Los organismos reguladores utilizan las multas como un mecanismo clave para hacer cumplir la legislación medioambiental. Estas sanciones actúan como un elemento disuasorio, desalentando a personas y organizaciones de ignorar las regulaciones, y también como un castigo, al garantizar que el incumplimiento tenga consecuencias. En algunos casos, las multas pueden funcionar como una forma de reparación cuando los fondos se destinan a compensar a comunidades o familias afectadas por actos irresponsables e ilegales.
Como en cualquier procedimiento legal, la parte acusada debe tener acceso a un proceso que le brinde la oportunidad de defenderse. En la mayoría de los casos, los infractores pueden llegar a acuerdos de conciliación con las agencias reguladoras, comprometiéndose a pagar una compensación económica y a emprender acciones correctivas sin admitir culpabilidad. Esto agiliza la resolución de los casos y evita la exposición mediática.
Como es de esperar, existen críticas sobre la equidad y efectividad de estas sanciones. Algunos economistas ambientales argumentan que las multas no reflejan el verdadero daño causado por la pérdida de servicios ecosistémicos. Además, solo cumplen su función disuasoria si efectivamente se cobran.
En 2017, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) informó que, entre 2010 y 2016, se impusieron anualmente alrededor de 8.000 multas, por un total superior a 4.000 millones de Reales. Sin embargo, los pagos nunca superaron el 4 % del monto anual, y la deuda acumulada superó los 23.000 millones de Reales en 2017. De todas maneras, el IBAMA ha logrado mayor éxito en hacer que grandes corporaciones paguen sus multas, incluso Petrobras tenía pendientes aproximadamente 1.300 millones de Reales en sanciones.
Muchos acusados optan por litigar sus multas en los tribunales, lo que provoca la depreciación de su valor con el tiempo, les permite utilizar el capital financiero durante el proceso y, en algunos casos, eludir el pago por completo.
Existen tres claves en la norma que pueden hacer que una multa caduque:
- El IBAMA tiene cinco años desde la fecha de la infracción para identificar y notificar al infractor.
- El proceso de investigación y regulación no puede permanecer inactivo por más de tres años, lo que permite a los propietarios de tierras invocar la prescripción.
- Una vez concluido el análisis, el Estado tiene cinco años para cobrar la multa. Si el IBAMA no cumple con alguno de estos plazos, la sanción prescribe y no puede ser cobrada.
Las multas más difíciles de cobrar suelen estar relacionadas con el Código Forestal (ver más adelante). La mayoría de los terratenientes no cumplen la legislación, confiando en la limitada capacidad de vigilancia de las autoridades. Dado el alto número de predios en infracción, resulta políticamente inviable que el gobierno emprenda una campaña masiva de cobro, ya que el impacto en la economía rural sería significativo. Esto podría generar dislocación económica a nivel local, regional y nacional, e incluso derivar en un cambio de gobierno. Ante esta situación, el gobierno ha buscado soluciones alternativas.
En 2017, el gobierno de Michel Temer ofreció descuentos a los propietarios de tierras que invirtieran en programas de recuperación ambiental bajo dos modalidades:
- Inversión directa en un proyecto gestionado por el infractor, con una reducción del 35 % en el valor de la multa.
- Contribuciones indirectas a proyectos aprobados por el gobierno, con una reducción del 60%.
El gobierno hizo hincapié en la equidad y legalidad de la norma. No eximía a los infractores ni generaba nuevos ingresos para las agencias gubernamentales, en cambio, los fondos se destinaban a proyectos medioambientales con beneficios claramente definidos y administrados por terceros. Los analistas del IBAMA estimaron que alrededor de 4.000 millones de Reales en pasivos podrían acogerse a estos programas de reconversión a corto plazo. Los principales interesados eran grandes empresas multinacionales, que evaluaban el costo y los beneficios de pagar las multas frente a prolongar los litigios. Por ejemplo, Petrobras tenía 278 casos pendientes en los tribunales, con un valor total de 1.300 millones de reales.
Tras asumir la presidencia en 2019, Jair Bolsonaro debilitó la capacidad del IBAMA para ejercer la supervisión regulatoria. Redujo su presupuesto y nombró funcionarios que limitaron las operaciones de campo para combatir la tala ilegal, el desmonte y la minería.
En 2020, el IBAMA impuso un 20 % menos de multas en comparación con el año anterior, mientras el gobierno disminuía las iniciativas de conservación y la deforestación de la Amazonia aumentaba. Según un análisis del Observatorio del Clima, el organismo federal impuso 9.516 multas en 2020, frente a las 11.914 de 2019.
En 2019, el mismo gobierno de Bolsonaro intentó declarar una amnistía para las multas del IBAMA, lo que habría perdonado y cancelado deudas, en especial aquellas asociadas con la deforestación y la minería ilegales. Sin embargo, organizaciones ambientalistas interpusieron una demanda alegando que estas medidas perjudicarían el bienestar público, logrando frenar la iniciativa.
Con la llegada de una nueva administración en 2023, el Ministerio de Medio Ambiente, bajo el liderazgo de Marina Silva, inició un proceso de restauración de la capacidad regulatoria del IBAMA, revirtiendo muchas de las políticas de su predecesor.
Entre sus acciones se incluyó un informe jurídico que revocaba un decreto reglamentario mediante el cual se había concedido amnistía o anulado 185.000 resoluciones administrativas, que en conjunto imponían multas por un total de R$ 29.000 millones debido al desmonte y la tala ilegal de tierras.
Imagen de portada: Guacamayos del Perú. Crédito: Rhett A. Butler.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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