se trata de un caso armado en contra de su cliente. “Aquí todos los delitos que se han, entre comillas, comprobado, que tienen prueba de haberse cometido, han sido cometidos por Noya”, señala. Mongabay Latam se comunicó con el abogado de Noya, Diego Storto, quien respondió que la defensa “no está interesada en dar ninguna declaración por su tema”.
Aunque Noya y Escontrela sostuvieron ante la Justicia que ya no están vinculados comercialmente desde 2017 por diferencias económicas, los cotos de caza de Escontrela seguían promocionándose hasta hace poco en el website de Noya. “En la causa no hay escuchas que vinculen a Escontrela con Noya más allá de la sociedad”, asegura la defensa.
No obstante, en transcripciones de escuchas a las que accedió Mongabay Latam, en julio de 2024 Noya habla con uno de los cazadores sobre una llamada que tiene que hacer a Escontrela para coordinar un tour de caza en Guampacha, propiedad del empresario santiagueño.
En los documentos de la causa a los que accedió Mongabay Latam, Escontrela negó conocer a los otros miembros de la supuesta organización ilícita, a excepción de un guía de caza que trabajaba en sus cotos y del encargado de exportar las partes de animales que le habría brindado el servicio de importar trofeos de caza desde África.
Escontrela fue señalado por crueldad animal
En Guampacha y Santo Domingo, las autoridades hallaron una fotografía de Escontrela posando con un ejemplar de jaguar muerto. De acuerdo con la información que recibió Mongabay Latam, la defensa aseguró que Escontrela habría cazado al ejemplar hace 37 años, en Bolivia, cuando era permitido. La cacería de fauna silvestre está penada en ese país desde 1992.
Pero lo más sorprendente fue cuando la Justicia encontró en uno de sus cotos a un cachorro de puma vivo encerrado en un tanque y cinco pecaríes en corrales. “Es muy difícil que ustedes en Buenos Aires entiendan cuestiones de idiosincrasia de la gente del campo”, dice Lindow antes de explicar en qué circunstancias terminó el felino allí.
La defensa relata que en la zona los campesinos ponen trampas para evitar que los pumas ataquen a las cabras. “Eso sucede en toda la provincia”, afirma. El encargado del campo de Escontrela se habría enterado de la captura del cachorro y se habría hecho cargo de curar al felino para después liberarlo. Sin embargo, los investigadores sospechan que el puma estaba prisionero para luego ser “cazado” con facilidad por un cliente del coto.
“Sobre los pecaríes, no hay ningún tipo de maltrato”, asegura. Para el abogado, mantenerlos encerrados es una infracción a la ley de fauna provincial, por la que Escontrela ya habría sido multado. “No le pueden juzgar dos veces por lo mismo”, exige.
Para las autoridades, Escontrela debe ser investigado además por maltrato animal. Los especímenes estaban privados de su libertad y en condiciones deplorables de cuidado. Se sospecha que el objetivo de mantenerlos en cautiverio era soltarlos para que sean cazados por los clientes.
La investigación continúa
Durante la investigación se encontraron fotos, documentos y otros elementos que dan indicios de las identidades de los clientes de la organización. Las autoridades tienen el objetivo de identificar a estas personas.
En Estados Unidos, Jason Keith Bruce se declaró culpable a inicios de 2025 por introducir ilegalmente al país un urial de Ladakh, India, un carnero salvaje asiático (Ovnis vignei), clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El cazador podría enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 250 000 dólares.
Mientras tanto, la investigación contra Caza & Safari sigue adelante. Está pendiente que se resuelva la situación procesal de Escontrela. El juez deberá decidir si queda procesado.
Foto principal: Un puma, atrapado en un pequeño tranque, fue hallado por las autoridades argentinas en uno de los cotos de caza de la provincia de Santiago del Estero. Sospechan que su destino era ser cazado dentro del coto. Foto: obtenida durante la investigación de Mongabay Latam
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